Sentencia CL-171-16 — Registro 6956
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización (fuero sindical) que gozan los miembros de la junta Directiva de la Organización Sindical y originados de la contratación colectiva entre el patrono y sus trabajadores, en virtud de despido directo e injustificado, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) se alega el concepto de interpretación errónea de la ley sustantiva, pero es sabido, que esta modalidad de violación a la ley por vía directa se realiza al margen del material probatorio, ya que lo que se discute es el derecho no los hechos en consecuencia estos se tiene por aceptados. En la explicación el Recurrente, cuestiona los hechos que dieron lugar a la terminación de la relación laboral, por ende al material probatorio aportado al proceso consecuentemente, no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado; y, b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia, lo cual resulta inapropiado de conformidad a los dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre del dos mil diesiciete.- VISTO: Para dictar sentencia, en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA); es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de una indemnización (fuero sindical) que gozan los miembros de la junta Directiva de la Organización Sindical y originados de la contratación colectiva entre el patrono y sus trabajadores, en virtud de despido directo e injustificado, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de marzo de dos mil quince, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA), contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, por medio de su Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda de merito; ABSOLVIÓ al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad en el presente juicio; SIN LUGAR la excepción de prescripción de la acción, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de La Niñez y La Familia (SITRAIHNFA), desde la fecha de su fundación en 1985 a suscrito con la patronal varios contratos colectivos de condiciones del trabajo en beneficio de sus agremiados y en procura de garantizarles el mínimo de los derechos y garantías laborales inherentes a la dignidad humana y tuteladas por la Constitución de la República, Código del Trabajo, Pactos, Convenios, Recomendaciones y Tratados Internacionales de la OIT; resulta que entre las fechas 14 de octubre y 05 de noviembre de 2014 fueron despedidos de sus puestos de trabajo todos los miembros de la junta directiva del sindicato de trabajadores del IHNFA, tanto en su junta directiva central como también todos los miembros de la juntas directivas seccionales siendo un total de 177 miembros, incluyendo 7 delegados directivos extremo éste que se acreditara con las notas de despido oportunamente; que los despidos se produjeron en forma arbitraria, abrupta e intempestiva y al margen de todo el andamiaje que protege a la libertad sindical establecida en los artículos 127 y 129 Constitucional, 516 del Código del Trabajo en relación con la cláusula 13 del séptimo contrato colectivo de condiciones del trabajo celebrado entre el IHNFA y los trabajadores. La parte demandante no encuentra razón alguna que justifique el despido masivo que se produjo en contra de la junta directiva central del sindicato, así como también en contra de las juntas directivas seccionales y la única explicación que se deduce es que la hoy demandada tenía como propósito el despido de más del 90% de todos los trabajadores del IHNFA, lo cual efectivamente se produjo después de la destitución en pleno de todos los miembros de la junta directiva del sindicato, reiterando que con éstos despidos en masa tanto de los trabajadores como de los miembros del sindicato no hay duda que se ha producido un retroceso o regresión en cuanto a las conquistas sindicales hasta hoy alcanzada por los trabajadores Hondureños, pues en el presente caso se le ha dado un golpe certero a la libertad sindical. Ante la actitud arbitraria de la demandada, se hace acreedor el Estado de la indemnización económica, pecuniaria, cuyo monto consta en la cuantía de la demanda porque el Estado ha impedido, menoscabado y vulnerado el pleno derecho de garantías fundamentales reconocido por las leyes laborales a los hoy demandantes, por ello es procedente, necesario y justo se le obligue a reparar el daño material y moralmente causado a los demandantes, pues se insiste que el despido se produjo sin justa causa que lo legitime y el mismo ocurrió con la finalidad de hacer desaparecer o suprimir y sin oposición alguna la institución IHNFA disque para hacer ajustes económicos y optimar las finanzas públicas, causales éstas extrañas a la normativa del país y solo reafirma la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que no procede el reclamo que motiva a los demandantes y peor aún el pago del alegado Fuero Sindical, pues su argumento de despido directo e injustificado carece de todo sustento jurídico ya que en ningún momento se despidió ni a los trabajadores ni a los directivos sindicales que laboraban para el Instituto Hondureño de la Niñez y de la Familia (IHNFA) simplemente mediante el Decreto Ejecutivo No.PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del 2014, se decreto “Suprimir el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)”, situación en que la mayoría de los trabajadores convinieron mediante actas de terminación de una relación laboral por mutuo consentimiento, ante la presencia de la Inspectora de la Dirección General de Trabajo, amparados en la cláusula del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el IHNFA y el mismo Sindicato SITRAIHNFA, ratificación de la solicitud planteada del pago de cesantía y terminación del contrato de Trabajo y de acuerdo con el proceder del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en base a lo establecido al artículo 111 numerales 2) y 9) en relación al artículo 379 del Código de Trabajo y la cláusula 67 del Sexto Contrato Colectivo, y será en el momento oportuno que se probará que las causas de terminación de los contratos de trabajo en el IHNFA, son muy distinta o diferentes a la que pretenden dar base a la demanda y a sus reclamos planteados por el SITRAIHNFA.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada Maria Margarita Aguilar Redondo, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA), contra el ESTADO DE HONDURAS; absolviendo al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad en el juicio de merito; sin lugar la excepción de prescripción de la acción, sin costas; bajo el criterio que se acreditó las notas del supuesto despido directo e injustificado que aduce el demandante, mismas que aparecen a folios 344 al 497, pero que a la literalidad de las mismas no corresponden a un despido directo injustificado, entendiéndose por despido directo aquella declaración (acto jurídico) unilateral de una de las partes, dirigida a la otra y recibida por ésta, que, tiene por objeto la terminación del contrato, que puede ser por escrito o verbal, y que requiere la imputación de una parte a la otra de incumplimientos que impiden continuar con la ejecución del contrato de trabajo o la decisión del empleador de no invocar causa y abonar una suma de dinero al extinguir la relación laboral, por consiguiente la extinción del contrato de trabajo implica que cesa la relación jurídica existente entre sus partes integrantes y opera en los escenarios del “distracto”, “despido” y “renuncia” que no son sinónimos, aunque todos traigan aparejada como consecuencia la extinción de la relación de trabajo, en consecuencia de lo anterior y conforme a lo establecido en el artículo 111 del Código del Trabajo, los trabajadores que ostentan el fuero sindical y que integran el SITRAIHNFA no han sido objeto de despido directo propiamente dicho, sino que se le ha dado terminación a la relación laboral por una de las causas que el Código del Trabajo establece y que es ajena a la voluntad de ambas partes, pues obedece a una disposición del Gobierno de la República al ordenar la supresión o cierre operativo del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), pero que conforme a las normas y principios básicos del Derecho del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a que se les paguen sus prestaciones laborales y demás derechos adquiridos. La parte demandada en su momento opuso la excepción de prescripción de la acción, el cual se infiere de dicho alegato que es infundado, pues la excepcionista no establece con claridad la supuesta fecha que establece la ley para que prescriba el reclamo del fuero sindical, por lo que debe ser declarada sin lugar.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha quince de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante alega al contestar la demanda, que a los trabajadores no se les ha despedido injustificadamente, sino que se le puso término a su relación laboral al amparo del artículo 111 numeral 9) del Código del Trabajo, mediante disposición expresa del Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 que ordena suprimir al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y se declaró a dicho instituto en proceso de cierre; agregando que el séptimo contrato colectivo en que se amparan los demandantes para el cálculo numérico de su reclamo con cantidades ilusorias, nunca estuvo vigente, por el contrario al haber sido inscrito de forma irregular por la dirigencia sindical en flagrante violación al acta especial de negociación suscrita por las partes, en la que se acordara que para efecto de la vigencia de la cláusula 66 era requisito imperante escuchar mediante el dictamen a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, requisito que fue omitido por la Junta Directiva Sindical para la inscripción de dicho contrato; si bien es cierto el artículo 516 del Código del Trabajo establece que los trabajadores miembros de la Junta Directiva de una organización sindical, desde su elección hasta seis (6) meses después de cesar en sus funciones, no podrán ser despedidos de su trabajo sin comprobar previamente ante el Juez de Letras del Trabajo respectivo o ante el Juez de lo Civil en su defecto, que exista justa causa para dar por terminado el contrato, pero a pesar de haberse acreditado que los trabajadores señalados en la demanda forman parte efectivamente de la junta directiva central y seccionales, el artículo antes transcrito se refiere a que si un directivo de una organización sindical es despedido tendrá derecho al fuero sindical, sin embargo en el caso de merito no se está ante un despido injusto, puesto que fue emitido en legal y debida forma el Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 4 de junio del 2014, que ordena suprimir al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el cual se declara a la institución en proceso de cierre.- 5. Mediante auto de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada AURORA ZAVALA ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en el único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la norma sustantiva de orden nacional contenida en los artículos: 111 párrafo primero y numeral 9); y, 516 párrafo primero y segundo del Código del Trabajo, en relación con la Cláusula 13 del VII Contrato Colectivo celebrado entre el IHNFA-SITRAIHNFA y 128 numerales 14 y 15 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el párrafo primero parte final del numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA “La interpretación errónea de la ley, consiste en que a pesar de ser claro su texto, el juzgador, en su resolución, expresa conceptos equivocados contrariando el que verdaderamente contiene la ley” CONCEPTO DE LA INFRACCION. El Poder Ejecutivo, el 4 de junio del 2014, emite el Decreto PCM-26-2014, que dispuso la clausura y liquidación del IHNFA bajo el silogismo, que el Estado, en procura de alcanzar la plena vigencia de las garantías, derechos individuales y sociales establecidas en la Constitución a favor de la niñez, cancelaba aquel organismo, para crear otro ente, ordenando la liquidación de los Contratos Individuales de Trabajo de sus trabajadores, con el consiguiente pago las derechos laborales y sociales. En ese contexto, notifico a un promedio aproximado del 90% de sus trabajadores, el despido, quedando mientras tanto el 10% restante, laborando en la Institución en proceso de liquidación. Dentro de las trabajadores que la Institución en el transcurso de cierre, anticipadamente cesanteo, estuvieron los miembros de la Junta Directiva Central, Juntas Seccionales y Delegados del sindicato que operaban en esa entidad y si bien es cierto, al comunicarles aquella determinación, les cancelaron el pago de sus prestaciones e indemnizaciones, la organización Sindical considera, que sin seguir la Institución el procedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 516, tiene derecho a percibir en concepto de indemnización, el monto establecido en la Cuantía de la demanda, que solo para ese efecto, se tuvo que computar lo que a cada uno de los directivos protegidos con aquel beneficio, les pudiera corresponder para la percepción de la indemnización, monto que no fue objetada por la parte demandada.- En efecto, la disposición citada y la cláusula 13 del VII Contrato Colectivo en su conjunto consagran, que los trabajadores miembros de la Junta Directiva Central, Juntas Seccionales y Delegados de la organización sindical, no pueden ser despedidos, sin acreditar ante juez competente, QUE EXISTE JUSTA CAUSA para dar por terminado el contrato individual del trabajo. La Institución demandada, forzadamente argumenta, que para que la organización sindical se haga acreedora a la indemnización, se precisa el despido injusto, lo que no es congruente, con lo dispuesto en la norma citada, que claramente establece como requisito SINE QUA NON, acudir a la jurisdicción del trabajo y en un juicio breve (sumario), solicitar la autorización y en este caso, fácilmente demostrar, que la Institución, por disposición del Decreto presidencial, estaba condenada al cierre previo a su liquidación y por tal motivo, tenía justificación para terminar los contratos a dichos funcionarios sindicales, cancelándoles las prestaciones y demás derechos que les correspondían; bajo ese contexto, no se hubiera promovido ninguna acción pretendiendo la indemnización que justificadamente ahora reclama. En subsidio del argumento anterior y demostrar, que la sentencia atacada violo las normas sustantivas en la modalidad señalada, en este instante citare lo dispuesto en el párrafo primero y numeral 9) del artículo 111 que copiándolo dice lo siguiente: “Son causa de terminación de los contratos de trabajo: 9) Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento”.- En ambos casos, las normas citadas, instituyen la terminación de los contratos como causa de despido -que es el término genérico para desaforar al trabajador- entonces, sin duda alguna, en ambos casos, cuando el patrono tenga causa justificada o no la tenga, siempre debe acudir al órgano jurisdiccional, a solicitar la autorización, para romper aquel vinculo, cuando se trate de trabajadores protegidos por el fuero sindical. La Constitución de la Republica y Tratados Internacionales, obligan al Estado, a tutelar y proteger a las organizaciones sindicales y a quienes desempeñen cargos de dirección en esas entidades, como los señalados en la cláusula 13 del VII Contrato Colectivo tantas veces mencionado: sin embargo, en casos especiales, dispone que por acuerdo entre las partes o disposición legal como el caso sub lite, faculta al empleador para que pueda llegar a la ruptura del vínculo laboral en forma unilateral, siempre que cumpla las condiciones previamente establecidas en el artículo 516 del Código del Trabajo; es decir, siguiendo el juicio sumario para obtener la autorización judicial y terminarlos, comprobando ante Juez competente, que por disposición del Decreto presidencial, la Institución, estaba en proceso de cierre y condenada a desparecer y por esa razón, se procedería a liquidarles el contrato de trabajo a los miembros de la Junta Directiva Central, Juntas Regionales y Delegados Sindicales, condicionada, por supuesto, al pago de las prestaciones en los términos dispuesto en la cláusula 13 del VII Contrato Colectivo celebrado entre la IHNFA-SITRAIHNFA. De haberse colmado el anterior requisito, la organización sindical, no estaría legitimada para acudir a la Jurisdicción laboral a reclamar la indemnización; sin embargo, por haber violado interpretando erróneamente el párrafo primero del artículo 516 del Código del Trabajo, es evidente, que mediante el fallo que al efecto mediante este recurso se obtenga, casando el fallo recurrido, se condene el pago y se cancelarle a la organización sindical, la indemnización solicitada. En materia laboral, los Contratos Colectivos, cuando son favorables y otorgan más beneficios que los contemplados en el Código del Trabajo a los trabajadores y a quienes están amparados por sus normas, se aplican inmediatamente, porque siendo el derecho laboral un derecho protector, su eficacia comienza a regir con fuerza obligatoria a partir de su registro.- Cuando desestima la honorable Corte la demanda, confirmando la sentencia del A-QUO, bajo el peregrino criterio que la indemnización, procede únicamente cuando el despido es injusto, es visto que la sentencia atacada, es violatoria en la de las disposiciones que se citan en la modalidad señalada, por lo que es de justicia que el fallo recurrido, debe casarse por este motivo”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) se alega el concepto de interpretación errónea de la ley sustantiva, pero es sabido, que esta modalidad de violación a la ley por vía directa se realiza al margen del material probatorio, ya que lo que se discute es el derecho no los hechos en consecuencia estos se tiene por aceptados. En la explicación el Recurrente, cuestiona los hechos que dieron lugar a la terminación de la relación laboral, por ende al material probatorio aportado al proceso consecuentemente, no es viable el ataque al fallo por el concepto invocado; y, b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia, lo cual resulta inapropiado de conformidad a los dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo.- IV. Por lo expuesto en los numerales que anteceden, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2). SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de diciembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 171-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO