Sentencia CL-18-16 — Registro 6900
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario le reintegre a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones y en concepto de indemnizaciones laborales se le paguen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que de conformidad a la ley tenga que reintegrarlo a su puesto de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de agosto de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 1 de marzo del 2016, por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, hondureño, mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI); y, Recurrido: el señor MARIO RAMON BANEGAS BUSTILLO, representando en juicio por la Abogada ANA MARISA PACHECO PACHECO. OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, en caso contrario le reintegre a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones y en concepto de indemnizaciones laborales se le paguen los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que de conformidad a la ley tenga que reintegrarlo a su puesto de trabajo, todo en virtud del despido directo, ilegal e injusto de que fue objeto, costas, presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 6 de noviembre del 2013, por el señor MARIO RAMON BANEGAS BUSTILLO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, hondureña, casada y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 1 de diciembre del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de septiembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente estableció: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Reintegro al trabajo por despido injusto e ilegal, salarios dejados de percibir; instaurada por el Señor MARIO RAMON BANEGAS BUSTILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. II.- CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: 1.- REINTEGRAR: Al Señor MARIO RAMON BANEGAS BUSTILLO; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenla al momento de operarse la ruptura del contrato; por lo menos en las mismas condiciones a las que tenla al momento en que se suscito el despido; 2.- Más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia. III.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.La demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a laborar con la Secretaría de Estado en el Despacho de Obras Públicas y Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) el día 1 de agosto del año 2010, en el cargo de Supervisor de trabajadores, por jornal ósea permanente en la planilla J03, que en fecha 19 de julio del 2013, fue notificado por la Sub-Gerente de Recursos Humanos, que a partir del día 1 de agosto del 2013 daba por terminada la relación laboral, sin existir causa justa que faculte al patrono para dar por terminada su relación laboral, acción que considera injusta e ilegal. El día 13 de julio fue citado por la señora Reyna Marina Zelaya asistente de Recursos Humanos a una audiencia de descargo en la asesoría legal de la Sub-gerencia de Recursos Humanos de SOPTRAVI, para el día16 de julio a las 3:00pm, todo con el objeto de desvirtuar los cargos que se le imputaban, de haber presentado un certificado médico extemporáneamente, certificado serie L-060315 de fecha 2 de julio del 2013, con el que demostró su incapacidad que por el delicado estado de salud. En fecha 15 de julio del 2013 compareció al Instituto Hondureño de Seguridad Social a refrendar la incapacidad que le fue otorgada, habiendo sido recibida la misma el día 15 de julio del 2013. El Instituto Hondureño de Seguridad Social mediante Certificado No. 647168 de fecha 09 de agosto del 2013, le refrendó la incapacidad otorgada por el médico del 02 al 07 al 13 del 07 del 2013.- 2.La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), contestó dicha demanda señalando que acepta la relación de trabajo que existió entre las partes, pero en su defensa alegó que el 9 de julio del 2013 la sub gerencia de recursos humanos de SOPTRAVI recibió un informe emitido por el señor Adán Matamoros en su condición de Jefe de Seguridad Interna, en el cual detallan que el demandante, se ausentó los días 2, 3, 5, 6 y 7 de julio de 2013, que mediante entrevista de acta levantada el día 18 de julio de 2013 con el señor Adán Matamoros, Jefe de Seguridad y el señor Luis Pineda, Sub jefe de Seguridad, se constató que el demandante no solo había dejado de asistir a sus labores en esas fecha, sino que además, no había dado aviso oportuno sobre las causas de fuerza mayor o caso fortuito que motivaran sus ausencias, de igual forma se constató en el expediente de personal que el demandante no había solicitado permiso para ausentarse esos días, razón por la cual debía de haberse hecho presente a laborar en cumplimiento de sus obligaciones convencionales y reglamentaria y que como trabajador le son inherentes, por lo que se procedió a celebrar audiencia de descargo en aras de conceder el derecho constitucional ala defensa. En dicha audiencia quedaron comprobados de forma fehaciente las faltas imputadas al trabajador y que consisten en la ausencia a sus labores durante los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de julio de 2013, lo mismo trabajador acepto en la audiencia argumentando que “desconocía” que tenía que justificar sus ausencias, por lo que se canceló el contrato de trabajo conforme al Artículo 112 literal h) del Código del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de septiembre del 2015, dictó sentencia declarando con lugar la promovida por el señor Mario Ramón Banegas Bustillo; contra el Estado de Honduras, lo condenó a: 1.- Reintegrar al demandante a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; por lo menos en las mismas condiciones a las que tenla al momento en que se suscito el despido; 2.- Más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia, sin costas; bajo el criterio que la demandada no probó en forma fehaciente haber tenido justas causas para despedir al demandante, puesto que los días señalados como ausentados por la demandada, el demandante los justificó.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 1 de diciembre del 2015, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado en autos la relación laboral existente entre las partes, la terminación de la relación laboral, así como que el trabajador faltó a su trabajo, pero que el demandante presentó su incapacidad refrendada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por lo tanto quedó probado el despido injustificado.- 5. Mediante auto de fecha 22 de enero del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de representante procesal de del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 1 de marzo del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de marzo del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ANA MARIA PACHECO PACHECO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su único motivo de casación expresa: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la apreciación errónea de los medios de prueba documental propuestos por la demandada y que consisten en a) notificación de despido de fecha 19 de julio de 2013; b) citación a audiencia de descargos del 131 de julio de 2013; c) reporte de ausencias de fecha 09 de julio de 2013; d) Ampliación de reporte de ausencias del 12 de julio de 2013; e) Acta de audiencia de descargos de fecha 16 de julio de 2013; f) Acta de comparecencia de fecha 18 de agosto de 2013; y que obran de folios 28 al 33 de la primera pieza de autos; en relación a los medios de prueba documental propuestos por la parte demandante que consisten en Certificado del Colegio Medico (folio 08); Solicitud de refrendo (folio 09); certificado de incapacidad temporal (folio 11); Constancia de Tramite de refrendo del 31 de julio de 2013 (folio 13) todos de la primera de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantiva nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida están contenidas en los artículos 112 letra h); 113 párrafo primero del Código del Trabajo en relación a su cuarto párrafo literales a) y b). REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo es: DOCUMENTAL: consistente en: a) notificación de despido de fecha 19 de julio de 2013; b) citación a audiencia de descargos el 131 de julio de 2013; c) reporte de ausencias de fecha 09 de julio de 2013; d) Ampliación de reporte de ausencias del 12 de julio de 2013; e) Acta de audiencia de descargos de fecha 16 de julio de 2013; f) Acta de comparecencia de fecha 18 de agosto de 2013; y que obran de folios 28 al 33 de Ia primera pieza de autos; en relación a los medios de prueba documental propuestos por la parte demandante que consisten en Certificado del Colegio Medico (folio 08); Solicitud de refrendo (folio 09); certificado de incapacidad temporal (folio 11); Constancia de Trámite de refrendo del 31 de julio de 2013 (folio 13) todos de la primera de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. La motivación que además de ser un requisito interno de la sentencia, permite sin duda examinar el raciocinio empleado por el Juzgador, en este caso el de segunda instancia, para determinar si su análisis está libre de error o no. En el sub judice la Corte sentenciadora ha incurrido en un error de hecho proveniente de la apreciación errónea de los medios de prueba referidos en el acápite “prueba erróneamente apreciada”, infringiendo los artículos 112 literal h); 113 párrafo primero del Código del Trabajo en relación a su cuarto párrafo literales) y b); debido a que en el primero se señalan cuales son las causas que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, siendo esta responsabilidad en el caso de autos la establecida en el segundo artículo violentado, lo anterior se debió a que la parte resolutiva del fallo obedece a que en el considerando (8) numerales 2) y 3) la Corte de Apelaciones dio por comprobado lo siguiente: que está probado en autos a folio 7 de la primera pieza que al demandante se le notificó la terminación de la relación laboral por decisión unilateral del empleador en fecha 19 de julio de 2013.- Previo celebración de audiencia de descargo de fecha 16 de julio de 2013.- 3) que con el medio de prueba documental a folio 11 de primera pieza de autos está probado de autos que el demandante faltó a sus labores desde el 02 al 11 de julio de 2013, pero además está probado en autos la incapacidad temporal de salud, validada y otorgada por el INSTITUTO HONDURE1O DE SEGURIDAD SOCIAL, con el cual certifica la realidad del estado de salud que afronta el demandado los días que el empleador atribuye al trabajador como inasistencias injustificadas; en consecuencia con el análisis anterior se concluye que la sentencia definitiva dictada por la Juez a quo esta apegada a derecho.”.- Con lo anterior se demuestra la apreciación errónea de los medios de prueba enunciados en virtud de que la Corte no se percata que los certificados de incapacidad de medico privado extendida el 02 de julio de 2013 no fue presentado en la audiencia de descargos celebrada el 16 de julio de 2013 extremo que fue acreditado con el medio de prueba documental consistente en el acta de comparecencia de dicha fecha; quedando comprobadas en la audiencia las faltas imputadas y no quedando más remedio que castigar al trabajador con la sanción establecida en el articulo 112 letra h) del Código del Trabajo, dejando de aplicar dicha norma sustantiva que establece como causa de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad del empleador cuando el trabajador dejare de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días completos y consecutivos o durante 3 días hábiles en el término de un mes.- Ello tiene como resultado que la parte resolutiva de la sentencia recurrida infrinja el artículo 113 párrafos primero y cuarto literales a) y b). Es por este motivo que procede casar la sentencia impugnada.”.- III.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- IV. Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas, arribando a la conclusión de lo injusto del despido del demandante, derivado de que se le señaló como causal haber faltado a sus labores durante varios días en los que el trabajador se encontraba incapacitado, confundiendo notoriamente la parte demandada, las situaciones de las ausencias injustificadas al trabajo, con la presentación tardía de los comprobantes que acrediten su justificación, mismas que por ser diferentes tienen consecuencias jurídicas distintas en cada caso, ya que si se trata de ausencias injustificadas o sin permiso del trabajo, por dos días consecutivos o tres alternos en un mes, las mismas constituyen causa justa de despido, conforme lo previsto en el artículo 112 literal h) del Código del Trabajo; la otra, es decir, que no se haya avisado o notificado de esas ausencias, como que no se presentaren a tiempo los comprobantes de su justificación, generalmente se trata de faltas menos graves que de ser sancionadas puede ser con medidas disciplinarias que oscilan ente una amonestación o suspensión de labores de hasta 8 días sin goce de salario, en la forma prevista en el respectivo Reglamento Interno de Trabajo.- V.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de agosto del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 18-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.