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Sentencia CL-83-15 — Registro 6048

Resumen

Segunda instancia revocó la sentencia declarando con lugar demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales y reajuste de salario mínimo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) entre las normas señaladas como violadas, se incluye al artículo 862 del Código del Trabajo, la cual no ostenta el carácter de ser sustantiva, siendo que la misma contiene la definición o el concepto de la prescripción en materia laboral y que es irrenunciable; b) olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, una de las cuestiones debatidas tiene relación con la prescripción de la acción para darse los demandantes por despedidos indirectamente de sus trabajos, lo cual fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que se detectan los siguientes errores: a) señala varias formas de violar la ley, infracción indirecta por error de hecho, la falta de aplicación y la aplicación indebida, que ameritaba precisarlas en forma separada por la independencia de los motivos de casación; b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a otras normas no invocadas como infringidas o relacionadas, tal es el caso de los artículos 6 y 115 del Código del Trabajo.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria por Ley de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de abril de dos mil quince, por el recurrente Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M S. de R.L., además es parte recurrida los señores DIANA CAROLINA MOLINA ALONZO y OTROS, representandos en juicio por el Abogado CLEVE C. BODDEN. OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales y reajuste de salario mínimo, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha catorce de mayo de dos mil catorce, por los señores DIANA CAROLINA MOLINA ALONZO, Empleada de Aseo, ENGIE FABIOLA MENDEZ HERNANDEZ, Técnico en Computación, SANDRA MARIELA ANTUNEZ BUSTAMANTE, Licenciada en Economía Agrícola y OTROS, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M S. de R.L., por medio de su Gerente General, señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL, mayor de edad, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, que REVOCANDO, el fallo definitivo de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, de la siguiente manera: “ FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Apoderado Legal demandante contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce a las tres y quince de la tarde.- 2) REVOCANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida en fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce a las tres y quince de la tarde en el sentido de declarar SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION.- 3) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO que se ha hecho mérito.- 4) CONDENANDO a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M, a través de su Representante Legal don WILFREDO HANDAL HANDAL en su condición de obligado solidario de la también sociedad mercantil SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL ATLÁNTICO a pagar lo siguiente: 1) Diana Carolina Molina Alonzo: Ciento Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres lempiras con Cinco Centavos (L. 102,883.05) por los conceptos siguientes: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Doscientos Ochenta (280) días equivalente a Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro lempiras con Ochenta y Tres Centavos (L. 6,344.83), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Doscientos Ochenta (280) días equivalentes a Tres Mil Ciento Setenta y Tres lempiras con Setenta y Siete Centavos (L. 3,173.77), Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Un (1) año equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Un Mil Seiscientos Cincuenta lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 1,650.42), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete lempiras con Siete Centavos (L. 5,147.07), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil Quinientos Sesenta y Cinco lempiras con Sesenta Centavos (L. 14,565.60), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 30,770.52), siendo el total de la Cuantía: más el pago de horas extras adeudadas corresponde a cuarenta y cuatro horas al 25%, equivalente a mil seiscientos dos lempiras con noventa y dos centavos, haciendo un tota de ciento Dos Mil Ochocientos Ochenta y Tres lempiras con Cinco Centavos (L. 102,883.05); 2) Engie Fabiola Méndez Hernández: de Noventa y Ocho Mil Cincuenta y Un lempiras con Noventa y Seis Centavos (L. 98,051.96) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Ochenta y Nueve (89) días equivalente a Dos Mil Diez y Siete lempiras con Noventa y Cuatro Centavos (L. 2,017.94), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Ochenta y Nueve (89) días equivalentes a Mil Ocho lempiras con Noventa y Siete Centavos (L. 1,008.97), Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Un (1) año equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Un Mil Seiscientos Cincuenta lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 1,640.42), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco(265) días equivalentes a Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete lempiras con Siete Centavos (L. 5,147.07), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil Quinientos Sesenta y Cinco lempiras con Sesenta Centavos (L. 14,565.60), Vacaciones Pendientes: corresponde a Doce (12) días equivalentes a Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 3,263.52) Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 30,770.52), siendo el total de la Cuantía: Noventa y Ocho Mil Cincuenta y Uno lempiras con Noventa y Seis Centavos (L. 98,051.96). 3)Sandra Mariela Antúnez B.: Ciento Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro lempiras con Ochenta y Un Centavos (L. 102,474.81) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Doscientos Diez y Ocho (218) días equivalente a Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Un lempiras con Cincuenta y Un Centavos (L. 4,941.51), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Doscientos Diez y Ocho (218) días equivalentes a Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve lempiras con Cuarenta Centavos (L. 2,469.40), Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Un (1) año equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), Décimo Tercer Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Un Mil Seiscientos Cincuenta lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 1,650.42), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Cinco Mil Doscientos Ciento Cuarenta y Siete lempiras con Siete Centavos (L. 5,147.07), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil quinientos Treinta lempiras con Cuarenta Centavos (L. 14,530.40), Vacaciones Pendientes: corresponden a Trece (13) días equivalentes a Tres Mil Quinientos Treinta y Cinco lempiras con Cuarenta y Ocho Centavos (L. 3,535.48) Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Un (131) días equivalentes a Treinta Mil Quinientos Treinta y Siete lempiras con Cuarenta y Un Centavos (L. 30,537.41), siendo el total de la Cuantía: Ciento Dos Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro lempiras con Ochenta y Un Centavos (L. 102,474.81); 4) Jessy Karola Juarez Pineda: Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta lempiras con Treinta y Seis Centavos (Lps. 99,930.36) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Cuarenta y Tres (43) días equivalente a Novecientos Setenta y Tres lempiras con Sesenta y Dos Centavos (L. 973.62), Vacaciones: corresponden a Doce (12) días equivalentes a Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 3,263.52), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Cuarenta y Tres (43) días equivalentes a Cuatrocientos Ochenta y Seis lempiras con Ochenta y Un Centavo (L. 486.81), Décimo Tercer Mes : Correspondiente a Un (1) año equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde a Ochenta y Ocho (88) días equivalentes a Un Mil Setecientos Ocho lempiras con Setenta Centavos corresponde a Doscientos Sesenta y Ocho (268) días equivalentes a Cinco Mil Doscientos Cinco lempiras con Treinta y Cinco Centavos (L. 5,205.35), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil Seiscientos Treinta lempiras con Cuarenta Centavos (L. 14,630.40), Vacaciones Pendientes: corresponden a Doce (12) días equivalentes a Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 3,263.52), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con cincuenta y Dos centavos (L. 30,770.52), Vacaciones Pendientes: Corresponde a Doce (12) días equivalentes a Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 3,263.52) Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 30,770.52), siendo el total de la Cuantía: Noventa y nueve Mil novecientos treinta lempiras con treinta y seis centavos (L. 99,930.36); 5) Sindel Julissa García Figueroa me corresponde Ciento Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con Sesenta y Cinco Centavos (L. 104,543.65) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Doscientos Ochenta (280) días equivalente a Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro lempiras con Ochenta y Tres Centavos (L. 6,344.83), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Doscientos Ochenta (280) días equivalentes a Tres Mil Ciento Setenta y Tres lempiras con Setenta y Siete Centavos (L. 3,173.77), decimotercero: Correspondiente a Un (1) año, equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Un Mil Seiscientos Cincuenta lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 1,650.42), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete lempiras con Siete Centavos (L. 5,147.07), Reajuste de Salario Mínimo:

corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil Quinientos Sesenta y Cinco lempiras con Sesenta Centavos (L. 14,565.60), Vacaciones Pendientes: corresponde a Doce (12) días equivalentes a Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 3,263.52) Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 30,770.52), siendo el total de la Cuantía: Ciento Cuatro Mil Quinientos Cuarenta y Tres lempiras con Sesenta y Cinco Centavos (L. 104,543.65); 6) Raimie Sahira Gonzáles: Ciento Un Mil Doscientos Ochenta lempiras con Trece Centavos (L. 101,280.13) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Doscientos Ochenta (280) días equivalente a Seis Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro lempiras con Ochenta y Tres Centavos (L. 6,344.83), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Doscientos Ochenta (280) días equivalentes a Tres Mil Ciento Setenta y Tres lempiras con Setenta y Siete Centavos (L. 3,173.77), Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Un (1) año equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), decimotercero Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Un Mil Seiscientos Cincuenta lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 1,650.42), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete lempiras con Siete Centavos (L. 5,147.07), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil Quinientos Sesenta y Cinco lempiras con Sesenta Centavos (L. 14,565.60), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 30,770.52), siendo el total de la Cuantía: Ciento Un Mil Doscientos Ochenta lempiras con Trece Centavos (L. 101,280.13); 7) Wanda Nicole Brown: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Veinte y Nueve lempiras con Veinte y Seis Centavos (L. 98,829.26) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Diez y Seis Mil Trescientos Diez y Siete lempiras con Cuarenta y Seis Centavos (L. 16,317.46), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Sesenta y Nueve (69) días equivalente a Un Mil Quinientos Sesenta y Tres lempiras con Setenta y Siete Centavos (L. 1,563.77), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Sesenta y Nueve (69) días equivalentes a Setecientos Ochenta y Tres lempiras con Veinte y Cuatro Centavos (L. 783.24), Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Un (1) año equivalente a Seis Mil Novecientos Noventa y Tres lempiras exactos (L. 6,993.00), decimotercero Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Un Mil Seiscientos Cincuenta lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L. 1,650.42), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Cinco Mil Ciento Cuarenta y Siete lempiras con Siete Centavos (L. 5,147.07), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalentes a Catorce Mil Quinientos Sesenta y Cinco lempiras con Sesenta Centavos (L. 14,565.60), Vacaciones Pendientes: corresponden a Doce (12) días equivalentes a Tres Mil Doscientos Sesenta y Tres lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 3,263.52) Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Treinta Mil Setecientos Setenta lempiras con Cincuenta y Dos Centavos (L. 30,770.52), Horas Extras Adeudadas: corresponden a Cuarenta (40) pagadas al Veinticinco por ciento (25%) equivalentes a Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete lempiras con Veinte Centavos (L. 1,457.20) siendo el total de la Cuantía: Noventa y Ocho Mil Ochocientos Veinte y Nueve lempiras con Veinte y Seis Centavos (L. 98,829.26); 8) Silverio Flores Elvir me corresponde Un Millón Doscientos Diez y Siete Mil Quinientos Diez y Nueve lempiras con Veinte y Nueve Centavos (L. 1,217,519.29) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Ochenta y seis Mil Quinientos Setenta y Tres lempiras con Sesenta y Ocho Centavos (L. 86,573.68), Auxilio de Cesantía : corresponde a Dos (2) meses equivalente a Ochenta y seis Mil Quinientos Setenta y Tres lempiras con Sesenta y Ocho Centavos (L. 86,573.68) Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Ochenta (80) días equivalente a Nueve Mil Seiscientos Veinte y Cuatro lempiras con Ocho Centavos (L. 9,624.08), Vacaciones: corresponde a Veinte y Dos (22) días equivalente treinta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Tres lempiras con Cincuenta y Ocho Centavos (L. 31,743.58) Vacaciones Proporcionales: corresponde a Ochenta (80) días equivalentes a Cuatro Mil Ochocientos Cuatro lempiras con Ochenta y Dos Centavos (L. 4,804.82), decimotercero: Correspondiente a Dos (2) años equivalente a Setenta y Cuatro Mil Doscientos Seis lempiras exactos (L. 74,206.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde a Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Ocho Mil Setecientos Cincuenta y Seis lempiras con Treinta y Tres Centavos (L.8,756.33), Décimo Cuarto Mes: Corresponde a Dos (2) años equivalentes a Setenta y Cuatro Mil Doscientos Seis lempiras exactos (L. 74,206.00), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Veinte y siete mil Trescientos Siete lempiras con Ochenta y Ocho Centavos (L. 23,307.88), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalente a Seiscientos Cincuenta Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve lempiras con Sesenta Centavos (L. 650,469.60), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta y Tres lempiras con Sesenta y Cuatro Centavos (L. 163,253.34), Siendo el total de la Cuantía: Un Millón Doscientos Diez y Siete Mil Quinientos Diez y Nueve lempiras con Veinte y Nueve Centavos (L. 1,21 7,519.29). 9) Lisbeth Judith Maldonado Meza: Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Veinte y Un lempiras con Cincuenta y Un Centavos (L. 565,621.51) por concepto de: Preaviso: corresponde a un (1) meses equivalente a Treinta y Siete Mil Ciento Tres lempiras con Veinte y Tres Centavos (L. 37,103.33), Auxilio de Cesantía: corresponde a un (1) meses equivalente a Treinta y Siete Mil Ciento Tres lempiras con Veinte y Tres Centavos (L. 37,103.33), Auxilio de Cesantía Proporcional: un mes corresponde a Cuarenta (40) días equivalente a Cuatro Mil Ciento Diez y Ocho lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos (L. 4,118.44), Vacaciones: corresponde a Diez (10) días equivalente a Doce Mil Trescientos Sesenta y Siete lempiras con Setenta Centavos (L. 12,367.70) Vacaciones Proporcionales: corresponde a Cuarenta (40) días equivalentes a un Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro lempiras con Noventa Centavos (L. 1,644.90), Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Un (1) año equivalente a Treinta y Un Mil Ochocientos Tres lempiras exactos (L. 31,803.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde al Ochenta y cinco (85) días equivalentes a Siete Mil Quinientos Cinco lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos (L. 7,505.44), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Veinte y Tres Mil Cuatrocientos Seis lempiras con Setenta y Nueve Centavos (L. 23,406.79), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Cuatrocientos Diez (410) días equivalente a Doscientos Setenta Mil Seiscientos Treinta y Seis lempiras con Noventa Centavos (L. 270,636.90), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y dos días (132) equivale a ciento treinta y nueve Mil Novecientos Treinta y Un lempiras con Ochenta y Ocho Centavos (L. 139,931.88), siendo el total de la Cuantía: Quinientos Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Veinte y Un lempiras con Cincuenta y Un Centavos (L. 565,621.51); 10) Cesia Yolani Romero M.: Novecientos Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve lempiras con Noventa Centavos (L. 908,539.90) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Ciento Cuarenta Mil Lempiras exactos (L.140,000.00), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Ciento Cuarenta Mil Lempiras exactos (L. 140,000.00), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Cincuenta y Un (51) días equivalente a Nueve Mil Novecientos Diez y Seis lempiras con Sesenta y Cinco Centavos (L. 9,916.65), Vacaciones: corresponde a Veinte y Dos (22) días equivalente a Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta y Tres lempiras con Veinte y Seis Centavos (L. 51,333.26) Vacaciones Proporcionales: corresponde a Cincuenta y Un (51) días equivalentes a Cuatro Mil Novecientos Sesenta y Nueve lempiras con Noventa y Nueve Centavos (L. 4,969.99) Décimo Tercer Mes: Correspondiente a Dos (2) años equivalente a Ciento Veinte Mil lempiras exactos (L. 120,000.00), Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde a Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Catorce Mil Ciento Sesenta lempiras exactos (L. 14,160.00), Décimo Cuarto Mes: Corresponde a Dos (2) años equivalentes a Ciento Veinte Mil lempiras exactos (L.120,000.00), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta lempiras exactos (L. 44,160.00), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta y Dos (132) días equivalentes a Doscientos Sesenta y Cuatro Mil lempiras exactos (L. 264,000.00), Siendo el total de la Cuantía: Novecientos Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve lempiras con Noventa Centavos (L. 908,539.90). 11) Darwin Alexander Maldonado: Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco lempiras con Treinta y Cinco Centavos (L. 279,845.35) por concepto de: Preaviso: corresponde a Siete (7) días equivalente a Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Siete lempiras con Treinta y Nueve Centavos (L. 8,657.39), Auxilio de Cesantía proporcional: corresponde a Diez (10) días equivalente a Doce Mil Trescientos Sesenta y Siete lempiras con Setenta Centavos (L. 12,367.70), Vacaciones Proporcionales: corresponde a Ciento Cuarenta y Cinco (145) días equivalentes a Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cuatro con Diez y Ocho Centavos (L. 4,984.18) Décimo Tercer Mes Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Siete Mil Quinientos Cinco lempiras con Cuarenta y Cuatro Centavos (L. 7,505.44), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Ciento Cuarenta y Cinco (145) días equivalentes a Doce Mil Ochocientos Cinco lempiras con Ochenta y Nueve Centavos (L. 12,805.89), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Ciento Cuarenta y Cinco (145) días equivalente a Noventa y Cinco Mil Setecientos Trece lempiras con Cero Cinco Centavos (L. 95,713.05), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta (130) días equivalente a Ciento Treinta y Siete Mil Ochocientos Once lempiras con Setenta Centavos (L. 137,811.70), siendo el total de la Cuantía: Doscientos Setenta y Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco lempiras con Setenta y Cinco Centavos (L. 279,845.35); 12) Cesar Aleiandro Dávila Bonilla: Quinientos Mil Quinientos Cinco lempiras con Cuarenta Centavos (L. 500,505.40) por concepto de: Preaviso: corresponde a Dos (2) meses equivalente a Treinta y Siete Mil Ciento Tres lempiras con Veinte y Seis Centavos (L. 37,103.26), Auxilio de Cesantía: corresponde a Dos (2) meses equivalentes a Treinta y Siete Mil Ciento Tres lempiras con Veinte y Seis Centavos (L. 37,103.26), Auxilio de Cesantía Proporcional: corresponde a Cuarenta (40) días equivalente a Dos Mil Cincuenta y Nueve lempiras con Veinte y Cuatro Centavos (L. 2,059.24), Vacaciones: corresponde a Veintidós (22) días equivalente a Trece Mil Seiscientos Cuatro lempiras con Cincuenta y Ocho Centavos (L. 13,604.58) Vacaciones Proporcionales: corresponde a Cuarenta (40) días equivalentes a un Mil Treinta y Dos lempiras con Setenta y Un Centavos (L. 1,032.71), Décimo Tercero Mes: Correspondiente a Dos (2) años equivalente a Treinta y Un Mil Ochocientos Tres lempiras exactos (L. 31,803.00), Décimo Tercero Mes Proporcional: corresponde al Ochenta y Cinco (85) días equivalentes a Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos lempiras con Setenta y Cinco Centavos (L. 3,752.75), Décimo Cuarto Mes: Corresponde a Dos (2) años equivalente a Treinta y Un Mil Ochocientos Tres lempiras exactos (L. 31,803.00), Décimo Cuarto Mes Proporcional: corresponde a Doscientos Sesenta y Cinco (265) días equivalentes a Once Mil Setecientos Tres lempiras con Cincuenta Centavos (L. 11,703.50), Reajuste de Salario Mínimo: corresponde a Setecientos Veinte (720) días equivalente a Doscientos Sesenta y Un Mil Seiscientos Treinta y tres lempiras con Sesenta Centavos (L. 261,633.60), Salarios Adeudados: corresponden a Ciento Treinta (130) días equivalentes a Sesenta y Ocho Mil Novecientos Seis lempiras con Cincuenta Centavos (L. 68,906.50), siendo el total de la Cuantía: Quinientos Mil Quinientos Cinco lempiras con Cuarenta Centavos (L. 500,505.40); Siendo la cuantía Total de la Demanda la CANTIDAD CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 4,180,029.67).- 5) CONDENANDO a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M a través de su Representante Legal don WILFREDO HANDAL HANDAL en su condición de obligado solidario de la también sociedad mercantil SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL ATLÁNTICO a pagar a los demandados a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que debe quedar firme la presente sentencia conforme a las norma procesales del Código del Trabajo.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que DIANA CAROLINA MOLINA ALONZO, fue contratada el dieciséis de junio de dos mil once, en el cargo de aseo, ENGIE FABIOLA MENDEZ HERNANDEZ, contratada el veintisiete de diciembre de dos mil once, en el cargo de Secretaria de Archivo, SANDRA MARIELA ANTUNEZ BUSTAMANTE, contratada el dieciocho de agosto de dos mil once, en el cargo de Secretaria de Archivo, JESSY KAROLA JUAREZ PINEDA, contratada el dieciséis de enero de dos mil doce, en el cargo de Enfermera, SINDEL JULISSA GARCIA FIGUEROA, contratada el dieciséis de julio de dos mil once, en el cargo de Secretaria de Archivo, RAIMIE SAHIRA GONZALES, contratada el dieciséis de junio de dos mil catorce, en el cargo de Enfermera, WANDA NICOLE BROWN, contratada el dieciséis de enero de dos mil doce, en el cargo de Auxiliar de Farmacia, SILVERIO FLORES ELVIR, contratado en seis de enero del dos mil doce, en el cargo de Médico Ortopeda, LISBETH JUDITH MALDONADO MEZA, contratada el dieciséis de febrero de dos mil trece, en el cargo de Médico, CESIA YOLANI AROMERO, contratada el dos de febrero de dos mil doce, en el cargo de Ortodontista, DARWIN ALEXANDER MALDONADO, el uno de noviembre de dos mil trece, en el cargo de Médico, CESAR ALEJANDRO DAVILA, contratado el dieciséis de febrero de dos mil doce, en el cargo de Médico y CLAUDIA CAROLINA CARDINALES, en el cargo de Personal; que se dieron por despedidos indirectamente el veinticinco de marzo de dos mil catorce, acudiendo al Inspectoría de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para constatar que no se les pagó su salario, ni aguinaldo desde el mes de diciembre del dos mil trece, en base al artículo 114 incisos f), i) y j) del Código del Trabajo, realizándose varias reuniones sin concretizar nada, acudiendo de nuevo a la misma Secretaría para agotar el trámite gubernativo, continuando el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M S. de R.L., contestó dicha demanda señalando que era con la sociedad SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL ATLANTICO, S.A., con quien existía una relación mercantil con los Médicos y Especialistas demandantes, a quienes les pagaba honorarios y con el resto del personal si existía la relación laboral con esa empresa, la cual era la encargada de vender el servicio del personal a J.M. MEDICAL CENTER, por ende era esa empresa la que debió ser la demandada, tal como aparece como su patrono en las planillas del IHSS; que la situación de los demandantes se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, donde el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), ha incumplido con sus desembolsos más o menos de un año, a su poderdante, lo cual trajo un descalabro financiero y ruina económica, lo que le obligó a incumplir sus obligaciones, actuando en base al artículo 111 numeral 6) del Código del Trabajo; que su representado no guarda ningún tipo de relación laboral con los demandantes, no procediendo la acción interpuesta. En la audiencia primera de trámite, opuso la excepción perentoria de prescripción con base al artículo 865 del Código del Trabajo, señalando que los demandantes tenían un mes para darse por despedidos indirectamente, ya que aduciendo que no les pagaron el décimo tercer mes de salario que se paga en diciembre del 2013, notificando el despido indirecto hasta el 24 de marzo del 2014, cuando ya habían transcurrido 3 meses y presentaron la demanda 5 meses después.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción, por lo cual declara sin lugar la demanda de mérito, absolviendo a la sociedad demandada por los conceptos que se reclaman, sin costas; bajo el criterio que el término para la separación o despido indirecto es de un mes, conforme el artículo 865 del Código del Trabajo, a contarse desde el 31 de diciembre de 2013, manifestado por los propios demandantes en su notificación de despido indirecto y demanda.- 4.- La Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintinueve de enero de dos mil quince, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo en el sentido de “…declarar SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION.- 3) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO que se ha hecho mérito.- 4) CONDENANDO a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M, a través de su Representante Legal don WILFREDO HANDAL HANDAL en su condición de obligado solidario de la también sociedad mercantil SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL ATLÁNTICO a pagar…Siendo la cuantía Total de la Demanda la CANTIDAD CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 4,180,029.67).- 5) CONDENANDO a la Sociedad Mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M a través de su Representante Legal don WILFREDO HANDAL HANDAL en su condición de obligado solidario de la también sociedad mercantil SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL ATLÁNTICO a pagar a los demandados a título de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que debe quedar firme la presente sentencia conforme a las norma procesales del Código del Trabajo.” bajo el criterio que los demandantes notificaron el despido indirecto a inversiones Medical Center J y M, quien no los emplazó ante el Tribunal correspondiente para probar el abandono sin justa causa de sus labores, pues al contrario se ocupó de negar la obligación para con los demandantes, señalando y demostrando que Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico, fue quien contrató y pagaba a los demandantes sus salarios respectivos, olvidando Inversiones Medical Center J y M, que desde el momento que contrató con la primera la provisión del recurso humano, tomando ese contrato la figura de la intermediación con el efecto de que los convertiría en coobligados solidarios por las gestiones de su proveedor con respecto a los trabajadores, por lo cual quedó acredita la causa que motivó a los demandantes para darse por despedidos indirectamente.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALIX MARIELA RODRIGUEZ MARTINEZ, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M, S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha seis de abril de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad INVERSIONES MEDICAL CENTER J Y M, S. DE R.L., formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación y solicitando nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha ocho de abril de dos mil quince, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de mayo de dos mil quince, se tuvo por contestada la demanda de casación plateada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado RAFAEL EDUARDO MURILLO COTO en su primer motivo de casación sostiene: “Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa de ley. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA.- La norma sustantiva violada es el artículo Ochocientos Sesenta y dos, (862), que la prescripción es un medio para liberarse de una obligación impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina éste capítulo. Esta norma es sustantiva, aún cuando se halla en los capítulos del proceso del Código de Trabajo, porque extingue derechos por el paso del tiempo. Y vuestra doctrina, de la Corte Suprema de Justicia mediante la Sala Laboral- Contencioso Administrativo, ha definido la norma sustantiva como la que crea, modifica o extingue derechos y correlativos deberes. La anterior norma infraccionada, se violentó al infraccionarse también el artículo Ochocientos Sesenta y Cinco (865) del Código de Trabajo, que los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de un mes, contado desde que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto.- Se suprimió lo dispuesto en las normas sustantivas anteriores, aun cuando, de los hechos incontrovertidos en el caso, su aplicación tenía perfecta cabida. Por tanto, se ha violentado las normas, por infracción de ley, es decir, por dejar de aplicarla cuando hay lugar a ello.

PRECEPTO AUTORIZANTE. Artículo 765 numeral Uno del Código del Trabajo, en el supuesto de infracción directa de norma legal. DESARROLLO DE LA VIOLACIÓN OBJETO DE ÉSTE MOTIVO DE CASACIÓN. La violación de ley surge por haber declarado sin lugar la excepción de prescripción, cuando concurre los hechos contemplados en las normas para su aplicación. Previo a ahondar en el asunto, esclarezco los hechos incontrovertidos por las partes, de los cuales se derivará el análisis de la infracción de ley sustantiva. Estos son los siguientes: Los actores presentan en su demanda como causales de despido indirecto el no haber ajustado el salario a la Ley del Salario Mínimo y el Arancel del Médico, el no pago de aguinaldo del dos mil trece, y el no pago del salario a partir de Enero del Dos Mil Catorce (Ver Demanda, fol .1-4). Y luego que se dan por despedidos el Veinticinco de Marzo del dos mil catorce (fol. 21). De esos hechos incontrovertidos, queda patentado que el momento en que el patrono dio lugar a esas causas, ocurre con mucho más antelación a un mes del momento en que se dieron por despedidos. Es decir, la cuantía de su salario y la supuesta inconformidad con la ley del Salario Mínimo, la conocen desde que la norma queda en efecto para el año dos mil catorce, es decir desde que el acuerdo STSS-599-2013 fue publicado en la Gaceta Oficial del Veintiséis de Diciembre del Dos Mil Trece. El impago de aguinaldo desde que su pago era exigible, es decir el mes de Diciembre del Dos mil Trece. Y el impago del salario, desde esta causa surge, que según lo invocado por los trabajadores es continuo desde Enero del dos mil Catorce. Por tanto, para la fecha del Veinticinco de Marzo del Dos mil Catorce, se había traspasado el plazo de un mes desde que el patrono dio lugar a tas causas de despido indirecto invocadas como justificación por el despido indirecto. Esta es la base fáctica, incontrovertida, para el desarrollo de la interpretación normativa que paso a ofrecer. Como se desarrolla en el resumen del proceso de mérito, la corte de apelación declaró sin lugar una excepción de prescripción. Ello ya que sostuvo que, aún cuando transcurre más de un mes entre uno de los causales de despido indirecto invocados por los demandantes, y el despido indirecto, siendo que las faltas laborales (no pago de salario) fueron reiteradas y perduraron hasta que la relación laboral cesó, por tanto mientras esta situación se mantenía, no corría el término de prescripción. Es decir, invocó una suerte de suspensión del término de prescripción. Es decir, invocó una suerte de suspensión del término de prescripción, mientras las faltas laborales invocadas volvían a surgir. No obstante, la interpretación anterior se opone directamente a lo dispuesto en el artículo 865 del código de trabajo, y el artículo 862 del código del trabajo. Estas normas fueron dejadas de aplicar, porque el recurrido aplicó una suerte de suspensión del plazo de prescripción, que no es amparado en norma legal, sino en la subjetiva opinión del juzgador. Ello ya que la norma fija que el término de prescripción para darse por despedido arranca desde que el patrono diere lugar a ello, (Art. 865 del Código de Trabajo). El juzgador, omite el punto de arranque del plazo de prescripción que claramente marca la ley, ya que sostuvo que aún cuando se ha dado lugar al despido indirecto, el plazo no corre, en vista que la causa invocada es una falta continua y persistente. Esto constituye una distinción que hace el juzgador, que la ley no hace, en tanto la ley dispone el punto de arranque del término de prescripción, (el momento en que se dio lugar al despido indirecto), sin ninguna salvedad o excepción. Más sin embargo, el juzgador si aplica una excepción (que la prescripción no corre cuando la causa sea una falta del patrono que sea persistente). Esta distinción judicial o salvedad, es ilícita, ya que sustrae del ámbito de aplicación de la norma supuestos fácticos que, al tenor literal de la norma, quedan abarcados por la misma. En tanto la norma dicta que la prescripción para darse por despedido arranca el momento en que el patrono dio lugar a ello, aplica para todo caso en que se cumple dicho supuesto. Y no es lícito crear excepciones vía judicial, que extraigan casos del ámbito de la norma, es decir que aún cuando se cumple el supuesto de hecho de la norma (que el patrono dio lugar al despido indirecto), no se aplica la consecuencia jurídica mandada (arranca el plazo de prescripción para darse por despedido). Esto constituye una patentada infracción de la norma, por dejar de aplicar sus mandatos, en los casos en que se cumple el supuesto fáctico contemplado en la propia norma. Y en ello ha incurrido el juzgador. Por otra parte, lo alegado por el juzgador, aún cuando no lo ha fundamentado correctamente, es una especie de suspensión de la prescripción, ya que manda a que el plazo no corra, mientras persiste una causal continua de despido indirecto. Sin embargo, tal postura requiere la observación del artículo 2297 del código civil, que determina que el término de prescripción para las acciones corre desde el día en que pudieron ejercitarse. Así entonces, la correcta aplicación de tal artículo conlleva que, siempre que no haya mediado una circunstancia que constituya un impedimento para darse por despedido (como el no percatarse el empleado de la opresión de alguno de sud derechos hasta un tiempo posterior), éste término comienza a correr desde que el trabajador está en posibilidad de darse por despedido, es decir, desde que el patrono le ha dado motivo para ello (le ha violado sus derechos). En el mismo sentido, el artículo 868 del código de trabajo invoca como causal de interrupción de la prescripción la fuerza mayor o caso fortuito, es decir cuando ocurra una circunstancia que resulte un impedimento insuperable para que el trabajador ejerza su derecho a darse por despedido. De la observación las anteriores normas resulta una conclusión: El supuesto fáctico invocado por la Corte de Apelación, que violación al derecho laboral vuelva a reiterarse de manera perdurable, queda excluida como causal de suspensión o interrupción del término de prescripción. Las normas de la interrupción y suspensión de las prescripción contemplan una numero cerrado de supuestos en que puede determinarse que no corre (suspensión) o que se anula (interrupción) el tiempo para la prescripción, y el supuesto de que la falta ha perdurado, no es uno de ellos. Por tanto, es ilícito al juzgador que, por vía de su interpretación, aplique causales de interrupción o suspensión del término de prescripción, que la ley no contempla. Ello ya no consiste en interpretar, sino en legislar, en tanto otorga una norma un alcance que supera al explícita y claramente manifestado en la misma. La presente impetración se ve respaldada enteramente por los sabios precedente de vuestra honorable Corte Suprema de Justicia, mediante la Sala Laboral, contenciosa administrativa. En el expediente CL-03-06, sentencia de casación de fecha Diez de Octubre del Dos Mil Seis, redactada por el magistrado ponente el Honorable Roberto Lagos Banegas, se resuelve un caso en que el recurrente alegó la misma causal de suspensión del término de prescripción. Dicho alegato del recurrente lo cito textualmente para mayor fidelidad: “Para el Ad quem el término de un mes que señala el artículo 865 del Código del Trabajo y del que gozaba la trabajadora para darse por despedida indirectamente debe contarse a partir el 1 de abril de 2003, fecha en la que suscribe el contrato en el cual su salario es disminuido, y que por tal razón desde esa fecha el patrono dio el motivo para invocar el despido indirecto pero la modificación del mismo ocurre el 27 de junio de 2003, por lo que ha transcurrido mas de un mes en consecuencia es procedente declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción. Olvida la Corte que los motivos que proporcione el patrono para que un trabajador pueda darse por despedido indirectamente pueden presentarse de una vez o constantemente en el desarrollo de la relación laboral. En el caso subjudice, interpretar que la violación patronal debe contenerse desde el primer día de la suscripción del contrato en el cual se disminuía el salario a la trabajadora, implica ignorar que esa violación sería en el desarrollo de la relación laboral contenido en el último contrato y que cuando se notifica el despido indirecto persisten las causas o motivos que La originan. Esta interpretación errónea ocasiona que a la señora Luz Marina Rodezno no le se reconozca el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales. Por esa razón es procedente declarar casar la sentencia recurrida” Como puede observarse, es exactamente el mismo argumento que la Corte Primera de Apelación del Trabajo de La Ceiba sostiene, que en virtud de perdurar las faltas, no corre el término de prescripción mientras tal situación continúe. Sin embargo, tal argumento fue descartado por vuestra honorable Corte Suprema de Justicia, de manera clara y rotunda, como paso ha citar. “Que el recurrente Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ, EN SU UNICO MOTIVO EXPRESA: “Violación de Ley Sustantiva de orden nacional por interpretación errónea, por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, del articulo 865 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 113 párrafo primero, 114 inciso f), 116 inciso c), 118 párrafo segundo y 120 primer párrafo e incisos c) y d) reformado del Código del Trabajo.- El precepto autorizando de este motivo esta comprendido en el articulo 765, ordinal primero párrafo primero del Código del Trabajo”.- Confrontado el cargo con el fallo impugnado, se evidencia que no se configura la violación alegada por el recurrente; ya que la Corte recurrida interpreto correctamente el articulo 865 del Código del Trabajo, al considerar que la trabajadora demandante señora LUZ MARINA RODEZNO OYUELA, desde el momento en que suscribió el ultimo contrato de trabajo con el Instituto de Previsión Militar (IPM), y que se iniciaba el primero de abril del año dos mil tres, tuvo conocimiento de la reducción de su salario, que es una de las causales por las que se dio por despedida de manera indirecta y es a partir de esa fecha que tenía un mes para darse por despedida indirectamente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 865 del Código del Trabajo que dispone: “Los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de un (1) mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto”.- Razones que vuelven inadmisible el único motivo de casación.”[1] Vale observar que en el precedente, no otorga mérito alguno al argumento que el término de prescripción se renueva, o que su plazo no corre, por cada mes en que no se completaba el pago que exigía la trabajadora, que es la causal del despido indirecto invocada. Más bien, la Corte Suprema imperó que desde que la trabajadora conoció el hecho que luego invocó como causal de despido indirecto, inició el plazo de un mes para darse por despedida. Así queda patentado, sin lugar a dudas, que la interpretación de la autoridad recurrida, en tanto considera que mientras la falta laboral perdura no corre el plazo para darse por despedido, es equivocada. Solo resta entonces mostrar como hechos incontrovertidos que, los actores presentan como causales de despido indirecto el no haber ajustado el salario a la Ley del Salario Mínimo y el Arancel del Médico, el no pago de aguinaldo del dos mil trece, y el no pago del salario a partir de Enero del Dos Mil Catorce. Y como hecho que se dan por despedidos el Veinticinco de Marzo del dos mil catorce. De esos hechos incontrovertidos, queda patentado que el momento en que el patrono dio lugar a esas causas, ocurre con mucho más antelación a un mes del momento en que se dieron por despedidos. Es decir, la cuantía de su salario y la supuesta inconformidad con la ley del Salario Mínimo, la conocen desde que la norma queda en efecto para el año dos mil catorce, es decir desde que el acuerdo STSS-599-2013 fue publicado en la Gaceta Oficial del Veintiséis de Diciembre del Dos Mil Trece. El impago de aguinaldo desde que esta era debido, es decir el mes de Diciembre del Dos mil Trece. Y el impago del salario, desde esta causa surge, que según lo invocado por los trabajadores es continuo desde Enero del dos mil Catorce. Por tanto, para la fecha del Veinticinco de Marzo del Dos mil Catorce, se había traspasado el plazo de un mes para darse por despedido por esas causas. Por lo tanto, debe aplicarse el artículo 865 del código de trabajo, y así resolver con lugar la excepción de prescripción presentada por la demandada, y en virtud que el artículo 862 dispone que la prescripción libera al obligado de su deber, entonces declarar sin lugar la demanda. El no haber aplicado estas normas sustantivas al caso, aún cuando su aplicación era lo procedente según lo ya expuesto, constituye el vicio de infracción directo de ley sustantiva, por no aplicarlo la norma al caso en que los supuestos fácticos de la misma se han verificado. Vale esclarecer, para que no exista confusión, que la prescripción del derecho de darse por despedido, no conlleva la prescripción del derecho de cobrar los salarios por tiempo laborado y no pagado. Esta acción goza un término más amplio hasta de dos años, más sin embargo en tal libelo solo puede otorgarse el monto de lo debido en concepto de salario y derechos adquiridos, más sin embargo queda excluidos los conceptos de auxilios de cesantía, preaviso y salarios caídos.”.- III.- El cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) entre las normas señaladas como violadas, se incluye al artículo 862 del Código del Trabajo, la cual no ostenta el carácter de ser sustantiva, siendo que la misma contiene la definición o el concepto de la prescripción en materia laboral y que es irrenunciable; b) olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, una de las cuestiones debatidas tiene relación con la prescripción de la acción para darse los demandantes por despedidos indirectamente de sus trabajos, lo cual fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía; y, c) en su explicación realiza alegatos propios de instancia.- IV.- Que el Impetrante en su segundo motivo sostiene: “Acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta, la cual es proveniente de la apreciación errónea por error de hecho en la apreciación de la prueba, que resulta evidente de autos en el medio de prueba documento público, que obra a folio Veintiuno (21) del expediente de primera instancia proveniente del Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de La Ceiba, Atlántida. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA.- La norma sustantiva violada por infracción indirecta es el artículo Ochocientos Sesenta y Cinco (865) del Código de Trabajo, que fija el plazo perentorio de Un mes para dar por terminado el contrato con justa causa, contados desde el momento en que el patrono dio motivo para el despido indirecto. Ello en relación al Artículo Ochocientos Sesenta y Dos (862), que dicta que la prescripción es un medio para liberarse de una obligación impuesto por el código de trabajo. Ambas constituyen normas sustantivas, en tanto extinguen derechos de los trabajadores y el deber del patrono de cumplirla, al tenor de la doctrina de vuestra sala, que explica que norma sustantiva es la que crea, modifica o extingue derechos y correlativos deberes. Y ambas normas sustantivas se dejaron de aplicar en un caso en que debía hacerse por causa de un error de hecho en la apreciación de las pruebas. PRUEBA SOBRE LA CUAL SE PRODUCE EL ERROR DE HECHO, POR MOTIVO QUE EL JUEZ EQUIVOCA EN LA OBSERVACIÓN DE LOS DATOS PLASMADOS EN LA MISMA.- Acta de Entrega de Despido Indirecto de los Demandantes en fecha 25 de Marzo de 2014, (Folio21 del expediente del Juzgado

de Letras) mediante el cual la inspectora de trabajo notifica a la señora Claudia

Carolina Cardinal Gonzáles. El error de hecho en la interpretación de la prueba surge en su forma de equívoca apreciación de los datos manifestados en el documento de manera fehaciente, de lo que resulta que el AD QUEM sostiene una versión contraria a los datos contenidos en la literalidad del documento. Ello en tanto, la sentencia de segunda instancia ahora impugnada sostiene que “Los demandantes, cada uno por su nombre justifican en nota de despido su decisión de darse por despedidos de manera indirecta por no recibir el pago mensual hasta la fecha de comunicar al patrono, lo cual ocurrió el veinticinco de marzo del año dos mil catorce, como ilustra el acta de entrega de documento (despido indirecto) que obra a folio Veintiuno (21)” El dato de importe que dicha sentencia confunde es que el acta en mención, fue entregada a una Claudina Carolina Cardinal Gonzáles, como así atesta la misma. Esta persona carece de carácter de representante de la demanda, J Y M Medical Center. Lo anterior se prueba con la misma acta de entrega de las notas de despido indirecto, la señora Claudina Cardinal menciona, que textualmente cito según lo atestado en el acta “que el mismo será enviado a su patrono, la sociedad Soluciones de Recurso Humanos S.A”. Es decir, en un documento público, en tanto los documento realizados por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones ostentan tal calidad (Art. 271 del código procesal civil) quedó determinado que la señora receptora de las hojas de despido es empleada y personera de la sociedad Soluciones de Recursos Humanos, y no de la demandada, J Y M Inversiones Medical Center. Y lo anterior es corroborado ya que tanto en las mismas notas de despido indirecto, que corren a folio 39 y 40 del expediente del Juzgado de Letras del Trabajo, se designa a Wilfredo Antonio Handal Handal como representante de la demandada. De la misma manera dispone la demanda que inicia la etapa judicial de ésta disputa, que corre de folios uno al quinto del expediente del Juzgado del Trabajo. Y, en sentido contrario, se carece de siquiera un medio de prueba, de todo el elenco probatorio evacuado, que sindique a Claudina Carolina Cardinal Gonzales como representante de J Y M Medical Center, es decir que haya servido a la sociedad demandada una de las funciones directivas contempladas en el artículo seis (6) del código de Trabajo. Por tanto, ésta señora carece de tal carácter. Es menester añadir, que dicha circunstancia no es una minuciosidad desconocida a los demandantes, a manera que puedan resultar sorprendidos. Ello en virtud que en la misma diligencia de entrega de notas de despido, según los actos registrados en el acta levantada al efecto, la señora receptora, Claudina Cardinal, fue clara, directa y transparente al comunicar su condición de personera de una sociedad distinta a la demandada. Nunca hubo ocultamiento o confusión, sino más bien una clara advertencia sobre la condición de dicha persona. Ello conlleva que el despido indirecto nunca fue comunicado al patrono, ya que para ello, deberá entregarse éste a uno de sus representantes. Por tanto, queda así desvirtuada la apreciación de la Corte Primera de Apelación de La Ceiba, del extremo textualmente citado en éste acápite, que equivocadamente afirma que hubo comunicación al patrono de las hojas de despido indirecto. Ello conlleva efectos decisivos directos sobre la resolución de la excepción perentoria de prescripción que se opuso en el juicio, de tal manera que desvirtúa la lógica de lo resuelto por la autoridad recurrida, como pasó a explicar en el desarrollo de la violación. NORMAS PROCESALES VIOLADAS A) Artículo 738 del Código de Trabajo.- El juez, al proferir su decisión, analizara todas las pruebas allegadas en tiempo. B) ARTÍCULO 739 DEL CÓDIGO DE TRABAJO. - El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formara libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la critica de la pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustancia actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el juez indicara los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. C) Artículo 271.- DOCUMENTOS PÚBLICOS EXPEDIDOS POR AUTORIDADES. Son documentos públicos a efectos de prueba en el proceso: 1) Las ejecutorias y actuaciones judiciales de toda especie y los testimonios que de las mismas expidan los secretarios. 2) Los otorgados ante o por notario público, según la ley de la materia. 3) Los otorgados ante funcionario o empleado público legalmente facultados para dar fe en ejercicio de sus atribuciones... D) Artículo 273.- FUERZA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. 1. Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho, acto o estado de cosas que documenten y que motivó su otorgamiento, del lugar y de la fecha de éste y de la identidad de los fedatarios y demás personas que, en su caso, intervengan en el. PRECEPTO AUTORIZANTE Artículo 765 numeral Uno, del Código del Trabajo, en el supuesto de aplicación indebida de la norma, por causa de error de hecho en la interpretación de la prueba. DESARROLLO DE LA VIOLACIÓN OBJETO DE ÉSTE MOTIVO DE CASACIÓN. Como se explicó en su momento, el Ad Quem ha equívocamente apreciado que se comunicó las notas de despido al patrono, cuando nunca se cumplimentó dicha diligencia. De tal falsa premisa, pasa a discursar que es hasta el mismo de la comunicación los trabajadores los trabajadores seguían en prestación efectiva de su servicio laboral, no corría contra ellos la prescripción (Folio Veintitrés vuelto, reglón tercero, del expediente de segunda instancia). También concluye que el acto de comunicación interrumpió la prescripción (Folio Veintitrés vuelto, reglón 8-9, del expediente de segunda instancia) Así justifica la recurrida que no cabe aplicar el artículo Ochocientos Sesenta y Dos y Ochocientos Sesenta y Cinco, ambos del código de trabajo, que dictan que el término de prescripción para darse por despedido de manera indirecta es de un mes, y que una vez cumplido el acreedor queda liberado de su obligación. En su lugar, aplica el artículo Ochocientos Sesenta Y Ocho (868) del código del trabajo, que señala los causales de interrupción de prescripción. Sin embargo, al rectificar que las hojas de despido nunca fueron entregadas al patrono, sino a otra persona, entonces se desquicia el sentido de los razonamientos ofrecidos por la recurrida, y se desvirtúan sus conclusiones. Esto lo paso a justificar enseguida. Sin embargo, lo razonado por el Ad Quem sostiene que el incumplimiento en el pago de salarios, al ser contínuo, se mantiene mientras estén en servicio, es decir mientras cumplan trabajo que no ha sido remunerado. Siendo que los trabajadores la nota de despido de los demandantes manifiesta fecha de Veinticinco de Marzo del Dos Mil Catorce, esa fecha marca el momento en que abandonan su servicio laboral, por tanto es el último día en que han rendido trabajo sin recibir pago, que es una de las causa más reciente por las que se dan por despedido. Por tanto, en ese momento se renueva su plazo de un mes para darse por despedido por tal falta, ya que es la última vez que la sufren. (No se confunda el plazo de prescripción para darse por despedido de manera indirecta, de un mes, con el plazo para acción por el cobro de los salarios por tiempo rendido más no pagado, reclamo que se limita a únicamente ello, más no auxilio de cesantía, preaviso e indemnización por salarios caídos) Sin embargo, según lo ya discursado en el señalamiento del vicio de error de hecho en la interpretación de la prueba, nunca comunicaron la nota de despido indirecto al patrono. Ello ya que no entregaron su nota de despido al patrono, mediante uno de sus representantes, sino que la entregan a un tercero. Ante ello, vale invocar el artículo Ciento Quince (115) del Código de Trabajo, que impera que el despido indirecto únicamente surte efecto hasta que se comunica al patrono. Tal comunicación no se cumplimentó, por tanto no se surtido efecto la terminación del contrato, por tanto no se dieron por despedidos los ahora actores. Y ante ello abono que no hubo una gestión más de parte de los actores en procura cumplir debidamente la comunicación de las notas de despido al patrono, para que surta efecto el despido indirecto (Ausencia que se puede verificar al revisar la prueba). Por tanto, si el plazo de prescripción de un mes para darse por despedido comienza a correr a partir del Veinticinco de Marzo del Dos mil Catorce, tal y como lo dispuso la Corte de Apelación, entonces tal plazo vencía el Veinticinco de Abril del mismo año. Y ante ello, no hay prueba alguna que tal despido indirecto se haya consumado efectivamente, mediante comunicación de ello al patrono, previo al vencimiento del plazo. Tampoco hay prueba que pueda generar una interrupción del plazo, y otra que muestre el cumplimiento del despido indirecto en un momento posterior. Ante ello, no cabe duda que en efecto, el plazo de un mes para darse por despedido, se consumió, y por tanto la prescripción opera. Es así como, una vez rectificado que nunca se dieron por despedidos válida y efectivamente los actores, y por tanto al momento de presentar la demanda ya se había vencido el plazo de un mes de prescripción para ello, queda claro que la autoridad impetrada incurrió en el vicio de dejar de aplicar las normas sustantivas a un caso en que había cabida a ello para solventar el caso, como ser los artículos ochocientos Sesenta y Dos, y que en consecuencia declarase sin lugar la demanda. Vale esclarecer dos temas colaterales que también genera confusión a la autoridad recurrida. Primero, que existe un acta que declara agotada el intento de conciliación extra judicial de los redamos laborales, emitida por el departamento de conciliación de la secretaría de trabajo, de fecha el once de Abril del año dos mil catorce (folio 6 del expediente del Juzgado de Letras de Trabajo). Sin embargo, esta gestión resulta inválida, ya que no cabe intento de conciliación extra judicial en un momento en que no ha surtido el efecto del despido indirecto de los trabajadores, a su vez por motivo que no se ha comunicado tal terminación al patrono. Ello ya que mientras no surta efecto el despido indirecto, no son exigibles los derechos laborales productos de tal acto, y por tanto no cabe conciliar sobre tal concepto. Por tanto, esos indebidos intentos de conciliación, a lo cual sólo acudió el actor, no generan ningún efecto legal, al tenor del artículo nueve del código civil. Por otra parte, la autoridad recurrida discursa como causal de interrupción de prescripción del plazo para interponer demanda, posterior a haberse dado por despedido (ello como consecuencia que la recurrida erróneamente consideró que sí se dieron por despedidos los actores, y por tanto corría el plazo para interponer la demanda), una nota de ofrecimiento de pago de los derechos laborales, ocurrida en fecha Once de Abril del dos mil Catorce. Más allá la confusión en que incurre la recurrida, esclarezco que tal nota de ofrecimiento no genera efectos de interrupción de prescripción contra la demandada, en virtud que no fue ella quien otorgó tal ofrecimiento. Tal y como intesta literalmente el documento de ofrecimiento, (folio 147 del expediente del Juzgado de Letras), la autoría de tal pertenece a un tercero, con razón social Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico. Así, para que surta una interrupción de prescripción mediante reconocimiento de derechos, este debe realizarse por el patrono, es decir la persona en cuyo favor corre la prescripción, y no un tercero. Por tanto, al no haberse dado un reconocimiento, tácito o expreso, por parte del patrono, no surte tal interrupción. Los actos que ejerza un tercero, ajeno a quien el propio trabajador designa como patrono, no surte efecto alguno, salvo que el trabajador decida demandar al tercero por considera que este sí es su verdadero patrono, y no quien había designado anteriormente (cuestión que no ocurre en el caso presente). Por tanto, éste ofrecimiento no surte efecto legal alguno en cuanto al prescripción del plazo de un mes para darse por despedido, que además, ya había transcurrido antes de tal ofrecimiento, es decir desde el veinticinco de mayo del año dos mil catorce (El ofrecimiento ocurre luego, hasta el Catorce de Abril ). Por lo tanto, operó la prescripción del derecho de darse por despedido que había surtido a favor de los ahora actores. Por tanto, hubo una infracción indirecta de los artículos que consagran la prescripción del plazo para darse por despedido (art. 865 del código de trabajo) y los efectos liberadores de la prescripción (862 del código de trabajo), ya que por causa del error de hecho en la apreciación del prueba, no se aplicaron tales artículos cuando los supuestos normativos contemplados en la norma se verificaban en el caso, y que por tanto, su aplicación era debida. Finalmente cabe la salvedad que éste no constituye un alegato de instancia, el que los actores comunicaron su despido a un tercero que no es el demandado. Ello fue debidamente expuesto a la autoridad recurrida en contestación de agravios, como consta en el folio 18 vuelto, reglón 15 y 16, del expediente de la Corte Primera de Apelación del La Ceiba. Por tanto, no se ha traslapado el contradictorio que se había ya alegado durante el proceso.”.- V.- Que el cargo que antecede resulta ser inadmisible, ya que se detectan los siguientes errores: a) señala varias formas de violar la ley, infracción indirecta por error de hecho, la falta de aplicación y la aplicación indebida, que ameritaba precisarlas en forma separada por la independencia de los motivos de casación; b) en su explicación realiza alegatos propios de instancia y alude a otras normas no invocadas como infringidas o relacionadas, tal es el caso de los artículos 6 y 115 del Código del Trabajo.- VI.- Que de forma subsidiaria el Recurrente pide lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA DE ACTUACIONES. De manera supletoria, pero de acuerdo a ley, mediante la presente estamos señalándole a la Honorable Corte Suprema de Justicia violaciones al debido proceso cometidos por la Corte de Apelaciones del Trabajo al momento de emitir su sentencia aquí recurrida; faltas al debido proceso que se explican así: A) VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN (ARTÍCULOS 4 Y 69 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Y 82 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Según lo ya designado en los acápites correspondientes de éste escrito, la parte resolutiva de la sentencia impugnada (Dictada por la Corte de Apelación) pronunció “Falla. 1)...2)...3)...4) Condenando a la sociedad mercantil Inversiones Medical Center J Y M a través de su representante Legal Wilfredo Handal Handal en su condición de obligado solidario de la también sociedad mercantil Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico a pagar a lo siguiente... (seguidamente enlista los derechos laborales correspondientes a cada actor, ya detallados en el presente escrito) 5) Condenando a la sociedad mercantil inversiones Medical Center i Y M a través de su representante Legal Wilfredo Handal Handal en su condición de obligado solidario de la también sociedad mercantil Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico a pagar a los demandados a título de daños y perjuicios los salarios caídos desde la terminación del contrato hasta la fecha en que quede firme la sentencia.” De lo anterior resalto que la resolución impugnada declara que las sociedades en mención, Medical Center J y M y sociedad mercantil Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico, son solidariamente responsables del pago de los derechos laborales e indemnizaciones a favor de los actores. Asimismo el tercero, cuarto y quinto fundamento de derecho de la sentencia, son discursos sobre la solidaridad que existe entre ambas sociedades, que sirven de base para el fallo aquí citado. Ello conlleva que la sentencia constituye un título de ejecución ejecutable contra ambas sociedades solidariamente responsables. Ello en virtud que el artículo 748 del Código procesal civil, expone que las parte de la ejecución, son el solicitante, y la persona contra la que se ordena, que habrá de ser quien figure en el título como obligado a su cumplimiento, y también quienes sean responsables personales del cumplimiento disposición legal o contractual. Este último supuesto, de poder ser ejecutado por disposición legal expresa, abarca a los que han sido declarados obligados solidarios de la deuda condenada. Ello a su vez porque la ley dispone que la solidaridad implica que el acreedor puede exigir la totalidad de lo debido contra todos los deudores, o cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que pueda oponerse el beneficio de división (Arts. 1400 y 1403 del Código Civil). Por tanto, una sentencia que declara a dos personas solidariamente responsables, es ejecutable contra uno u otro. Así, por cuanto la sentencia impugnada declaró solidaridad entre dos sociedades por el pago de los derechos laborales, ha obligado a ambas a pagar. Así la sentencia impugnada, en caso de quedar firme, podrá ejecutarse contra uno u otro de los deudores solidarios, Medical Center J Y M y Soluciones de Recurso Humanos del Atlántico. Sin embargo, la sociedad Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico nunca fue comunicada de ésta demanda, es decir no recibió emplazamiento para contestar la demanda ni tampoco notificación de los posteriores autos que se dictaron en el presente expediente, ni sentencias. Es decir, se ha constituido un título de ejecución judicial, la sentencia, en que se le ha declarado responsable del cumplimiento de prestaciones laborales, por ser solidariamente responsable, sin haber sido oída ni vencida en juicio. Y lo anterior, no fue resultante de su falta de inercia procesal, sino a causa que no se le comunicó del proceso. Ante ello, traigo a colación el 69 del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria al proceso laboral en virtud de su artículo 22 del mismo código en relación con el artículo 858 del código de trabajo, que dicta “Cuando la decisión de fondo a recaer en el proceso afecte de manera uniforme a varias personas consideradas en su conjunto, solo de dictará válidamente si todos demandan o son demandados según se trate de litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario.” Asimismo, el artículo 4 del mismo código dicta: “Todas las partes, considerando la dualidad de posiciones, tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión que afecte directa o indirectamente a la resolución que ponga fin al proceso que deba dictarse, bien en la instancia, bien en los recursos, en cualquier proceso ordinario o especial, así como para la adopción de medidas cautelares y en la fase de ejecución, salvo que voluntariamente se coloquen en situación de rebeldía, o que sea contraria la audiencia a la propia finalidad del acto, lo que deberá estar expresamente previsto.” En el caso presente, reitero para énfasis, se verifica el supuesto normativo de la citada disposición, que la decisión adoptada (la sentencia de segunda instancia), en virtud que declara solidaridad entre dos sociedades en cuanto a la responsabilidad laboral, afecta a ambas conjuntamente. Lo anterior conlleva que, sin lugar a dudas, era necesario la intervención de ambas sociedades en el proceso, previo a que se les declarase responsables solidarios de una obligación de pago de derechos laborales. Y ello no se cumplió, en virtud que de un somero examen de los autos, se advierte que en ningún momento se comunicó resolución o acto alguno del proceso a una de las sociedades que se declaró solidariamente responsable, Recursos Humanos del Atlántico. Por tanto, la sentencia resulta inválida o nula, en virtud que ha generado responsabilidad legal contra una persona que no participó del proceso, en atención al Cuatro y el artículo Sesenta y Nueve del Código Procesal Civil. Por tanto, lo transcurrido en el proceso, además de violar el artículo 4 y 69 del código procesal civil, constituye una infracción del Art. 82 de la Constitución de la República, en tanto consagra la inviolabilidad del derecho de defensa, y ello en relación al artículo 94 de la misma, que consagra que nadie puede sufrir pena sin haber sida oída y vencida en juicio. Ante ello, si la autoridad recurrida, Corte Primera de Apelación de la Ceiba, consideraba que resulta menester para la justa resolución del caso (como así lo afirma en su fundamentos de derecho tercero, cuarto y quinto), el declarar la solidaridad de Soluciones de Recurso Humanos del Atlántico con Medical Center J Y M, entonces debió anular los actos el juicio realizados sin la intervención de Soluciones de Recurso Humanos del Atlántico, y ordenar su repetición con emplazamiento de ésta. Así se podría llegar a una eventual sentencia en que se afecte a ésta última, pero con respeto a su derecho de defensa, y por tanto con entera validez. De lo anterior resulta legalmente exigible e inexorable, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba. Que en su lugar, mande a que el juzgado anule todo Los actos procesales realizados sin la sociedad, Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico. En su lugar, desde su primera resolución, integre la litis consorcio pasivo, emplazando a la sociedad en mención, conforme al artículo 69 inciso 2) del código procesal civil. Por otra parte, el mismo acto de declarar solidariamente responsable a una sociedad que no formé parte del proceso, en tanto no es demandada, constituye una incongruencia por extra petita. Es decir, se ha condenado, al declarar responsable solidario, a una sociedad distinta a la que el actor pidió que fuese condenada. Ello infracciona el artículo 206 del código procesal civil, que impera que el juzgador no puede apartarse de la causa de pedir (causa petendi) de la demanda, acudiendo a fundamentos facticos y jurídicos no validos por las partes. Ello reforzado por el artículo 208 inciso 2) del mismo código, que exige que el juez condene o absuelva al demandado, lo cual no incluye a terceros. En el caso de marras, es menester observar que el actor nunca ha valido pretensión alguna contra la sociedad Soluciones de Recursos Humanos Atlántico, por tanto ésta no figura como demandada. Sin embargo, el Ad Quem, de oficio, la ha declarado responsable solidaria, ex officio. Ello es incongruente, en tanto otorga algo distinto de lo pedido. Esta incongruencia subjetiva, redunda siempre en afectación al derecho de defensa del tercero afectado sin haber sido parte en el proceso, cuestión que ya se desarrolló. Vale aclarar que las facultades de ultra y extra petita del juez laboral se limitan por imperativo legal, a otorgar derechos distintos de Los pedidos, o mayores en suma de lo tasado por el actor en su demanda (Art. 728 de código de trabajo). Más en ningún momento se faculta al juez a declarar de oficio, responsabilidad contra personas distintas de la demandada. Recursos Previamente Agotados: La infracción denunciada aparece por primera vez en la sentencia recurrida proferida en segunda instancia, por tanto no existía momento previo en que se pudo impugnar tal vicio, para efecto de constatar previa denuncia del defecto. B) INFRACCIÓN DE LA INMEDIACIÓN (ARTICULO 16 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL) Y DEL ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. (ARTÍCULO 715 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL). RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 303 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. Como otro causal de nulidad absoluta de actuaciones, explico el siguiente contexto procesal: El juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, en su sentencia, se limitó a resolver con lugar la excepción de prescripción opuesta por la demandada. Sus dieciocho capítulos de los fundamentos de derecho de su resolución, tratan enteramente sobre tal punto de la controversia. Ello ya que al considerar el Juez de Primera Instancia meritoria tal excepción, los demás puntos carecían de eficacia, y por tanto ello quedó sin pronunciamiento alguno. De tal manera que los puntos sobre la relación laboral, y la cuantificación de los eventuales derechos laborales, no ameritó tratamiento alguno, ni en temas de hecho ni derecho. Posteriormente, la corte primera de Apelación de La Ceiba, en su propia sentencia, consideró improcedente la excepción material de prescripción (Fundamentos de Derecho Primero y Segundo), y pasó entonces a resolver el fondo del asunto, lo que enfocó en resolver que la demandada era solidariamente responsable con un tercero, Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico, por los derechos laborales exigido por los actores (Fundamentos de derecho Tercero al Séptimo). Lo anterior conlleva, que La Corte de Apelación en mención, resuelve por primera vez el tema de fondo en disputa, como es la existencia de una relación laboral entre los actores y la demanda. En aras de tal fin, se da La tarea de realizar la primera y única interpretación hecha sobre prueba, como ser la declaración de partes (a cual hace referencia la sentencia de segunda instancia, ver folio 25 y 26 del expediente de segunda instancia). Tal interpretación de la prueba es la primera y única, ya que como se ha mencionado, el juzgado A QUO nunca se pronunció sobre el fondo del asunto, únicamente resolvió la excepción de prescripción. El problema es la tribunal de segunda instancia careció de toda inmediación con la evacuación de dicha prueba, es decir la declaración de la parte demandada, más sin embargo realiza la primera y única interpretación de ésta. Lo anterior constituye una infracción frontal al Artículo 730 del Código de Trabajo, en tanto exige que el juez practique personalmente la prueba, en relación al artículo 16 del Código Procesal Civil, que exige que el juez que dicte sentencia sea el mismo quien haya presenciado la evacuación de la prueba. Ello violenta frontalmente la exigencia de inmediación, ya que sobre el tema material (relación laboral), no existió juez de primera instancia que, gozando de inmediación en la evacuación de la prueba, haya resuelto la controversia. El tema material fue resuelto únicamente, mediante un Tribunal Superior, que para ello tuvo que interpretar prueba que sólo conoció mediante actas de audiencia. Nunca hubo un juez que gozara de inmediación, que profiriera una palabra al respecto. Por tanto, configura una violación al principio de inmediación, ahora universal en todos los procesos judiciales de Honduras (Laboral, Penal y Civil). En materia de resolver el tema de fondo, el tribunal Ad Quem guarda una función meramente de revisar la lógica utilizada por el Juzgado que, con inmediación, ha observado y valorado la prueba. Ante ello resulta ilustrativo un tramo de la obra del Jurista Español Diego de Diez, quien a su vez cita un precedente la Audiencia Provincial de Gipuzcoa, de España, quien cita al tenor: “De tal suerte que, cuando se trata de valoración probatoria, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que aquella aparece suficientemente expresada en la resolución recurrida y que no adolece error, arbitrariedad insuficiencia o incongruencia, sin que por ello resulte lícito sustituír el criterio independiente del juzgador, ya que el alcance del control jurisdiccional de segunda instancia, no puede extenderse al mayor o menor grado de credibilidad de la prueba, porque ello es una cuestión directamente relacionada con fa inmediación del juzgador de primera instancia.” Asimismo, el que el tribunal Ad Quem resuelva por única instancia un que no fue pronunciado por el juzgador, viola el derecho el derecho procesal de doble instancia del 303 de la Constitución del República, y el artículo Catorce del Código Procesal Civil. Y la garantía de doble instancia, en el sentido de impedir que el Ad Quem resuelva por primera vez el asunto (salto de instancia) adquiere su mayor expresión cuando resalta como una garantía de la inmediación, es decir asegurar a los litigantes que sus alegatos y pruebas serán revisadas por el juez que presenció la práctica de ellas. Así el autor Muñiz Calaf, en su obra sobre el recurso de apelación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dictamina que “La supresión del doble grado de jurisdicción en relación con la cuestión de fondo, sobre la que por primera vez decide el Ad Quem, no solo priva a las partes de un grado de enjuiciamiento, sino que al órgano jurisdiccional de la experiencia de primer proceso. Si no se reenvía el caso para se resuelto por el juez A Quo, se permite que un órgano distinto al que ha presenciado las alegaciones y pruebas sea el quien resuelva en única instancia el fondo del asunto.”Como referencia Ilustrativo, y sin pretender menoscabo alguno a la Independencia Judicial que goza vuestro Suprema Corte, presente el precedente del Tribunal Supremo de España, que en interpretación fiel al principio de inmediación, resuelve sin lugar una excepción material de prescripción que había acogido por tanto la Audiencia Provincial (Segunda Instancia), como el Juzgado de Letras (primera instancia). Más sin embargo, en lugar de pasar a resolver los demás puntos de controversia materiales, señala que el proceso debe volver a su tribunal de origen, para que éste lo haga. Así dicta: “en el recurso núm. 214/2012, procedente de los autos de procedimiento ordinario núm. 15/10 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Elda. 2.- Se casa la sentencia mencionada, dejándola sin efecto en cuanto aprecia prescripción de la acción ejercitada en la demanda. 3.- Se acuerda devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que, rechazada ya dicha prescripción por esta Sala, vuelva a dictar sentencia sobre todas las demás cuestiones objeto de debate. 4. No se hace especial pronunciamiento respecto a las costas de las instancias, como tampoco a las del recurso de casación. Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de la Sala. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Antonio Seijas Quintana. Antonio Salas Carceller. Eduardo Baena Ruiz. Xavier Otallaghan Muñoz. Jose Luis Calvo Cabello.” Como se observa, el Tribunal Supremo no procede a resolver las demás controversias materiales del asunto, sino que limita a revertir el fallo, en su sentido de declarar sin lugar la excepción se prescripción que se hubo acogido, y remitir el asunto al tribunal de origen para su debida resolución. El trasfondo porque el tribunal no resolvió directamente el litigio es asunto de la inmediación, ya que en éste caso se trata de una sala de la Corte Suprema de España, que por tanto no ha gozado inmediación con la prueba. Por tanto, no vale que ésta ofrezca una resolución de la controversia material, mediante un repaso de prueba, ejecutada por primera y única vez por un juzgador sin inmediación a la práctica de prueba. Ante tanto, la solución legal, es remitir el asunto al juzgado de primera instancia. Este juzgador, que sí ha gozado de contacto directo con la prueba evacuada, deberá resolver los puntos controvertidos sustantivos del litigio, como en éste caso sí existía una relación laboral entre actores y demandada. Una vez dictado tal pronunciamiento, se ha cumplido el requisito de que inmediación, y procede un eventual pronunciamiento por instancias superiores, que revisarán los razonamientos que el juez con inmediación de la prueba ofrezca, más no pasarán a una revisión directa y primeriza de la prueba celebrada oralmente en el proceso. Por ello, se ha configurado otra causal de nulidad en el presente caso. Por otra parte, vale esclarecer un tema que podría ser explotado para generar confusión: En cuanto al alcance de la sentencia de apelación, al tenor del artículo 715 del Código Procesal Civil. Este manifiesta dentro su numeral 2., que en caso de haber infracción procesal, se devolverá el proceso al estado anterior para que el juzgado vuelva a decidir sobre el fondo, salvo que constaren los elementos de juicio necesarios para decidir, en cuyo caso el Tribunal resolverá directamente. Este artículo se debe interpretar directamente a la luz del artículo 16 del mismo código procesal civil. Ello ya que la manera de discernir si existen en el proceso elementos de juicio necesarios para decidir, es sí se ha evacuado prueba de declaración de partes, testifical, o pericial en la cual hubo interrogatorio del perito. En los tres casos, debe haber inmediación entre el juez y dicha prueba, y por tanto no puede resolver el fondo del asunto directamente la Corte de Apelación. Sin embargo, cuando la prueba evacuado es meramente documental (como ocurre frecuentemente en casos civiles de litigios de inmuebles, seguros etc...), entonces la inmediación carece de eficacia, ya que los datos necesarios para adoptar una decisión están contenidos en documentos. En tales casos, la Corte de Apelación está facultada para resolver directamente. También es viable la resolución directa del asunto, cuando el vicio procesal ocurre en la sentencia, es decir cuando el defecto procesal consista en una falta de motivación o incongruencia en la resolución de las cuestiones de derecho del asunto, asuntos que no inciden en la formulación de los hechos probados a partir de la valoración de la prueba. Sin embargo, cuando la resolución de fondo requiera examen de declaración de parte, testifical o pericial, el tribunal carece de elementos para emitir un juicio, por tanto procede su devolución a la primera instancia, una vez resuelto el asunto preliminar (como ser la excepción de prescripción), al tenor del artículo 715.2. El jurista Diego de Diez, pronuncia tal discernimiento “La valoración de prueba libre corresponde esencialmente al juez de instancia donde la percepción del juez es un instrumento de primera magnitud para apreciar dudas o seguridad en las respuestas. La conclusión si un testimonio o declaración de parte es veraz, resulta tan condicionada por la inmediación que el tribunal de apelación carece, en principio, de elementos para emitir juicio sobre tales extremos”5 Sin embargo, en el caso presente, el Ad Quem hace expresa valoración del interrogatorio de partes en su motivación de su criterio, (a cual hace referencia la sentencia de segunda instancia, ver folio 25 y 26 del expediente de segunda instancia), prueba que se valora mediante sana crítica, art. 268.2 del código procesal civil, cuestión que conlleva necesariamente inmediación. A la vez, era menester la atención a la declaración testimonial, como ser de la persona que recibió las notas de despido, para resolver el caso (en virtud que ésta no era empleada del patrono, cuestión que tiene incidencia en la cuestión de fondo, según lo desarrollado en los causal de nulidad MD”). Por tanto, al estimarse necesario revisar prueba de declaración de partes y testifical, prueba que se evacúa oralmente y con inmediación (distinto que en el caso de documentos), entonces no cabe que es improcedente que el ad quem resuelva sobre tales pruebas, ya que nunca presenció su evacuación (no gozó inmediación con ellas). Así, se figura otro causal de nulidad, en tanto se carece de un juez con inmediación que se haya pronunciado sobre la disputa material del proceso, la existencia de una relación laboral entre los actores y demandada. Por tanto, así procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida, y que dicte una en derecho, en la cual se limite a revisar lo resuelto por el Ad Quo, sin resolver temas de fondo que no fueron dirimidos por el juzgado de letras de del trabajo. Que por tanto, devuelva el expediente al tribunal de origen, para que éste pronuncie sobre el fondo de la disputa. Recursos Previamente Agotados: La infracción denunciada aparece por primera vez en la sentencia recurrida proferida en segunda instancia, por tanto no existía momento previo en que se pudo impugnar tal vicio, para efecto de constatar previa denuncia del defecto. C) INFRACCIÓN DEL DEBIDO PROCESO. ART. 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA EN RELACIÓN CON EL TRES DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Otro causal de nulidad Absoluta de Todas las Actuaciones, resulta en tanto en el proceso, la demandada era la sociedad J Y M Médical Center, y ésta fue emplazada. Más sin embargo, quien contestó es una persona natural, Wilfredo Handal Handal, en su condición personal, es decir un tercero que no se confunde con la personalidad jurídica de la demandada. Ante ello, el juzgado dio por válida la contestación, y continúa el proceso sin la intervención de la demandada, sino más bien del tercero ya mencionado. Lo que procedía, era declarar la contumacia de la demandada, y rechazar toda intervención de tercero que no figure como parte en el litigio, ya que la contestación es un acto exclusivo de la persona demandada. Los terceros pueden eventualmente figurar como interventores adhesivos al proceso, si justifican su interés directo en el resultado del litigio entre las partes. Ante ello, es evidente que el juzgado a violado al debido proceso, ya que continuó un proceso hasta sentencia, mediante un contradictorio ejercido entre los actores y un tercero, no el demandado. Lo anterior viola el artículo 708 del código de Trabajo, en tanto dieta el procedimiento a seguir en caso de contumacia, que no se ha cumplimentado. A su vez, el artículo 64 del Código Procesal Civil, que dispone que las partes son las legitimadas para actuar en un proceso, y estas son las personas que actúan en posición jurídica opuesta, que afirman ser titulares de una relación jurídica u objeto litigioso. Así, la legitimación pasiva pertenece a Medical Center J Y M, y es la única que entonces quedaba facultada para contestar la demanda y los demás actos en posición de demandada. Ningún tercero debió arrogarse tal postura. Por tanto, se considera otro motivo de nulidad, que amerita la anulación del proceso, desde el auto de admisión de la contestación, en adelante. Que en su lugar se declare la contumacia, y no se permita intervención de terceros, salvo que se presente de la manera prescrita por la ley (art. 70 del código procesal civil). D) INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL (LEGITIMACIÓN PROCESAL). EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 115 DEL CÓDIGO DE TRABAJO (LEGITIMACIÓN PARA LA ACCION POR DESPIDO INDIRECTO). Por otra parte, surte que los actores carecen de legitimación activa para incoar demanda de reclamo de derechos laborales e indemnizaciones por despido indirecto. Ello ya que nunca surtió efecto legales el despido indirecto que buscaron realizar los actores. Lo anterior se justifica por los motivos explicados en el segundo motivo del recurso de casación sustentado en éste escrito, en tanto la nota de despido nunca fue comunicada al patrono, ya que ha sido entregada a un tercero que no reviste como su representante. Según acta de entrega de nota de despido indirecto que corre a folio 21 del expediente de primera instancia, en la que la persona que recibe el documento abiertamente manifestó ser empleada de otra persona jurídica, Soluciones de Recursos Humanos del Atlántico. Por tanto, al tenor del artículo 115 del código de trabajo, no surte efecto el despido Indirecto, y ello a su vez el requisito para legitimar al trabajador para reclamar sus derechos e indemnizaciones laborales mediante acción judicial. Por tanto, al no haberse cumplido el supuesto fáctico que genera tal legitimación, entonces los demandantes adolece de tal legitimación activa. Y la falta de legitimación activa es un defecto procesal, que se resuelve previo a dirimir el fondo del asunto, sin obstar que es una excepción perentoria que se resuelve en sentencia. Lo anterior lo apoyo en la doctrina procesal reciente del tema, a partir del Tribunal Supremo de España, quien dicta a la sazón: “Correspondiéndole al recurso extraordinario por infracción procesal controlar las “cuestiones procesales”, entendidas en sentido amplio, es decir, no reducido a las que enumera el art. 416 de la LEC 2000 bajo dicha denominación -falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus respectivas clases; cosa juzgada o litispendencia; falta del debido litisconsorcio, inadecuación de procedimiento y defecto legal en el modo de proponer la demanda o, en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o en la petición que se deduzca-, sino comprensivo también de las normas referidas a la legitimación, en cuanto constituye un presupuesto vinculado al fondo del asunto, pero de tratamiento preliminar, e igualmente de las que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de tal modo que los aspectos atinentes a la legitimación (ordinaria o extraordinaria), la distribución de la carga de la prueba y la aplicación de las reglas que la disciplinan, el juicio sobre los hechos, en cuanto resultante de la aplicación de esas reglas y principios jurídicos que rigen la actividad probatoria, se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario por infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y significado jurídico de los hechos probados, es decir, la calificación jurídica de tales hechos y la subsunción en el supuesto de hecho previsto en la norma de las resultas de aquel juicio fáctico, así como en la aplicación al caso enjuiciado de la norma sustantiva en sí misma (vid. AATS, entre otros, de 16 de marzo, 1 de junio y 7 de diciembre de 2004, en recursos 164/2004, 2076/2001 y 2409/2001). En la medida de que ello es así, el recurso de casación en cuanto a la alegada vulneración de la falta de legitimación ad causam de la recurrida, resulta improcedente, dado que plantea una cuestión adjetiva, lo que en todo caso excede actualmente del ámbito del recurso de casación” Así esclarecido queda el tema de la naturaleza procesal de la Legitimación, a la luz de la doctrina emanada en España del estudio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable de manera natural a nuestro Código Procesal Civil, en virtud de ser aquella el antecedente directo de éste. La convicción sobre dicha naturaleza alcanza el grado que la legitimación debe ser controlada de oficio por el juzgador, en tanto el juez debe controlar de oficio los presupuestos procesales especificados por ley (Artículo Doce del Código Procesal Civil, aplicable al tenor del artículo 22 del mismo y el artículo 858 del código de trabajo), como así lo dispone en la Jurisprudencia del Tribunal Superior de Cataluña, que conoce los recursos de infracción procesal (especie de casación por vicio de forma) cuya doctrina reitera cito: “En relación con la falta de legitimación activa, que es en puridad lo que ha apreciado la Audiencia Provincial por considerar que no se había demostrado que el Presidente de la Comunidad demandante estuviese autorizado por la Junta de Propietarios para interponer la acción judicial contra otro copropietario en defensa de los elementos comunes del inmueble, el Tribunal Supremo ha venido entendiendo en doctrina reiterada que, en tanto que la legitimación activa atafie al control de si se tiene interés legítimo para solicitar de los órganos judiciales una resolución sea o no favorable a la parte, es una cuestión de orden público procesal ya que especifica, en relación con el caso, el alcance efectivo del derecho general de accionar reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Como tal obliga a su consideración ex oficio aunque ninguna de las partes la haya planteado, sin que por tal razón pueda padecer el principio de justicia rogada y de congruencia. Por todos Auto del TS de 3/11/2009, ROJ 14780/2009 y las Sentencias de la propia Sala que en el mismo se recuerda” Denuncia Previa del vicio Procesal: Por tanto, al resultar una cuestión procesal que ha sido viciada en el proceso, queda claro que procede declarar la nulidad del proceso, desde su auto de admisión, por falta de legitimación activa de los actores, cuestión que debió ser observada aún de oficio, por lo cual no requiere previa denuncia para su procedencia, tal como lo declara el precedente jurisprudencial anteriormente citado. En suma: Todos los anteriores motivos de nulidad, ameritan que vuestra corte declare de oficio la nulidad de la sentencia recurrida, según los alcances descritos en cada una de los motivos de nulidad.”.- VII.- Que si bien es cierto, que la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, lo que se alega en relación a los temas de solidaridad, legitimación, inmediación, apreciación y valoración de la prueba, ha podido ser objeto de ataque por los motivos de casación, además se señalan situaciones dirimidas en la primera instancia que no fueron oportunamente cuestionadas u objeto de recursos, por ende los alegatos expuestos resultan extemporáneos; por otro lado, no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- VIII.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 83-15.

MIRNA LIZETTE ALVARADO

SECRETARIA POR LEY

[1] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral-Contencioso Administrativo, CL-03-06, sentencia de casación de fecha Diez de Octubre del Dos Mil Seis. Ver Anexo.