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Sentencia CL-232-16 — Registro 6683

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica el error de hecho por apreciación errónea de la prueba singularizada, incluyendo la testifical, pero es el caso, que dicha prueba no puede ser objeto de valoración por este tribunal, dado el carácter no reglada de la misma supeditada por ende al principio del inmediación del juzgador de instancia; b) en el desarrollo se alude al artículo 8 del Código del Trabajo, disposición que no fue relacionada o señalada como infringida, en su caso, en la formulación; y, c) en la explicación se realizan inoportunos alegatos de instancia lo cual, resulta inapropiado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV. Por lo expuesto en los numerales que anteceden, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en el primer y único motivo.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, por el recurrente, Abogado CARLOS ALBERTO CHAVEZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ALBERTO DISCUA RIVERA; además, es parte recurrida, la entidad mercantil denominada PAPER DEPOT S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha quince de abril de dos mil quince, por el señor CARLOS ALBERTO DISCUA RIVERA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra la entidad mercantil denominada PAPER DEPOT S.A. DE C.V., por medio de su representante legal, señora MIREYA LARACH BAERLOCHER, mayor de edad, casada, Empresaria, de nacionalidad canadiense y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS ALBERTO DISCUA RIVERA, contra la entidad mercantil denominada PAPER DEPOT S.A. DE C.V.; CONDENÓ a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.8,994.58, por los conceptos siguientes: vacaciones proporcionales L.471.04; decimotercer mes proporcional L.897.22; decimocuarto mes proporcional L.4,934.72; salarios adeudados L.2,691.60, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 18 de diciembre de 2012, siendo contratado verbalmente, desempeñándose como Copista en el área de copiado y al momento del despido estaba asignado en el área de producción. Que durante todo el tiempo que el demandante trabajó para la empresa demandada, lo hizo con la debida eficiencia, cuidado y esmero, bajo la continuada subordinación y dependencia del patrono, sin embargo a pesar del buen comportamiento y lealtad a la empresa, fue despedido de sus labores en forma injustificada y mal intencionada el 10 de febrero de 2015, justificando la empresa dicho despido con el argumento que el demandante cometió faltas graves consistentes en desobediencia reiterada, irrespeto a un superior, abandono del puesto de trabajo entre otras, siendo calificadas por la empresa como graves, lo cual el demandante nunca cometió las faltas que señalan en la nota de despido. Que en el levantamiento de todas las actas de descargos al demandante se le violó el derecho de defensa, puesto que si bien es cierto la empresa hizo participar en la audiencia, testigos, no es menos cierto que la ley laboral lo que exige es que haya una persona que lo represente para que no se le vulneren los derechos y consta en dichas actas que no se le permitió al demandante la asistencia de un representante, tal como lo dispone el artículo 92 numeral 9) del Código del Trabajo, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la demandada.- 2. La parte demandada, la entidad mercantil denominada PAPER DEPOT S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que el demandante comenzó a laborar el 18 de diciembre de 2012, en el puesto de copista; que al principio de la relación de trabajo no se firmó contrato de trabajo por escrito, sin embargo, en fecha posterior, en apego a la ley, se procedió a firmar contrato con todos los empleados que no tenían contrato por escrito y para sorpresa de la empresa fue el empleado ahora demandante que se negó a firmar dicho contrato. Que la relación de trabajo con el demandante fue bastante complicada debido a su indisciplina, desobediencia, arrogancia y rebeldía, a tal punto que no solo una vez se le hicieron llamados de atención, inclusive fue suspendido sin goce de sueldo por otras faltas, y el comportamiento del empleado lejos de enmendarse iba cada vez peor al punto que ni su jefe directo podía controlarlo, sus compañeros de trabajo se sentían incómodos con él, lo que hacía insoportable el ambiente de trabajo y que la empresa siempre se mostró dispuesta a buscar el mejoramiento del empleado, sin embargo esto no fue posible dada la mala actitud del demandante, razón por la cual con las últimas faltas graves por él cometidas no quedó más remedio que el despido justificado pues ya se habían agotado todas las otras posibles sanciones disciplinarias sin que hubiera podido lograrse la enmienda del empleado. Después de haber procedido con el despido se intentó en más de una ocasión de entregar el pago correspondiente de sus derechos al demandante en las instalaciones del Ministerio de Trabajo en donde se le explicó que las prestaciones laborales solo corresponden en los casos de despido injusto y éste no es el caso, posteriormente, a través de otro Abogado acudió a la empresa y se le planteó el caso del demandante mostrándole todos los documentos y el procedimiento a seguir y finalmente el Abogado recomendó al empleado que aceptara sus derechos pues estaba despedido en base a ley, el trabajador aceptó y se acordó entregar el cheque ese mismo día en las instalaciones del Ministerio de Trabajo para sorpresa del Abogado de la empresa, no se presentó el demandante dejándolos burlados una vez más, a raíz de lo anterior se procedió de inmediato a consignar la liquidación correspondiente en el juzgado, diligencias que se encuentran registradas en el expediente numero 0501-2015-00194, acción con la que nuevamente se demostró que la demandada en todo momento ha actuado de buena fe y que es el empleado quién pretende inescrupulosamente reclamar derechos que no le corresponden.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Alberto Discua Rivera, contra la entidad mercantil denominada PAPER DEPOT S.A. DE C.V.; condenando a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.8,994.58, por los conceptos de vacaciones proporcionales, decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, salarios adeudados, sin costas; bajo el criterio que el demandante fue objeto de llamados de atención verbal, escrito y suspensión de tres días de labores sin goce de sueldo por la mala aptitud, indisciplina y desobediencia en su rendimiento; que a pesar de haber sido sancionado por las mismas faltas, el demandante siguió teniendo problemas con los clientes, y la demandada decidió cambiarlo del puesto del área de copiado al área de producción y en el mes de febrero del año 2015, el Supervisor de copia informó al Gerente General de la demandada que el trabajador Carlos Roberto Discua, siguió con la misma aptitud de dilatar el trabajo y los compañeros de trabajo están molestos porque les tocaba realizar el trabajo que le correspondía al demandante; también informaron a la encargada de Gestión y Desarrollo Humano que al demandante le dieron una orden que como no tenía trabajo en su departamento que apoyara en el Departamento de Servicio al Cliente con las copia y él respondió que él era de Producción y que no sacaba copias, quedando al descubierto la negativa del trabajador en acatar las órdenes que de modo particular le dio su patrono. Que la grave indisciplina implica un comportamiento diferente al consagrado en la legislación laboral, el contrato, la convención colectiva, el pacto, el reglamento interno de trabajo, contrario al desempeño cabal del oficio por parte del trabajador, capaz de trastornar la normalidad del establecimiento o empresa. La gravedad puede consistir en que el motivo de indisciplina sea repetido, advertido, en varias ocasiones y el trabajador no lo enmiende, lo cual extraña claro desconocimiento a la disciplina y orden que debe regir las relaciones de trabajo. Que en el presente caso el trabajador ya había sido sancionado por la misma falta y a pesar de esto su conducta siguió igual obligando a la empresa a tomar la determinación de cancelar el contrato de trabajo que lo unía con el demandante. Que el demandante alega en su escrito de demanda que la empresa no le dio la oportunidad de llevar un representante a la audiencia de descargo por lo que se encontraba en desventaja, que si bien es cierto el demandante a la audiencia de descargos no llevó ningún testigo por su parte, ni alguien que lo representara, pero también no es menos cierto que la empresa demandada, anticipadamente le entregó la notificación al trabajador para que se presentara a la audiencia de descargos dándole a conocer las faltas que se le imputaban y de lo que iba a tratar la audiencia para que se defendiera de lo que se le acusaba, por el cual el demandante no puede venir alegar desventaja, ya que simplemente no llevó testigos ni se defendió en la audiencia de descargos por no querer hacerlo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que es indudable que la patronal cumplió con el procedimiento previsto en el artículo 92.9 del Código del Trabajo al tener el trabajador la oportunidad de ser oído en audiencia de descargos y estar representado por testigos de su elección tal y como consta en los documentos visibles a folios del 64 al 69 de la primera pieza, sin embargo, por decisión propia del actor no formuló descargos en la citada audiencia ni presentó testigos pese a que en la convocatoria de dicha audiencia se le expuso la falta atribuida y el derecho que tenía de acompañarse de testigos; circunstancias éstas que no pueden ser atribuibles a la empresa para restarle valor al procedimiento reglamentario, pues las actas internas son los medios a través de los cuales la patronal cumple con la obligación de otorgar al trabajador la audiencia previa a la imposición de sanciones o del despido en su caso, obligación que la demandada cumplió según antes se expuso y por cuya razón los argumentos del apelante a ese respecto no resultan atendibles. Que de acuerdo a las pruebas incorporadas al proceso sin objeción alguna del apoderado judicial demandante, consta que el actor pese a que se le instruyó ejecutar el corte, laminado y perforado de unos calendarios, éste sin justificación alguna no realizó dicha actividad en el tiempo oportuno, razón por la cual tal función se le encomendó a otro empleado para cumplir con la obligación contraída por la accionada; negándose además a realizar los encuadernados que le solicitó la encargada de Gestión y Desarrollo Humano, ante tal comportamiento, el que era reiterado, pues el actor ya había sido sancionado en otras oportunidades por una conducta similar, entre ellas, la anterior al despido con la suspensión de tres días de labores sin goce de sueldo, (folios: 56) existiendo entre éstas una relación de tiempo; el despido es justo y legal al tenor del artículo 112 letra i) del Código del Trabajo, tal y como fuere invocado en la carta de despido, sin que se requiera para ello acreditar los perjuicios económicos que de tal negativa pudiera generarse como lo entiende el recurrente, pues basta con que se incurra en una falta señalada en la ley, contrato o reglamento para que pueda ser sancionada, a lo anterior se suma que no es posible aplicar en el presente caso los principios de proporcionalidad y razonabilidad por cuanto además la falta era reiterada, éstos al igual que la prescripción deben ser alegados por las partes en los momentos procesales oportunos y ellos no fueron invocados ni en la demanda ni en la audiencia primera de trámite, por lo que tales alegatos resultan extemporáneos y por cuya razón la pretensión del apelante, no resulta atendible.- 5. Mediante auto de fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS ALBERTO CHAVEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ALBERTO DISCUA RIVERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado CARLOS ALBERTO CHAVEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS ALBERTO DISCUA RIVERA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARTHA ISABEL GUTIERREZ CHINCHILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado CARLOS ALBERTO CHAVEZ ORELLANA, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso, ser la sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta, por error de hecho en la apreciación errónea de los medios de prueba DOCUMENTALES PRIVADOS Y TESTIFICALES admitidos a la parte demandante y demandada, que adelante se singularizan en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero interpretado del Código del Trabajo, en relación a los artículos: 129 de la Constitución de la República, 87, 88, 89, 90, 92 numeral 9, 93, 112, 113 párrafo tercero literal a), 116 literal e), artículo 120 reformado parcialmente, párrafo primero regla c) del Código del Trabajo y artículo 7 del Convenio 158 y la recomendación número 166 del año 1982, del cual nuestro país es digno signatario como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1º párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas mencionadas son necesarios los siguientes requisitos: 1.-) debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba 2.-) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría ante una cuestión diferente; 3.-) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4.-) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que sí está demostrado plenamente en el juicio. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba que singularizo como prueba apreciada erróneamente es: 1.-) La prueba DOCUMENTAL y TESTIFICAL. * MEDIO DE PRUEBA INSTRUMENTO PRIVADO.- CONSISTENTE EN EL ACTA INTERNA DE DESCARGOS.- Visible a folio 68 de la primera pieza de los autos. * MEDIO DE PRUEBA INSTRUMENTO PRIVADO.- CONSISTENTE EN LA CARTA DE DESPIDO.- Visible a folio 70 de la primera pieza de los autos. * MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL- Declaración testifical del señor JOSUE DAVID MORALES FLORES agregada a folio 71 vuelto de la primera pieza cuya declaración fue ignorada y que de la misma se colige que el demandante siempre cumplió responsablemente con las instrucciones que de modo particular le impartían sus superiores, la Declaración testifical de los testigos OSCAR WILFREDO RUBIO LAINEZ, MARLENE JANETH MAIRENA ZELAYA, GRECIA LOHANY HERNANDEZ LEIVA Y FERNANDO ENRIQUE GARCIA CRUZ que constan a folios del 73 al 75 de la primera pieza de los autos, el primero propuesto por la parte demandante y los tres últimos por la demandada. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Antes que todo precisa mencionar Honorable Corte que se ha manejado el criterio de que la prueba testifical no es procedente en Casación, pero hay precedentes en esta mismo Honorable Tribunal que cuando la prueba testifical es analizada en su conjunto con las demás pruebas traídas al proceso y a raíz de este análisis en su conjunto se llega a la conclusión que la ignorancia de dicha prueba fue vehículo para el torcimiento de la Ley sustantiva o lo que es lo mismo, la evidente violación de las leyes sustantivas no está demás incluirla en el análisis con el propósito de llegar a la justa verdad; La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en Error de Hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que se forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principio científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa; que haga prevalecer la realidad y con apego los principios del derecho del trabajo y aquellos que rigen el proceso laboral, particularmente, el protectorio y primacía de la realidad. (Artículo 8 del Código del Trabajo). Es evidente que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés en el fallo que se impugna, APRECIÓ ERRONEAMENTE los medios de prueba que en este acápite se singularizan, en todo su contexto, si observáis Honorables Magistrados, detenidamente el acápite FUNDAMENTOS DE DERECHO del fallo que se impugna, La Corte Recurrida comete el error de equiparar la calidad de representante del trabajador a la de testigo, pues, el referido numeral 9 del artículo 92 del Código del Trabajo no le exige al patrono el nombramiento de testigos para la audiencia de descargos sino el nombramiento de UN REPRESENTANTE DEL TRABAJADOR para que lo defienda de las acusaciones del Patrono no de testigos, pues, el testigo solo comparece para observar el desarrollo de la audiencia no para defender al trabajador, que es lo que la ley laboral pretende para su justa aplicación, de tal manera que en el caso que nos ocupa, la patronal no cumplió con el procedimiento establecido en nuestra legislación laboral, al nombrar testigos para llevar a cabo las audiencias de descargo como requisito previo a la aplicación de sanciones o despedir como se hizo en este caso, observen honorables Magistrados que el trabajador nunca contesto las acusaciones que se le imputaron simple y sencillamente porque sabía que de toda forma la empresa lo iba a despedir, de tal manera que con el arbitrario procedimiento que utilizo la patronal, violo totalmente el artículo 92.9 del Código del Trabajo a través de los medios de prueba que la demandada ignoró, la empresa ahora demandada acepta que la relación laboral entre las partes FUE VERBAL inicialmente y que luego en fecha posterior se procedió a firmar contrato con TODOS LOS EMPLEADOS pero en realidad el contrato que aparece adjunto al personamiento de la apoderada judicial de la demandada nunca se le fue presentado al demandante para que lo firmara, tal es así que en el mismo no aparece la firma de la representante legal de la empresa ni la de la señora Ángela García encargada de gestión y desarrollo humano, la explicación de la demandada no es más que una burda maniobra para justificar su incumplimiento de la Ley, y además para hacer aparecer a mi representado como una persona irresponsable, cuando en realidad es la empresa la que en forma deliberada viola la Ley Laboral al llevar a cabo audiencias de descargo utilizando “TESTIGOS” con el fin de perjudicar a los trabajadores pues los testigos solamente hacen acto de presencia en la reunión a la cual les indican que deben llegar, de tal manera que todas la medidas disciplinarias que la demandada aplica son TOTALMENTE ILEGALES, sin ningún valor, puesto que si dichas actas de descargo son ilegales por ser violatorias a lo que manda la Ley que rige las relaciones obrero patronales, verbigracia como en este caso en particular el despido de que fue objeto mi mandante ES TOTALMENTE ILEGAL, por lo que es diáfano que El Ad Quem apreció erróneamente las pruebas singularizadas en este motivo de casación, lo que generó que dictara el fallo confirmando el de primera instancia, poniéndose de forma indirecta en rebeldía ante la Ley, razón que hace procedente se admita este motivo, se CASE la sentencia recurrida y se dicte en sede de instancia el fallo sustitutivo correspondiente de conformidad a lo pedido.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica el error de hecho por apreciación errónea de la prueba singularizada, incluyendo la testifical, pero es el caso, que dicha prueba no puede ser objeto de valoración por este tribunal, dado el carácter no reglada de la misma supeditada por ende al principio del inmediación del juzgador de instancia; b) en el desarrollo se alude al artículo 8 del Código del Trabajo, disposición que no fue relacionada o señalada como infringida, en su caso, en la formulación; y, c) en la explicación se realizan inoportunos alegatos de instancia lo cual, resulta inapropiado en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV. Por lo expuesto en los numerales que anteceden, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en el primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 770, 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. 2). SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de agosto del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 232-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

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