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Sentencia CL-161-16 — Registro 6732

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para la devolución de retenciones aplicadas indebidamente por parte del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como infringidos los artículos “… 3, 8, 96 literal “E”, 371 del Código de Trabajo,…” sin embargo, los dos primeros no ostenta la calidad de ser normas sustantivas, el segundo no contiene ningún literal e) y el tercero comprende párrafos y literales con situaciones jurídicas distintas, siendo necesario precisar a cual de ellos se dirige el ataque; b) se alega el concepto infracción directa, sin embargo tanto en la formulación y desarrollo se alude a situaciones propias de la infracción indirecta como el señalamiento de acápites sobre singularización de prueba, normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la ley sustantiva, valoración del material probatorio lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que estos conceptos son incompatibles entre sí; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos propios de instancia.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 23 de mayo de 2016, por el recurrente, Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ ARDON, WILSON IBAN HERNANDEZ BONILLA, DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, ERCILIA TEREZA MATUTE LOPEZ, YESICA BEATRIZ BANEGAS, GLENDA SUYAPA SIERRA, ROSA AMALIA PEÑA y MANUEL ANTONIO SOLORZANO; además es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), representado en juicio por la Abogada INGRID JOHANA MARTÍNEZ MALDONADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para la devolución de retenciones aplicadas indebidamente por parte del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de julio de 2013, por los señores ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ ARDON, soltero; WILSON IBAN HERNANDEZ BONILLA, casado, Licenciado en Administración de Empresas; DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, casado, Técnico Fotomecánico; ERCILIA TEREZA MATUTE LOPEZ, casada, Perito Mercantil y Contador Público; YESICA BEATRIZ BANEGAS, casada, Perito Mercantil y Contador Público; GLENDA SUYAPA SIERRA, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; ROSA AMALIA PEÑA, casada, Perito Mercantil y Contador Público y MANUEL ANTONIO SOLORZANO, casado, Perito Mercantil y Contador Público, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio; contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio del Director Ejecutivo y Representante Legal el señor RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA, de generales desconocidas. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de febrero del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de noviembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los Abogados RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN y OSMAN DAVID AGUIRIANO GALAN en su condición de representantes procesales de los señores ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ ARDON, WILSON IBAN HERNANDEZ BONILLA, DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, ERCILIA TERESA MATUTE LOPEZ, YESICA BEATR1Z BANEGAS, GLENDA SUYAPA S1ERRA, ROSA AMALIA PEÑA, MANUEL ANTONIO SOLORZANO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través Director Ejecutivo y Representante Legal señor RAMON FERNANDO CARRANZA DISCUA.- SEGUNDO: ABSOLVER al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través Director Ejecutivo y Representante Legal, de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio de Gratuidad y es aplicable a supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción que empezaron a trabajar con la institución demandada, en las siguientes fechas: Alejandro Antonio Martínez Ardón, el 07 de abril de 1999, con un sueldo en la actualidad de L.19,603.00, Wilson Iban Hernandez Bonilla, el 08 de marzo de 1999, con un sueldo en la actualidad de L.23,700.00, Daniel Alfonso Salgado Mencía, el 16 de agosto de 1994, con un sueldo en la actualidad de L.22,177.92, Ercilia Tereza Matute López, el 01 de julio de 1993, con un sueldo en la actualidad de L.19,039.20, Yesica Beatriz Banegas, el 07 de junio de 1999, con un sueldo en la actualidad de L.15,159.00, Glenda Suyapa Sierra, el 01 de septiembre de 1997, con un sueldo en la actualidad de L.16,483.97, Rosa Amalia Peña, el 26 de julio de 1999, con un sueldo en la actualidad de L.18,529.00 y Manuel Antonio Solorzano, el 14 de noviembre de 1977, con un sueldo en la actualidad de L.36,900.00; expresaron además que las autoridades del Instituto Nacional de Formación Profesional “INFOP”, han aplicado retenciones indebidas a favor de la Cooperativa de la Institución (COMIL), sin contar con la debida autorización por escrito por parte de los demandantes, por lo que enviaron desautorizaciones a las autoridades de la institución demandada para que no se les aplicara las retenciones, negándose a aceptar tales desautorizaciones y negándoles la libertada de disponer del salario; asimismo manifestaron que el Instituto Hondureño de Cooperativas IHDECOOP, ha emitido dictamen, señalando que los cobros exigidos por la Cooperativa COMIL aceptados y aplicados por el INFOP, son excesivos y no obedecen a los principios y finalidad de la Cooperativa; alegó también que solicitó los servicios de la Dirección General del Trabajo a fin de llegar aún acuerdo, a que la parte demandad no compareció, dando por agotado el trámite administrativo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que únicamente hace deducciones que el trabajador autoriza y que lo que existió fueron deducciones de obligaciones contraídas con la cooperativa y si se efectuó deducciones se hicieron de conformidad a la cláusula 73 del contrato colectivo y porque el trabajador autorizó las deducciones; expresó además que lo alegado no es conflicto entre los trabajadores y el INFOP, sino que es un conflicto entre trabajador y la cooperativa, porque son compromisos económicos que el trabajador adquirió con la cooperativa, autorizando a la institución a que les hicieran las deducciones del salario que devengaban mensualmente.- 3. El Juzgado de del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de noviembre de 2015, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda, absolvió a la parte demandada de toda responsabilidad en el presente juicio, sin costas; bajo el criterio que una deducción es indebida o prohibida cuando no estén autorizadas por el trabajador, y tampoco se encuentre la posibilidad en el reglamento interno o contrato colectivo , y en el caso de autos, no se evidencian los descuentos prohibidos por parte del empleados en las remuneraciones de los demandantes para amortizar un préstamo personal a su favor en la Cooperativa COMIL, como lo establece el contrato colectivo vigente, estando pendiente pago de esos préstamos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 16 de febrero de 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que está probado que el asunto del juicio no se origina directamente en los contratos de trabajo, ni motivo provocado por el empleador, sino que se origina de una relación mercantil-civil, entre demandantes y la Cooperativa COMIL, en el año 2008, mediante obligaciones de créditos financieros, en los que los demandantes autorizaron mediante la suscripción de deducciones de su sueldo los que fueron realizadas hasta el 2012, debido a la problemática surgida entre los trabajadores demandantes y la Cooperativa “COMIL” y por las desautorizaciones giradas a esta por los trabajadores; y que demandantes a raíz de prestamos crediticios, suscribieron autorizaciones de deducciones a sus salarios para la amortización de las deudas contraídas y hasta garantizaron los mismos con otros derechos de su patrimonio, así como de las prestaciones sociales y seguros de vida.- 5. Mediante auto de fecha 18 de abril de 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ ARDON, WILSON IBAN HERNANDEZ BONILLA, DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, ERCILIA TEREZA MATUTE LOPEZ, YESICA BEATRIZ BANEGAS, GLENDA SUYAPA SIERRA, ROSA AMALIA PEÑA y MANUEL ANTONIO SOLORZANO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 23 de mayo de 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN, en su condición de representante procesal de los señores ALEJANDRO ANTONIO MARTINEZ ARDON, WILSON IBAN HERNANDEZ BONILLA, DANIEL ALFONSO SALGADO MENCIA, ERCILIA TEREZA MATUTE LOPEZ, YESICA BEATRIZ BANEGAS, GLENDA SUYAPA SIERRA, ROSA AMALIA PEÑA y MANUEL ANTONIO SOLORZANO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de junio de 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada INGRID JOHANA MARTÍNEZ MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado RAUL DAVID AGUIRIANO GALAN, en el único motivo de casación alega: “La sentencia recurrida es violatoria de ley Sustantiva de Orden Nacional e Internacional, por infracción Directa de los artículos 3, 8, 96 literal “E”, 371 del Código de Trabajo, en relación con el artículo 813 del Código Procesal Civil, relacionado con el artículo 128 Numeral 5 de la Constitución Nacional de la República de Honduras, y con especial relación a los artículos 6 y 10, del Convenio Relativo a la Protección del Salario, 1949, Convenio N° 95, suscrito y ratificado entre Honduras y la Organización Internacional del Trabajo “OIT”. Interpretado de forma indebida o errónea la Ley. SE SINGULARIZA LA PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA. La Prueba erróneamente apreciada es la Documental, que obra a folios 67, 68, 71, 72, 75, 78, 79, 80, 81, 82, de la primera Pieza de Autos Tomo I, consistente en la prueba documental aportada al juicio por la parte demandante; y que tanto por la Juez A-QUO, como por el Tribunal AD-QUEN, no son valorados al momento de emitir sus respectivas sentencias, en el acápite QUINTO de la resolución de fecha 12 de noviembre de 2015, que obra en folio 505 y 506, de la primera pieza de autos, asevera que mis representados autorizaron a la cooperativa “COMIL” la deducción por planilla, asimismo asevera que no se acreditó ningún indicio probatorio de deducciones indebidas a partir del año 2004; como podrán apreciar la Honorable Juez A-QUO, en ningún momento le da valor jurídico a las actas de inspección de la Secretaria de Trabajo que obran en folio 71 al 77 en la cual se constató a manera de ejemplo que el Sr. Wilson Hernández Bonilla, en una quincena la institución le aplicó una deducción de Lps.433,421.18, asimismo se constató en esa acta que desde el año 2005, a razón de esta deducción a favor de la cooperativa, su sueldo se ye reflejado en cero; La Honorable Juez A-QUO tampoco valora la constancias extendidas por la institución hoy demandada en la cual se constató que a la Sra. Ercilia Matute, se lo aplicó en la primera quincena de agosto del año 2012, una deducción de Lps.516,771.80, en la segunda quincena de abril de 2013, una deducción de Lps.507,271.80, asimismo desde el año 2004 se constató que su sueldo está en cero ver folio 78, tampoco se valoró las constancias extendidas por la institución hoy demandada en la cual se constató que a la Sra. Ercilia Matute y Sr. Daniel Salgado, el salario de ellos se refleja en cero; ver folio 79, 80 y 81; por otra parte es necesario recalcar un punto que le manifesté a la Juez A-QUO, en la audiencia de proposición de prueba y es lo siguiente: todos y cada uno de los documentos que aporte como medios de prueba, están legal y debidamente autenticados por un notario, ver folio 67 y 68; en cambio ningún medio de prueba aportado por la parte demandada esta legal y debidamente autenticado y son simples copias. Tal y como se podrá apreciar en la Sentencia de primera instancia de la Honorable Juez A-QUO, no valora ningún medio de prueba aportado por la parte demandante y a su vez asevera que no existen, pero por otra parte valora las simples copias sin autenticar de la parte demandada y asevera que existen autorizaciones de mis representados, para que se les apliquen deducciones quincenales de Lps.433,421.18, caso del Sr. Wilson Hernández Bonilla, y Lps.516,771.80, caso de la Sra. Ercilia Matute y como podrán constatar tal documento no existe en el expediente. En cuanto a la Sentencia de fecha 16 de febrero de 2016, emitida por el Tribunal AD-QUEN, en el Considerando (5) aseveran de igual forma como la Juez A-QUO, que mis representados autorizaron las deducciones quincenales antes descritas, documento que no existe en el expediente, y nos dan a entender que es legal la aplicación de deducciones quincenales de Lps.516,771.80, caso de la Sra. Ercilia Matute, este documento imaginario lo anteponen por encima del art. 3 del Código de Trabajo, y 128 de la Constitución ya que según ellos el trabajador ha renunciado a sus derechos laborales, por consiguiente las leyes nacionales e internacionales pierden su valor jurídico. Como se podrá apreciar simplemente no se le da valor jurídico a la prueba aportada por la parte demandante y solo se toma en consideración las simples copias sin autenticar de la parte demandada y más valor se le da a un documento imaginario donde se supone mis clientes autorizan deducciones quincenales de Lps.516,771.80, caso de la Sra. Ercilia Matute, y pese a que la Ley establece Nulo de Pleno Derecho ese documento, no se le da valor jurídico a la Leyes ni a la Constitución. Finalmente es necesario aclarar un punto que en un principio tenía claro el tribunal AD-QUEN en la certificación de sentencia de fecha 21 de agosto de 2015, que obra en folio 415 de la primera pieza de autos Tomo III, en su considerando (7) pero entran en confusión en la sentencia 16 de febrero de 2016, en el considerando (6) numeral 2) de la segunda pieza de autos; y es que debemos separar la relación civil entre la Cooperativa “COMIL” y mis representados (Contrato de Préstamo); de la relación laboral entre la Institución hoy demandada “INFOP” y sus empleados; ya que la institución es la que retiene o realiza la deducción objeto de esta demanda; y lo que se sometió al conocimiento de los tribunales de justicia laboral, es determinar si es legal o no que el patrono aplique o realice una deducción quincenal al salario de su trabajador de Lps.516,771.80, caso de la Sra. Ercilia Matute; cuando esta gana Lps.20,000.00, al mes; lastimosamente hasta ahora se asevera que existe una autorización al INFOP, de aplicar tal deducción ilegal, por lo cual cabe preguntarnos, acaso no es nulo IPSO JURE según el Codigo de Trabajo y la Constitución y tratados internacionales, la existencia de este documento que inclusive no lo encontraran en el expediente, pero que actualmente se aplica en este juicio, por encima de las leyes, la constitución y tratados internacionales. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA V1OLACION DE LA LEY SUSTANTIVA. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas son los artículos 3, 20, 127, 128, 129, 134, 135, 303 y 304 de la Constitución Nacional de la Republica de Honduras, 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 47, 52, 112, 113, 117, 664, 665, 666 letra b), 672, 699 párrafo segundo, 760, 858, y 867 del Código del Trabajo; en relación esta última disposición legal con los artículos 22, 183, 184, 185, 191, 200, 206, 207, 208, 449, 690, 705, 706 numeral 2 y 707 del Código Procesal Civil y 2292 del Código Civil. DOCTRINA. Como es sabido, el error de hecho, surge por un equivocado razonamiento del juzgador así: a) Da por establecido un hecho que no sucedió; o, b) Da por no establecido un hecho que sucedió, y que esta plenamente probado. La violación por la vía indirecta, consiste en que se viola la ley por las siguientes razones: a) Por el análisis de la prueba, o b) Por la apreciación de la prueba. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones del Trabajo, al declarar sin lugar el Recurso de Apelación, y al Confirmar la Sentencia Definitiva de fecha doce de noviembre de dos mil quince, emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que obra en la primera pieza de autos Tomo III, Da por no establecido un hecho que sucedió, y que está plenamente probado en autos, como ser una deducción excesiva e ilegal, asimismo no reconoce el perjuicio ocasionado a mis representantes desde el año dos mil cuatro, tal y como consta en folios 71 al 82; por otra parte se Da por establecido un hecho que no sucedió, Tal es el caso de un documento imaginario como ser la autorización de mis representados para que se les aplique una deducción quincenal exorbitante muy superior a su salario mensual, El Juez AQUQ y el Tribunal AD-QUEN, no valorar los medios de prueba propuestos por la parte demandante, siendo estos legal y debidamente autenticados por un notario público; pero si le dan valor a los medios de prueba propuestos por la parte demandada, siendo estas simples copias sin ser legal y debidamente autenticadas por notario; de esta manera los Tribunales de Trabajo de la Republica, anteponen un documento ficticio, por sobre el Código de Trabajo, la Constitución de la Republica y Convenio N° 95, Relativo a la Protección del Salario, 1949, suscrito y ratificado entre Honduras y la Organización internacional del Trabajo “OIT”. Situación que debe corregirse por esta Honorable Corte Suprema de Justicia.- en virtud que el Ad-Quem, por un equivocado razonamiento al interpretar en forma indebida o errónea las Leyes Nacionales e Internacionales Declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación, interpuesto a favor de los señores Alejandro Antonio Martínez Ardon, Wilson Iban Hernández Bonilla, Daniel Alfonso Salgado Mencía, Ercilia Tereza Matute López, Yesica Beatriz Banegas, Glenda Suyapa Sierra, Rosa Amalia Peña, Manuel Antonio Solorzano.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como infringidos los artículos “… 3, 8, 96 literal “E”, 371 del Código de Trabajo,…” sin embargo, los dos primeros no ostenta la calidad de ser normas sustantivas, el segundo no contiene ningún literal e) y el tercero comprende párrafos y literales con situaciones jurídicas distintas, siendo necesario precisar a cual de ellos se dirige el ataque; b) se alega el concepto infracción directa, sin embargo tanto en la formulación y desarrollo se alude a situaciones propias de la infracción indirecta como el señalamiento de acápites sobre singularización de prueba, normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la ley sustantiva, valoración del material probatorio lo cual hace que el cargo carezca de claridad y precisión, ya que estos conceptos son incompatibles entre sí; y, c) en el desarrollo se realizan alegatos propios de instancia.- IV. Por lo expuesto en los numerales que anteceden, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en el único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2). SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes de julio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 161-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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