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Sentencia CL-119-16 — Registro 6914

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido injustificado, que se reconozca el carácter indefinido de la relación laboral, que se reconozca la condición o Status de empleado permanente al amparo de lo dispuesto en los artículos 24, 47, 48 párrafo segundo y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida al amparo de los principios de primacía de la realidad y de continuidad, reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"En el anterior cargo, la Recurrente argumenta la interpretación errónea del artículo 20 inciso b) del Código del Trabajo, norma que es de naturaleza general y por ende no ostenta el carácter de precepto sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico. En adición, se incurre en los siguientes defectos técnicos que impiden su prosperidad: a) no expone la forma en que su concepto, el Ad-Quem ha incurrido en la violación alegada, es decir, como es que ha interpretado erróneamente la ley, ni cual sería la manera correcta de hacerlo; y, b) en su explicación procede a transcribir las disposiciones que enuncia en su formulación, donde se incluye el artículo 867 del Código del Trabajo, que no se incluyó como norma infringida ni relacionada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que la Censora del fallo ha incurrido en los siguientes defectos: a) las normas señaladas como violadas, los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, contienen varios literales y párrafos, con distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque al fallo impugnado; b) alega aplicación indebida, pero al mismo tiempo alude a la existencia de un error de hecho por una apreciación errónea de la prueba, lo cual es confuso, ya que siendo formas distintas de violar la ley, debieron ser formuladas en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- VI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 28 de abril de 2016, por la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HECTOR LEONEL MADRID, representado en juicio por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN. OBJETO DEL PROCESO: En relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido injustificado, que se reconozca el carácter indefinido de la relación laboral, que se reconozca la condición o Status de empleado permanente al amparo de lo dispuesto en los artículos 24, 47, 48 párrafo segundo y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida al amparo de los principios de primacía de la realidad y de continuidad, reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios con los incrementos salariales y demás derechos que durante la tramitación del presente juicio se produzcan, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de marzo del 2014, por el señor HECTOR LEONEL MADRID, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y con domicilio en Las Mesitas, Municipio de Santa Ana del Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de enero del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 16 de noviembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA promovida por HECTOR LEONEL MADRID contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; reconozca el carácter indefinido de la relación laboral que se reconozca la condición o status de empleado permanente, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida, reconocimiento y pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento del despido, en consecuencia; 2) CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procuraduría General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; a que reconozca el carácter indefinido de la relación laboral que se reconozca la condición o status de empleado permanente, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida, y consecuentemente al reintegro a su puesto de trabajo a HECTOR LEONEL MADRID, como Administrador de la Dirección General de Transporte y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo, por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento del despido; 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.El demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a prestar sus servicios laborales en la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora INSEP, mediante una relación regida por una sucesión de contratos que el Estado denomina “de Servicios Profesionales”, en el cargo de Administrador de la Dirección General de Transporte, desde el 08 de febrero del 2010, devengando hasta el mes de enero de 2014, un salario mensual de L.25,000.00, expuso que la relación laboral se desarrolló normalmente, al grado que se prolongó por casi 4 años, sin interrupciones de ninguna naturaleza y debido a la errónea tipificación del contrato, es que el Estado, mediante notificación de fecha 10 de enero del 2014 y recibida hasta el 31 de ese mismo mes y año, hizo de su conocimiento la decisión unilateral de disolver el contrato, lo que implica el despido en forma injustificada, además manifestó que la notificación que recibió fue el despido, solo que el patrono le llamó “RESOLUCION DEL CONTRATO”, dado que en dicha nota se cita literalmente el numeral 3 de la cláusula décimo primera del Contrato, que precisamente, trata de la Resolución del Contrato, y que reza: “3) Por decisión unilateral de las partes, obligándose a dar el aviso correspondiente con 15 días de anticipación”, entre otras cosas, que no solo existió violación del plazo, porque el último contrato suscrito venció el 26 de enero de 2014 y la notificación que fecharon 10 de enero que se la entregaron hasta el 31 de enero, no lo hicieron dentro de los 15 días que señala dicha cláusula, sin comunicarle la no renovación del contrato, sino que lo que ejecutan en la decisión de resolver el contrato, con lo cual deja evidente la continuidad de la relación; pues en el mes de febrero continuó al frente del cargo; que aun con la evidente continuidad de la relación laboral, el Estado pretendió hacer creer que la relación de trabajo es por Servicios Profesionales, todo porque los Contratos suscritos así los denominó y porque en ellos incluyó una cláusula donde dice que el Contrato está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo, con lo cual pretende desnaturalizar el Contrato, que con ello el Estado lo hace con el ánimo de confundir al trabajador, dándole al contrato una apariencia ficticia, aunque en realidad es un Contrato de Trabajo, solicitó los servicios conciliatorios de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de que el Estado reintegrara y reconociera voluntariamente el status de empleado permanente, a cuya audiencia compareció pero no ofreció ningún arreglo; por lo que, se dio por agotado el procedimiento administrativo gubernativo, motivo por el cual recurrió a la vía judicial interponiendo la presente demanda.- 2.La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que con el demandante se sostuvo una relación de prestación de Servicios Profesionales con la Secretaría de Estado en los Despachos de infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), la cual se extinguió por acuerdo bilateral al acontecer la fecha pactada para su vencimiento, con respecto al tiempo de trabajo continuo sin interrupción, puesto que la relación laboral del ahora demandante fue regulada mediante 2 “Contratos de Servicios Profesionales” el demandante aceptó los términos contractuales con el demandado pudiendo hacer uso de su derecho, situación que no se dio; todo contrato de prestación de servicios profesionales tiene tiempo de duración y por lo tanto no se le violentó ningún derecho como alega el demandante, simplemente es una terminación contractual de lo cual tenía conocimiento al firmar su contrato, hay una aceptación expresa de las partes, lo que tiene carácter de ley, si el demandante se sentía afectado en su derecho pudo accionar en contra del contrato tal y como lo establece el artículo 867 del Código de Trabajo, plazo que dejó pasar desde el momento que se suscribió el contrato sin ejercer ninguna acción, haciendo este reclamo improcedente, aduciendo también que desde que el demandante estampó su firma en los contratos de prestación de servicios lo realizó con toda libertad sin ninguna limitación, obligándose a cumplir las condiciones contractuales sin alegar en ese momento que había simulación de contrato o fraude a ley sustantiva; siendo el demandante consciente en el momento de la suscripción de los contratos objeto de la presente demanda, que en toda relación contractual una persona se obliga para con otra a hacer o no hacer cosa alguna y el señor Héctor Leonel Madrid se obligó a la prestación de servicios profesionales, señalados en la cláusula segunda denominada “Descripción de los Servicios” acciones que conllevan a cumplir a cabalidad una función técnica especializada por tiempo determinado, como contra prestación fue establecida una remuneración de honorarios descrita en la cláusula cuarta “Monto del Contrato” la cual se realizó en pagos parciales a cabalidad con lo establecido en la relación contractual entre ambas partes, plasmando que para dicho cumplimiento se afectó una estructura presupuestaria específica; es así que estas estipulaciones son una descripción precisa del trabajo a realizar, como también se observó en la cláusula denominada “Programa para la Prestación de Servicios” que funciona como cronograma para el desarrollo de las actividades contenidas en el resto de las cláusulas como condiciones especiales del Servicio Profesional, por ende es imposible que se configuren en el elemento de subordinación, puesto que toda contratación administrativa busca como objetivo una tarea técnica especializada y específica, bajo los parámetros que el órgano contratante requiere, resulta legítimo que esto se establezca en el Contrato de Servicios Profesionales, tal como se efectúo, no se incluyeron directrices por parte del patrono, por lo que el demandante no estaba sujeto a la dirección por parte de INSEP en sus prestaciones laborales, lógicamente es él quien debe prestar el servicio profesional, también existió una retribución por horarios evacuada según lo pactado, sin embargo no existió elemento de subordinación, ya que ostentaba el rango de jefe, por tratarse de un Contrato Administrativo; no le es aplicable lo prescrito en el artículo 47 del Código del Trabajo y que por lo tanto no contiene la solicitud de considerar permanente su relación de prestación de servicios, dado de que todas las normas contenidas en el Código de Trabajo son aplicables a los contratos regidos por el derecho laboral, expuso asimismo que el demandante, no hizo uso de los mecanismos que taxativamente proporcionan el Código del Trabajo; por lo que al no haber ejercitado la acción correspondiente para que fuese declarado un derecho de permanencia en el término legal antes empleado queda comprobado tal extremo de tal manera que deberá probar la imposibilidad que le sobrevino para no hacer uso de ese derecho o ejercitar la acción adecuada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de noviembre de 2015, dictó sentencia declarando CON LUGAR LA DEMANDA promovida por HECTOR LEONEL MADRID contra el ESTADO DE HONDURAS; CONDENÓ al demandado a que reconozca el carácter indefinido de la relación laboral que se reconozca la condición o status de empleado permanente, con el reconocimiento de la antigüedad adquirida, y consecuentemente al reintegro a su puesto de trabajo, como Administrador de la Dirección General de Transporte y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que sea reinstalado a su puesto de trabajo por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento del despido, SIN COSTAS; bajo el criterio que de las pruebas allegadas al proceso, el demandante inicio su relación de trabajo con la demandada el 08 de febrero del 2010 y que fue despedido en fecha 10 de enero de 2014, lo cual al relacionar dichas fechas y al realizar la operación aritmética, el demandante laboró 3 años, 9 meses y dos días en una relación laboral, continua y sin interrupción alguna, aunado a ello realizaba una actividad regular en el servicio esto amparado en el artículo 347 relacionado con el artículo 47 del Código del Trabajo; y que al cumplirse el requisito de los 200 días laborados continuamente cumple lo establecido en dicho precepto legal.- 4.Que la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 28 de enero del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso quedó establecido que el demandante fue despedido mediante nota de fecha 10 de enero de 2014, en la cual le notificaron que el contrato que suscribieron con la demandada, cuyo vencimiento era el próximo 26 de enero de 2014, el mismo no sería renovado, lo anterior en cumplimiento a la cláusula del contrato que señala: que puede resolverse el contrato por decisión unilateral de las partes, sin indicarle ninguna causal justa de las establecidas en el Código del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha 17 de marzo del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 28 de abril del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS (INSEP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de junio del 2016, se tuvo por precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado SANTIAGO OBDULIO HERRERA MAYEN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional, tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene señalado que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible.- II.- Que la Abogada BESSY JANETH ORDOÑEZ CASTILLO, en su primer motivo de casación alega lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva por interpretación errónea articulo 20 inciso b) del Código del trabajo, en relación con el artículo 46 literal b) párrafo segundo del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INTERPRETACION ERRONEA.- El Artículo 20 inciso b) son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres elementos esenciales a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por si misma b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de Ordenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de educación del contrato; y, c) un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Artículo 46 el contrato individual de trabajo puede ser: a)... b) por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en si mismo, como objeto del contrato, y no el resultado de la obra. Artículo 867 salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio. En el caso que nos ocupa la Corte Acusada haciendo suyo el fallo de primera Instancia. Manifiesta en los siguientes considerandos: CONSIDERANDO (7) la parte demandada en el escrito de la contestación de la demanda como argumento de los hechos de la misma hace una relación de la prescripción argumentando que el demandado le ha prescrito el término para reclamar, el demandante no hizo uso de las acciones pertinentes en el momento jurídicamente oportuno para exigir la declaración de un derecho a la permanencia, del cual se desligan sus demás pretensiones por lo que ha operado la prescripción señala en el artículo 786 del Código de Trabajo.”.- III.- En el anterior cargo, la Recurrente argumenta la interpretación errónea del artículo 20 inciso b) del Código del Trabajo, norma que es de naturaleza general y por ende no ostenta el carácter de precepto sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico. En adición, se incurre en los siguientes defectos técnicos que impiden su prosperidad: a) no expone la forma en que su concepto, el Ad-Quem ha incurrido en la violación alegada, es decir, como es que ha interpretado erróneamente la ley, ni cual sería la manera correcta de hacerlo; y, b) en su explicación procede a transcribir las disposiciones que enuncia en su formulación, donde se incluye el artículo 867 del Código del Trabajo, que no se incluyó como norma infringida ni relacionada.- IV.- Que la Impetrante invoca como segundo motivo: “Ser la sentencia recurrida violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Aplicación indebida del artículo 112 y 113 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 116 y 120 reformado del mismo cuerpo legal. Señaló como normas adjetivas que sirvieron para la violación, el artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. La doctrina de Casación sostiene que la violación de la Ley Laboral por la apreciación errónea de la prueba, consiste en lo siguiente: Debe existir una mala apreciación que debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba consignada en la misma, y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. Ese error debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley Sustantiva. El error de hecho debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en la realidad no ha sido demostrado, o al contrario no se da por probado un hecho que está plenamente demostrado en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el párrafo primero, ordinal primero del artículo 765 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA APLICACION INDEBIDA. La Violación es proveniente de la apreciación errónea del Medio de Prueba denominado DOCUMENTAL PUBLICO; consistente en contratos firmados de fecha 18 de febrero del 2010, fecha 24 de julio del año 2011 al 24 de julio del año 2012 a folio 35 a 124, mediante el cual no firmó contratos 2013, 2014, como pueden observar señores Magistrados folio de la primera pieza de autos, no realizó actividades laborales y no se presentaba a sus labores, no existe el elemento de subordinación, ya que el ostentaba el rango de jefe por tratarse de un rango administrativo el demandante HECTOR LEONEL MADRID, tal como se manifestó en el hecho cuarto de la contestación de la demanda del escrito lo que desvirtúa las aseveraciones del demandante en su escrito de presentación de demanda y al no presentar pruebas de la funciones que aparentemente realizaba. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- La pruebas singularizada apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: La NOTA DE PRESCINDENCIA DE LOS SERVICIOS DEL DEMANDANTE, de fecha 10 de enero del 2014, donde se le notifica que el contrato no será renovado de fecha 2 de enero del año 2014, dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- RESOLUCION DEL CONTRATO, que literalmente expresa: 3) por decisión unilateral de las partes obligándose a dar el aviso con quince días de anticipación medio de prueba que corre a folio 6 de la pieza principal del expediente de mérito. Para que el demandante gozara de la facultad que le concede el Artículo 113 del Código del Trabajo de Emplazar al Patrono para que le pruebe la justificación de un despido. Era imperativo que éste le hubiese invocado alguna de las causales justas de despido establecidas en el artículo 112 de dicho cuerpo legal. LA VIOLACION LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: La Corte acusada en el CONSIDERANDO (1), al demandante se le notificó la terminación del contrato y dejó prescribir el término, tal como lo establece el artículo 867 del Código de Trabajo salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este código, de su reglamento o demás leyes de trabajo o prevención social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses, plazo que dejó pasar desde el momento que suscribió el contrato sin ejercer ninguna acción, haciendo este reclamo improcedente, el contrato fue acordado bilateralmente; así mismo hay una aceptación expresa del demandante, conocimiento que el señor HECTOR LEONEL MADRID tenia desde un inicio que firmó su contrato a sabiendas que dicho contrato tiene fecha de vencimiento. Con apego al Código de Trabajo, si el señor HECTOR LEONEL MADRID, dedujo que su relación era de naturaleza laboral, debe saber que toda relación laboral se configura desde el momento en que una persona pone disposición de otra sus servicios o capacidad laboral, desde allí que comienza a correr el término para el ejercicio de sus derechos conforme a lo estipulado en el artículo 867 salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Codigo, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes.”.- V.- Tampoco puede prosperar el anterior cargo, ya que la Censora del fallo ha incurrido en los siguientes defectos: a) las normas señaladas como violadas, los artículos 112 y 113 del Código del Trabajo, contienen varios literales y párrafos, con distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque al fallo impugnado; b) alega aplicación indebida, pero al mismo tiempo alude a la existencia de un error de hecho por una apreciación errónea de la prueba, lo cual es confuso, ya que siendo formas distintas de violar la ley, debieron ser formuladas en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- VI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de agosto del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 119-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

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