Sentencia CL-104-16 — Registro 6951
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, reajuste salarial, salarios dejados de percibir, vacaciones adeudadas; segunda instancia declaró parcialmente con lugar la sentencia en cuanto a que se declara con lugar la excepción de prescripción respecto el ajuste salarial y absolución de responsabilidad de la entidad demandada por dicho concepto económico, la condena de pago de prestaciones laborales, vacaciones y salarios caídos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, reforma la de primera instancia y por ello establece la condena en salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme el fallo, pero es el caso que no revisa con exhaustividad el tema de la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales que realizara la demandada.- VII.- Que este Tribunal ha mantenido el criterio sobre la efectividad de la consignación, en la siguiente forma: “Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales es importante destacar que la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales es una forma de cumplir con las obligaciones y produce efectos liberatorios siempre y cuando la misma sea efectuada en forma oportuna, razonable y completa en sus conceptos; oportuna, ya que debe hacerse de forma inmediata a la terminación de la relación laboral; razonable porque los valores consignados deben ser aproximados al monto total que corresponda recibir el acreedor conforme a la ley; y, completo en todos sus conceptos, ya que la consignación debe abarcar todos los derechos que deriven de la relación laboral…”, tal como se reitera en el fallo dictado el 22 de febrero de 2013 en el expediente No. 106-12.- VIII.- En el MANUAL PROCESAL LABORAL, en la página 39 se desarrolla el denominado PAGO POR CONSIGNACION y donde se concluye que “Para que surta efectos liberatorios, especialmente en el tema de salarios dejados de percibir, la consignación debe ser completa y oportuna, quedando a criterio del Juez la determinación sobre esa forma de pago (conforme a criterios jurisprudenciales la cantidad consignada deberá ser lo más aproximadamente posible a la condena impuesta por el Juzgador, en cuyo caso los salarios dejados de percibir correrían desde el día del despido hasta la fecha en que se materialice la consignación, ya que las prestaciones laborales deben ser canceladas al momento de ocurrir la terminación de la relación laboral).” [1].- IX.- En razón de lo anterior y siendo que se aduce que lo condenado por el Juzgador es el mismo valor consignado de buena fe por la parte demandada a favor del demandante, donde se incluyeran los salarios dejados de percibir al momento de realizarse tal actuación, por lo que lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, desconoce tal situación y deriva en un fallo no acorde con los puntos debatidos, cuando consta que anteriormente este Tribunal ya había anulado el fallo del ad-quem donde se había advertido de tal situación y se reitera resolviendo dicho asunto con el mismo defecto; tampoco realiza un análisis exhaustivo de ese extremo, incumpliendo con ello su deber de motivar y explicar las razones de su decisión"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 715 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 716 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XIII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por el recurrente, Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS; además es parte recurrida, el señor JOSE MIGUEL SOTO ESTRADA, representado en juicio por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, reajuste salarial, salarios dejados de percibir, vacaciones adeudadas, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha once de junio de dos mil diez, por el señor JOSE MIGUEL SOTO ESTRADA, mayor de edad, soltero, Agrónomo, hondureño y con domicilio en el Municipio de Villanueva, Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS, por medio de su representante legal, señor WALTER SMELIN PERDOMO, mayor de edad, hondureño y con domicilio en Villanueva, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MIRNA ANABEL QUIJADA en su calidad de representante judicial actora, en consecuencia se reforma la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en fecha 21 de mayo del presente año (2014), en la demanda promovida por el señor JOSE MIGUEL SOTO ESTRADA contra la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA a través de su representante legal, REFORMA que se contrae a establecer que la condena de pago de salarlos caídos a título de daños y perjuicios comprende desde el momento de efectuarse el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme ésta sentencia. SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y relacionada anteriormente, en sus demás extremos, es decir, en cuanto a que se declara con lugar la excepción de prescripción respecto el ajuste salarial y absolución de responsabilidad de la entidad demandada por dicho concepto económico, la condena de pago de prestaciones laborales, vacaciones y salarios caídos, computándose éstos en la forma establecida en el acápite primero de esta parte dispositiva…SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, en el puesto de Supervisor de Obras Públicas, posteriormente en los primeros treinta días fue trasladado al puesto de Jefe del Departamento de Forestal y Medio Ambiente, cargo que se le otorgó de acuerdo al grado profesional ya que ostentó el Titulo de Agrónomo; que en fecha catorce de febrero de dos mil nueve, el demandante fue despedido del puesto de trabajo, mediante notificación escrita firmada por la ex alcaldesa de Villanueva, Cortés, señora Antonieta Botto de Hernández, consecuencia de ello presentó reclamo laboral ante las oficinas del Ministerio del Trabajo, para el pago se sus prestaciones laborales y el pago de los reajustes salariales en virtud de que dicha Municipalidad le pagaba al demandante un salario mensual de L.16,500.00 siendo inferior al salario establecido en el Arancel del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas de Honduras, el cual establece que el salario no será inferior a nueve salarios mínimos. Que el salario mínimo vigente de acuerdo a la actividad realizada por el demandante en el año 2008 fue de L.3, 349.50, por lo que el salario que debió haber devengado era de L.30, 145.50 y el salario mínimo vigente durante el año 2009 fue de L.5,500.00 y que por el tiempo que se desempeñó en el puesto para el cual fue contratado debió haber devengado la cantidad de L.49,500.00. Que se agotó el procedimiento administrativo en fecha uno de julio de dos mil nueve, por el cual la demandada ofreció en audiencia de Conciliación ante las Autoridades del Ministerio del Trabajo, el reintegro al puesto de trabajo en igualdad de condiciones y reconociéndole los derechos procedentes en el caso de reintegro, exponiéndose en el acta respectiva que la Municipalidad antes citada en esa fecha no se encontraba en condición de soportar una condena de tal naturaleza por lo que aceptó el reintegro el cual se hizo efectivo a partir del15de julio de2009, incumpliendo la parte demandada con lo establecido en el acta de conciliación, porque ordenaron que temporalmente se desempeñara como Jefe de Departamento de Relaciones Publicas, situación que aceptó de buena fe después se negaron a trasladarlo al departamento para el cual había sido contratado. Que en fecha 16 de febrero de 2010 el actual Alcalde Municipal de Villanueva, Cortes, Doctor Walter Smelin Perdomo, mediante notificación por escrito se le comunicó la decisión de la demandada de dar por terminada mi relación de trabajo, y no contó con la aprobación, ni obtuvo el consentimiento del demandante para terminar la relación laboral; que al momento de la notificación del despido el demandante se encontraba devengando un salario mensual de L.18,000.00, que luego del segundo despido acudió a las oficinas regionales del Ministerio del Trabajo, en donde presentó reclamo y se le citó a la demandada para audiencia de conciliación a lo cual no ofreció ningún arreglo conciliatorio, por lo cual se dio por agotado el procedimiento gubernativo reglamentario.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS, contestó la demandada alegando que el pago de las prestaciones calculadas con el salario que devengaba el demandante y el pago de sus salarios dejados de percibir no hay discordia, la demandada siempre ha estado anuente en pagárselos, es el demandante quién no ha querido recibir el pago de sus prestaciones, tratando inflar la cuantía de la demanda. Que se acepta la fecha en que inició la relación laboral el demandante como Supervisor de Obras Públicas, no es cierto que el demandante después de su primer cargo, haya pasado al puesto de Jefe de Departamento Forestal y Medio Ambiente, que durante mantuvo la relación laboral se desempeñó en varios cargos administrativos, que es falso que cuando estuvo en el cargo de Jefe del Departamento Forestal y Medio Ambiente haya realizado actividades inherentes a su preparación académica, que cuando el demandante estuvo en ese cargo lo que hacía era recibir denuncias de contribuyentes sobre quemas y corte de árboles, darle seguimiento a esas denuncias ante la fiscalía del Medio Ambiente o ante la Policía Preventiva y generar multas administrativas para los infractores; que el demandante está afiliado al COLPROCAH, pero en ese colegio se afilian desde egresados de Educación Secundaria hasta el nivel post grado, de manera que estar afiliado a ese colegio no le da ninguna categoría diferente a su preparación académica, en una oportunidad se le despidió y fue reintegrado en iguales condiciones a las que tenia, sin hacerle ningún aumento en su salario, ni reajuste de ninguna clase, en ningún momento se le contrató para el Departamento Forestal de Medio Ambiente; que se le despidió del trabajo pero ese despido implicaba el pago de todos sus beneficios, a quién se le hizo el cheque de pago y no quiso aceptarlo porque alega un ajuste salarial que no le corresponde.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, dictó sentencia declarandoha lugar la excepción perentoria de prescripción para el reclamo de reajuste de salario, promovida por el apoderado legal de la parte demandada, por lo que debe exonerarse del pago a la demandada; declaró ha lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones laborales y pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta en fecha 28 de octubre del año 2010, que le fueran consignadas las prestaciones laborales; asimismo declaró con lugar el pago de vacaciones causadas solicitado del periodo 2008 al 2009 y proporcional del 2009 al 2010; condenando a la Municipalidad de Villanueva, Departamento de Cortés, a pagar al demandante José Miguel Soto Estrada, la cantidad de L.160,792.00, en concepto de prestaciones laborales, derechos adquiridos y un periodo de vacaciones adeudados, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio de que es del convencimiento que debe declararse con lugar la prescripción alegada por la parte actora, en virtud de constar de autos que el trabajador no hizo gestión alguna administrativa, no constando el agotamiento de dicho reclamo administrativo realizado contra la entidad estatal tal como dispone el artículo 691 del Código del Trabajo, al ser cancelado el nombramiento del cargo de Jefe en el Departamento de Forestal y Medio Ambiente, a partir del 15 de enero del año 2009, constando de autos que es hasta en fecha 01 de julio del año 2009, que la Municipalidad de Villanueva llegó a un arreglo conciliatorio consistente en reintegrar al trabajador, según consta en acta que corre a folio 71 de autos donde no consta el reclamo de tales pretensiones al reajuste de salario mínimo, y que a partir de esta fecha de reintegro de acuerdo a la normativa laboral vigente en el artículo 867 del Código del Trabajo, este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo salvo que mediare imposibilidad de reclamarlos y de la prueba que corre de autos no consta imposibilidad alguna, así como no consta el agotamiento gubernativo para tal reclamo; asimismo de los estamentos legales que corren de autos que refieren a reglamento de salario mínimo para los ingenieros agrónomos no derivan como norma especial que no se sujete al Código de Trabajo sino que al contrato manda y regula su reglamento complementándolo con el Código del Trabajo quedando más que evidente que transcurrieron más de dos meses desde la primera cancelación y en el reintegro aceptado por el demandante el cual no regreso a las mismas funciones sino como Relacionador Público puesto que ostentó más de seis meses y del cual deriva el presente reclamo debiendo declararse por tanto con lugar la prescripción alegada en cuanto al pago de reajuste de salario mínimo solicitado. Que de la lectura de la cancelación del acuerdo de trabajo para el cargo de Relacionador Público que emitiera el señor Alcalde Municipal para con el demandante, en el acuerdo de cancelación se manifestó que “en acuerdo de ambas partes”, se realizó dicha cancelación de nombramiento al cargo, que el demandante aceptó sin protesto al acudir a la autoridad administrativa y solicitar conjuntamente con la parte demandada llanamente que se tuvieran por cerradas las diligencias administrativas sin ningún reclamo pues del acta de cierre de las diligencias administrativas consta que abierto el acto de conciliación y por acuerdo de las partes se tuvo por cerrado el reclamo lo que llevó al convencimiento que al ser representado por persona distinta el demandante que siempre supo y estuvo de acuerdo con la terminación o cancelación de su contrato, pues no consta el planteamiento de ningún reclamo en el mismo lo que prueba que no hay razón ni motivo para la no aceptación de las prestaciones laborales ofrecidas en ocasión de la cancelación del contrato, que fueran ofrecidas en el Juzgado de primera instancia en el acto de la conciliación por el apoderado de la parte demandada y que en las circunstancias antes descritas se ve como un acto de buena fe, ya que hasta ese momento de la demanda el trabajador no había hecho reclamo formal alguno y considerando que el reclamo de reajuste de salario era prescrito al momento de su solicitud se considera que al no pago de las prestaciones en el acto de la cancelación deben condenarse los salarios dejados de percibir pero no hasta que quede firme el juicio si no hasta el momento que le es consignado el cheque de prestaciones no negociable Nº22478 por la cantidad de L.300,191.67, pues como lo alega la demandada no habían razones validas para seguir con el reclamo cuando siempre se le ofrecieron las prestaciones y cuando sobre todo según nota de despido la cancelación fue por acuerdo de ambas partes; que hace parte de la petición de la demanda el pago de vacaciones habiendo obtenido prueba al respecto mediante inspección que se realizara a las oficinas de la demandada el cual fue acreditado que el trabajador gozó vacaciones hasta el periodo 2008, quedando pendiente el periodo del 2008 al 2009 y proporcional del 2009 al 2010, por lo que procede la condena de dichos periodos de vacaciones.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de establecer que la condena de pago de salarios caídos a título de daños y perjuicios comprende desde el momento de efectuarse el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia de merito; confirmando la sentencia apelada en sus demás extremos, es decir, en cuanto a que se declara con lugar la excepción de prescripción respecto el ajuste salarial y absolución de responsabilidad de la entidad demandada por dicho concepto económico, la condena de pago de prestaciones laborales, vacaciones y salarios caídos, sin costas; bajo el criterio que es indiscutible que la Municipalidad de Villanueva decidió poner fin al vínculo laboral que le unía al señor José Miguel Soto Estrada, el 16 de febrero de 2010, sin sustentarse en una justa causa que le eximiera del pago de prestaciones laborales, obligación económica que al no hacerse efectiva en el momento del despido, generó además la de pago de salarios caídos, lo que así reconoció la demandada al computar éstos hasta el 28 de octubre de 2010 e incluirlos en la suma de dinero que se puso a disposición del accionante en esa misma fecha (L.300,191.67); pero que es insuficiente para exonerarla del pago de los salarios caídos según lo dispone el artículo 113 del Código de Trabajo y lo reclama el actor, pues aunque el trabajador accionante rechazó a través de su representante judicial dicha suma de dinero ante la expectativa de obtener un ajuste salarial y que en razón de éste se computaran sus derechos laborales, lo cierto es que la demandada no realizó gestión o acto alguno a fin de realizar el pago de las prestaciones laborales en tiempo oportuno, es decir al momento del despido, tal como lo exige la normativa jurídica en referencia ni consigna las cantidades que de buena fe creyó deber, pues no basta el ofrecimiento o promesa de pagar una deuda, sino su cumplimiento o la consignación de su importe; consecuentemente es procedente atender la pretensión de la recurrente al respecto, a fin de que la condena de pago de salarios caídos se compute hasta que de conformidad a las normas procesales quede firme el fallo de merito.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiocho de abril de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda;.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, reforma la de primera instancia y por ello establece la condena en salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme el fallo, pero es el caso que no revisa con exhaustividad el tema de la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales que realizara la demandada.- VII.- Que este Tribunal ha mantenido el criterio sobre la efectividad de la consignación, en la siguiente forma: “Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales es importante destacar que la consignación de las prestaciones e indemnizaciones laborales es una forma de cumplir con las obligaciones y produce efectos liberatorios siempre y cuando la misma sea efectuada en forma oportuna, razonable y completa en sus conceptos; oportuna, ya que debe hacerse de forma inmediata a la terminación de la relación laboral; razonable porque los valores consignados deben ser aproximados al monto total que corresponda recibir el acreedor conforme a la ley; y, completo en todos sus conceptos, ya que la consignación debe abarcar todos los derechos que deriven de la relación laboral…”, tal como se reitera en el fallo dictado el 22 de febrero de 2013 en el expediente No. 106-12.- VIII.- En el MANUAL PROCESAL LABORAL, en la página 39 se desarrolla el denominado PAGO POR CONSIGNACION y donde se concluye que “Para que surta efectos liberatorios, especialmente en el tema de salarios dejados de percibir, la consignación debe ser completa y oportuna, quedando a criterio del Juez la determinación sobre esa forma de pago (conforme a criterios jurisprudenciales la cantidad consignada deberá ser lo más aproximadamente posible a la condena impuesta por el Juzgador, en cuyo caso los salarios dejados de percibir correrían desde el día del despido hasta la fecha en que se materialice la consignación, ya que las prestaciones laborales deben ser canceladas al momento de ocurrir la terminación de la relación laboral).” [1].- IX.- En razón de lo anterior y siendo que se aduce que lo condenado por el Juzgador es el mismo valor consignado de buena fe por la parte demandada a favor del demandante, donde se incluyeran los salarios dejados de percibir al momento de realizarse tal actuación, por lo que lo resuelto por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, desconoce tal situación y deriva en un fallo no acorde con los puntos debatidos, cuando consta que anteriormente este Tribunal ya había anulado el fallo del ad-quem donde se había advertido de tal situación y se reitera resolviendo dicho asunto con el mismo defecto; tampoco realiza un análisis exhaustivo de ese extremo, incumpliendo con ello su deber de motivar y explicar las razones de su decisión.- X.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XI.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XIII.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 12 de febrero de 2016, visible a folios del 39 al 46 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 104-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[1] Publicado en el 2013 por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del Proyecto “Verificación de la Implementación de las Recomendaciones del Libro Blanco” de la OIT.