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Sentencia CL-283-16 — Registro 7282

Resumen

En primera instancia se declaró con lugar la demanda laboral promovida y se condena a reintegrar a la trabajadora a su puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de producirse el despido, con las mismas condiciones que tenia al momento de producirse el despido y confirmado en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “I. Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 numerales 1), 2), 3) y 4) del Código del Trabajo, ya que omite consignar debidamente la designación de las partes, relación sintética de los hechos en litigio, la indicación de la sentencia impugnada, así como la declaración del alcance de su impugnación.- III.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora ROSA MARIBEL BENITEZ GOMEZ, representada en juicio por el Abogado JANO CRISTO DE LEON. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en mejores condiciones a las que tenía al momento del despido injusto, pago de derechos de maternidad, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, por la señora ROSA MARIBEL BENITEZ GOMEZ, mayor de edad, soltera, Bachiller Técnico en Computación, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, a través de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), por medio de su representante legal, señor ENRIQUE CASTELLON.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida por ROSA MARIBEL BENITEZ GOMEZ, en contra de LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), representada por medio del director ejecutivo con cargo de ministro, señor ENRIQUE CASTELLON ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A) a La DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI), a través de su representante legal señor ENRIQUE CASTELLON, a REINTEGRAR a la trabajadora ROSA MARIBEL BENITEZ GOMEZ a su puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de producirse el despido, con las mismas condiciones que tenia al momento de producirse el despido; B) y a pagarle la cantidad de DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 18,199.44 ) en concepto de 84 días del pres y post natal.- Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.- 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la DEI, en fecha 29 de noviembre de 2010, en el cargo de Transcriptora de Datos, en el área de R.T.N., en la regional de San Pedro Sula, con un salario mensual de L.6,500.00. La demandante al iniciar las labores firmó un contrato por el tiempo que faltaba para que finalizara el año 2010; y el segundo contrato por un año, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, siendo despedida en esta última fecha en forma injusta, porque el patrono conocía que la demandante estaba embarazada y que dicho despido se hizo sin la autorización de la autoridad competente, tampoco se le indicó en la nota de la causal de despido, incumpliendo la demandada con lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo. Mientras trabajó la demandante para la DEI, le pagaron décimo tercer mes, décimo cuarto mes y por cada mes trabajado le daban un día pagado por concepto de vacaciones, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que como es del conocimiento que la Legislación Laboral hondureña establece la modalidad de los contratos de trabajo, en el presente caso se trata de un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, cuya terminación o vigencia fue establecida en su texto, en virtud de ser el mismo un pacto entre las partes. Es necesario recordarle a la demandante que el contrato celebrado obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, extremo que quedó establecido en la Cláusula Octava del contrato, la cual habla de las leyes aplicables, refiriendo a que lo no pactado en dicho contrato, se regirá por las disposiciones del Derecho Administrativo, en virtud de ser la Dirección Ejecutiva de Ingresos una entidad desconcentrada adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. La demandante alega ilegal despido, pero como se acreditara con la presentación del contrato que reguló la relación de trabajo entre las partes, dicha relación de contractual de prestación de servicios técnicos profesionales concluyó en virtud de que su contrato llegó a su fin. Al pretender la ahora demandante con argumentos sin ningún sustento legal alguno, al comparecer ante la instancia judicial solicitando la indemnización en base al Código de Trabajo a los Contratos de Trabajo establecidos en el mismo y no para Contratos Administrativos, el cual en el presente caso rigió la relación de servicios con la Administración Pública, sin embargo, no utiliza la vía acordada contractualmente para resolver las diferencias entre el demandante y la demandada, promoviendo su pretensión hasta que la relación contractual llegó a su término, por qué entonces no hizo tal reclamo en tiempo y forma ante las autoridades respectivas al sentirse afectada en sus derechos, al amparo de lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo que dispone: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo”; que en todo caso, para la demandante el plazo comenzaba desde la fecha en que firmó su Contrato de Servicios Profesionales con la demandada, plazo que dejó fenecer y con ello prescribió el derecho que le otorgaba la ley para interponer cualquier acción en la que consideraba siendo afectada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por la señora Rosa Maribel Benítez Gómez, contra la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI); condenando a la demandada a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de producirse el despido, con las mismas condiciones que tenía al momento de producirse el despido; y al pago de la cantidad de L.18,199.44 en concepto de 84 días del pres y post natal, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, sin costas; bajo el criterio que el cargo que desempeñaba la demandante era un cargo permanente dentro de la demandada y en la relación laboral sostenida entre la demandante y la demandada hubo continuidad en la misma, el cual nunca se interrumpió; que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos, el cargo por el cual fue contratada la demandante fue continuo en la institución demandada, y subsiste la actividad que le dio origen. Dentro de las pretensiones de la demandante reclama el pago de derechos de maternidad por aducir que se encontraba en estado de embarazo cuando fue objeto de despido, que el demandado aduce no saber que la demandante se encontraba embaraza; y siendo que para que haya derecho al pago de los derechos de maternidad no es necesario que la demandante acreditara el certificado médico al patrono le basta con haberlo comunicado para tener derecho al goce de éstos; y siendo estos derechos el descanso pre y post natal son derecho social independientemente que el patrono haya o no tenido conocimiento del mismo también procede su condena conforme lo establece el artículo 135 del Código del Trabajo; en cuanto al reclamo de pago de indemnización por despido en estado de embarazo se declara sin lugar en virtud de considerar que el despido de la demandante no fue por estar en estado de embarazo y en cuanto a las horas de lactancia también se declara sin lugar dicha petición por ser improcedente el reclamo en virtud de que el derecho a la lactancia es un descanso que el patrono le otorga a la trabajadora entre jornada y en el caso de autos al no estar trabajando la demandante no existe dicha obligación.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la falta de representación legal del demandado e incompetencia del Tribunal en razón de la materia es visto que ello fue planteado como excepción en los momentos procesales y decidas tanto en primera como en ésta instancia y confirmada por la Sala de lo Constitucional al sobreseer el recurso de amparo (folios: 63-66, 68-70 y 93-94pp); de ahí que no es posible hacer revisión a ese respecto y bajo los mismos argumentos ya esgrimidos, pues lo contrario, sería violatorio del principio de seguridad jurídica en relación a los efectos que produce la firmeza de las resoluciones judiciales (en similares términos se ha pronunciado la Sala Laboral - Contencioso Administrativo en el recurso de casación identificado con número 425-11 y la Sala de lo Constitucional en el expediente 0628=15). En el caso de mérito no obstante que el nexo jurídico existente entre las partes fue bajo la modalidad de contratos con fechas determinadas (folios: 34-37pp), no existe prueba alguna que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, pues no se aportó elemento probatorio alguno que así le demuestre, por el contrario, con el documento que obra a folio 59 de la primera pieza se establece que el “contrato es con puesto”; de manera que dicha relación debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo en razón de la antigüedad y la naturaleza de la labor ejecutada por la demandante que sin duda alguna forma parte de los fines de la institución; de ahí que, su finalización sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello, situación que no ocurre en el presente caso, ya que únicamente se estipuló que el contrato llegó a su fin; de manera que la pretensión de la apelante tampoco resulta atendible, pues tal y como antes se señaló, a ese respecto existe línea jurisprudencial la que ha sido adoptada en los criterios de primera y ésta instancia de manera reiterada, resultando inoficioso persistir en los mismos argumentos sin aportar elementos que permitan una variación o modificación de dicho razonamiento. No obstante, que mediante Decreto Ejecutivo PCM 083-2015 publicado el 10 de febrero del 2016 y con vigencia a partir del 16 de marzo del mismo año, se ordenó la supresión y liquidación de la accionada y por ende a dar por terminados los contratos y acuerdos de personal, también lo es que la desvinculación en el presente caso se efectuó el 31 de diciembre del 2011 y la demanda fue presentada el 21 de marzo del 2012, por lo que no es posible la aplicación retroactiva de dicho Decreto Ejecutivo por prohibición constitucional (art. 96 CR). Que el desconocimiento patronal en relación al estado de gravidez en que se encuentra una trabajadora, no constituye motivo para negarle los beneficios y privilegios referentes a la situación de maternidad, criterio que en el sub judice se reitera, pues a no dudar la terminación del contrato de trabajo ocurre cuando la trabajadora se encontraba en estado de gravidez según los documentos visibles a folios del 84 al 85 de la primera pieza, de ahí que los derechos de pre y post natal le corresponden tal y como los reconociera la Iudex A-Quo. Por otra parte, es oportuno señalar que los actos que se ejecuten en la administración pública responden los servidores del Estado, en casos como éste particularmente, quienes suscriben y finalizan las contrataciones bajo los términos antes señalados, según lo dispone el artículo 321 de la Constitución de la República; y, sí se infringe la Ley en perjuicio de los particulares, el servidor público será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, pudiendo éstos ejercer la acción de repetición contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, según lo establece el artículo 324 de la Constitución de la República; por lo que quedan los entes contralores del Estado en libertad de realizar las acciones legales que estimen necesarias contra el funcionario público que considere responsable de infringir la Ley, lo que es concordante con el contenido de la circular No. 1-2014 emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 05 de junio de 2014; lo anterior, sin perjuicio que el Tribunal de primera instancia cumpla con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 39 del Decreto N° 278-2013.- 5. Mediante auto de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada DIANY ESTRELLA ALVARADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JANO CRISTO DE LEON RIVERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Recurrente hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II.- Que los requisitos de forma que la ley exige para la demanda de casación laboral deben aparecer en el texto mismo del libelo y no pueden darse por demostrados por la vía de la inferencia. En el sub júdice, la Impetrante no cumple con los requisitos señalados en el artículo 769 numerales 1), 2), 3) y 4) del Código del Trabajo, ya que omite consignar debidamente la designación de las partes, relación sintética de los hechos en litigio, la indicación de la sentencia impugnada, así como la declaración del alcance de su impugnación.- III.- Estos defectos técnicos vuelven ineficaz el recurso de casación laboral que nos ocupa.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días de mes de febrero del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 283-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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