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Sentencia CL-181-16 — Registro 6957

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa.- En caso contrario reintegro. Pago de daños y perjuicios, vacaciones, salarios y aguinaldos adeudados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículos 112 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y/o literal de los que contienen dichos preceptos, a los que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas y entre ellas señala el artículo 113 literal b) lo que vuelve impreciso y confuso el cargo, ya que las normas sustantivas deben ser en su conjunto señaladas justamente; b) que la infracción directa se realiza con prescindencia del haz probatorio; y, c) que en la explicación del cargo hace referencia a normativa no indicada en la formulación del mismo, tal es el caso del artículo 868 literal b del Código del Trabajo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 y 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 y 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

"Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales se debe recordar que si bien la interrupción de la prescripción opera por el hecho de que la persona a cuyo favor corre reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción, quedando comprendidos entre esos medios el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga, conforme a lo previsto por el artículo 868 literal b) del Código del Trabajo; ello condiciona que si lo reclamado es el pago de prestaciones y en la nota de despido como en la audiencia de conciliación en sede administrativa se ha formulado el ofrecimiento para hacerlo estaría en el caso de aplicación de tal precepto, sin embargo en el asunto que nos ocupa lo reclamado difiere de ese concepto, ya que se trata de una acción para el reintegro o reinstalación en el trabajo y de ello no ha existido ningún ofrecimiento.- No obstante lo anterior, a los demandantes se les ha reconocido el pago de las prestaciones y ello constituye un derecho adquirido que la parte demandada deberá satisfacer al ser reclamada.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 864 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Hito

..."Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales se debe recordar que si bien la interrupción de la prescripción opera por el hecho de que la persona a cuyo favor corre reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción, quedando comprendidos entre esos medios el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga, conforme a lo previsto por el artículo 868 literal b) del Código del Trabajo; ello condiciona que si lo reclamado es el pago de prestaciones y en la nota de despido como en la audiencia de conciliación en sede administrativa se ha formulado el ofrecimiento para hacerlo estaría en el caso de aplicación de tal precepto, sin embargo en el asunto que nos ocupa lo reclamado difiere de ese concepto, ya que se trata de una acción para el reintegro o reinstalación en el trabajo y de ello no ha existido ningún ofrecimiento.- No obstante lo anterior, a los demandantes se les ha reconocido el pago de las prestaciones y ello constituye un derecho adquirido que la parte demandada deberá satisfacer al ser reclamada."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 868 numeral b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de septiembre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HUGO BALDEMAR ROMERO, en su condición de representante procesal de los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAM A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS., RUTH L. PADILLA, JOSE E. BORJAS, GENNI Y. MONTOYA, YULINI B. BANEGAS R, SANTOS E. COREA, LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M., ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO, YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE., JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO, NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O., DUARTE, INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES; además es parte recurrida, MUNICIPALIDAD DE SAVA, COLON, representado en juicio por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa.- En caso contrario reintegro. Pago de daños y perjuicios, vacaciones, salarios y aguinaldos adeudados, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado del Trabajo de la Sección Judicial de Tocoa, Colón, en fecha veintiuno de julio del año dos mil catorce, por el Abogado HUGO BALDEMAR ROMERO, en su condición de representante procesal de los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAM A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS, RUTH L. PADILLA, JOSE E. BORJAS, GENNI Y. MONTOYA, YULINI B. BANEGAS R., SANTOS E. COREA., LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M., ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO., YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE, JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO, NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O., DUARTE, INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES; además es parte recurrida, MUNICIPALIDAD DE SAVA, COLON, contra la MUNICIPALIDAD DE SAVA, por medio de CARLOS ALBERTO VALLE, en ese entonces Alcalde Municipal. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que falló revocando la sentencia de fecha trece de noviembre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras Unificado del Trabajo de la Sección Judicial de Tocoa, Colón, misma que en su parte conducente dice: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación de que se ha hecho mérito; SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha trece (13) de noviembre del dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, TERCERO: No ha lugar la demanda laboral de despido injusto y de reintegro; CUARTO: Ha lugar la excepción perentoria de prescripción. Que esta sentencia se notifique a las partes en estrados y una vez que la misma adquiera carácter firme, con certificación de ella, se devuelvan los antecedentes al órgano jurisdiccional del que proceden, para sus efectos legales.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los Demandantes Manifestaron en el escrito de su acción lo siguiente: La señora FLORIDALMA AMANDINA AGUILAR, trabajó como encargada de Casa de la Cultura, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario L. 5,000.00; la señora LIGIA CARMENZA POSAS, trabajó como asistente de Oficina de la Mujer, desde el 1 de enero del 2011, devengando un salario de Lps. 5,500.00; el señor DANNY EMILSON ROSALES, trabajó como encargado de catastro, desde el 26 de enero del 2010, devengando un salario de L. 8,000.00; el señor IBRAM ALEXANDER MEJIA, trabajó como perito evaluador, desde el 26 enero del 2010, devengando un salario de L. 5,000.00; 5) La señora ANA ESPERANZA NUÑEZ, trabajó como contadora municipal, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 9,000.00; la señora YURIDIA YOLIBETH MARTINEZ ZUNIGA, trabajó como encargada de presupuesto, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 8, 500.00; el señor OSCAR ARMANDO ARGUETA, trabajó como motorista, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; el señor HECTOR RAMON DUEÑAS, trabajó como vigilante, desde 26 de enero del 2010, devengando un salario de L. 4,500.00; la señora RUTH LASTENIA PADILLA, trabajó como aseadora de terminal desde el 26 de enero del 2010, devengando un salario L.3,000.00 del expediente judicial; el señor JOSE EMILIO BORJAS, trabajó como vigilante de Casa de la Cultura, desde el veintiséis de enero del año dos mil diez, devengando un salario de L. 4,500.00; la señora GENNI YUMISA MONTOYA, trabajó de fiel rastro, desde el veintiséis de enero del año dos mil diez, devengando un salario de L. 3,500.00, del expediente judicial; la señora YULINI BEBSAIDA BANEGAS, trabajó como Secretaria de Catastro, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; el señor SANTOS ENRIQUE COREA, trabajó como vigilante, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 4,500.00 del expediente judicial; la señora LUZ MARINA MEZA, trabajó como secretaria de UMA, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; el señor CESAR ANTUNEZ MEJIA, trabajó como Policía Municipal, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 4,500.00 del expediente judicial; la señora ULVIA ZULEMA GARCIA, que trabajó corno Secretaria de Justicia, desde el 1 de septiembre del año 2012, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora KARLA ROSSANY MELENDEZ, trabajó como Bibliotecaria, desde el 26 de enero de 2014, devengando un salario de L.4,500.00 del expediente judicial; el señor DENNIS FERNANDO ALMENDAREZ, trabajó como encargado de UMA, desde el 26 enero del año 2010, devengando un salario de L. 6,500.00; la señora SILVIA ETELVINA MARTINEZ, trabajó como Auxiliar II de Tributación, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora HEYDI SARAHI ANTUNEZ, trabajó como encargada de Oficina de la Mujer, desde el 26 de enero del 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora ISABEL CRUZ, trabajó como aseadora de Biblioteca, desde el 1 de diciembre del año 2013, devengando un salario de L. 4,500.00; el señor JOSE DE JESUS MUNGUIA, trabajó como encargado de Tributación, desde el veintiséis de enero del año dos mil diez, devengando un salario de L. 9,500.00; la señora KARLA EDITH CRUZ, trabajó como colector de terminal de buses, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,000.00; 24) El señor JAIME CANO GARCIA, trabajó como colector rural, desde el 11 de mayo del año 2011, devengando un salario de L. 4,500.00; la señora YENNY MARISELA ANTUNEZ, trabajó como cajera de ventanilla, desde el 20 de enero del 2011, devengando un salario de L. 5,500.00; el señor JOSE ALFONSO MATUTE, trabajó como fiel rastro, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 4,500.00; el señor JOSE CACERES HERNANDEZ, trabajó como encargado de Desarrollo Comunitario, desde el veintiséis de enero del año dos mil diez, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora MARLENY ARACELI SERRANO, trabajó como secretaria de Tributación, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora NINOSKA GABRIELA RAMIREZ, trabajó como auxiliar III de Tributación, desde el veintiséis de enero del año dos mil diez, devengando un salario de L. 5,500.00 del expediente judicial; el señor VICENTE DANIEL URBINA, trabajó como Promotor de Desarrollo Comunitario, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora SARA MARLENY MEJIA, trabajó como Instructora de Belleza, desde el 1 de febrero del 2012, devengando un salario de L. 3,600.00; el señor VIRGILIO OCTALY DUARTE, trabajó como vigilante, desde el 1 de septiembre del 2012, devengando un salario de L. 4,000.00; el señor EDIL MAREL MARTINEZ, trabajó como Asistente de Oficina Técnica, desde el 1 de diciembre del 2013, devengando un salario de L. 5,500.00; la señora INGRID NOHEMI MARTINEZ, trabajó como encargada de cocina (CEI), desde el 1 de marzo del año 2012, devengando un salario de L. 3,500.00; el señor PEDRO ANGEL GONZALES, trabajó como Policía Municipal, desde el 26 de enero del año 2010, devengando un salario de L. 4,500. Todos ellos a raíz del cambio de autoridades Municipales, recibieron a partir del mes de febrero, notificaciones de que estaban despedidos sin justificación alguna; si bien, hubo intento de conciliación ante la Procuraduría del Trabajo de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colon, fracasó porque a los demandantes no se les ofreció el reintegro a su puesto de trabajo.- La parte demandada, la Municipalidad de Sava, Colón, contestó dicha demanda señalando que el señor Alcalde, que tomó posesión el 25 de enero del año 2014, ignoraba la existencia del sindicato de trabajadores de la demandada, sindicato que fue fundado en el anterior periodo, aun sabiendo el anterior Alcalde que dicha conformación era ilegal, por que las municipalidades están exentas de la aplicación del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras Unificado del Trabajo de la Sección Judicial de Tocoa, Colón, en fecha trece de noviembre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando CON LUGAR, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por HUGO BALDEMAR ROMERO, en su condición de representante procesal de los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAM A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS, RUTH L. PADILLA, JOSE E. BORJAS, GENNI Y. MONTOYA, YULINI B. BANEGAS R., SANTOS E. COREA, LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M., ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO, YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE, JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO, NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O. DUARTE, INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES, contra la MUNICIPALIDAD DE SAVA COLON; bajo el criterio que el artículo 868 del Código del Trabajo, término de prescripción interrumpe: “a) Por demanda o gestión ante la autoridad competente; b) Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por los hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. c) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados”; en el presente caso el término de prescripción se interrumpió, en virtud que se interpuso demanda de única instancia, para el pago de reajuste de salario mínimo, ante esta Judicatura en fecha veinticinco de marzo del año dos mil catorce, además el Abogado Hugo Baldemar Romero, actuando en representación del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Savá, departamento De Colón (SITRAMUSA), hizo gestiones administrativas ante la Procuraduría del Trabajo de la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha nueve de mayo del año dos mil catorce y el veintitrés de mayo del dos mil quince. Una vez aclarado que la prescripción no procede es preciso establecer la legalidad del despido: cuando las notificaciones de despido fueron entregadas a los trabajadores se les reconoció el derecho al pago de prestaciones para con cada uno de los trabajadores que fueron despedidos, pero no al reintegro; vemos claramente que el patrono reconoció en las notificaciones de despidos, el pago de sus prestaciones laborales, se constituyó en una obligación de dar, reconociendo el mismo la ilegalidad del despido.- 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha once de mayo del año dos mil dieciséis, dictó sentencia revocando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que si bien en el presente caso se alegó que la prescripción corría a favor del patrono y el demandante estableció que la misma se interrumpió por las acciones realizadas ante la autoridad administrativa, posterior al 17 de marzo del 2014, lo cierto es que el artículo 868 del Código del Trabajo ya establece tres formas bajo las cuales se interrumpe la prescripción: “a) por demanda o gestión ante la autoridad competente, b) Por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra, por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquél contra quien transcurre el término de prescripción, c) por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados”, en el caso de autos, los actos realizados por el Apoderado demandante, en las fechas del mes de mayo del 2014, no tienen la condición de interrumpir la prescripción, pues son simples gestiones ante la autoridad, que no involucran la participación de la demandada a cuyo favor corre ese plazo; así mismo, el artículo en mención establece en su literal b) que la prescripción corre en forma individual para cada trabajador(a), aunque hayan presentado en forma conjunta la demanda, a través de la organización sindical; y los pagos realizados a las trabajadoras antes mencionadas no interrumpe la prescripción de la acción de reintegro, porque lo que se dio allí fue que el patrono realizó un acto distinto al planteado en la demanda: Los trabajadores en su demanda solicitan el reintegro, entretanto el acuerdo privado entre el patrono y las cinco trabajadoras que extendieron el finiquito fue el pago de prestaciones, las que desde un inicio el patrono ofreció tanto en el foro administrativo como en el foro judicial.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HUGO BALDEMAR ROMERO, en su condición de representante procesal de los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAM A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS, RUTH L. PADILLA, JOSE E. BORJAS, GENNI Y. MONTOYA, YULINI B. BANEGAS R., SANTOS E. COREA, LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M., ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO, YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE, JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO, NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O. DUARTE., INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones del Trabajo de La Ceiba Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado HUGO BALDEMAR ROMERO, en su condición de representante procesal de los señores FLORINDA A. ABELAR M., LIGIA C. POSAS M., IBRAM A. MEJIA M., OSCAR A. ARGUETA A., HECTOR R. DUEÑAS, RUTH L. PADILLA, JOSE E. BORJAS, GENNI Y. MONTOYA, YULINI B. BANEGAS R., SANTOS E. COREA, LUZ M. MEZA N., CESAR ANTUNEZ M., ULVIAZ GRACIA A., KARLA R. MELENDEZ, DENNIS F. ALMENDAREZ R., SILVIA E. MARTINEZ M., HEIDY S. ANTUNEZ L., CARLA E. CRUZ P., JAIME CANO, YENI M. ANTUNEZ R., JOSE A. MATUTE, JOSE CACERES H., MARLENY A. SERRANO, NINOSKA G. RAMIREZ M., DANIEL V. URBINA S., SARA M. MUNGUIA, VIRGILIO O. DUARTE, INGRID N. MARTINEZ y PEDRO A. GONZALES, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de junio del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado HUGO BALDEMAR ROMERO, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Violación Directa por falta de aplicación de los artículos 112, 113 literal b) en relación al artículo 117 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765de1 Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO.1.- Haciendo un prejuzgamiento, se ha de entender que la violación directa de la ley ocurre cuando a un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto. En autos es un hecho aceptado y probado por las partes que la Municipalidad de Sava, a través de su representante el señor CARLOS ALBERTO VALLE despidió de forma escrita e injustificada a los que hoy se constituyen como demandantes todos miembros del SITRAMUSA (ver folios del 17 al 50 primera pieza de autos). 2.-Que la notificación de la cancelación del contrato de los señores demandantes, se les notifico de forma errónea ya que se hizo por escrito pero sin establecer la causa o motivo del despido, y el artículo 117 del Código del Trabajo establece que debe hacerse por escrito estableciendo la causa o motivo y que después no podrá alegar causal o motivo distinto, en nuestro caso al no establecer la causal o motivo tampoco puede en el juzgado alegar causal alguna, situación que así fue valorada en el juzgado de primera instancia además de valorar las otras condiciones que existieron para declarar sin lugar la excepción perentoria, pero en la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, violentando lo preceptuado en el artículo 117 le dio valor jurídico a los alegatos de la parte demandada sobre que había operado la prescripción extintiva sin tomar en cuenta que el patrono al reconocer los derechos de los trabajadores en la nota de despido interrumpió la prescripción (art. 868 literal b). Señores Magistrados, en este alegato hay tantas sentencias en cuanto a que el despido debe ser formal de acuerdo al artículo 117 del Código del Trabajo estableciendo la causal, ya que en el contrato debe existir la buena fe desde el inicio hasta la terminación del contrato y así evitar sorpresas en el proceso y que caiga en indefensión el trabajador, como el caso que nos ocupa; (caso CI- 119-10 contenido en el BOLETIN JURISPRUDENCIAL 2014) dice que” no existe trascendencia o relevancia en el señalamiento de la prescripción alegada por la parte demandante, ya que si no se precisaron las faltas, menos podría entenderse cuando las mismas prescribieron, así mismo en el juicio que se registra bajo el número 00858-11 del Juzgado del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en su considerando ocho (8) destaca que el reconocimiento expreso de los derechos del trabajador interrumpe la prescripción, de allí que tenemos que la sentencia recurrida en abierta ¡legalidad ha hecho caso omiso a lo que establece el artículo 117 del Código del Trabajo y consecuentemente a la negación del reintegro de los trabajadores integrantes del SITRAMUSA y a sus correspondientes pagos por daños y perjuicios determinados en el plan de la demanda.”.- III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículos 112 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y/o literal de los que contienen dichos preceptos, a los que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas y entre ellas señala el artículo 113 literal b) lo que vuelve impreciso y confuso el cargo, ya que las normas sustantivas deben ser en su conjunto señaladas justamente; b) que la infracción directa se realiza con prescindencia del haz probatorio; y, c) que en la explicación del cargo hace referencia a normativa no indicada en la formulación del mismo, tal es el caso del artículo 868 literal b del Código del Trabajo.- IV. Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales se debe recordar que si bien la interrupción de la prescripción opera por el hecho de que la persona a cuyo favor corre reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción, quedando comprendidos entre esos medios el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga, conforme a lo previsto por el artículo 868 literal b) del Código del Trabajo; ello condiciona que si lo reclamado es el pago de prestaciones y en la nota de despido como en la audiencia de conciliación en sede administrativa se ha formulado el ofrecimiento para hacerlo estaría en el caso de aplicación de tal precepto, sin embargo en el asunto que nos ocupa lo reclamado difiere de ese concepto, ya que se trata de una acción para el reintegro o reinstalación en el trabajo y de ello no ha existido ningún ofrecimiento.- No obstante lo anterior, a los demandantes se les ha reconocido el pago de las prestaciones y ello constituye un derecho adquirido que la parte demandada deberá satisfacer al ser reclamada.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 181-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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