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Sentencia CL-28-16 — Registro 16178

Resumen

demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, de lo contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, reajuste a salario mínimo, salarios adeudados, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) indica dos modalidades distintas de violar la ley como ser la aplicación indebida e interpretación errónea, lo cual debió hacer de forma separada por la independencia de los cargos; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 10 de marzo del 2016, por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, quien es mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida; en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA; y, Recurrido: El señor MARCO TULIO MILLA MENDEZ, representando en juicio por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: En relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, de lo contrario sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de salarios caídos, reajuste a salario mínimo, salarios adeudados, costas, presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, en fecha 10 de febrero del 2018, por el señor MARCO TULIO MILLA MENDEZ, quien es mayor de edad, casado, hondureño, Motorista y con domicilio en La Ceiba, Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien es mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de noviembre del 2015, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente expuso: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento promovida por el señor MARCO TULIO MILLA MENDEZ contra El ESTADO DE HONDURAS por medio de su Director General señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, caso contrario se condene al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, reajuste de salario Mínimo y salarios dejados de percibir, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: En consecuencia CONDENA al Estado de Honduras, representada por el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de dicha entidad Estatal, a pagarle al trabajador MARCO TULIO MILLA MENDEZ la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 95,934.68), por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso; 60 días DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON CINCO CENTAVOS (Lps. 17,781.05).- B) Auxilio de Cesantía; 120 días TREINTA Y CINCO MIL QUINENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (Lps. 35,562.10).- C) Auxilio de Cesantía Proporcional; 14.00 días CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 4,148.91).- D) Vacaciones Proporcionales; 9,33 días DOS MIL TRECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 2,370.81).- E) Decimotercer mes Proporcional; 22,50 días CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps.4,181.34).- F) Decimocuarto mes Proporcional; 7,50 días MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (Lps.1,905.11).- G) Reajuste de Salario Mínimo; VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA YCINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.29,985.36).- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador demandante desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la respectiva sentencia definitiva.- TERCERO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que durante laboró en la Secretaría en los Despachos de Salud, se desempeñó bajo las siguientes condiciones de trabajo: Por contrato como Motorista, con fecha de ingreso el 12 de abril de 2010, que el patrono le pagaba un salario por debajo del mínimo exigido por la ley laboral y si eso fue poco, además al momento del despido le adeudaba salario, que durante el tiempo que laboró en la Región de Salud de La Ceiba, siempre desarrolló una actividad que al interior de dicho centro de trabajo era de carácter permanente de conformidad con el artículo 47 del Código de Trabajo, por lo cual le corresponden todos y cada uno de los derechos reconocidos a los trabajadores permanentes; sin embargo, el patrono en el afán de esconder su relación de trabajo permanente, le obligaba a suscribir contratos por tiempo limitado, cuyas cláusulas de temporalidad son ilegales. Expuso que el patrono en fecha 22 de septiembre del 2014, lo despidió de forma escrita mediante nota que en su parte conducente dice: “SEÑOR MARCO TULIO MILLA MENDEZ.- ESTIMADO SEÑOR MILLA.- POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA QUE SU CONTRATO DE TRABAJO VENCE EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, POR LO QUE DEBERA TOMAR NOTA DE LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE NO SERA PRORROGABLE EL MISMO POR REDUCCION DE PRESUPUESTO.- AGRADECIENDO LA COLABORACION Y EL BUEN DESEMPEÑO DURANTE ESTE PERIODO, LE REITERO MIS MAS ALTAS MUESTRAS DE CONSIDERACION.-ATENTAMENTE.- FIRMA Y SELLO.- HILDA EVERETT JEFE UNIDAD DE GESTION DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS”. Es importante señalar que la causal de terminación de contrato alegada por el patrono no se ajusta a las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, de manera que el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud deviene obligado a pagarle las prestaciones laborales y demás indemnizaciones demandadas, puesto que legalmente se considera un trabajador permanente aunque se le haya obligado a suscribir contratos temporales.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, contestó dicha demanda señalando que el demandante omitió decir en su libelo, que suscribió un contrato de servicios profesionales y técnicos sujeto a una fecha de inicio y finalización, para la suscripción de dicho contrato, es imperativo que se tenga la disponibilidad presupuestaria; en vista de no ser así, todo acto sería nulo e implicaría responsabilidad para el funcionario que lo firme. Manifestó que el salario pagado al demandante, está sujeto a la disponibilidad presupuestaria existente y conforme a las necesidades del servicio, sueldo que se pagó según lo pactado entre las partes, y si el demandante no estaba conforme con el mismo, debió realizar los reclamos en el momento en que se encontraba laborando con mi representado, cualquier reclamo efectuado ahora en ese sentido debe ser considerado extemporáneo, el demandante quiso falsear la verdad de los hechos al manifestar que la Secretaría de Salud le obligaba a suscribir contratos ya que es evidente que el demandante al firmar los contratos se encontraba en el pleno uso de sus facultades mentales y civiles y que como una persona adulta que mide las consecuencias de sus actos debió oponerse a su firma. En cuanto a que las labores eran de carácter permanente expuso que el demandante pretende olvidar que todo acto celebrado por el Estado de Honduras está sujeto a la disponibilidad presupuestaria, pues la misma Constitución de la República establece que no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente. Además que para que se le reconozca los derechos y reconocidos a los permanentes, es necesario que éste sea objeto de un acuerdo de nombramiento tal y como lo establece la Ley de Servicio Civil; sin embargo, la misma naturaleza del contrato, nos remite al Decreto 360-2013, contentivo de la Estimación de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2014, siendo totalmente impertinente lo alegado por el demandante, pues perfectamente sabía desde la misma suscripción del contrato de servicios profesionales y técnicos, que esta tenía una vigencia determinada y que el mismo no era prorrogable. Tal es el caso que este Contrato y su respectivo Acuerdo se encuentra regulado por los preceptos legales siguientes: Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Acuerdo No. 209 y sus Reformas (Acuerdo No.5299) en sus articulados, capítulo I artículo 2 , artículo 4 inciso h, capítulo IV, sección Quinta de los artículos 28 al 38 correspondiente a los Contratos de Servicios Profesionales, artículos 171 al 176, artículos 179 al 181, Ley General de la Administración Pública; Decreto 360-2013, contentivo de la Estimación de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2014, por lo tanto no existió el despido alegado, sino que la llegada a término de un contrato por tiempo definido suscrito entre las partes. En el mismo escrito de contestación de la demanda, interpuso el defecto material de prescripción, alegando que el demandante debió solicitar ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social cuando aún era empleado de la Secretaría de Salud, se le reconociera la antigüedad alegada y en cuanto al reajuste al salario mínimo; sin embargo al no hacerlo el demandante, no es procedente en derecho que solicite se le reconozca antigüedad con el objeto de pago de prestaciones, si no lo solicitó en el momento administrativo oportuno.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de La Ceiba, Atlántida, en fecha 29 de septiembre del 2015, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral de emplazamiento promovida por el señor MARCO TULIO MILLA MENDEZ contra El ESTADO DE HONDURAS, para que el patrono pruebe la justa causa del despido directo, caso contrario se condene al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, reajuste de salario mínimo y salarios dejados de percibir, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- CONDENO al demandado, a pagarle al demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos adeudados, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador demandante desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la respectiva sentencia definitiva.- SIN COSTAS; bajo el criterio que siendo que el demandante laboró por más de 4 años seguidos en el mismo cargo para la entidad demandada, por la naturaleza del mismo se considera un empleado permanente dentro de la demandada y la parte demandada no probó tener justa causa para llevar a cabo el despido del demandante.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 24 de noviembre del 2015, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la actividad desempeñada por el demandante era requerida en forma permanente por la demandada y aunque los contratos suscritos entre las partes fueron por tiempo limitado, en realidad de su propia naturaleza permanente deriva la estabilidad tal como lo dispone el artículo 47 del Código del Trabajo, en cuanto a la prescripción interpuesta, la misma es improcedente, pues la demanda fue interpuesta dentro del plazo establecido, al haber sido interrumpida la prescripción en aplicación al artículo 868 numeral 1) del Código del Trabajo, por lo que declaró sin lugar la misma.- 5. Mediante auto de fecha 28 de enero del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 10 de marzo del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de 14 de abril del 2016, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado ALBERTO EMILIO CRUZ ZELAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada TERESA DEL CARMEN ESPINOZA BETANCIA, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha Veinticuatro de noviembre del año Dos Mil quince , emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de La Ceiba, Atlántida de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea de los artículos ,2 numera 2 de código de Trabajo vigente, en relación con los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil y artículos 1,2,116,117,118,119, de la Ley General de la Administración Publica NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. En relación a los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil y artículos 1, 2, 116,117 y 118 y 119 de la Ley de la General de la Administración Publica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA. El artículo 2 numeral 2 nos dice claramente, quienes son los empleados públicos nacionales departamentales y municipales, entendiéndose según este articulo por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal, igualmente nos manifiesta que: Que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el municipio se regirán por la Ley de Servicio Civil, que se expidan. igualmente tenemos que la Ley de Servicio Civil ,en su artículo número 1, manifiesta que , La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público regulando las relaciones entre los servidores públicos y el estado, el artículo 2 de esta misma ley nos dice que, El régimen del servicio civil comprenderá a los servidores públicos que laboran en las Secretarías de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta ley y su reglamento, por consiguiente está claramente definido que el demandante contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, MARCO TULIO MILLA MENDEZ, nunca ha sido empleado de dicha Secretaría, pues para ser tendrían que haber cumplido una serie de requisitos contempladas en las diferentes leyes administrativas que regulan el estamento legal de nuestro Estado de Derecho. Por consiguiente nunca han sido empleados del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Ya que según lo establece el artículo 117 de la Ley General de la Administración Pública, se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la Ley sean privativos del Presidente de la República o deban ser dictados en consejo de ministros. El artículo 118 del mismo cuerpo legal nos dice: Se emitirán por acuerdo: 1) Las decisiones de carácter particular que tomaren fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada; 2) los actos de carácter general que se dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria y el artículo 119 de la misma ley, por consiguiente nos dice que; La jerarquía de los actos a que se refiere los artículos anteriores será lo siguiente: 1) Decretos 2) Acuerdos del Presidente 3) Acuerdos del Secretario de Estado y 4) Acuerdos de los órganos subordinados, según el orden de su jerarquía, por lo tanto el Estado no puede realizar ninguna Contratación mediante la modalidad de Contratación verbal, ya que su régimen legal establecido ya dicta las pautas, para poder realizar contrataciones de personal, ya sea mediante la modalidad de Acuerdo Ejecutivo incorporado al régimen de Servicio Civil o mediante Contratación de Servicios Profesionales y Técnicos elevados a Acuerdos Ministeriales tal como lo establecen las leyes, decretos y reglamentos del poder ejecutivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) indica dos modalidades distintas de violar la ley como ser la aplicación indebida e interpretación errónea, lo cual debió hacer de forma separada por la independencia de los cargos; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de septiembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 28-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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