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Sentencia CL-213-16 — Registro 6921

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para se declare nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de un despido ilegal e injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En el caso de mérito, la Recurrente, invoca el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo como norma de carácter sustancial supuestamente violada, pero la misma es de naturaleza procesal o adjetiva, inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) omite precisar el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, ya que si bien cita el artículo 765 del citado cuerpo normativo, el mismo contiene 2 numerales y el primero de ellos tiene dos párrafos, con distintas causales o motivos del recurso; b) alega infracción indirecta por error de hecho por falta de apreciación de las pruebas propuestas por la parte demandada, pero no singulariza las mismas y en su explicación alude a otra modalidad de error y también de infracción, al indicar “El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre los demandantes y mi representada… es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos…”; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales falencias en el motivo impiden su prosperidad"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."En el caso de mérito, la Recurrente, invoca el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo como norma de carácter sustancial supuestamente violada, pero la misma es de naturaleza procesal o adjetiva, inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) omite precisar el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, ya que si bien cita el artículo 765 del citado cuerpo normativo, el mismo contiene 2 numerales y el primero de ellos tiene dos párrafos, con distintas causales o motivos del recurso; b) alega infracción indirecta por error de hecho por falta de apreciación de las pruebas propuestas por la parte demandada, pero no singulariza las mismas y en su explicación alude a otra modalidad de error y también de infracción, al indicar “El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre los demandantes y mi representada… es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos…”; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales falencias en el motivo impiden su prosperidad"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, además es parte recurrida el DARÍO JOSUÉ VILLALTA, quien es apoderado legal de los señores Inés Calderón Dubón, Bayardo Eliseo Sánchez Maradiaga, Mario Antonio Servellón Alonzo, Gustavo, Alfredo Gómez Mejía, José Leonel Guzmán Cruz. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para se declare nulidad de un contrato por la simulación del mismo, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de un despido ilegal e injusto; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de abril del año dos mil catorce, por el Abogado DARÍO JOSUÉ VILLALTA, quien es apoderado legal de los señores Inés Calderón Dubón, Bayardo Eliseo Sánchez Maradiaga, Mario Antonio Servellón Alonzo, Gustavo, Alfredo Gómez Mejía, José Leonel Guzmán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAN ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que Declarando “CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado DARÍO JOSUÉ VILLALTA en su condición de representante procesal de los señores CALDERON DUBON, BAYARDO ELISEO SÁNCHEZ MARADIAGA, MARIO ANTONIO SERVELLON ALONZO, GUSTAVO, ALFREDO GÓMEZ MEJÍA, JOSÉ LEONEL GUZMAN en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República y representante legal el Abogado ABRAHAM ALVARENCA URBINA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a pagar a los demandantes la cantidad de cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON SIETE CENTAVOS (L. 458,338.07), repartidos de la forma siguiente: INES CALLMERON DUBON, CIENTO VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L. 126,785.90), desglosados de la forma siguiente: Preaviso L. 23,333.32, Auxilio de Cesantía L. 58,333.32, Auxilio de Cesantía Proporcional L. 6,805.58, Vacaciones L. 15,555.60, Vacaciones Proporcionales L. 4,538.35, DECIMO TERCER MES PROPOCIONAL L. 1,609.98, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 6,609.93, Salario adeudado del mes de febrero del año 2014 L 9,999.99. BAYARDO ELISEO SANCHEZ MARADIAGA CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 101,354.29) desglosados de a forma siguiente: Preaviso L. 23,333.32, Auxilio de Cesantía L. 34,999.98, Auxilio de Cesantía Proporcional L. 8,586.69, vacaciones L. 10,500.00, Vacaciones Proporcionales L. 5,724.46, DECIMO TERCER MES PROPOCIONAL L. 1,609.98, Decimo Cuarto mes Proporcional L. 6,609.93, Salario adeudado del mes de febrero del año 2014 L. 9,999.99. MARIO ANTONIO SERVELLON ALONZO la cantidad NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS ( L. 96,393.12), desglosados de la forma siguiente: Preaviso L 25,666.68, Auxilio de Cesantía L 38,500.02, Auxilio de Cesantía Proporcional L 500.00, Vacaciones L 11,550.06, Vacaciones Proporcionales L. 333.67, DECIMO TERCER MES PROPOCIONAL L. 1,771.02, Decimo Cuarto mes Proporcional L. 7,271.07, Salario adeudado del mes de febrero del año 2014 L 11,000.00. GUSTAVO ALFREDO GOMEZ MEJIA Y JOSE LEONEL GUZMAN CRUZ la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ( L. 66,684.24), desglosados de la forma siguiente: Preaviso L 17,488.10, Auxilio de Cesantía L. 26,232.15, Auxilio de Cesantía Proporcional L 314.79, Vacaciones L. 7,869.69, Vacaciones Proporcionales L. 209,86, DECIMO TERCER MES PROPOCIONAL L 1,206.68, Decimo Cuarto mes Proporcional L. 4,954.13, Reajuste al salario mínimo L. 1,096.80, Salario adeudado del mes de febrero del año 2014 L 7,3 12.04 Y JOSE LEONEL GUZMAN CRUZ la cantidad de NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ( L. 96, 684.24), desglosados de la forma siguiente: Preaviso L 17,437.98, Auxilio de Cesantía L. 26,231.98, Auxilio de Cesantía Proporcional L. 341.02, Vacaciones L. 7,869.69, Vacaciones Proporcionales L. 27.35, Décimo Tercer mes Proporcional L 1,206.68, Décimo Cuarto mes proporcional L. 4954.13, Reajuste al salario mínimo L.1,096.80, pago de Salario Adeudado L.7,494.90; y para todos los demandantes, a título de daños y perjuicios, los salario dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que los demandantes iniciaron la relación laboral con la ENEE en las fechas siguientes: 1) Inés Calderón Dubon, el 1 de agosto del año 2008, en el puesto de Auxiliar Administrativo 1, devengando un salario de L. 10,000.00; 2) Bayardo Eliseo Sánchez Maradiaga, el 4 de junio del año 2010, en el puesto de encargado de almacén, devengando un salario de L. 10,000.00; 3) Mario Antonio Servellón Alonzo, el 15 de febrero del año 2011, devengando un salario de L. 11,000.00; 4) Gustavo Alfredo Gómez Mejía, el 16 de febrero del año 2011, en el puesto e Mensajero, devengando un salario de L. 7,49490; y, 5) José Leonel Guzmán Cruz, el 15 de febrero del año 2011, en puesto de Transcriptor de Datos, devengando un salario de L. 7,494.00. 2- Los contratos celebrados entre las partes eran de servicios profesionales, los cuales son contrarios a derecho, pues estos cumplían una jornada u horario de trabajo, tenían un jefe inmediato y un salario mensual constituyendo los tres elementos esenciales para que existiera contrato de trabajo; también es preciso mencionar que los puestos y funciones para los que fueron contratados aún subsisten, para el caso del señor Bayardo Sánchez, su puesto de Encargado de Almacén o Gustavo que era Mensajero, puestos que no se necesita una profesión, por lo tanto discrepa totalmente con la figura de contratos de servicios profesionales, dichos puestos siempre deben existir; otra característica de los contratos de servicios Profesionales es la independencia técnica y autónoma pero que en el caso que nos ocupa no se daba, ya que cada uno de sus representados tenía un jefe inmediato quien les indicaba sus funciones, laboraban en un departamento permanente de SERNA, bajo u horario de trabajo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que las partes nunca sostuvieron una relación de trabajo, sino que lo existió fue una relación contractual a término enmarcada dentro de las facultades que otorga la Ley Orgánica y las Disposiciones Presupuestarias de la República, es decir, los demandantes firmaron un Contrato de Servicios Profesionales a término y como eran de orden Administrativos, claramente se establecieron las condiciones en las cuales se regirían las obligaciones, pues como se puede ver quedó establecido en la cláusula décimo segunda, que las partes debían de someterse a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo por ello competente para conocer del presente juicio aquel juzgado y no el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Darío Josué Villalta, quien es apoderado legal de los señores Inés Calderón Dubón, Bayardo Eliseo Sánchez Maradiaga, Mario Antonio Servellón Alonzo, Gustavo, Alfredo Gómez Mejía, José Leonel Guzmán Cruz, contra el Estado de Honduras; bajo el criterio que “de acuerdo a la documentación aportada, al proceso resulta evidente la sucesiva contratación de los demandantes para ocupar un mismo puesto de trabajo, las labores que desempeñaban eran de naturaleza permanente, por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido, entonces al terminar la relación de trabajo, la parte demandada, si creía tener justa causa para despedir a los demandantes, debió hacerlo fundamentado en alguna de las causas contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, no siendo así, no hubo terminación de contrato sino un despido ilegal y además injusto, en consecuencia, los trabajadores tienen derecho al pago de la prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas como resarcimiento del daño causado proveniente del despido realizado todo ello de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado.”.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio “si bien es cierto la Pacta Sunt Servanda las partes se obligan de acuerdo con lo pactado, sin embargo tal principio no tiene cabida en el ámbito laboral, ya que con la prueba aportada al proceso, se logró acreditar la existencia de más de veinte contratos por demandante celebrados entre el Estado de Honduras y los demandantes; que las funciones por las que fueron contratados siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; así mismo existían otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser; subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración, además, de acuerdo a lo señalado artículo 47 del Código del Trabajo no cabe duda que la relación, existente entre las partes era por tiempo indeterminado.”.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de mayo del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS , contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiséis de julio del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el artículo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Trabajo. Apreciación errónea de Las pruebas: Que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las pruebas propuestas por la parte demandada: no fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscrito entre los demandantes y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó a los demandantes que se les contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y por consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El Tribunal sentenciador estimó la presente demandan en virtud que considera que el los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada, el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y los demandantes reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre los demandantes y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, ytodo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c). .. ch)... d)....;( el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), que forma parte de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación. ”.- III.- En el caso de mérito, la Recurrente, invoca el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo como norma de carácter sustancial supuestamente violada, pero la misma es de naturaleza procesal o adjetiva, inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue; también incurre en los siguientes defectos técnicos: a) omite precisar el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, ya que si bien cita el artículo 765 del citado cuerpo normativo, el mismo contiene 2 numerales y el primero de ellos tiene dos párrafos, con distintas causales o motivos del recurso; b) alega infracción indirecta por error de hecho por falta de apreciación de las pruebas propuestas por la parte demandada, pero no singulariza las mismas y en su explicación alude a otra modalidad de error y también de infracción, al indicar “El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre los demandantes y mi representada… es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos…”; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia. Tales falencias en el motivo impiden su prosperidad.- IV.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.-

En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 213-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ,

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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