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Sentencia CL-05-15 — Registro 16185

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, se imponga sanción por incumplimiento de pago del salario mínimo, costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IX. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.-"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de enero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinte de febrero de dos mil quince, por el recurrente, Abogado ERICK ELI CRUZ ORTEGA, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, en su condición de representante procesal de la señora DINA ISABEL MALDONADO MORALES; además es parte recurrida la ESCUELA URBANA MIXTA ÁNGEL ANTONIO VINDEL, representada en juicio por el Abogado CARLOS ANTONIO OCHOA NAVARRO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, se imponga sanción por incumplimiento de pago del salario mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha uno de junio de dos mil doce, por la señora DINA ISABEL MALDONADO MORALES, mayor de edad, soltera, aseadora, hondureña y con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, contra la ESCUELA URBANA MIXTA ÁNGEL ANTONIO VINDEL, por medio de su Directora, señora MARLENE MORALES RÍOS, mayor de edad, soltera, hondureña, Maestra de Educación Primaria, con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, que falló CONFIRMANDO la sentencia proferida en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora DINA ISABEL MALDONADO MORALES, contra la ESCUELA URBANA MIXTA ÁNGEL ANTONIO VINDEL; ABSOLVIÓ a la demandada en la demanda de emplazamiento para que se prueba la justa causa del despido, se imponga sanción por incumplimiento de pago del salario mínimo, costas; SIN LUGAR la tacha presentada contra la testigo ELIA FRANCISCA MALDONADO MORALES; SIN LUGAR la tacha de las testigos DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA, GRACIELA LOPEZ VALLECILLO y ANA MERCEDES CERNA ULLOA, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, en fecha 27 de junio de 2010, desempeñándose como aseadora; en fecha 12 de abril del año 2012, se le comunicó a la demandante el despido por parte de la patrona señora Marlene Morales Ríos, quién le manifestó que prescindiría de sus servicios y que a partir de dicha fecha del despido tenía un mes de cesantía para desocupar la vivienda que se le había proporcionado la demandada dentro de la escuela y además agregó que le cancelaría lo que se le adeudaba por los días laborados, lo cual hasta el día de hoy no ha cumplido; es importante aclarar que el día del despido la demandada le hizo saber que se debía al hecho de que se habían extraviado dos reflectores de la Escuela, contestándole la demandante que su trabajo en esa institución educativa consistía en la limpieza y aseo general del mismo y no en labores de vigilancia, y que en reiteradas ocasiones la demandante le comunicó que los maestros de la escuela dejaban el aula de clase del laboratorio de computación abierto después del término de la jornada educativa y que si se extraviaba algo no respondía por ello, pues ese no era el trabajo de la demandante; la demandada le señaló sobre la perdida de los reflectores en mención, diciéndole la misma que tenía que pagarlos; pretendiendo llegar a una solución conciliatoria la demandante acudió a las oficinas Regionales del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Comayagua, para solicitar los servicios de un inspector de trabajo para que compareciera a constatar el despido verbal e injustificado del cual fue objeto por parte de la demandada, con lo cual se dio por agotado el tramite ante la Inspectoría del Trabajo, remitiéndose las diligencias al departamento de conciliación para los trámites subsiguientes, sin haber llegado a un resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, la ESCUELA URBANA MIXTA ÁNGEL ANTONIO VINDEL, contestó dicha demanda señalando que la demandante dice haber iniciado labores en fecha 27 de junio del año 2010, cuando lo que realmente existe es un contrato individual de trabajo por dos meses firmado desde el 1 de febrero al 31 de marzo del año 2012, por lo que se rechaza por improcedente la demanda de mérito.- 3. El Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha ocho de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, se imponga sanción por incumplimiento de pago del salario mínimo, costas, promovida por la señora Dina Isabel Maldonado Morales, contra la señora MARLENE MORALES RIOS; absolviendo a la demandada por dicho concepto; declaró sin lugar la tacha presentada contra la testigo Elia Francisca Maldonado Morales; sin lugar la tacha de las testigos Deysi Esperanza Reyes Mejía, Graciela López Vallecillo y Ana Mercedes Cerna Ulloa, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante funda su pretensión en hechos constitutivos de servicios prestados en el interior de la Escuela Ángel Antonio Vindel y la demandada funda su pretensión en que se declare sin lugar la demanda; siendo el momento procesal oportuno para analizar la prueba de fondo aportada en el proceso, vislumbra en aplicación al principio de la libre formación del convencimiento contenido en el artículo 739 del Código del Trabajo al haberse revisado y analizado el medio de prueba documental de los diferentes contratos de trabajo de fecha 13 de junio, 1 de agosto, 18 de agosto del 2011 y 1 de febrero del año 2012, aportados en el proceso la señora Marlene Morales Ríos actúa en su carácter de Directora de la Escuela Urbana Mixta Ángel Antonio Vindel y no como persona natural, resultado de ello que con las pruebas de interrogatorio de partes, declaraciones testificales propuesta por ambas partes los servicios prestados no fueron en beneficio de la persona demandada; en cuanto a la tacha de la testigo Francisca Maldonado Morales presentada por el apoderado legal de la parte demandada al momento de cederle el uso de la palabra para su interrogatorio este órgano estima declararla sin lugar por haberse interpuesto después de que el testigo inició con su declaración conforme al artículo 736 del Código del Trabajo; la tacha presentada por el apoderado legal demandante con respecto a los testigos propuestos por la parte demandada de: Deysi Esperanza Reyes Mejía, Graciela López Vallecillo y Ana Mercedes Cerna Ulloa, justificando su tacha en que son jerárquicamente dependientes de la parte demandada haciendo uso de los medios de prueba documentales agregadas al proceso en que funda su petición, este órgano estima que el artículo 41 del Código del Trabajo permite que en materia laboral puedan declarar como testigos los trabajadores al servicio del patrono, motivo para desestimar dicha tacha.- 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, en fecha dos de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia; bajo el criterio que está determinado el contenido del artículo 20 del Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo sin embargo la condición de la Directora demandada Marlen Morales Ríos esta determinada en el centro de trabajo no a título personal sino como representante del patrono de ella Ministerio de Educación Pública; con ello nace lo que mediante la prueba en juicio demostró la parte demandante que al no tener facultades de nombramiento de personal la directora es un acto nulo la actuaciones ejercidas por ella; sin embargo la misma Constitución de la República como se trascribió el artículo 321 deja claro la responsabilidad del funcionario público como lo es la Directora de la Escuela ANGEL ANTONIO VINDEL; no obstante el artículo 324 señala los pasos a seguir en caso de actuaciones nulas en fraude al Estado y en el acápite anterior es consecuente que la demanda debió ejecutarse contra el Ministerio de Educación, todo que las labores desempeñadas por la demandante fueron dentro de la Escuela ANGEL ANTONIO VINDEL dependiente de la relacionada institución del Estado lo que es consecuente que la ahora demandada en su condición de Directora esta revestida del artículo 6 del Código del Trabajo y el artículo 321 y 324 de la Constitución de la República; y si el contrato es nulo porque supuestamente la Directora no tenía las facultades de nombrar a la ahora demandante, incurre en responsabilidad civil para el caso que el contrato es declarado nulo, es por ello que existe dualidad de demandados y es un hecho notorio que la Secretaría en los Despachos de Educación no fue demandada en materia laboral por ende no podemos convalidar actuaciones nulas que desglosa la misma Constitución de la República en tal sentido debemos absolver en esta materia; no con ello se exime la demanda, para que en su debido proceso se establezca la responsabilidad civil junto con el Estado y que este último repita contra el servidor que incurrió en actuaciones que la ley puede declarar nulo.- 5. Mediante auto de fecha catorce de enero de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ERICK ELI CRUZ ORTEGA, en su condición de representante procesal de la señora DINA ISABEL MALDONADO MORALES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinte de febrero de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado ERICK ELI CRUZ ORTEGA, en su condición de representante procesal de la señora DINA ISABEL MALDONADO MORALES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho por lo que en proveído de fecha doce de marzo de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CARLOS ANTONIO OCHOA NAVARRO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Recurrente solicita la nulidad subsidiaria de la sentencia recurrida, basándose en lo siguiente: “La NULIDAD ABSOLUTA de la Sentencia Censurada que solicito se declare en forma SUBSIDIARIA por esta Sala de lo Laboral, la Justifico en razón de lo que relato: Que la Resolución Censurada prescinde de Formalidades y requisitos internos que debe contener la misma para alcanzar su fin, lo que transgrede el debido proceso establecido en el artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República de honduras que expone: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Y siendo que por disposición de la ley la Nulidad Absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, cito los defectos legales en que amparo dicho Incidente: 1) Se omite por el tribunal Ad-quem en la Resolución Censurada Numerar correlativamente cada Considerando y Consignar en los mismos de forma Clara y Precisa los Antecedentes facticos en los que esta parte actora y recurrente sustento los agravios planteados contra la Sentencia definitiva de fecha 8 de octubre del 2014, emitida por el A-quo; agravios que constan en folios 3 al 4 vuelto de la segunda pieza de este expediente; Circunstancia Fáctica que deviene obligado el tribunal Ad-quem a consignar en dicha resolución, lo anterior a la luz del articulo 200 numeral 1 y 2 inciso B, del Código Procesal Civil como ley adjetiva supletoria Laboral por disposición del artículo 858 del Código del trabajo en relación con el artículo 22 del Código Procesal civil. 2) Aunado a lo anterior esta la circunstancia de que la Sentencia Recurrida es Contradictoria pues por una parte el tribunal Ad-quem tiene por acreditado o por reconocido de que con la prueba de cargo aportada por esta parte actora se acredita el extremo factico de que mi Representada DINA ISABEL MALDONADO MORALES fu despedida sin causa Justificada, aseveración que consta en el considerando Visto en las Ultima Línea del folio seis (6) y las primeras 6 líneas del folio 6 Vuelto, de la segunda pieza de este expediente; Luego en los Considerandos subsiguientes el tribunal Ad-quem centra su análisis en tratar de explicar si la Patrono Marlene Morales Rios tiene o no la facultad para contratar personal en nombre del centro educativo donde labora, ver folios 6 vuelto, al folio 7 vuelto, de la segunda pieza de este expediente; Por lo que dicho fallo es Incongruente con la Pretensión alegada por esta Parte actora en los Agravios que sustentaron las Alegaciones del recuso de Apelación que formulamos contra la Sentencia Definitiva de fecha 8 de octubre del año 2014, emitida por el A-quo; Agravios que constan vistos a folios 3 al 4 vuelto de la segunda pieza de este expediente. Lo anterior en Aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil como ley supletoria laboral en relación con el artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil. 3) Además la resolución Impugnada contiene falta de Motivación pues por el desconocimiento del tribunal Ad-quem de los Antecedentes de hecho que sustentan los Agravios que formulamos contra la sentencia definitiva de fecha 8 de octubre del 2014, emitida por el A-quo, Este tribunal Ad-quem no Expresa los Razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación probatoria y a la Aplicación e Interpretación del derecho; es decir que en la resolución recurrida no se expresa por el tribunal Ad-quem los razonamientos facticos o jurídicos para la estimación o no estimación de todos y cada uno de los agravios formulados en el recurso de apelación que se promovió en su momento, lo anterior a luz del precepto legal adjetivo 207 y 701 numeral 1 y 3 del Código Procesal Civil como ley supletoria Laboral. Del análisis de las consideraciones anteriores se deduce que el tribunal Ad-quem ha Prescindido de los requisitos Formales e Internos que debe revestir la resolución Censurada Para alcanzar su fin, lo que transgrede el debido proceso y produce efectiva Indefensión a esta parte actora y recurrente pues se nos ha coartado el derecho de que el tribunal Ad-quem decida sobre la estimación o desestimación de todos y cada uno de los agravios alegados en el recurso de apelación Promovido contra la sentencia definitiva expedida por el A-quo, actuación vista a folio 3 y 4 frente y vuelto de segunda pieza de este expediente”.- II. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha 2 de diciembre de 2014, que confirma el fallo definitivo que conocía en apelación y que fuese dictado por el Juzgado de Letras de la sección judicial de Comayagua, Comayagua, en fecha 5 de junio de 2014, la cual se ha dictado con violación del principio de congruencia, ya que el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; en el sub judice, el ad quem ha vertido pronunciamientos que no resultan congruentes con los hechos y extremos debatidos en el proceso, ya que el tema sobre quien es el patrono o empleador de la demandante no ha sido expuesto como defensa de la demandada, quien al contestar la acción rechazó los hechos primero y segundo, porque no le constan y deberán ser probados por el actor y no estar ajustados a la verdad, aceptando parcialmente los otros dos y en el acápite intitulado HECHOS EN QUE SE APOYA LA DEFENSA se limitó a expresar “La demandante dice haber iniciado labores en fecha 27 de junio del año 2010, cuando lo que realmente existe es un contrato individual de trabajo por dos meses firmado desde el 1 de febrero al 31 de marzo del año 2012”; por otro lado, si la demandada actuó como Directora de un Centro Educativo del Estado, debió al contestar dicha acción excepcionar u oponer los defectos procesales correspondientes, al no haberlo realizado y continuar el procedimiento, esa situación ya no puede ser estimada de oficio en el fallo definitivo, porque lo que se debe resolver en el mismo es sobre el fondo del asunto.- III. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IV. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- V. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VI. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- VII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- VIII. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IX. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha 2 de diciembre de 2014, visible a folios 6 al 8 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día del mes de febrero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 05-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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