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Sentencia CL-102-16 — Registro 16192

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados y las costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que se señalan como normas infringidas los artículos 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31 y 46 inciso a), sin precisar a que ordenamiento jurídico pertenecen, ya que si su intención es hacer referencia a las contenidas en el Código del Trabajo, salvo las señaladas en los artículos 26 y 30 de dicho ordenamiento, las demás no ostentan la característica de ser sustantivas, es decir, que correlativamente impongan derechos y deberes a las partes o las extingan; en adición, incluye a los artículos 31 del mismo Código y en relación el 190 del Código de Procedimientos Civiles, los cuales han sido derogados; además, en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia y censura la valoración de las pruebas, lo cual no es compatible con el concepto de violación alegada (aplicación indebida), donde el cuestionamiento o ataque al fallo, es porque el juzgador aplicó una norma que no era la que debía de resolver el conflicto, sin recurrir a los hechos debatidos o controvertidos, ni al material probatorio aportado por las partes.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) aduce la aplicación indebida de los artículos 19, 20 y 46 del Código del Trabajo, sin que dichas normas tengan carácter sustantivo, es decir, que contengan derechos y obligaciones reciprocas o las extingan; b) contrario a la técnica del recurso en relación al concepto de la violación, censura la valoración probatoria; y, c) realiza alegatos propios de instancia."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Como en el resto de los anteriores motivos, en el precedente se incurre en el error de indicar como infringidas disposiciones que no ostentan la características de ser normas sustantivas; por otro lado, se señalan dos formas distintas de violar la ley, la aplicación indebida y el error de hecho, que en todo caso deben formularse en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso, lo cual hace que el motivo no pueda prosperar y sea inadmisible.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, Numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor IVAN GUILLERMO ZAVALA, representado en juicio por el Abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha ocho de abril de dos mil quince, por el señor IVAN GUILLERMO ZAVALA, mayor de edad, casado, Médico Veterinario, hondureño y con domicilio en la ciudad de Villanueva, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, por medio de su Alcalde Municipal, señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados promovida por el señor IVAN GUILLERMO ZAVALA, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES; CONDENÓ a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.195,000.00, en concepto de salarios adeudados, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral por contrato con la Municipalidad de San Pedro Sula, en fecha 20 de julio de 2006, en el área de inspección sanitaria en la Procesadora Municipal de Carne (PROMUCA), como Inspector Médico Veterinario, con un salario mensual de L.15,000.00; que el demandante laboró ininterrumpidamente hasta el 20 de septiembre del año 2014, pero desde el mes de septiembre del 2013, le dejaron de pagar el salario mensual aduciendo que no estaba firmado o renovado el convenio que existía entre la Municipalidad de San Pedro Sula y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, pero que siempre le pedían que trabajara continuamente con la salvedad que le iban pagar por sus servicios, ya que siempre le pedían los informes correspondientes por todas las gestiones que se realizaban en el Departamento a él asignado, prueba de ello, consta la documentación en recibos de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013 y enero del 2014, presentados al Departamento de la Tesorería Municipal con copia de recibidos por parte de dicho departamento y constancias de los otros meses por la prestación del servicio firmado por el jefe encargado de PROMUCA y siendo que fue hasta el 20 septiembre del año 2014, fecha que formalmente le manifestaron al demandante que ya no seguiría desempeñándose en el cargo como Inspector Médico Veterinario, donde desde esa fecha ha estado girando notas a la Tesorería Municipal con la gestión de que se le pagaran los salarios adeudados, pero ha sido en vano, de igual forma ha ido personalmente a la Tesorería de la Municipalidad pero ha sido imposible que le cancelen dichos salarios.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contestó dicha demanda señalando que el demandante no acompañó ningún supuesto convenio firmado o renovado suscrito entre la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que acreditare lo aseverado por el demandante, tampoco acompañó ningún nombramiento o acuerdo de trabajo municipal suscrito con el Alcalde que acreditara que fue empleado municipal, porque no existe y no tiene expediente laboral. En la primera audiencia de trámite el representante judicial de la demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción para demandar, amparándose entre otras cosas que la última constancia extendida por PROMUCA fue en fecha 13 de agosto de 2014, y que inició las diligencias para agotar el trámite administrativo hasta el 22 de abril de 2015, por lo que ha transcurrido 7 meses con 8 días después de la última actuación, ya que fue el 20 de septiembre de 2014, fecha en que supuestamente el demandante dejó de prestar servicios, y que fue en fecha 22 de abril de 2015, en que inició el trámite administrativo ante el Ministerio del Trabajo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha ocho de diciembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor Ivan Guillermo Zavala, contra la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés; condenando a la demandada a pagarle al demandante la cantidad de L.195,000.00, en concepto de salarios adeudados, sin costas; bajo el criterio que se encuentra acreditado en autos que el demandante es empleado de SENASA, que también es cierto que el demandante prestaba los servicios para PROMUCA MUNICIPAL, según convenio que suscribió la Municipalidad con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y ésta le pagaba un salario mensual de L.15,000.00 como Médico Veterinario encargado de la inspección sanitaria en la procesadora municipal, recibos éstos que eran firmados y sellados por el Jefe de Promuca y el Director de Servicios Municipales, también quedó acreditado en autos con el medio de prueba reconocimiento judicial practicado en el Banco del País a la cuenta bancaria del demandante que la Municipalidad de San Pedro Sula, acreditaba a la cuenta del demandante cantidades en concepto de pago de planillas, por lo que se considera procedente condenar a la demandada al pago de salarios adeudados correspondiente de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2013, así como los meses de enero a septiembre del año 2014, en virtud de que a la parte demandada era quién tenía que probar haberlo pagado y no lo hizo por renuencia en proporcionar la documentación solicitada. Que en cuanto a la excepción perentoria de prescripción alegada por el apoderado demandado es procedente declararla sin lugar en virtud que lo que reclama el demandante en el juicio son salarios adeudados desde el mes de septiembre del año 2013 hasta el mes de septiembre del año 2014, y los salarios para todo los efectos legales según decretos contentivos de la Ley del Salario Mínimo prescribe a los 2 años según lo establece el artículo 43 de dicha Ley, por lo que el derecho a reclamar no se encuentra prescrito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el contrato que en su oportunidad fue suscrito por las partes en conflicto llegó a su fin, el demandante continuó realizando la labor a él encomendada sin objeción alguna de la institución demandada y sin que se le efectuara el pago correspondiente a partir del mes de septiembre del 2013 hasta septiembre del año 2014, según resulta acreditado de los autos; circunstancias éstas que obligan a la accionada a efectuar el pago solicitado, pues los servicios fueron prestados y no se ha acreditado que éstos hayan sido cancelados; de otra parte, el reclamo se hizo en tiempo ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo éstos prescriben en el término de dos años; en ese sentido la decisión adoptada en primera instancia se encuentra ajustada a derecho y por tal resolución no puede calificarse como anti municipal, pues ésta responde tanto a lo que ha sido objeto de debate y a las probanzas de conformidad a los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo; de manera que si las partes no están de acuerdo con ella, la Ley pone a su disposición los remedios legales para que la misma pueda impugnarse mediante la utilización del recurso correspondiente.- 5. Mediante auto de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado MANUEL ANEURIN CORNEJO ROSA, en el primer motivo de casación, alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida de los artículos 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31, 46 inciso a, en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria en consonancia analógica del artículo 858 del código del Trabajo vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente; Son causales de Casación: 1°.- Ser la Sentencia violatoria de la Ley Sustantiva por aplicación indebida. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (1) En el presente caso el señor IVÁN GUILLERMO ZAVALA, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, y promovió demanda laboral ordinaria para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de salarios por terminación del contrato de trabajo, argumentando despido verbal, el cual nunca acreditó quien lo despidió, no indica el nombre ni cargo de la persona que lo haya despedido como contratista, peor como empleado, ya que lo que existió fué un contrato de servicios de inspección de carnes para la Procesadora municipal de carnes PROMUCA (68-69), suscrito entre dos Entidades Gubernamentales como lo son la Alcaldía municipal a través de su Alcalde Juan Carlos Zuniga y el Servicio de Sanidad Agropecuaria SENASA, a través del Ingeniero VÍCTOR MANUEL RAMOS y no con el demandante Iván Guillermo Zavala, como se asegura en el fallo recurrido (f.135-137) y se desvaneció la pretensión actora no solo con la contestación de la demanda, sino que también con los medios de prueba indicados en los folios 9-13, 61, 62, 67, 68-69, 99-100, 104, 106-121, 131, 132, 133, 134, y en la secuela del juicio, y los cuales no quiso ver la A-QUO; violentando el cumplimiento de los requisitos de los artículos 19 y 20 ya mencionados, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo durante la secuela del juicio y no lo hizo, y solamente invoca la aplicación indebida de los artículos 5, 6, y 111 numeral 2) del Código del Trabajo como causales de Terminación del contrato de trabajo, mi representada Municipalidad de san pedro sula, cortés, como parte demandada, ha venido sosteniendo desde la contestación que al demandante no lo ha despedido porque nunca fué empleado municipal y no existe contrato de trabajo, con el agravante que no reúne los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 del código del trabajo, y de los artículos 25, 26, 30, 31, 46 y demás invocados del mismo cuerpo legal, por lo que su aplicación y el fallo condenatorio emitido por el Ad-Quem (Dicho de un Juez o Tribunal; Que se recurre a él frente a una resolución de otro Juez o Tribunal inferior) es injusto e ilegal, y al ventilarse por la vía que no corresponde, ya que el demandante nunca fué empleado municipal, no tiene expediente laboral, no disfruta de vacaciones, no cotiza al IHSS, no presentó acuerdo o nombramiento ni mucho menos contrato individual de trabajo bajo cualquier modalidad establecido en el artículo 46 del Código del Trabajo para desempeñar un cargo dentro de la municipalidad, y consecuentemente no se supedita al Reglamento interno de trabajo de la municipal que regula las relaciones de los trabajadores y el patrono, tampoco firmaba el libro de entrada y salida al trabajo conocido como bitácora, ni marcaba el reloj digital como lo hacen todos los empleados de la Alcaldía, por lo que reitero su relación nunca reunió los requisitos conforme lo mandan los artículos 19 y 20 ni demás del código del Trabajo; Su relación con la Municipalidad fué como contratista, ya que portaba el carnet de proveedor de servicios el cual extiende la alcaldía municipal únicamente a los contratistas, su pago se le realizaba en una libreta con cargo a pagos para contratista que aperturó en Banpais y no como empleado, contaba con la reserva presupuestaria de contratistas, labora ininterrumpidamente para el Servicio de Nacional de Sanidad Agropecuaria SENASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, como empleado directo en la Regional de SENASA con sede en la ciudad de San Pedro Sula, desde el 15 de julio 2006 hasta la fecha, nombrado en el cargo de técnico de la unidad avícola, y todavía sigue siendo empleado activo a esta fecha; Por lo que dicha relación se desprendió de un CONTRATO de servicios (f.68-69) de Inspección de carnes para la Procesadora Municipal de carnes PROMUCA, suscrito entre el ex-Alcalde Juan Carlos Zuniga y el todavía a ésta fecha Director del SENASA Ing. VÍCTOR MANUEL RAMOS, con lo cual se acreditó en el proceso que la Alcaldía Municipal nunca ha firmado ningún Contrato de Prestación de Servicios con el demandante IVÁN GUILLERMO ZAVALA, como se asegura en el fallo recurrido (f.135-137), sino que lo hizo con el Ingeniero Víctor Ramos, que es quien debería estar presentando el respectivo reclamo administrativo. Al respecto el artículo 19 del Código del Trabajo vigente refiere que “Contrato Individual de Trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de ésta y mediante una remuneración. Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo aquello que se refiera al trabajo”.- y el artículo 20 del mismo cuerpo legal establece que “Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran tres (3) elementos esenciales: a) el primer elemento es la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, b) el segundo elemento es la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, y c) El tercer elemento es un salario como retribución del servicio.- La disposición legal contenida en los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo vigente, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el tribunal Ad Quem, los aplicó erróneamente, ya que al ahora demandante no le aplica las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo vigente porque nunca se ha suscrito ningún contrato con su persona, y no es ni ha sido empleado Municipal, y como podréis ver Honorable Corte Suprema de Justicia, al demandante no le aplica el contenido de los ya descritos artículos 19 y 20 del suprarreferido Código del Trabajo que son conditio sine qua non para considerarse empleado municipal. En relación a la violación al artículo 19 del Código del Trabajo, relacionado con la continua dependencia o subordinación, en el presente caso el demandante se subordina, se supedita y acata las órdenes de su patrono que es SENASA y no de la Municipalidad, ya que hace prevalecer las condiciones zoosanitarias para la inspección de carnes establecidas en el reglamento de SENASA, lo que significa que como médico veterinario de SENASA aplica su reglamento, inclusive está facultado por su Patrón para el cierre del rastro municipal denominado PROMUCA en caso de no reunir las condiciones sanitarias de operación; En relación a la violación al artículo 20 del Código del Trabajo, relacionado el segundo elemento del inciso b) que es la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, el demandante se subordina y cumple las órdenes de su patrono SENASA QUE LE ASIGNA SUS FUNCIONES (f.67), le impone el reglamento de operación (f.106-121), y le exige su irrestricto cumplimiento, por lo que nunca se supeditó ni operó con el Reglamento interno de trabajo de la Municipalidad, y en cuanto al inciso c) salario como retribución del servicio, en el presente caso vemos que el demandante tiene salario de SENASA, y se acreditó que devenga Lps.14,000.00 mensuales permanentemente, lo que produce la infracción directa de la ley sustantiva por aplicación errónea y emitir la sentencia hoy recurrida, ya que la municipalidad simplemente recibía sus servicios como contratista y no como empleado, así como lo había recibido de otros médicos veterinarios y lo sigue recibiendo en la actualidad pero con quienes no suscribe contratos de trabajo, por lo que no opera la presunción que contempla el artículo 21 y el artículo 30, invocados por parte actora, que A CONTRARIO-SENSU es un juris-tantum que aplicada a la presunción, si admite prueba en contrario ya que se ha demostrado que los servicios como contratista se prestaron por un vínculo distinto al contrato laboral; de igual manera el artículo 25 del Código del Trabajo consagra que en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos, las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus Reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social y que sin embargo no es aplicable en el presente recurso, como tampoco lo es el artículo 27 de la misma norma jurídica que establece que la falta de incumplimiento del contrato individual de trabajo, o de la relación de trabajo, solo obliga a los que en ella incurran, a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a pagar las prestaciones que determine éste Código, pero que en el presente caso el pago de prestaciones no es objeto de debate, en relación al artículo 31 del suprarreferido Código, no se discute que tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo las personas que hayan cumplido dieciséis (16) años de edad, que la persona debe estar física y mentalmente apta para hacer algo, para poder prestar un servicio y adquirir obligaciones, de manera que esta aptitud se cristalice en beneficio del contratante, pero en el sub judice solamente aplica con su patrono que es SENASA, porque el demandante no ha firmado ningún contrato de trabajo con la Alcaldía Municipal Sampedrana, lo que nos hace concluir en éste motivo que la norma citada fué indebidamente aplicada, y consecuentemente al demandante no le asiste el derecho para ejercitar la acción y lo más prudente era declarar con lugar: la Excepción Material Perentoria de Prescripción de la acción para demandar, y declarar con lugar el Incidente de Nulidad absoluta de la acción para demandar por falta de acción para demandar, interpuestos por la demandada; y estar en consonancia con lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles que taxativamente establece “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo sobre los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate”, por lo que por éste motivo la sentencia impugnada debe casarse.”.- III. Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que se señalan como normas infringidas los artículos 19, 20, 21, 25, 26, 30, 31 y 46 inciso a), sin precisar a que ordenamiento jurídico pertenecen, ya que si su intención es hacer referencia a las contenidas en el Código del Trabajo, salvo las señaladas en los artículos 26 y 30 de dicho ordenamiento, las demás no ostentan la característica de ser sustantivas, es decir, que correlativamente impongan derechos y deberes a las partes o las extingan; en adición, incluye a los artículos 31 del mismo Código y en relación el 190 del Código de Procedimientos Civiles, los cuales han sido derogados; además, en su explicación realiza extensos alegatos propios de instancia y censura la valoración de las pruebas, lo cual no es compatible con el concepto de violación alegada (aplicación indebida), donde el cuestionamiento o ataque al fallo, es porque el juzgador aplicó una norma que no era la que debía de resolver el conflicto, sin recurrir a los hechos debatidos o controvertidos, ni al material probatorio aportado por las partes.- IV. Que como segundo motivo de casación, el Impetrante arguye: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida de los artículos 5, 6, 111 numeral 2), en relación con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en consonancia analógica del artículo 858 del código del Trabajo vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente; Son causales de Casación: 1º.- Ser la Sentencia violatoria de la Ley Sustantiva por aplicación indebida. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (2) El demandante IVÁN GUILLERMO ZAVALA, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, y promovió demanda laboral ordinaria para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de salarios por terminación del contrato de trabajo, argumentando despido verbal, el cual nunca acreditó quien lo despidió, no indica el nombre ni cargo de la persona que lo haya despedido ni como contratista siquiera, peor como empleado ya que lo que existió fué un contrato de servicios de inspección de carnes para la Procesadora municipal de carnes PROMUCA (68-69), suscrito entre dos Entidades Gubernamentales como lo son la Alcaldía municipal a través de su Alcalde Juan Carlos Zuniga y el Servicio de Sanidad Agropecuaria SENASA, a través del Ingeniero VÍCTOR MANUEL RAMOS y no con el demandante Iván Guillermo Zavala, como se asegura en el fallo recurrido (f.135-137) y se desvaneció la pretensión actora no solo con la contestación de la demanda, sino que también con los medios de prueba indicados en los folios 9-13, 61, 62, 67, 68-69, 99-100, 104, 106-121, 131, 132, 133, 134, y en la secuela del juicio, y los cuales no quiso ver la A-QUO; violentando el cumplimiento de los requisitos de artículos 19 y 20 ya mencionados, aunque tuvo la oportunidad de hacerlo durante la secuela del juicio y no lo hizo, y solamente invoca la aplicación indebida de los artículos 5, 6, y 111 numeral 2) del Código del Trabajo como causales de Terminación del contrato de trabajo, caso contrario, mi representada Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, como parte demandada, ha venido sosteniendo y acreditando desde la contestación de la demanda que el demandante nunca fue empleado municipal y por lo tanto no existe contrato de trabajo, ya que fue contratista.- Se acreditó fehacientemente en el juicio que el patrono del demandante Iván Guillermo Zavala es el Servicio de Nacional de Sanidad Agropecuaria SENASA, dependiente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG, con quien trabaja desde el año 2006 mediante acuerdo o nombramiento con ellos en el cargo de Inspector veterinario, bajo su continua dependencia y subordinación de ésta, y con otros medios de prueba que más adelante detallaremos, lo que vuelve el fallo recurrido totalmente equivocado por las siguientes razones: a) el artículo 5° del Código del Trabajo deja claramente establecido que: “Patrono es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo”; es por ello que cabe preguntarse, ¿porque entonces el contratista no solicitó prestaciones sociales e indemnizaciones laborales?, ¿porque entonces el contratista no solicitó vacaciones a la Municipalidad Sampedrana?, ¿ porque el contratista no pagaba seguro social?, las respuestas son obvias, no lo hizo porque la Municipalidad de San Pedro Sula no es su Patrono y si solicitó vacaciones ante SENASA que es realmente su patrono; Honorable Corte, ante tales circunstancias, ¿Podría entonces considerarse Patrono a la Alcaldía Municipal?, definitivamente que no; b) en cuanto al artículo 6° del Código del Trabajo, claramente establece quienes se consideran representantes de los Patronos y en tal concepto obligan a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores, lo que no aplica a mi representada porque el patrono del demandante es SENASA, y evasivamente el demandante ha venido sosteniendo en el hecho primero de la demanda expresiones como: ingresé a trabajar “por contrato” con la municipalidad de san pedro sula; en el hecho segundo: “me pedían” que trabajara, en el hecho tercero: “me dijeron” que no seguiría desempeñándome en el cargo, cuando en realidad tiene que explicar a su patrono SENASA las causas del abandono en el cargo que le habían designado; c) Consecuentemente otro aspecto que hace que el fallo recurrido sea totalmente equivocado, por aplicación indebida, es el artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo relacionado con las causas de Terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, lo que indudablemente sucede cuando las partes así lo disponen por cualquier motivo o circunstancia, lo que no ha sucedido con la Alcaldía municipal porque no es su empleador y a lo mejor sí tiene pendiente el pago de sus prestaciones e indemnizaciones sociales será cuando finalice su relación con su patrono, que en este caso es con SENASA; Resumiendo que éstos tres aspectos enunciados hacen que el fallo recurrido sea totalmente equivocado, por aplicación indebida al no estar en consonancia con lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles que taxativamente establece que “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo sobre los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate”, por lo que por éste motivo segundo la sentencia impugnada debe casarse.- V. Aparte de que el Censor del fallo incurre en los mismos defectos que en el cargo anterior, en el que antecede incluye entre otras disposiciones señaladas como infringidas, los artículos 5 y 6 del Código del Trabajo, normas que no ostentan carácter sustantivo al contener definiciones de lo que es el patrono y sus representantes; además, las relaciona con una norma ya derogada (artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles) y en su extensa explicación, realiza alegatos propios de instancia e insta la revisión del material probatorio, lo cual no es congruente con el tipo de violación alegada, lo cual hace que el mismo resulte inestimable.- VI. Que el Impetrante en el tercer motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida de los artículos 345, 346, 349, 360, 361 del Código del Trabajo en relación con los artículos 665, 710, 867, 858 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente; Son causales de Casación: 1°.- Ser la Sentencia violatoria de la Ley Sustantiva por aplicación indebida. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (3) El demandante IVÁN GUILLERMO ZAVALA, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, y promovió demanda laboral ordinaria para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva pago de salarios por terminación del contrato de trabajo, argumentando despido verbal, el cual nunca acreditó quien lo despidió, no indica el nombre ni cargo de la persona que lo haya despedido ya sea como contratista, peor como empleado, ya que lo que existió fue un contrato de servicios de inspección de carnes para la Procesadora municipal de carnes PROMUCA (68-69), suscrito entre dos Entidades Gubernamentales como lo son la Alcaldía municipal a través de su Alcalde Juan Carlos Zuniga y el Servicio de Sanidad Agropecuaria SENASA, a través del Ingeniero VÍCTOR MANUEL RAMOS y no con el demandante Iván Guillermo Zavala, como se asegura en el fallo recurrido y se desvaneció la pretensión actora no solo con la contestación de la demanda, sino que también con los medios de prueba indicados en los folios 9-13, 61, 62, 67, 68-69, 99-100, 104, 106-121, 131, 132, 133, 134, y en la secuela del juicio, y los cuales no quiso ver la A-QUO, sin embargo y pese a ello fundamenta su fallo (f.135- 137) en los artículos: 345, 346, 349, 360, 361 del Código de Trabajo que refieren lo siguiente: a) los artículos: 345, 346, 349, versan sobre las vacaciones remuneradas a que tienen derecho todos los trabajadores cada año, por la prestación de un servicio ininterrumpido, y la cantidad de días a disfrutar, se brindan en proporción a los años laborados de manera ininterrumpida; b) los artículos 360, 361 del mismo cuerpo legal, versan sobre los salarios o sueldos de los trabajadores como retribución que el patrono debe pagarle al trabajador en virtud del contrato de trabajo; Estos artículos utilizados como fundamentos jurídicos para emitir el fallo recurrido, no aplican en el presente caso porque el actor nunca acreditó tener contrato de trabajo bajo ninguna de las metodologías indicadas en el artículo 46 del código del trabajo y porque no reúne los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 de la norma señalada, violentando lo establecido en el artículo 665 del Código del trabajo ya que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, lo que no ha sucedido con el demandante; Sin embargo en el hipotético caso de tratarse de una demanda laboral, haciendo acopio de artículo 710 del Código del Trabajo, mi representada interpuso: primero: 1).- La excepción material perentoria de prescripción de la acción para demandar por pago de supuestos salarios adeudados (f.55-57), ya que de la fecha en que dejó de laborar el demandante como supuesto empleado municipal, a la fecha de iniciar el trámite gubernativo, transcurrieron 7 meses con 8 días, concluyendo que tal acción se encontraba totalmente prescrita al tenor del artículo 867 del código del trabajo, el cual indica que salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones que provenientes de éste código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses, pero el demandante a su conveniencia alega que su derecho prescribe en dos (2) años basado en la inaplicable ley del salario mínimo, y pretende que se le dé validéz a la inconsistente respuesta (f.58-60) que brindó a la Excepción de prescripción planteada, y la cual acepta la A-QUO y lo confirma el A-QUEM en el hecho segundo de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, por lo que por éste motivo que se ataca, debe casarse.”.- VII. Que la cuestión debatida tiene relación con el reclamo del pago de salarios adeudados por la prestación de servicios a la demandada, lo cual fue objeto del material probatorio, como en su explicación también hace referencia el Impetrante, por lo que no era la vía adecuada para atacar el fallo por la aplicación indebida de ciertas disposiciones legales. En adición, incluye como normas infringidas, el artículo 361 del Código del Trabajo, que por tener referencia sobre el concepto del salario no ostenta carácter sustantivo y en su explicación realiza alegatos propios de instancia, por lo cual el cargo resulta inestimable..- VIII. Que como cuarto motivo de casación se expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida de los artículos 19, 20, 46 del Código del Trabajo en relación con los artículos 665, 715 del Código de Trabajo, y de manera supletoria con el artículo 212 incisos 1 y 4, del Código Procesal Civil, y 146, 147, 148, 149 de la Ley de Procedimientos Administrativos aplicado por analogía de acuerdo con el artículo 858 del suprarreferido Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente; Son causales de Casación: 1°.- Ser la Sentencia violatoria de la Ley Sustantiva por aplicación indebida. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (4) Una atípica o inusual forma de quebrantar la Ley, según consta por la diversidad jurisprudencial consiste en que a un caso particular que se debate en un juicio específico, se aplica una norma que no corresponde porque no lo regula; El demandante IVÁN GUILLERMO ZAVALA, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, y promovió demanda laboral ordinaria para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de salarios por terminación del contrato de trabajo, argumentando despido verbal, en contra de la Municipalidad de San Pedro Sula, quien desde la contestación de la demanda y en la secuela del juicio sostuvo que el demandante no había sido trabajador de la Alcaldía municipal, por su parte el actor nunca acreditó quien lo despidió, no indica el nombre ni el cargo de la persona que lo haya despedido ni como contratista, peor como empleado ya que lo que existió fué un contrato de servicios de inspección de carnes para la Procesadora municipal de carnes PROMUCA (68-69), suscrito entre dos Entidades Gubernamentales como lo son la Alcaldía municipal a través de su Alcalde Juan Carlos Zuniga y el Servicio de Sanidad Agropecuaria SENASA, a través del Ingeniero VÍCTOR MANUEL RAMOS y no con el demandante Iván Guillermo Zavala, como se asegura en el fallo recurrido y se desvaneció la pretensión actora no solo con la contestación de la demanda, sino que también con los medios de prueba indicados en los folios arriba señalados 9-13, 61, 62, 67, 68-69, 99-100, 104, 106-121, 131, 132, 133, 134, y en la secuela del juicio, y los cuales no quiso ver la A-QUO, sin embargo y pese a ello fundamenta su fallo (f.135-137) en los artículos: 19, 20, 46 del Código del Trabajo, lo que es aceptado por el Ad-Quem; Estos artículos utilizados como fundamentos jurídicos para emitir el fallo recurrido, no aplican en el presente caso porque el actor nunca acreditó tener contrato de trabajo bajo ninguna de las metodologías indicadas en el artículo 46 del código del trabajo y porque no reúne o no llena los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 de la norma señalada como para considerarse empleado de la Alcaldía Municipal; violentando lo establecido en el artículo 665 del Código del trabajo ya que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, lo que no aplica en el Sub-lite, y debió remitirlo a la vía correspondiente establecido en los artículos del 146 al 149 indicados en el Reclamo Administrativo previo a la vía judicial contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo, en primer lugar el 146 nos ilustra que no se podrá demandar judicialmente, en materia de derecho privado, al Estado, a las instituciones autónomas, y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva; de igual manera el 147 claramente refiere que el Reclamo Administrativo previo a la vía judicial, se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial, que se resolverá dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la presentación, con la atenuante, que si la resolución es negativa o si ésta no se produce dentro del plazo señalado anteriormente, el interesado podrá incoar la acción correspondiente por la vía judicial, y más aún, el interesado deberá presentar nuevamente el reclamo administrativo cuando no hubiere presentado la correspondiente demanda judicial dentro de los sesenta días (60) siguientes a la notificación de la resolución negativa del reclamo, o en su caso dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo establecido anteriormente, lo que nos indica que la Ley franquea al demandante las opciones pertinentes y los suficientes espacios para la interposición del debido reclamo administrativo; pero ante lo impredecible siempre en el hipotético caso de tratarse de una demanda laboral, haciendo acopio de artículo 715 del Código del Trabajo, mi representada interpuso en segundo lugar: 2) el Incidente de nulidad absoluta de la acción para demandar por falta de acción para demandar (59-60), porque el demandante no es, ni ha sido empleado municipal, por lo que con justa y sobrada razón el Juzgado de Letras del Trabajo no debió conocer la presente demanda laboral objeto del Recurso, ya que el artículo 212 del código procesal civil, señala que los actos procesales serán nulos: a) cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción, o de competencia objetiva o funcional, b) cuando se produzca con falta de competencia territorial cuando ésta venga fijada imperativamente, c) cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa se haya producido indefensión, que prácticamente es aplicable al recurso que nos ocupa; Por lo que se amplió el Incidente de nulidad contra el auto de admisión de la demanda (f.33), solicitando abarcar incluso del presentado de la demanda de fecha 08 de abril del 2015 y corre agregada a folios del 3 al 8, por no estar conformada de acuerdo a la Ley, y no reunir los requisitos que para tal caso exige nuestra legislación, pudiéndose observar que en la parte dispositiva del auto de admisión que se impugna el numeral que dice: “Admítase la demanda ordinaria laboral”, y hemos acreditado fehacientemente que no se trata de un juicio laboral ordinario el cual reitero se encuentra viciado desde el presentado de la demanda, por lo que en el presente caso por materia de jurisdicción y porque no decir de competencia deberá presentarse y conocerse en otra instancia; Y por tal razón, una vez infringido el concepto explicado y dejado de aplicar la correspondiente norma, se deja en evidencia la incongruencia de la sentencia recurrida, violando los preceptos apuntados, lo que hace establecer que por éste motivo cuarto la sentencia impugnada debe casarse.”.- IX. Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) aduce la aplicación indebida de los artículos 19, 20 y 46 del Código del Trabajo, sin que dichas normas tengan carácter sustantivo, es decir, que contengan derechos y obligaciones reciprocas o las extingan; b) contrario a la técnica del recurso en relación al concepto de la violación, censura la valoración probatoria; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- X. Que como quinto motivo de casación se expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida de los artículos 19, 20, 46 del Código del Trabajo en relación con los artículos 39, 43 de la Ley del salario mínimo, aplicado de manera supletoria con el artículo 739 y 858 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente: Son causales de Casación: 1°.- Ser la Sentencia violatoria de la Ley Sustantiva por aplicación indebida. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (5) Otra atípica o poco usual forma de quebrantar la Ley, según consta por la diversidad jurisprudencial consiste en que a un caso particular que se debate en específico juicio, se aplica una norma que no corresponde porque no lo regula; El demandante IVÁN GUILLERMO ZAVALA, acudió al Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, y promovió demanda laboral ordinaria para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de salarios por terminación del contrato de trabajo, argumentando despido verbal, en contra de la Municipalidad de San Pedro Sula, quien desde la contestación de la demanda y en la secuela del juicio sostuvo que el demandante no había sido trabajador de la Alcaldía municipal, por su parte el actor nunca acreditó quien lo despidió, no indica el nombre ni el cargo de la persona que lo haya despedido ni como contratista, peor como empleado ya que lo que existió fué un contrato de servicios de inspección de carnes para la Procesadora municipal de carnes PROMUCA (68-69), suscrito entre dos Entidades Gubernamentales como lo son la Alcaldía municipal a través de su Alcalde Juan Carlos Zuniga y el Servicio de Sanidad Agropecuaria SENASA, a través del Ingeniero VÍCTOR MANUEL RAMOS y no con el demandante Iván Guillermo Zavala, como se asegura en el fallo recurrido (f.135-137) y se desvaneció la pretensión actora no solo con la contestación de la demanda, sino que también con los medios de prueba aportados y en la secuela del juicio, y los cuales no quiso ver la A-QUO, sin embargo y pese a ello emite y fundamenta su fallo desestimando La Excepción material perentoria de prescripción de la acción para demandar por pago de supuestos salarios adeudados (f.55-57) basándose en los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo que dicen: artículo 39. “Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciban salarios inferiores a los mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente”, y el artículo 43 del mismo cuerpo legal establece que “La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de ésta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio; La disposición legal contenida en los descritos artículos de la ley del salario mínimo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el tribunal Ad Quem, los aplicó indebidamente, ya que al ahora demandante no le aplica las disposiciones contenidas en dicha ley porque no devenga un salario mínimo por lo tanto no está sujeto a la aplicación de la misma, ya que por un lado devenga un salario mensual de catorce mil lempiras (Lps.14,000.00) como empleado de senasa, y por otro lado percibía quince mil lempiras (Lps.15,000.00) como contratista de la alcaldía municipal, derivado de un contrato suscrito entre dos Entes del Estado por un lado suscribe un ex-alcalde y por otro el director de senasa, pero en ningún momento suscribe el demandante; Como podréis ver Honorable Corte Suprema de Justicia, al demandante no le aplica el contenido de los ya descritos artículos 39 y 43 de la suprarreferida ley que son conditio sine qua non para todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos, y que reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, solamente con esa condición podrá considerarse amparado y protegido por dicha Ley. En relación a la violación al artículo 39 de la Ley del salario mínimo por la aplicabilidad, consiste en que el demandante no aplica al beneficio de la Ley del salario mínimo porque devenga un salario mayor al del salario mínimo; En relación a la violación al artículo 43 de la Ley del salario mínimo por la aplicabilidad consiste en que el demandante no lo asocia con el artículo 39 de dicha Ley ya que lo aísla, o lo desvincula a su conveniencia para alegar que su derecho prescribe en dos (2) años, y pretende que se le dé validéz a la respuesta que brindó (f.58-60) a la Excepción de prescripción planteada, y la cual no quiso valorar la A-QUO y lo confirma el A-QUEM en el hecho segundo de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, aplicando indebidamente los artículos 39 y 43 de la ley del salario mínimo, que nada tiene que ver en el presente juicio, ya que como su nombre lo indica beneficia a los empleados que devengan menos de un salario mínimo y el actor con alguna sutileza pretende separar el artículo 43 del 39 de la misma ley, cuando uno es conducente o precedente del otro, por lo que encontramos aplicación indebida del artículo 379 del código del trabajo es indebidamente aplicado ya que no aplica al presente caso, en virtud que refiere que todo acto de compensación, liquidación, transacción, o convenio celebrado entre obrero y patrono, para que tenga validéz deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes, por lo que primero: el obrero no ha suscrito ningún contrato con el patrono tal y como se asegura en el fallo recurrido, y segundo: no existe ningún contrato que se haya registrado ante el ministerio del trabajo y que haya sido suscrito entre las partes en conflicto; aquí encontramos una de las formas de infringir la Ley por aplicación indebida de una norma en un caso debatido en juicio y que no la regula, que induce a conceder el recurso y por lo que por éste motivo debe casarse.”.- XI. Al igual que en el anterior motivo, en éste cargo se señalan las mismas disposiciones como infringidas (artículos 19, 20 y 46 del Código del Trabajo), las cuales se han venido señalando no ostentan carácter sustantivo conforme lo requiere el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; también incurre en los mismos defectos de realizar en su explicación, alegatos propios de instancia e instar la revisión del material probatorio, lo cual no resulta compatible con el concepto de infracción alegado.- XII. Que en su sexto y último motivo el Recurrente sostiene: “Infracción indirecta por aplicación indebida de los artículos 19, 20, 46, 738 y 739 del Código del Trabajo incurriendo en ERROR DE HECHO, por falta de apreciación de los medios probatorios que corren agregados 9-13, 61, 62, 67, 68-69, 99-100, 104, 106-121, 131, 132, 133, 134 de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo vigente: Por infracción indirecta, de la Corte sentenciadora, incurriendo en error de hecho por falta de apreciación de los medios de prueba denominados Documental público y privado y Reconocimiento judicial. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: (6) independientemente que en cuanto a las pruebas, en los juicios del trabajo todo Tribunal goza de la más amplia autonomía para apreciarlos tal y como lo describen los artículos 738 y 739 del código del trabajo, de manera que las pruebas tiendan a demostrar los hechos básicos en que apoyen sus pretensiones los litigantes, la violación o infracción indirecta ocurre cuando el fallo es contrario a lo demostrado y aportado en juicio; en el caso Sub-lite, la Corte recurrida, al confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de letras del Trabajo de san pedro sula, cortés, que declara con lugar la demanda laboral ordinaria demanda de pago de salarios por terminación del contrato de trabajo, promovida el señor IVÁN GUILLERMO ZAVALA, alegando despido verbal, en contra de la Municipalidad de San Pedro Sula, incurre en ERROR DE HECHO derivado de la mala apreciación de la prueba por la Corte sentenciadora, relacionada con los Medios de Prueba denominados Documental público y privado, y Reconocimiento judicial incorporados en el presente juicio por las parte apelante y apelada y puestos a consideración ante la Honorable Corte de Apelación de la sección de San Pedro Sula, Cortés, los cuales a continuación detallo: 1) RECONOCIMIENTO JUDICIAL ordenado de oficio por la Juez de Letras del Trabajo en fecha 14 de octubre de 2015 (f.132-134), que al efecto realizó asociada de su secretaria de actuaciones, en las oficinas principales de BANPAIS para verificar el Estado de Cuenta de la planilla/proveedor del demandante Iván Guillermo Zavala (f.134).- Sobre este medio de prueba queda claramente establecido que según historial de depósitos, la municipalidad le efectuaba cargos al demandante en la planilla con cargo a proveedores (f.134) y no como empleado municipal, pero que la iurex a-quo, finalmente resolviendo en Audiencia de fecha 24 de noviembre 2015 (f.133), indica que la Municipalidad de San Pedro Sula hacía los depósitos a la cuenta del demandante en algunos casos como planilla y en otros como pago de proveedores; En el Estado de Cuenta de planilla/proveedor entregado por BANPAIS (f.134), pudimos apreciar que del monto mensual acreditado al contratista, se le deducía el 12.5 % del Impuesto sobre la Renta como proveedor, equivalente a la cantidad de Lps.1,875.00; luego se le hacía otra deducción de Lps.125.00 por gastos de papelería, haciendo un total de deducciones de Lps.1,900.00, quedando un neto a pagar de Lps.13,100.00 que es lo que exactamente se refleja en las casillas del Estado de cuenta n° 21-111-002900-1 a nombre del demandante, se pudo observar también que en otras ocasiones solamente se le deducían Lps. 125.00 lempiras de papelería por lo que en algunas casillas se refleja depósitos de Lps. 14,975.00, éstas deducciones solamente se realizan a los contratistas, pudiéndose observar que no reflejaba ninguna deducción del Instituto Hondureño de seguridad social IHSS que es obligatorio deducir a los trabajadores que son empleados municipales, debiendo aclarar que el demandante aperturó su libreta con cargo a pagos en BANPAIS a título personal y no porque fuera remitido por la Alcaldía Municipal, también pudimos ver que en la libreta no reflejaba ninguna acreditación de pago de treceavo ni de catorceavos meses de salario así como pago de vacaciones, tal y como si se hace con todos los trabajadores de la municipalidad, con lo cual quedó debidamente acreditado que el demandante no es empleado municipal por no llenar los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo.- 2) CONTRATO de servicios de Inspección de carnes (propuesto por ambas partes) para la Procesadora Municipal de carnes PROMUCA (f.68-69), suscrito entre dos Entidades Gubernamentales como lo son la Alcaldía municipal a través de su ex—Alcalde Juan Carlos Zuniga y el Servicio de Sanidad Agropecuaria SENASA, a través del Ingeniero Víctor Manuel Ramos y no con el demandante Iván Guillermo Zavala, con lo cual se acreditó que la Alcaldía Municipal nunca ha firmado ningún Contrato de Prestación de Servicios con el ahora demandante, sino que lo hizo con el Ingeniero Víctor Ramos, que es quien debería estar presentando el reclamo administrativo para el pago de cantidades de dinero por supuesto incumplimiento de ejecución de una obra o de un contrato de servicios, iniciando su reclamo por la vía administrativa en la secretaría municipal.- 3) CONSTANCIA (parte demandada) de fecha 23 de junio 2015, extendida por la oficina de Recursos Humanos de la Alcaldía Municipal (f.61), con la cual se acreditó que el demandante no es y nunca fué empleado municipal, ya que no se encuentra registrado en la base de sistema de datos laboral, por no tener expediente laboral como todo trabajador, por lo que no firmaba el libro de entrada y salida al trabajo conocido como bitácora, ni marcaba el reloj digital como lo hacen todos los empleados de la Alcaldía. 4) CONSTANCIA LABORAL (parte demandada) de fecha 12 de junio 2015, extendida por la Enlace de Personal del SENASA en Tegucigalpa (f.62), con la que se acreditó que el señor Iván Guillermo Zavala labora ininterrumpidamente para SENASA-SAG desde el 15 de julio 2006 hasta la fecha, nombrado en el cargo de técnico de la unidad avícola, como empleado directo de SENASA en la Regional de San Pedro Sula, y sigue activo a esta fecha. 5) CARNET DE PROVEEDOR de servicios (parte demandada), de fecha 06 de diciembre del 2012 (f.104), extendido por el Departamento de Administración de la Alcaldía Municipal, en el cual se establece que el señor Iván Guillermo Zavala se encuentra debidamente inscrito como PROVEEDOR de: “662-Inspectores” en ésta Alcaldía Municipal bajo el número 0801196308221-4, el cual extiende la alcaldía municipal únicamente a los contratistas. 6) MEMORANDO DG 142-2006 (f.67) (parte actora), mediante el cual el Director General de SENASA le asigna al Dr. Iván Guillermo Zavala, la FUNCIÓN de Inspector Oficial en la Procesadora Municipal de Carnes (PROMUCA) en sustitución del Dr. Marco Tulio Santos, con lo cual se acreditó que sus funciones emanaban de su Patrono SENASA, en el caso que nos ocupa el demandante se subordina y cumple las órdenes de su patrono SENASA que le asigna sus funciones. 7) RESERVA PRESUPUESTARIA (parte actora) años 2013 y 2014 (f.9-13) la cual utiliza la Unidad de Programación y Presupuesto Municipal, por medio de la cual se presupuestan las partidas necesarias solo para el pago de las diferentes obras, proyectos y programas que realiza la Municipalidad y no para pago de los empleados, y en la cual pudimos observar que no se refleja deducción del seguro social IHSS, solamente la deducción de Lps. 25.00 por uso de papelería. 8) DOS (2) NOTAS en papel membretado de la SAG-SENASA (parte actora) de fechas 26-05-2012 y 28-08-2014 (f.99-100), enviadas por el demandante, con lo que se acreditó que realizaba actos propios como empleado de senasa, al enviar correspondencia utilizando papelería oficial de la SAG-SENASA. 9) CONSTANCIAS de prestación de servicios (parte actora) Emitidas por PROMUCA (f.14-18), en los cuales se establece que el demandante prestó sus servicios como Médico veterinario asignado por su patrón SENASA, en el marco del convenio de prestación de servicios entre la Municipalidad y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la cual no se debe considerar como una constancia de trabajo como las que extiende Recursos Humanos como ente facultado para emitirlas. 10) REGLAMENTO de Inspección de carnes de senasa, parte actora, (f.106-121), en el que se establecen los objetivos, sus facultades en el ámbito de su competencia, sus atribuciones referentes a la inspección de productos cárnicos, al cual se supedita el demandante y consecuentemente no se supeditaba al reglamento interno municipal, en el presente caso el demandante se subordina, se supedita y acata las órdenes de su patrono que es SENASA y no de la Municipalidad, ya que hace prevalecer las condiciones zoosanitarias para la inspección de carnes establecidas en el reglamento de SENASA, inclusive está facultado por su patrón para el cierre del rastro municipal en caso de no reunir las condiciones sanitarias de operación. Por éste motivo ampliamente debatido, debe casarse el fallo recurrido.”.- XIII. Como en el resto de los anteriores motivos, en el precedente se incurre en el error de indicar como infringidas disposiciones que no ostentan la características de ser normas sustantivas; por otro lado, se señalan dos formas distintas de violar la ley, la aplicación indebida y el error de hecho, que en todo caso deben formularse en forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso, lo cual hace que el motivo no pueda prosperar y sea inadmisible.- XIV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los seis motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus seis motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de octubre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 102-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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