Sentencia CL-23-16 — Registro 6901
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral contraída al pago de preaviso, auxilio de cesantía y la parte proporcional, el reajuste al salario mínimo, el salario adeudado, más los salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones por el pago no oportuno de las prestaciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"La Recurrente, señala entre otros, los artículos 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 112 y 114 del Decreto No. 223-2012, 46 literal b) del Código del Trabajo y 1348 del Código Civil, como normas de carácter sustancial supuestamente violadas, pero las mismas no ostentan esa condición, por lo que resultan inviolables para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que del orden laboral nacional, impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue, conforme lo preceptuado en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) omite precisar el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, ya que si bien indica el artículo 765 numeral uno del citado cuerpo normativo, el mismo contiene dos párrafos, con distintas causales o motivos del recurso; b) tampoco es claro con relación al concepto de la infracción, ya que en unos apartados alega: “…dicho fallo es violatorio de una Ley sustantiva, mismo que ha sido emitido infringiendo la ley y aplicando indebidamente la Ley Laboral, por una interpretación y aplicación errónea de las leyes que rigen a la administración Pública…”, en otros señala: “…el fallo venido en casación también posee errores de hecho y de derecho, en la aplicación de las pruebas…”; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales falencias en el motivo impiden su prosperidad.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de mayo del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 08 de marzo del 2016, por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio; en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA; y, Recurridos: los señores WILFREDO MARADIAGA y MARCO TULIO MARTINEZ NUÑEZ, representados en juicio por el Abogado JOSE IDELFONSO VIDES MELGAR. OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda ordinaria laboral contraída al pago de preaviso, auxilio de cesantía y la parte proporcional, el reajuste al salario mínimo, el salario adeudado, más los salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones por el pago no oportuno de las prestaciones, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de mayo del 2013, por los señores WILFREDO MARADIAGA y MARCO TULIO MARTINEZ NUÑEZ, mayores de edad, solteros, hondureños, Vigilantes y del domicilio de Tela, Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ese entonces la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, hondureña, mayor de edad, soltera y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de noviembre del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente expresó: “FALLA: I. Declarar Declara SIN LUGAR el defecto Material de Prescripción. II. Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales; vacaciones proporcionales, Décimo Tercer mes Proporcional; Décimo Cuarto Proporcional; El Reajuste at Salario Mínimo, El Salario Adeudado, más salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones. III. CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar al señor WILFREDO MARADIAGA, la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.66,410.46) por los conceptos siguientes: PREAVISO: Lps. 15,908.10; AUXILIO DE CESANTIA: Lps.15,908.10; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: Lps.7,312.56; VACACIONES PROPORCIONALES Lps.3,656.28; AGUINALDO PROPORCIONALES Lps.586.33; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONALES L.3,995.23; SALARIO ADEUDADO Lps.7,045.06; REAJUSTE AL SALARIO MINIMO: Lps.11,998.80; a Título de Daños y Perjuicios, el Pago de los Salarios Dejados de Percibir desde la fecha de despido hasta que cause ejecución la sentencia. A pagar al señor MARCO TULIO MARTINEZ PONCE, la suma de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L.65,516.96) por los conceptos siguientes: PREAVISO: Lps. 15,908.10; AUXILIO DE CESANTA: Lps.15,908.10; AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL: Lps.7,312.56; VACACIONES PROPORCIONALES Lps.3,624.46; AGUINALDO PROPORCIONALES Lps.529.52; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONALES L.3,938.42; SALARIO ADEUDADO Lps.6,363.28; REAJUSTE AL SALARIO MINIMO: Lps. 11,998.80; a Título de Daños y Perjuicios, el Pago de los Salarios Dejados de Percibir desde la fecha de despido hasta que cause ejecución la sentencia. IV. Declarar SIN LUGAR La Demanda Laboral para el pago de Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional y Décimo Cuarto mes Proporcional; ABSUELVE AL ESTADO DE HONDURAS, de pagar dichos conceptos V. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que empezaron a laborar con la Secretaría de Salud, específicamente en el Hospital Tela Integrado, en fecha 01 de febrero y 01 de marzo de 2010 respectivamente, relación que se formalizó mediante Contratos escritos de los cuales no se les entregó copia, devengando un salario de L.5,988.00, que es inferior al del salario mínimo establecido por la Ley por lo que es procedente hacer los ajustes respectivos. Que el salario se les pagaba por el sistema y firma de planillas, pues la relación sostenida era propia del sistema de planillas y por consiguiente regidos por lo mandado en el Código de Trabajo, en su artículo 2 párrafo primero y último del Código del Trabajo. Es oportuno señalar que se les adeuda el salario de enero de 2011 y 2013, catorceavo de 2012 y aguinaldo 2013, valores devengados y no pagados por el patrono. Que en fechas 30 y 28 de enero de 2013 respectivamente, se les despidió por escrito, nota en la que se les comunicó la cesación de su relación laboral aduciendo en el primer caso, que no tenían disponibilidad presupuestaria y en el segundo caso mediante oficio Interno No. 003-2013-DHT en el cual se señalaron supuestas faltas graves que tendrán que ser probadas por el patrono. Expresando también que con la comunicación de su despido se han violado las normas contempladas en el artículo 129 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho a gozar de estabilidad laboral, asimismo se han violado las normas contenidas en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, mediante los cuales se les indica que eran trabajadores permanentes, además de no haberle dado cumplimiento a la obligación que tenían de obrar con la lealtad del caso al no haber indicado, en el segundo caso, las fechas de las supuestas faltas graves, error este, que según el artículo 117 del mismo cuerpo legal, no puede ser subsanado en ningún tiempo ni aun en la contestación de la demanda y que además las supuestas causas son completamente falsas.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que los demandantes prestaron sus servicios por un período limitado y determinado bajo la modalidad de Contrato de Servicios Técnicos y/o Profesionales, suscrito con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, tal como consta en la Cláusula tercera de esos contratos; que no está facultado para aceptar imposiciones de derechos subjetivos inexistentes ni beneficios que no les corresponden por tratarse de empleados de carácter temporal y haber finalizado sus contratos de Servicios Técnicos y/o Profesionales, esta forma de contrato se somete al conocimiento del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, asimismo que el contrato referido está sujeto al Derecho Administrativo, regulado por el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Capítulo I, artículos 2, 4 inciso h, Capítulo IV, Sección Quinta, artículos del 28 al 38, de Contratos de Servicios Profesionales, del 171 al 176, 179 al 181 de la ley General de la Administración Pública; rechazando también la nota de despido que aducen haber recibido los demandantes, así como el argumento que sustentan para considerarse ser titulares del derecho que exigen y que por consiguiente no están legitimados a comparecer al tribunal en materia laboral con el Objeto de que se les restituya el derecho violado, pues en franco desconocimiento del contenido legal de las cláusulas que establecen los derechos y obligaciones que rigen y se obligan recíprocamente las partes mediante este contrato de servicios técnico/ Profesional, aceptando la demanda en cuanto que el salario se les pagaba a través del sistema SIAFI, procedimiento que aplica para efectuar los pagos a personas naturales o jurídicas provenientes de una prestación de servicio a la Administración Pública, rechazando asimismo la intensión manifiesta por los demandantes cuando se refiere a la “firma de Planillas”, porque no eran trabajadores por planillas, ni eran empleados permanentes, sino que prestaban sus servicios mediante la modalidad de Contrato de Servicios Técnicos/ Profesionales, razón por la cual fueron ingresados a este sistema SIAFI; en ese sentido no se encuentran acogidos a la normativa laboral del articulo 2 párrafo primero y último y en el caso que nos ocupa no se trata de una contratación por emergencia nacional de carácter grave sino de una simple prestación de servicio y no podrían estar sujetos bajo la tutela del Código del Trabajo, contrario sensu se rigen por las leyes de la administración pública, tal y como se estableció en el Contrato, rechazando asimismo que les adeuda el mes de enero de 2011 ya que no se suscribió ningún contrato con los demandantes en la fecha que ellos aducen y en cuanto al pago de los derechos adquiridos que incluyen decimotercero y cuarto mes de salario, no se encuentra pactado esos derechos en ninguna cláusula del contrato a efecto de que se trata de un contrato de Servicios Técnicos/Profesionales, que desde el momento firmaron las partes el contrato de trabajo aceptaron y se sometieron a las condiciones expresadas en el mismo y ahora no puede intentar valer sus disque derechos adquiridos amparados en el Código del Trabajo; en cuanto la petición sobre el oficio 003-2013-DHT de fecha 28 de enero del 2013, suscrito por la Directora del Hospital de Tela y el Oficial del Hospital en el cual se señalan faltas graves cometidas por el ahora demandante MARCO TULIO MARTINEZ NUÑEZ, se rechaza por no ser el objeto del debate puesto que la demanda se circunscribe al reclamo del “pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos y otros derechos” y será en el proceso del debate que se probara que a los demandantes no les asiste el derecho que pretenden. En la audiencia primera de trámite opuso el defecto Material de Prescripción, señalando que la demanda fue presentada fuera de los plazos legales.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de septiembre del 2015, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el defecto Material de Prescripción, declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; vacaciones proporcionales, decimotercero y decimocuarto mes Proporcional; reajuste al salario mínimo, salario adeudado, más salarios dejados de percibir en concepto de indemnizaciones. CONDENÓ al demandado al pago de dichos conceptos. Declaró SIN LUGAR La demanda laboral para el pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y décimo cuarto mes proporcional; ABSOLVIO al demandado del pago de dichos conceptos SIN COSTAS, bajo el criterio que los demandantes desde que iniciaron su relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo, por consiguiente se entiende una relación de trabajo por tiempo indefinido, asimismo la demandada no señala en las notas de despido la causa justa de la terminación laboral, en cuanto al reclamo del pago de derechos adquiridos solicitados, el mismo se declaró sin lugar en vista que se probó que los mismos habían sido pagados, en relación al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional y decimocuarto mes procede declararlos con lugar ya que el patrono está obligado al pago de dichos conceptos, en cuanto al reajuste de salario, fe declarado con lugar en vista que los demandantes ganaban una cantidad menor a la legalmente estipulada, en cuanto al defecto procesal de prescripción concluyó que la demanda se presentó dentro del término señalado.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 26 de noviembre del 2015, dictó sentencia CONFIRMANDO La proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante acreditó que su relación laboral era de carácter permanente, asimismo probó el despido alegado y por su parte la demandada no probó haber tenido justas causa para dar por terminado el contrato de trabajo con los demandantes.- 5. Mediante auto de fecha 22 de enero del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal de el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 8 de marzo del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su condición de representante procesal de el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PÚBLICA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 14 de abril del 2016, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JOSE IDELFONSO VIDES MELGAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada SANDRA YAMILETH GONZALEZ ROSALES, en su primer y único motivo de casación alega lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. a) PRIMER MOTIVO: Infracción de los artículos 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; que regula los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos celebrados por la Administración Pública (Estado de Honduras), en donde se establece que se deberán observar las normas presupuestarias y no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiere disponibilidad suficiente; razón por la cual mi representado al no contar con dicho presupuesto, se ve en la obligación de no continuar suscribiendo dichos contratos, ya que el funcionario que lo suscriba sin contar con una disponibilidad presupuestaria para el pago del mismo, incurrirá en responsabilidad administrativa y civil. Por lo que aun y cuando se requieran los servicios de determinado personal en las instituciones, Si no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, no se puede continuar con dicha relación; de igual forma el Decreto No. 223-2012 contentivo del Resumen del Presupuesto del Sector Púbico, para el ejercicio fiscal 2013, mismas que se emiten anualmente, establecen la facultad que posee el Estado para contratar personal en la modalidad de contrato facultad que consta en el articulo 112 y 114 de decreto antes señalado; por lo que mi representado en ningún momento violento los derechos de los ahora demandantes ya que a los mismos se les cancelaba dicho contrato mediante el Objeto de Gasto 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente). Consta en el Expediente de Mérito a folios 34 al 38 Contratos suscritos por los demandantes señores WILFREDO MARADIAGA y MARCO TULIO MARTINEZ NUÑEZ, mismos que fueron elevados a Acuerdos según Consta en folios 71 al 73en donde consta en las Clausulas tercera, la validez y vigencia del contrato; Clausula Cuarta: Monto del Contrato en donde se establece claramente que el Objeto de gasto es 12100; tal y como lo establecen las Disposiciones del Presupuesto de cada año fiscal; por lo que el juzgador al utilizar también la normativa del Código del Trabajo, con el único propósito de aplicar a su conveniencia el texto legal del articulo 47 y 52 del Código de Trabajo, el cual no objetamos, puesto que esa normativa laboral se refiere a los contratos individuales de trabajo, lo que no es aplicable en el caso que nos ocupa, pues la modalidad de contrato de Servicios Técnicos /profesionales, se enmarca dentro del contrato administrativo sujeto al derecho administrativo, regulada por el Reglamento de Servicio Civil, por ser contrato de carácter administrativo, sometiéndose de igual manera al conocimiento del articulo 3 literal a), de la Ley de lo Contencioso Administrativo ya citada, quedando entonces claro que dicho fallo es violatorio de una Ley sustantiva, mismo que ha sido emitido infringiendo la ley y aplicando indebidamente la Ley Laboral, por una interpretación y aplicación errónea de las leyes que rigen a la administración Pública. 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil, en virtud que sin duda alguna si se hubiere apreciado los preceptos legales antes mencionados otro hubiere sido el resultado de la decisión judicial. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: “El contrato Individual de trabajo puede ser: a)... b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su articulo 1348 dice: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoró los medios de prueba denominado documentales que consisten en Contratos de Servicios Técnicos y Profesionales suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante los cuales quedó plenamente demostrado, que el demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo contratos de Servicios Técnicos y Profesionales. b) Honorable Magistrados (as) el fallo venido en casación también posee errores de hecho y de derecho, en la aplicación de las pruebas ya que como se puede observar en el expediente de dicha demanda, ya que como se puede observar en folio 51 al 54 se pudo constatar que el señor WILFREDO MARADIAGA laboro en la Institución hasta el treinta y uno de diciembre del 2013 y no se acredito mediante el exhorto todos los extremos solicitados en el mismo, incurriendo con ello en un error de hecho; de igual forma consta en folios 86 al 94 que ml representada no les adeuda cantidad aluna a los ahora demandantes, por lo que al condenar al estado a pagar Cantidades de dinero es evidente que se incurrió nuevamente en error de derecho al pretender que ml representado pague prestaciones laborales a un personal que fue contratado por un periodo determinado, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, de las Disposiciones del Presupuesto para el año fiscal. Por otra parte Honorables Magistrados se puede observar en la Sentencia Definitiva de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil quince, que en el CONSIDERANDO (14) en donde se pronuncia por la Cuantía de la Demanda declara SIN LUGAR el pago de Vacaciones Causadas, Aguinaldo Causado y Décimo Cuarto mes Causado, en virtud de constar en autos que los mismos ya fueron pagados (ver folio 81).- No obstante en el Fallo de la misma, en los numerales II y III.- no incluye el pago de dichos derechos; en el Numeral IV. Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Vacaciones Proporcionales; Aguinaldo Proporcional y Décimo Cuarto Mes Proporcional.- Incurriendo con ello en un error de hecho y de derecho consecutivamente, esto debido a que mi representada acredito haberles cancelados sus derechos, sin embargo esto entra en contradicción con los numerales II y III de dicho fallo por lo que es evidente la existencia de un error de hecho en el mismo.”.- III.- La Recurrente, señala entre otros, los artículos 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 112 y 114 del Decreto No. 223-2012, 46 literal b) del Código del Trabajo y 1348 del Código Civil, como normas de carácter sustancial supuestamente violadas, pero las mismas no ostentan esa condición, por lo que resultan inviolables para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que del orden laboral nacional, impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue, conforme lo preceptuado en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) omite precisar el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, ya que si bien indica el artículo 765 numeral uno del citado cuerpo normativo, el mismo contiene dos párrafos, con distintas causales o motivos del recurso; b) tampoco es claro con relación al concepto de la infracción, ya que en unos apartados alega: “…dicho fallo es violatorio de una Ley sustantiva, mismo que ha sido emitido infringiendo la ley y aplicando indebidamente la Ley Laboral, por una interpretación y aplicación errónea de las leyes que rigen a la administración Pública…”, en otros señala: “…el fallo venido en casación también posee errores de hecho y de derecho, en la aplicación de las pruebas…”; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales falencias en el motivo impiden su prosperidad.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 23-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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