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Sentencia CL-209-16 — Registro 6736

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal, arbitrario e injustificado, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica con claridad el concepto de la Infracción ya que alega “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, constituyendo tres conceptos por la vía directa distintos para atacar el fallo, lo cual es impropio conforme a la técnica del recurso que nos ocupa, debiendo únicamente indicar un concepto en cada motivo por la independencia de los cargos; b) omite señalar el precepto legal sustantivo, de orden nacional y de índole laboral que estima violado conforme al artículo 769 numeral 5° literal a) del Código del Trabajo; entendiendo como norma sustantiva, la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica con claridad el concepto de la Infracción ya que alega “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, constituyendo tres conceptos por la vía directa distintos para atacar el fallo, lo cual es impropio conforme a la técnica del recurso que nos ocupa, debiendo únicamente indicar un concepto en cada motivo por la independencia de los cargos; b) omite señalar el precepto legal sustantivo, de orden nacional y de índole laboral que estima violado conforme al artículo 769 numeral 5° literal a) del Código del Trabajo; entendiendo como norma sustantiva, la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, por la recurrente, Abogada RUTH AVILA MONCADA, mayor de edad, soltera, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida, la señora ROSA ESLI ZAVALA BONILLA, representada en juicio por el Abogado SANTIAGO HERRERA MAYEN. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal, arbitrario e injustificado, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha doce de noviembre de dos mil catorce, por la señora ROSA ESLI ZAVALA BONILLA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Pedagogía, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO ILEGAL ARBITRARIO E INJUSTIFICADO, PAGO DE PREAVISO, AUXILIO DE CESANTIA, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL, PAGO DE VACACIONES, PAGO DE DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, MAS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS Promovida por la señora ROSA ESLI ZAVALA BONILLA Contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 2) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, a través del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a lo siguiente: A pagar las prestaciones e Indemnizaciones Laborales a la señora ROSA ESLI ZAVALA BONILLA por la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L.86,062.38) desglosado de la siguiente manera: Preaviso: L.23,450.00; Auxilio de Cesantía: L. 35,175.00; Auxilio de Cesantía Proporcional L.11,692.43 Décimo Tercer mes proporcional: L. 8,375.00; Décimo cuarto mes Proporcional L. 2,484.58; Vacaciones Proporcionales L. 4,885.37; mas los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales adquiera el carácter de firme la presente sentencia condenatoria; 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral en el Instituto de la Propiedad, en fecha 1 de octubre del año 2010, con un salario inicial de L.9,000.00 mensuales y un salario final de L.10,050.00, llegando a adquirir una antigüedad de 4 años, hasta que el 30 de septiembre del 2014 le entregaron a la demandante un oficio No.1205-DRH-2014 sin fecha, donde se le notificaba que a partir de la fecha ya no se renovaría el contrato de trabajo, lo cual es un claro y evidente despido. Dando la entidad estatal varias denominaciones a los contratos suscritos con la demandante como ser, el primero, “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, los siguientes como “Contrato Temporal de Prestación de Servicios Profesionales”, los posteriores, como “Contrato de Servicios Profesionales”, siendo indudablemente, de acuerdo a los principios que rigen la materia laboral, situaciones que se presentan para provocar confusión en los trabajadores, y que por necesidad al trabajo se han aceptado dichos contratos en forma temporal para labores permanentes, pero afortunadamente en contraposición a esas acciones maliciosas de la parte patronal, aplican los principios de primacía de la realidad y de continuidad, porque es evidente que constituyen fraude a la ley laboral. Obviamente, el Instituto de la Propiedad, pretende desconocer que la relación de trabajo ha sido continua, que, por consiguiente, reviste de todas las características de una relación permanente, y que en esas circunstancias la demandante ha adquirido los derechos que la ley laboral garantiza a todos los trabajadores; pues, es evidente, que si la relación laboral se sustentó en una sucesión de contratos por tiempo definido, esa temporalidad se volvió indefinida, dentro de un Estado de Derecho, porque sería contrario a lo que reza el artículo 1 de la Constitución de la República e implica una evidente violación de las disposiciones contenidas en los artículos 111 y 112 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante sostuvo una relación contractual a través de Contratos Individuales de Trabajo a término con el Instituto de la Propiedad así como el monto que aduce haber devengado en concepto de la prestación de tales servicios profesionales el cual de conformidad a la vigencia del contrato dicho monto variaba. Se rechaza en cuanto a la antigüedad señalada y en cuanto al hecho de haber sido objeto de un despido la demandante, ya que siendo dichos contratos independientes uno del otro no hacía que la relación contractual de la demandante sea considerada como indefinida como lo pretende hacer ver la demandante pues desde su primer contrato consintió y aceptó sin objeción alguna la forma bajo la cual estaba siendo contratada la demandante y que previo a la firma de los contratos se contaba con la disponibilidad presupuestaria respectiva aprobada y autorizada legalmente por autoridad competente de donde deriva que no existió antigüedad alguna como lo manifestó la demandante en su libelo de demanda, pues la obligación de las partes terminaba hasta la fecha de finalización de la vigencia del contrato quedando sin responsabilidad alguna de las partes contratantes. Que no es cierto que la relación contractual que sostuviera el demandado con la demandante sea considerada de carácter permanente puesto que son considerados empleados permanentes aquellos que han sido nombrados mediante acuerdo y que en el caso que se ocupa de conformidad a lo que establece el artículo 13 del Reglamento de Personal del Instituto de la Propiedad, que según la estructura presupuestaria del Instituto de la Propiedad, los servidores de la institución serán contratados de forma permanente a través de las figuras de los acuerdos emitidos por cada uno de los Directores Generales facultados para ellos por Consejo Directivo en los casos previstos en el artículo 10 de la Ley de Propiedad, que no es el caso de merito, por otra parte, es de conocimiento general que la nulidad de un contrato se da cuando faltan uno de los requisitos esenciales para la formalización del mismo, lo que no ocurrió en este caso, no obstante que la demandante en ningún momento ante el vencimiento del contrato manifestó su oposición ante la autoridad competente y presentó nulidad del mismo, contrario sensu aceptó y consintió esta forma de contratación; por lo tanto no puede calificarlo como simulación de un contrato porque entonces estaría afirmando que la institución demandada no tiene facultad de suscribir este tipo de contratación, en virtud de lo cual se estaría frente a un contrato sin validez jurídica y en su defecto éste contrato que firmó la demandante no tendría existencia ni objeto su reclamo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Rosa Esli Zavala Bonilla, contra el Estado de Honduras, a través del Instituto de la Propiedad; condenando al demandado a pagar a favor de la demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales por la cantidad de L.86,062.38 desglosado de la siguiente manera: preaviso: L.23,450.00; auxilio de cesantía: L.35,175.00; auxilio de cesantía proporcional: L.11,692.43; décimo tercer mes proporcional: L.8,375.00; décimo cuarto mes proporcional: L.2,484.58; vacaciones proporcionales: L.4,885.37, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que si bien es cierto la parte demandada alega que la relación laboral llegó a su fin en virtud de que la demandante fue contratada a tiempo cierto y determinado, estableciendo en los contratos de trabajo la fecha de inicio y de finalización del mismo; al respecto, el Código de Trabajo establece en su artículo 47 lo siguiente: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, asimismo se acreditó que la suscripción de los contratos de servicios profesionales fue por más de 200 días de labores continuas e ininterrumpidas cumpliéndose para tal efecto la condición de continuidad laboral, por lo que a consideración, el acto de privar a la demandante de continuar realizando sus labores, constituye un acto unilateral del patrono, quién violentó los estipulado en los artículos 3, 112 y 117 del Código de Trabajo, 129 de la Constitución de la República, en consecuencia se llega al firme convencimiento de declarar con lugar la demanda que se ha hecho mérito. Que la parte demandante en la suma de la demanda también solicita el pago proporcional de salarios consistentes en vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes del periodo 2013-2014 hasta la fecha de terminación laboral, siendo éstos derechos adquiridos por el trabajador y que el patrono está obligado a su pago independientemente de la forma en que termine la relación laboral y en el caso de autos al no proponer medios de prueba la parte demandada no acreditó haber pagado tales conceptos, por lo que es procedente declarar con lugar el pago de los mismos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha once de marzo de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que esta probado en autos la relación laboral que existió entre el empleador demandado y la trabajadora demandante, la cual comenzó el 01 de octubre del año 2010, en el puesto de trabajo como Promotora Social con un sueldo de L.10,050.00; que la relación laboral, fue terminada por decisión directa y unilateral por parte del demandado, en fecha 30 de septiembre del 2014, sin invocar causa establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que resulta un despido injustificado e ilegal. Que en el momento procesal oportuno la parte demandada no propuso medios de prueba, razón por la cual no pudo justificar el despido en consecuencia la sentencia definitiva dictada por el a quo está conforme a las disposiciones legales que regulan la materia.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada RUTH AVILA MONCADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada RUTH AVILA MONCADA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada RUTH AVILA MONCADA, en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 765 CAUSALES DE CASACION, del Código de Trabajo, que a la letra dice “1. Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.” EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha once (11) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), en su acápite Primero declara, FALLA: CONFIRMAR la sentencia definitiva, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán de fecha 14 de enero del 2016, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, contenida en el Artículo 47 del Código de Trabajo” Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas” otorgando con ello a pagar la cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ( LPS. 86,062.38) desglosado de la siguiente manera: Preaviso L. 23,450.00; auxilio de cesantía L. 35,175.00; auxilio de cesantía Proporcional L. 11692.43 decimo tercer mes proporcional: L 8375.00; decimo cuarto mes proporcional L. 2,484.58 vacaciones proporcionales L. 4885.37 más los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido, pero tanto el Juzgados A-quo como el Ad-Quem han mal interpretado la norma puesto que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representada estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las clausulas contractuales contenidas en el mismo, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso, y como así lo establece el Artículo 2 del Código de Trabajo Vigente: “ Son de orden publico las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1)...2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.” misma relación que era por tiempo transitorio y determinado, y al no ser una relación permanente, no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Clausula Tercera, hace referencia que dicho contrato no será renovado “Sin mediar alguna causa”, así mismo en el contrato se manifiesta su consentimiento en las clausulas contentivas del mismo, y por lo tanto el contrato con la totalidad de sus clausulas se convierte en Ley entre las partes por lo que el Ad-Quem también violenta la Pacta Sunt Servando debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, de acuerdo a las normas de Autonomía de la Voluntad de las partes.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no indica con claridad el concepto de la Infracción ya que alega “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, constituyendo tres conceptos por la vía directa distintos para atacar el fallo, lo cual es impropio conforme a la técnica del recurso que nos ocupa, debiendo únicamente indicar un concepto en cada motivo por la independencia de los cargos; b) omite señalar el precepto legal sustantivo, de orden nacional y de índole laboral que estima violado conforme al artículo 769 numeral 5° literal a) del Código del Trabajo; entendiendo como norma sustantiva, la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue, por lo que debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de julio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 209-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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