Sentencia CL-170-16 — Registro 6955
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de días feriados, y a titulo de daños y perjuicios causados, los salarios dejados de percibir más costas del juicio; segunda instancia reforma la citada sentencia, que se contrae a declarar a lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones labores e indemnizaciones legales. La empresa demandada alega despedir al demandante en virtud de existir justa causa legal al hacer pruebas en orina de alcoholemia y drogas al demandante seguidamente el resultado que dictamino el laboratorio fue positivo en cocaína.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento.- VI.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- VII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 CPC.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.)."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 200 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 CPC.- MOTIVACIÓN.).- X. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- XI. Que revisada la resolución recurrida, resulta que la misma no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, particularmente por carecer de la suficiente motivación y carácter lógico que la llevó al convencimiento de la reforma del fallo dictado en primera instancia; la insuficiente motivación en cuanto a la calificación de la falta en relación a la causa de despido alegada y la valoración de la prueba en su conjunto, asociado ello el carácter lógico que debe primar en casos como el que nos ocupa, ya que el criterio expuesto de que el hecho que un trabajador de esta naturaleza resulte positivo en una prueba de cocaína en un examen de orina no es suficiente para producir la convicción de haberse encontrado bajo la influencia del alucinógeno en la actividad laboral, lo cual es contradictorio al señalamiento de tal situación conforme a la labor que desempeña el trabajador, “trabajo desarrollado por el actor es como Piloto de Trasporte articulado de combustible según consta en el proceso y ello conlleva un riesgo adicional no solo para el sino también para las personas y los sitios en donde se desplaza”.- XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- XI. Que revisada la resolución recurrida, resulta que la misma no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, particularmente por carecer de la suficiente motivación y carácter lógico que la llevó al convencimiento de la reforma del fallo dictado en primera instancia; la insuficiente motivación en cuanto a la calificación de la falta en relación a la causa de despido alegada y la valoración de la prueba en su conjunto, asociado ello el carácter lógico que debe primar en casos como el que nos ocupa, ya que el criterio expuesto de que el hecho que un trabajador de esta naturaleza resulte positivo en una prueba de cocaína en un examen de orina no es suficiente para producir la convicción de haberse encontrado bajo la influencia del alucinógeno en la actividad laboral, lo cual es contradictorio al señalamiento de tal situación conforme a la labor que desempeña el trabajador, “trabajo desarrollado por el actor es como Piloto de Trasporte articulado de combustible según consta en el proceso y ello conlleva un riesgo adicional no solo para el sino también para las personas y los sitios en donde se desplaza”.- XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), como recurrente; además es parte recurrida, el señor CESAR ALEXANDER ALEMAN MURILLO, representado en juicio por el Abogado LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de días feriados, y a titulo de daños y perjuicios causados, los salarios dejados de percibir más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha once de diciembre de dos mil catorce, por el señor CESAR ALEXANDER ALEMAN MURILLO, mayor de edad, soltero, Piloto de Transporte Articulado, hondureño y con domicilio en el Municipio de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la empresa mercantil TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), por medio de su representante legal, señora ANA CAROLINA CASTILLO. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: I) Declarando haber lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Luís Fernando Martínez en su condición de apoderado actor en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula el día quince de Enero del año dos mil dieciséis, en el proceso iniciado con la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Cesar Alexander Alemán Murillo en contra de la sociedad mercantil denominada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ) a través de su representante legal, todos de generales conocidas en autos; en consecuencia procede a REFORMAR la citada sentencia, reforma que se contrae a DECLARAR A LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el pago de Prestaciones labores e indemnizaciones legales como ser Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; por ello se condena a la demandada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ) a través de su representante legal, a pagar al trabajador demandante por los conceptos antes mencionados la cantidad de Lps. 213,994.56, que corresponde al desglose siguiente: Preaviso: Lps. 37,333.32; Auxilio de Cesantía: Lps. 167,999.94; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 8,661.30; II) Fijar como monto total de condena la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.268,134.87), que corresponde a los conceptos otorgados por virtud del recurso y a los derechos reconocidos por el a quo.- III) CONFIRMAR en todos sus demás extremos la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación.- IV) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, en fecha 19 de mayo de 2005, en el cargo de Piloto de Transporte Articulado, devengando un saldo mensual de L.16,000.00, dándose la terminación laboral en fecha 5 de noviembre de 2014, mediante nota de despido de esa misma fecha; informándole que la empresa había decidido prescindir de sus servicios aduciendo como causal de despido que el demandante se presentó a sus labores bajo la influencia de drogas dentro de su jornada normal de trabajo, lo cual no es cierto que el demandante hubiera consumido cocaína; la empresa demandada fundamenta el despido en los artículos 81 sección graves numeral 2) del Reglamento Interno de la empresa; 98 numeral 2) y 112 inciso L) del Código de Trabajo, fundamentos que no pueden ser aplicados al caso que se ocupa ya que durante trabajó el demandante en la empresa nunca incurrió en los presupuestos jurídicos que sugieren los artículos relacionados. Que previo al despido del demandante nunca se le aplicó correctamente el procedimiento para el mismo, ya que se establece que para que todo trabajador sea sancionado debe dársele la oportunidad de defenderse en la audiencia de descargos lo cual no ocurrió, pues la empresa, durante dicha audiencia de descargo nunca le quiso mostrar los documentos originales donde consta la supuesta falta o que los procedimientos usados para realizar el examen permitieron la contaminación de la muestra de orina, o confusión de dictámenes, porque el demandante nunca ha usado ningún tipo de drogas, específicamente cocaína, violentándose de esta manera lo establecido en los artículos 92 numeral 9), 94 y 112 literal L) del Código de Trabajo.- 2. La parte demandada, la empresa mercantil TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), contestó dicha demanda señalando que es cierto que el trabajador demandante laboraba para la demandada en el puesto de Conductor (Piloto) de Equipo Pesado Articulado conocidos como: (Cabezal, Cisterna, Rastra) y con el salario asignado a dicho puesto de trabajo, con las condiciones, obligaciones, responsabilidades que asume el cargo de un Conductor de Equipo Pesado. Que tomando en consideración las medidas de seguridad y que constituye un riesgo altamente peligroso, que los Conductores (Pilotos) que transportan combustibles en las unidades denominadas Cabezales, ejecuten estas labores en condiciones no adecuadas, que puedan alterar el grado de concentración y pericia que se debe emplear en el desempeño de este tipo trabajo, el cual requiere ser ejecutado con la mayor eficiencia, cuidado y esmero para evitar accidentes viales que puedan producir daños materiales y humanos, para lo cual, la demandada implementó varias medidas de seguridad todo con el objeto de evitar y prevenir cualquier accidente que pueda poner en peligro o riesgo a los empleados y a los ciudadanos particulares, ya que éstos vehículos transportan combustibles a diferentes partes del país, razón por las cuales se ha implementado la demandada con sus Conductores (Pilotos) es realizar pruebas de Alcoholemia y Drogas de forma periódicamente al azar dentro de cualquier área de la empresa, pudiendo ser aplicada estas pruebas al personal operativo (conductores), Administrativo y Técnico, de lo cual todos los empleados tienen conocimiento que estas pruebas se aplican periódicamente. En fecha 6 de octubre de 2014, la empresa procedió hacer pruebas en orina de Alcoholemia y Drogas al azar, recayendo una de estas pruebas al demandante seguidamente el resultado que dictamino el laboratorio fue positivo en cocaína, posteriormente en fecha 28 de octubre del 2014, se levanto Acta de Descargo al empleado para escuchar su versión el cual negó haber cometido la falta aludida. En fecha 5 de Noviembre de 2014, la demandada procedió a despedir al demandante en virtud de existir justa causa legal para haber tomado la decisión de dar por terminado su contrato de trabajo, acto que se le notificó al demandante mediante la nota de despido. previamente en fecha 28 de octubre del 2014, se levantó Acta de Descargos, en la cual el trabajador demandante, no aceptó haber cometido la falta grave, no obstante habérsele puesto a la vista el resultado del laboratorio en el cual indica que la muestra de orina del trabajador salió positiva en el consumo de Cocaína, consecuentemente la prueba positiva en ningún momento quedó desvirtuada en el Acta de Descargos, aparte de lo anterior, en el mes de noviembre del 2013, el demandante se presentó a la Empresa solicitando se le hiciera efectivo el pago de sus prestaciones laborales indicándole que se encontraba en disposición el pago de sus derechos adquiridos por la suma de L.54,140.31, el cual decidió no recibir dicho pago.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha quince de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral promovida por el señor Cesar Alexander Alemán Murillo, contra la empresa mercantil TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), en cuanto al pago de las prestaciones sociales, salarios caídos, séptimos días y días feriados, más no así en cuanto a los derechos adquiridos como ser vacaciones causadas 30 días, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes, decimo cuarto mes proporcional y salario causado cinco días; condenando a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.154,140.31, en concepto de pago de derechos adquiridos en forma proporcional, vacaciones causadas 30 días, cinco días pendientes de pago por viaje y peaje los que distribuidos corresponden así: a) vacaciones causadas 30 días la cantidad de L.20,513.89, b) vacaciones proporcionales la cantidad de L.6,344.11; c) aguinaldo proporcional la cantidad de L.17,379.82; d) salario adeudado la cantidad de L.3,419.00; e) pago por viaje y peaje la cantidad de L.5,030.00, sin costas; bajo el criterio que del estudio de la prueba en su conjunto, se encuentra probada la causa invocada por el patrono para dar por terminada la relación laboral, ya que de la prueba aportada por la demandada ha demostrado que el trabajador faltó a sus obligaciones y por violación grave, al haberse presentado al trabajo bajo la influencia de droga, circunstancia que fuera constatada mediante examen clínico tomado en día de trabajo, por lo que el patrono no puede quedar obligado por el contrato a sostener un trabajador en el puesto que desempeñaba, porque su actitud implicaría un relajamiento de la disciplina que debe imperar en el centro de trabajo, haciendo negatorias las facultades legales de la empresa para despedirlo sin responsabilidad, además que riñe con los intereses jurídicos ya enunciados, como el decoro y la moral, así como el patrimonio del patrón y la seguridad para la salud y vida del mismo trabajador y de las demás personas no solo del centro de trabajo sino del todo trayecto que pudiera recorrer en dicho estado, así mismo llama la atención que del acta de descargo, reconoce tomar bebidas alcohólicas, sin embargo no sale positivo según examen clínico presentado por la empresa, y que según declaraciones de los testigos Francisco Murillo Portillo, Rigoberto Oliva Jaco y Mario Edgardo Lagos Mendoza, los que le merecieron credibilidad a la juez quienes afirmaron para dicho resultado, el cual se tomaron dos muestras previo al resultado informado, proceso que era reiterativo como lo demuestran los exámenes clínicos del 2009, 2010, 2011, 2014, (folios 105 al 109), circunstancias que hacen justo el despido que fue objeto el trabajador, por así estipularlo como falta grave el artículo 112 del Código de Trabajo vigente, junto con el artículo 97.9), 10), 12), 13) del mismo cuerpo legal, despido que es legal al seguirse el procedimiento estipulado para ser escuchado el trabajador por lo que debe declararse sin lugar la demanda interpuesta en cuanto a la prestaciones laborales e indemnizaciones legales como ser los salarios dejados de percibir que fueran solicitados. Que el demandante solicitó el pago de días feriados laborados para lo cual no presentó prueba ni detalló los días que los laboró por lo que no tiene elementos probatorios para atender dicho reclamo y por lo tanto se debe declararse sin lugar; así mismo pidió el pago de séptimos días, para lo cual no aportó ningún elemento probatorio, por lo que se debe desestimar dicha pretensión, y su salario estaba muy por encima del salario mínimo establecido.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cuatro de marzo de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de: FALLA: I) Declarando haber lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Luís Fernando Martínez en su condición de apoderado actor en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula el día quince de Enero del año dos mil dieciséis, en el proceso iniciado con la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Cesar Alexander Alemán Murillo en contra de la sociedad mercantil denominada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ) a través de su representante legal, todos de generales conocidas en autos; en consecuencia procede a REFORMAR la citada sentencia, reforma que se contrae a DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el pago de Prestaciones labores e indemnizaciones legales como ser Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; y a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; por ello se condena a la demandada Transporte y Maquinaria S.A. de C.V. (TRAMAQ) a través de su representante legal, a pagar al trabajador demandante por los conceptos antes mencionados la cantidad de Lps. 213.994.56, que corresponde al desglose siguiente: Preaviso: Lps. 37,333.32; Auxilio de Cesantía: Lps. 167,999.94; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 8,661.30; II): Fijar como monto total de condena la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, CIENTO TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (LPS.268,134.87), que corresponde a los conceptos otorgados por virtud del recurso y a los derechos reconocidos por el a quo.- III): CONFIRMAR en todos sus demás extremos la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación.- IV): SIN COSTAS…”; bajo el criterio que en el caso de mérito, el trabajo desarrollado por el actor es como Piloto de Transporte articulado de combustible según consta en el proceso y ello conlleva un riesgo adicional no solo para él sino también para las personas y los sitios en donde se desplaza, pero contrario a lo expuesto en la nota de terminación del contrato de trabajo, el despido no se produce por haberse presentado bajo la influencia de drogas, sino por resultar positivo por cocaína en un examen de orina, hecho que por sí solo no es capaz de producir la convicción de haberse éste encontrado bajo la influencia de dicho alucinógeno como lo asevera la patronal y lo da por acreditado el a quo sin contar con elementos objetivos de prueba que respalden tal aseveración pues la toma de la prueba no se realizó porque existieran sospechas de que el trabajador se había presentado bajo la influencia de drogas según se deduce de las declaraciones que rindieran los señores Francisco Murillo Portillo, Mario Eduardo Lagos Mendoza, y Rigoberto Oliva Jaco y que constan en el acta visible a folios del 200 al 203 de la primera pieza, por las razones anteriormente expuestas se estima, que la representación de la demandada no logró acreditar en el proceso que el trabajador se hubiera presentado a sus labores y se encontrara bajo la influencia de drogas dentro de su jornada normal de trabajo, consecuentemente procede el recurso de apelación planteado.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARVIN JOSE GONZALEZ ELVIR, en su condición de representante procesal de la empresa mercantil TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A. DE C.V. (TRAMAQ), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado LUIS FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- II.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- III.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IV.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- V.- Las Resoluciones Judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil normativa supletoria, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de los principios y disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del mismo ordenamiento.- VI.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- VII.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. (Artículo 206 CPC.- CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD.).- VIII. “Que el Derecho al Debido Proceso constituye una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a cada individuo sus derechos fundamentales; constituye entonces un limite al poder estatal a favor del individuo, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende entre otros el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, el derecho a ser oído, y el derecho a resoluciones debidamente motivadas; en ese orden de ideas esta Sala de lo Constitucional estima que toda sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad a fin de garantizar los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso. La congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a los extremos alegados por las partes en forma clara, precisa y concisa; en especial deberá ser una exposición coherente y lógica, de tal suerte que el criterio del juzgador quede explicado y comprendido con facilidad. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados, tal respuesta por parte del juzgador se hará en forma detallada de tal forma que no exista incertidumbre respecto de las razones que tuvo para decidir de esa forma y no otra; en otras palabras lo que no puede suceder es que se omita en el fallo referirse a todas y cada de las cuestiones que fueron objeto del debate en el proceso, ya que no hacerlo, indefectiblemente provocara la vulneración del derecho al debido proceso.” (VER SENTENCIA AMPARO CIVIL AC-538-10).- IX. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. (Artículo 207 CPC.- MOTIVACIÓN.).- X. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. (Artículo 208 CPC.- CONGRUENCIA).- XI. Que revisada la resolución recurrida, resulta que la misma no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que establece la Ley, particularmente por carecer de la suficiente motivación y carácter lógico que la llevó al convencimiento de la reforma del fallo dictado en primera instancia; la insuficiente motivación en cuanto a la calificación de la falta en relación a la causa de despido alegada y la valoración de la prueba en su conjunto, asociado ello el carácter lógico que debe primar en casos como el que nos ocupa, ya que el criterio expuesto de que el hecho que un trabajador de esta naturaleza resulte positivo en una prueba de cocaína en un examen de orina no es suficiente para producir la convicción de haberse encontrado bajo la influencia del alucinógeno en la actividad laboral, lo cual es contradictorio al señalamiento de tal situación conforme a la labor que desempeña el trabajador, “trabajo desarrollado por el actor es como Piloto de Trasporte articulado de combustible según consta en el proceso y ello conlleva un riesgo adicional no solo para el sino también para las personas y los sitios en donde se desplaza”.- XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, procede declarar la nulidad de la resolución recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, con voto recurrente de la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 60, 80, 82, 90 párrafo primero, 128, 129, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 208, 214 numeral 2), 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 35 párrafo segundo, 89, 103, 105, 106, 107 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, de fecha 4 de marzo de 2016, visible a folios 15 al 20 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de diciembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 170-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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