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Sentencia CL-105-17 — Registro 6972

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de bono de vacaciones, pago de bono estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido contiene párrafos y literales, siendo necesario precisar a cual de ello se dirige el ataque; b) en el desarrollo se alude a los artículos 62, 80, 129 de la Constitución de la República; 97, 98, 100 numerales 4), 5), 15, 111 numeral 8), 114, 117 y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13), 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo y cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL, disposiciones que no fueron señalados como infringidas o relacionada en la formulación; c) en el desarrollo se insta a la revisión y valoración del material probatorio cuando es sabido, que el ataque por el concepto invocado se realiza al margen del material probatorio; y, d) se expone en la explicación inapropiados alegatos de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido contiene párrafos y literales, siendo necesario precisar a cual de ello se dirige el ataque; y, b) en el primer cargo el Impetrante invoco la aplicación indebida de la disposición antes citada, mismo precepto que ahora aduce su interpretación errónea, lo cual resulta contradictorio ya que son conceptos de violación a la Ley incompatibles entre sí"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 8 de mayo del 2017, por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), además es parte recurrida, los señores FAVIO JOSE RAMIREZ SIERRA, JOSUE JAVIER REYES LEIVA, JUAN RAMON RIVERA CERRATO, HECTOR SALVADOR RODAS TRINIDAD, ESTEFANA DE JESUS RODRIGUEZ ZELAYA, AUGUSTO GUADALUPE SIERRA ANDINO, ALAN LEONEL SIERRA LAGOS, MARTA DANELIA VALLADARES, MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS, SANTOS MODESTO NAIRA SANCHEZ, JOBYN MACIAS SOLANO, FREDY OMAR SAGASTUME FLORES, MARIA ELENA SALGADO SANCHEZ, MARIO ARMANDO ORDOÑEZ CANALES, OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ, NOE ZUNIGA CACERES, MARCIO RENAN HERNANDEZ HERNANDEZ, LEONARDO ENRIQUE MARADIAGA FLORES, ELVIS AARON MEJIA MEJIA, ELERY EDUARDO ROMERO FLORES, CARMEN VIRGINIA MENDEZ AGUILAR, LAURA MELANIA ESTRADA PALMA y JULIX DORIS RIVERA BARAHONA, representados en juicio por la Abogada BARBARA REYES SALINAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo, en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de bono de vacaciones, pago de bono estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de mayo del 2015, por la Abogada BARBARA REYES SALINAS, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada legal de los señores FAVIO JOSE RAMIREZ SIERRA, soltero, Diseñador Gráfico; JOSUE JAVIER REYES LEIVA, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras; JUAN RAMON RIVERA CERRATO, soltero, Ingeniero Electricista; HECTOR SALVADOR RODAS TRINIDAD, casado, Técnico en Telecomunicaciones; ESTEFANA DE JESUS RODRIGUEZ ZELAYA, casada, Perito Mercantil y Contador Público; AUGUSTO GUADALUPE SIERRA ANDINO, soltero, Conductor; ALAN LEONEL SIERRA LAGOS, soltero, Licenciado en Administración de Empresas; MARTA DANELIA VALLADARES, soltera, Secretaria; MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS, casado, Perito Mercantil y Contador Público; SANTOS MODESTO NAIRA SANCHEZ, soltero, Instalador y Reparador de Líneas; JOBYN MACIAS SOLANO, soltero, Licenciado en Informática; FREDY OMAR SAGASTUME FLORES, casado, Médico General; MARIA ELENA SALGADO SANCHEZ, soltera, Licenciada en Trabajo Social; MARIO ARMANDO ORDOÑEZ CANALES, casado, Técnico Electricista; OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ, soltero, Médico; NOE ZUNIGA CACERES, casado, Perito Mercantil; MARCIO RENAN HERNANDEZ HERNANDEZ, soltero, Bachiller Técnico en Electricidad; LEONARDO ENRIQUE MARADIAGA FLORES, soltero, Ingeniero Civil; ELVIS AARON MEJIA MEJIA, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras; ELERY EDUARDO ROMERO FLORES, casado, Técnico Electrónico; CARMEN VIRGINIA MENDEZ AGUILAR, casada, Perito Mercantil y Contador Público; LAURA MELANIA ESTRADA PALMA, soltera, Secretaria Comercial Ejecutiva, y JULIX DORIS RIVERA BARAHONA, casada, Secretaria Taquimecanógrafa; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su REPRESENTANTE LEGAL y GERENTE GENERAL, el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, hondureño, mayor de edad y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de enero del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada BARBARÁ REYES SALINAS en su condición de Apoderada de los señores 1) FAVIO JOSE RAMIREZ SIERRA, 2) JOSUE JAVIER REYES LEIVA, 3) JUAN RAMON RIVERA CERRATO, 4) HECTOR SALVADOR RODAS TRINIDAD; 5) ESTEFANA DE JESUS RODRIGUEZ ZELAYA; 6) AUGUSTO GUADALUPE SIERRA ANDINO; 7) ALAN LEONEL SIERRA LAGOS; 8) MARTA DONALY ZUNIGA LAGOS; 9) MARCO DONALDO ZUNIGA LAGOS, 10) SANTOS MODESTO NAIRA SANCHEZ; 11) JOBYN MACIAS SOLANO; 12) FREDY OMAR SAGASTUME LARIOS, 13) MARIA ELENA SALGADO SÁNCHEZ; 14) MARIO ARMANDO ORDOÑEZ CANALES; 15) OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ; 16) NOE ZUNIGA CACERES; 17) MARCIO RENAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; 18) LEONARDO ENRIQUE MARADIAGA FLORES; 19) ELVIS AARON MEJÍA MEJÍA,; 20) ELERY EDUARDO ROMERO FLORES; 21) CARMEN VIRGINIA MENDEZ AGUILAR; 22) LAURA MELANIA ESTRADA PALMA y 23) JULIX DORIS RIVERA BARAHONA en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Gerente General y Representante legal de aquél entonces del Ingeniero JESUS ARTURO MEJIA ARITA. 2) CONDENA a HONDUTEL a reintegrar a los demandantes 1) FAVIO JOSE RAMIREZ SIERRA, 2) JOSUE JAVIER REYES LEIVA, 3) JUAN RAMON RIVERA CERRATO, 4) HECTOR SALVADOR RODAS TRINIDAD; 5) ESTEFANA DE JESUS RODRIGUEZ ZELAYA; 6) AUGUSTO GUADALUPE SIERRA ANDINO;7 ) ALAN LEONEL SIERRA LAGOS; 8) MARTA DONALY ZUNIGA LAGOS; 9) MARCO DONALDO ZUNIGA LAGOS, 10) SANTOS MODESTO NAIRA SANCHEZ; 11) JOBYN MACIAS SOLANO; 12) FREDY OMAR SAGASTW4E LARIOS, 13) MARIA ELENA SALGADO SANCHEZ; 14) MARIO ARMANDO ORDOÑEZ CANALES; 15) OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ; 16) NOE ZUNIGA CÁCERES; 17) MARCIO RENAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; 18) LEONARDO ENRIQUE MARADIAGA FLORES; 19) ELVIS AARON MEJÍA MEJÍA; 20) ELERY EDUARDO ROMERO FLORES; 21) CARMEN VIRGINIA MENDEZ AGUILAR; 22) LAURA MELANIA ESTRADA PALMA y 23) JULIX DORIS RIVERA BARAHONA a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía antes del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo reconociéndole todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores en ausencia de los demandantes como el bono de utilidades, bono estudiantil, goce de vacaciones correspondiente al período 2013-2014, pago del bono de vacaciones del mismo período 2013-2014, vacaciones correspondientes al período 2012-2013, el pago del complemento del décimo tercer mes de salario correspondiente al año 2013 y 2014 y demás derechos que pudieran existir. 3) SIN LUGAR el reembolso de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en la relación de aseguración con el INJUPEMP y por prestamos en la Banca Privada. 4) ABSOLVER a HONDUTEL del pago de esto conceptos. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar con la empresa demandada por su orden en las fechas siguientes: FAVIO JOSE RAMIREZ SIERRA, el 3 de julio del 2006 en el puesto de Dibujante II de la sección de Obras Civiles adscrita a la Gerencia de Investigación y Desarrollo, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.15,000.00; JOSUE JAVIER REYES LEIVA el 1 de septiembre del año 2009 en el puesto de Electromecánico I, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.10,700.00; JUAN RAMON RIVERA CERRATO el 1 de septiembre del 2009 en el puesto de Ingeniero I, devengando en los últimos seis meses un salario mensual de L.28,068.00; HECTOR SALVADOR RODAS TRINIDAD el 8 de marzo del 2015, desempeñándose al momento del despido como Supervisor de Planta Externa I, departamento de Red de Cables, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario mensual L.38,364.02; ESTEFANA DE JESUS RODRIGUEZ ZELAYA el 10 de noviembre del 2006 en el puesto de Administrador III, devengando un salario ordinario mensual de L.15,900.00; AUGUSTO GUADALUPE SIERRA ANDINO el 1 de noviembre del 2006 en el puesto de Conductor II , devengando en los últimos seis meses un salario ordinario mensual de L.13,200.00; ALAN LEONEL SIERRA LAGOS el 13 de marzo de 1995 en el puesto de Operador de Telecomunicaciones y en el departamento de Planillas, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario mensual de L.12,000.00; MARTA DONALY ZUNIGA LAGOS el 5 de enero del 2004 en el puesto de Secretaria Ejecutiva I, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario mensual de L.19,345.70; MARCO DONALDO ZUNIGA LAGOS el 1 de junio del 2006 en el puesto de Instalador y Reparador de Líneas I, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario mensual de L.10,700.00; SANTOS MODESTO NAIRA SANCHEZ el 1 de junio del 2006 en el puesto de instalador y Reparador de Líneas I, devengando los últimos seis meses un salario ordinario mensual de L.10,700.52; JOBYN MACIAS SOLANO el 16 de octubre de 1991 en el puesto de Analista Técnico de Calidad, departamento de Aplicaciones dependiente de la Dirección de Tecnología, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario mensual de L.37,869.79; FREDY OMAR SAGASTUME LARIOS el 4 de octubre de 1994 en el puesto de Médico en el departamento de Servicios Médicos devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.37,500.00; MARIA ELENA SALGADO SANCHEZ el 24 de abril de 1995 en el puesto de Operadora de de Telecomunicaciones IV, del departamento de Operación Telefónica Técnico Nacional, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.19,268.00; MARIO ARMANDO ORDOÑEZ CANALES el 1 de noviembre del 2006 en el puesto de Instalador de Líneas I de la Sección de Teléfonos Públicos, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.13,600.00; OSCAR DANIEL VALLADARES RODRIGUEZ el 1 de septiembre del 2009 en el puesto de Médico, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.22,000.00; NOE ZUNIGA CACERES el 1 de febrero de 1991 en el puesto de Auxiliar Técnico Administrativo I, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.22,000.00; MARCIO RENAN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ el l2 de diciembre del año 2006 en el puesto de Técnico de Mesa de Pruebas II, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.12,048.99; LEORNADO ENRIQUE MARADIAGA FLORES el 5 de septiembre del 2009 en el puesto de Auxiliar de Ingeniería I en la sección de Cable Planta Externa, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.20,311.29; ELVIS AARON MEJÍA MEJÍA el 22 de julio del 2009 en el puesto de Auxiliar de Técnico en Telecomunicaciones II, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.15,700.00; ELERY EDUARDO ROMERO FLORES el 26 de octubre del 2006 en el puesto de Instructor I del departamento de Capacitación, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.13,751.00; CARMEN VIRGINIA MENDEZ AGUILAR el 13 de marzo de 1995 en el puesto de de Administrativo III, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.18,813.49; LAURA MELANIA ESTRADA PALMA el 18 de enero de 1994 en el puesto de Secretaria IV del departamento de Ventas Directas, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L 28,724 y JULIX DORIS RIVERA BARAHONA en el puesto de Operador IV Departamento de Telefonía Nacional, devengando en los últimos seis meses un salario ordinario de L.28,724.39; alegando que fueron objeto de acoso laboral, el cual comenzó cuando se les notificó una suspensión del contrato de trabajo del 8 de octubre del 2014 al 4 de febrero del año 2015, es decir en un plazo de 120 días pues debían presentarse el 5 de febrero del 2015, contra dicha suspensión presentaron formal oposición ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, misma que a la fecha de interposición de la demanda no ha sido resuelta, manifestaron que mediante oficio GGH-449-2015, GGH-228-2015, GGH 372-2015 GGH-488-2015, GGH-342-2015, GGH-443-2015, GGH-123-2015, GGH-554-2015, GGH-153-2015, GGH-237-2015, GGH-189-2015, GGH-121-2015, GGH-224-2015, GGH-346-2015, GGH-251-2015, GGH 184-2015 GGH-454-2015 GGH-229-2015, GGH-361-2015, GGH-226-2015, GGH -220-2015, GGH -216-2015, GGH-220-2015, respectivamente del 5 de febrero del 2015, HONDUTEL se les notificó la terminación de la relación laboral invocando tres supuestas causales, mismas que rechazan por las siguientes razones: a) La suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la regulo y restringió de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como justa causa de despido deberá ser autorizada previamente por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social según lo establece el artículo 100 numeral 15) del Código del Trabajo. En este caso sin que dicha Secretaría de Estado otorgara la autorización, por si y ante HONDUTEL se erige en autoridad del Trabajo y la asume como causal. Formal y materialmente la causal invocada es inexistente, porque no llegó a tipificarse, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral deberá ser por más de 120 días y la suspensión de su representada operó exactamente 119 días, a pesar que HONDUTEL, solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; b) En relación a la segunda causal, de conformidad al artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajador los asume la empresa, nunca el trabajador. c) Con respecto al tercera supuesta causal, antes de la finalización de la suspensión, en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, HONDUTEL estaba obligado a notificar a la Secretaría del Trabajo para el solo efecto de poder dar por terminada sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores a los trabajadores que no comparecieren dentro del los treinta días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respectivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a- comunicar la reanudación por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría de Trabajo, por lo que es fácil concluir que, jurídicamente, los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la ley transcurrido el término de a suspensión, es decir el 5 de febrero del 2015, sus representados se presentaron al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndosele impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Es sabido que durante cualquier modalidad de suspensión del contrato de trabajo ni el patrono y ni el trabajador pueden ejercer acciones respecto del contrato ni el patrono puede despedir, ni el trabajador puede darse por despedido. Si no hay reanudación, la suspensión no ha finalizado, pero en este caso encontrándose suspendidos los trabajadores, HONDUTEL decide dar por terminado su contrato de trabajo. El patrono no los restituyó una vez transcurridos los 119 días de la suspensión, sino que incontinenti procedió a despedirlos, como si se trata de una continuación de la suspensión. Las terminaciones sin causa de las relaciones laborales de sus representados se producen en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la Clausula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL Y SITRATELH y a los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en su cargos. Además de que las causas invocadas no existieron, HONDUTEL ha realizado un acoso constante a sus trabajadores, despidiéndolos en reiteradas ocasiones, violentando el derecho al trabajo y a la dignidad como seres humanos. A la fecha HONDUTEL le adeuda a algunos de sus representados el pago de vacaciones, el goce de días de vacaciones, el aguinaldo proporcional del año 2014, y a otros inclusive el pago del 28% por trabajo nocturno.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a HONDUTEL, el 7 de octubre del año 2014, HONDUTEL invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101 y 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 8 de octubre del año 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el día 4 de febrero del año 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del año 2015. Cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes. Que es de público conocimiento que HONDUTEL ha venido atravesando una situación precaria ya que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 a la fecha, estas pérdidas se incrementaron durante los dos últimos períodos fiscales (2012 y 2013), al extremo que a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la última administración, sigue siendo que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades, como consecuencia, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las pérdidas, siendo éstas: a) Recuperación e incremento de ingreso por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación. b) Incremento de las ventas de los servicios corporativos, principalmente a clientes corporativos. c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos; y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin que tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados. En vista que la empresa no puede ser explotada por su mala rentabilidad operativa, fue que el 10 de octubre del año 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente, HONDUTEL presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad de Trabajo y Seguridad Social una solicitud de autorización de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de HONDUTEL, la solicitud que se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero del año 2015, HONDUTEL siguiendo el procedimiento legal correspondiente presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutada por HONDUTEL aún persisten, lo cual imposibilita la reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron despedidos; por lo tanto habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de la notificación de la medida de la suspensión a los demandantes se le notifico, el 5 de febrero del 2015 HONDUTEL, notificó la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, fundamentando esta decisión en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo, Clausula 59 del II Contrato Colectivo de HONDUTEL y Certificación de la Resolución de punto número 8 de la sesión ordinaria No 545-2008 celebrada el 13 de mayo del 2008, por lo que es evidente que no ha incurrido en una violación a los derechos laborales de los demandantes, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice, pero debido a que las medidas implementadas no dieron resultado no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que HONDUTEL se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado por lo tanto el reintegro a su puesto de trabajo, es improcedente porque no se ha producido un despido, sino una terminación del contrato de trabajo basados en motivos justificados.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre de 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda; promovida por la Abogada Barbará Reyes Salinas, en su condición de representante procesal de los señores Favio José Ramírez Sierra, Josué Javier Reyes Leiva, Juan Ramón Rivera Cerrato, Héctor Salvador Rodas Trinidad, Estefana de Jesús Rodriguez Zelaya, Augusto Guadalupe Sierra Andino, Alan Leonel Sierra Lagos, Marta Danelia Valladares, Marco Donaly Zúniga Lagos, Santos Modesto Naira Sánchez, Jobyn Macías Solano, Fredy Omar Sagastume Flores, Maria Elena Salgado Sánchez, Mario Armando Ordoñez Canales, Oscar Daniel Valladares Rodriguez, Noe Zúniga Cáceres, Marcio Renan Hernandez Hernandez, Leonardo Enrique Maradiaga Flores, Elvis Aaron Mejía Mejía, Elery Eduardo Romero Flores, Carmen Virginia Méndez Aguilar, Laura Melania Estrada Palma y Julix Doris Rivera Barahona, representados en juicio contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por medio de su Representante Legal y Gerente General, el señor Jesús Arturo Mejía Arita; Condenó a la demandada a reintegrar a los demandantes a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenían al momento del despido y a título de daños y perjuicio el pago de los salarios dejados de percibir, reconociéndoles todos los beneficios adquiridos por los demás trabajadores, y demás derechos que pudieren existir, sin lugar el reclamo de eventuales gastos médicos quirúrgicos, indemnización por daños en relación a aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada, sin costas; bajo el criterio que al momento del despedido HONDUTEL no contaba con la mencionada autorización para suspender a los demandantes, convirtiéndose de esta forma el despido de los demandantes es ilegal e injusto; que el despido de los demandantes no se dio a consecuencia de violencia o acoso en las relaciones laborales (mobbing), por el hecho de haber sido objeto de suspensión del contrato de trabajo y posterior el despido.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 12 de enero del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demanda en el acápite de los hechos y razones en que se apoya la defensa, en el numeral 4 señala que HONDUTEL el 10 de octubre de 2014 presentó solicitud ante las autoridades del Ministerio del Trabajo pidiendo la suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos, y en el numeral 5 aceptó que la Secretaría del Trabajo no emitió la resolución de la suspensión solicitada y que aun así tomó la decisión de dar por terminada la relación de trabajo con los demandantes por la precaria situación económica por la que atraviesa HONDUTEL; que la causal señalada en la nota de fecha 05 de febrero de 2015 es ilegal e injustificada y además no probó en autos las causas de suspensión de los contratos de trabajo estipulados en los numerales 4, 5 y 15 del artículo 100 del Código del Trabajo; y que al no haber acreditado la existencia de un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo, no cabe duda de que efectivamente los demandantes han sido despedidos de manera injusta e ilegal.- 5.- Mediante auto de fecha 20 de marzo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la/el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 08 de mayo del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de junio, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BARBARA REYES SALINAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su primer motivo expresa: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazo al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (articulo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato se baso en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no Imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL.105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que los trabajadores, en este caso, solamente tienen derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “…Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verd4e!aniénte’ en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”. Por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido contiene párrafos y literales, siendo necesario precisar a cual de ello se dirige el ataque; b) en el desarrollo se alude a los artículos 62, 80, 129 de la Constitución de la República; 97, 98, 100 numerales 4), 5), 15, 111 numeral 8), 114, 117 y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13), 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo y cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL, disposiciones que no fueron señalados como infringidas o relacionada en la formulación; c) en el desarrollo se insta a la revisión y valoración del material probatorio cuando es sabido, que el ataque por el concepto invocado se realiza al margen del material probatorio; y, d) se expone en la explicación inapropiados alegatos de instancia.- IV. Que en su segundo motivo el Impetrante aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 234 Y 235; B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 221-228, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregados de folios 297 al 314, 374, 375, 381, 382, 388, 389, 395, 396, 402, 403, 409, 410, 416, 417, 423, 424, 430, 431, 437, 438, 444, 443, 451, 452, 458. 459, 464, 467; b) Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 34 1-348, todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, no se tomaron en cuenta los estados financieros, evidencia irrefutable y contundente de la situación financiera de la empresa. 2) El Código Procesal Civil, aplicado de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 297 al 314, 374, 375, 381, 382, 388, 389, 395, 396, 402, 403, 409, 410, 416, 417, 423, 424, 430, 431, 437, 438, 444, 443, 451, 452, 458. 459, 464; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 34 1-348, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma mas concreta el concepto de error de hecho que: consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: en la formulación se singulariza la prueba contenida en los siguientes “…FOLIOS 234 Y 235; B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 221-22…” y en su explicación a los folios “…a) el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregados de folios 297 al 314, 374, 375, 381, 382, 388, 389, 395, 396, 402, 403, 409, 410, 416, 417, 423, 424, 430, 431, 437, 438, 444, 443, 451, 452, 458. 459, 464, 467; b) Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 34 1-348, todos de la primera pieza de autos…”, lo cual hace que el mismo resulte confuso e impreciso. En adición, se ha venido reiterando que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia ha hecho suyos los fundamentos del a-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, por lo cual no resulta procedente la admisión del motivo.- VI. Que en un tercer motivo se expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: el ad quem en la sentencia al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar a los trabajadores los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del Código de Trabajo el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagaran desde la fecha en que ocurrió el despido, hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, tratándose así de dos momentos procesales distintos, en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem, se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS, por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe dar un sentido distinto al que literalmente establecen, violación . directa que el ad quem hace, ya se revela en contra del mandato de la norma dándole a la norma acusada un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”.- VII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido contiene párrafos y literales, siendo necesario precisar a cual de ello se dirige el ataque; y, b) en el primer cargo el Impetrante invoco la aplicación indebida de la disposición antes citada, mismo precepto que ahora aduce su interpretación errónea, lo cual resulta contradictorio ya que son conceptos de violación a la Ley incompatibles entre sí.- VIII.- Que se pide la nulidad subsidiaria de la sentencia, de la siguiente forma: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 297 al 314, 374, 375, 381, 382, 388, 389, 395, 396, 402, 403, 409, 410, 416, 417, 423, 424, 430, 431, 437, 438, 444, 443, 451, 452, 458. 459, 464, 467, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, si no que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenando a mi representada a reintegrar a los trabajadores FAVIO JOSÉ RAMÍREZ, SIERRA, JOSE JAVIER REYES LEIVA, JUAN RAMÓN RIVERA CERRATO, HÉCTOR SALVADOR RODAS TRINIDAD, ESTEFANA DE JESÚS RODRÍGUEZ ZELAYA, AUGUSTO GUADALUPE SIERRA ANDINO, ALAN LEONEL SIERRA LAGOS, MARTA DANIELA VALLADARES, MARCO DONALY ZUNIGA LAGOS, SANTOS NAIRA SÁNCHEZ, JOBYN MACÍAS SOLANO, FREDY OMAR SAGASTUME FLORES, MARÍA ELENA SALGADO SÁNCHEZ, MARIO ARMANDO ORDOÑEZ CANALES, OSCA DANIEL VALLADARES RODRÍGUEZ, NOE ZUNIGA CÁCERES, MARCIO RENÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, LEONARDO ENRIQUE MARADIAGA FLORES, ELVIS AARON MEJIA MEJIA, ELERY EDUARDO ROMERO FLORES, CARMEN VIRGINIA MÉNDEZ AGUILAR, LAURA MELANIA ESTRADA PALMA y JULIX DORIS RIVERA BARAHONA a sus puestos de pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha doce (12) de enero del dos mil diecisiete (2017). El ad quem, al omitir esa motivación, produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio.SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme en lo establecido en la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hace un análisis exhaustivo del por qué utiliza como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en las opciones de las partes, de manera que el caso sub examine ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida. TERCERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme en los establecido en la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio de los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 34 1-348, de la primera pieza de autos, con los que se acredita de manera fehaciente la falta de fondos de la empresa y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, extremo demostrado mediante la presentación del medio de prueba de marras, con el que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. PROCEDENCIA DE LAS NULIDAD SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, ya nos establece que las sentencias en su contenido deben ser claras, precisas y exhaustivas, en su contenido en relación a los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas en relación a los argumentos facticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras, como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa casusa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- IX.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, el Impetrante ha debido sustentar las situaciones jurídicas invocadas arguyendo que se “omiten el análisis probatorio” de ciertos documentos a través de las causales o motivos de éste extraordinario recurso, debidamente estructurados conforme a los requisitos para su admisibilidad; por otro lado, el juzgador de segunda instancia ha hecho suyo los hechos y fundamentos de derecho expuesto decidiendo conforme al objeto del debate y objeto del proceso, por ende éste Tribunal estima que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso cumpliendo el fallo las exigencias necesarias para su eficacia, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la petición para decretar de oficio la nulidad subsidiaria de la sentencia. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 105-17.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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