Sentencia CL-73-15 — Registro 6001
Resumen
Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios caídos más costas del juicio; Recurrente alega por medio de nota hizo del conocimiento a los miembros de la Corporación Municipal de sus problemas de salud por lo que ponía su cargo de Tesorero en disponibilidad continuando en el desarrollo de su trabajo, solicitando se le respetaran sus derechos sociales, no siendo su renuncia; se le entrego la separación del cargo de manera irregular y sólo le reconoció el pago de sus derechos adquiridos no sus derechos laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en el presente caso, el demandante sostiene que comenzó a laborar en la entidad Municipal el 1 de marzo de 1991, en el cargo de Tesorero Municipal, con la debida eficiencia, cuidado y esmero, que por encontrarse quebrantado de su salud debido a su largo desempeño por más de 24 años, en fecha 14 de marzo de 2014, mediante nota hizo del conocimiento a los miembros de la Corporación Municipal de sus problemas de salud por lo que ponía su cargo en disponibilidad, solicitando se le respetaran sus prestaciones sociales según el Código del Trabajo, por lo que el no puso una renuncia, sino que puso a disposición el cargo condicionada a que se le pagaran esos derechos; que el 17 de marzo del 2014 la Corporación Municipal en acta número 5/2014 resuelve por unanimidad aceptar lo solicitado, luego el día 3 de abril del referido año, en sesión de la Corporación Municipal, se acordó nombrar a su sustituto señor Manuel Antonio Hernández a partir del 16 de mayo del mismo año, pero luego se le dice que solo se le pagaran los derechos adquiridos y no el pago de sus prestaciones laborales solicitadas.- VII.-.- La demandada por su parte sostiene que el señor Norman Rivera, tal y como el lo expresó, el día 14 de Marzo del año 2014, presentó su renuncia ante la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa y La Corporación Municipal en estricto derecho planteó que se aceptara la renuncia a dicho señor y que se le pagaran los derechos que establece la ley. Es porque nadie esta sobre la ley y cualquier acto que ejecuten los funcionarios públicos que están sobre la ley o fuera de la ley son objeto de reparos Administrativos con consecuencia civiles y algunas veces consecuencias criminales, por lo que la Corporación Municipal muy atinadamente resolvió aceptar su renuncia y que se le paguen los derechos conforme a la ley, jamás esta negando los derechos al demandante, el único problema es que los derechos, no son los que él interpreta aplicándole el Decreto 150-2008, de fecha 3 de Octubre del año 2008. Que él renunció de manera voluntaria y la Municipalidad aceptó, reconociéndole sus derechos, solo que estos deben ser conforme a ley.- VIII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de enero del 2015, reforma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda para el pago del preaviso y absolviendo de esa responsabilidad a la demandada, establece un nuevo valor en concepto de auxilio de cesantía y fija el monto total de la condena en DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRA (LPS. 227,271.61), integrados por los derechos adquiridos y el valor del auxilio de cesantía establecido por ese Tribunal, bajo el criterio que el demandante inició a prestar sus servicios personales para la institución demandada el 1 de marzo de 1991, devengando un salario base de Lps. 21,160.00 mensuales, que él por escrito el 14 de marzo del 2014, puso en conocimiento de la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa, que por problemas de salud ponía a disposición el cargo de Tesorero Municipal que desempeñaba, con reconocimiento de sus derechos laborales, petición que fue aceptada por unanimidad por la Municipalidad en sesión corporativa celebrada el 17 de ese mismo mes y año, hecho que se recoge en el Acta No. 005-14, que bajo esas circunstancias el artículo 120 reformado del Código del Trabajo concede únicamente el 35% en concepto de auxilio de cesantía y no los valores otorgados en la primera instancia, puesto que la aceptación de su renuncia no la condicionó al pago del 100% de sus prestaciones, ni la Corporación Municipal se lo reconoció.- IX.- Que el fallo en referencia no es claro ni preciso en cuanto a explicar como arriba a la conclusión de que el demandante aseverando motivos de salud decidió ponerle fin a la relación de trabajo que durante más de 23 años prestó en la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, dado que la aceptación de su renuncia no la condicionó al pago del 100% de sus prestaciones, ni la Corporación Municipal se lo reconoció; en adición, el tema de poner a disposición el cargo o en su caso la renuncia, ha debido ser analizado en todo su contexto y circunstancias, por lo que al no haberlo realizado así se ha faltado al deber de notificar suficientemente sobre los extremos y hechos debatidos, así como a la congruencia que toda decisión judicial debe tener con respecto a las pretensiones de las partes"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
" Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, como ser el relacionado con la alteración del acta No. 5 del año 2014, en su punto No. 6, inciso # 5 que dice: “la Corporación Municipal resuelve por unanimidad aceptar lo solicitado, por el señor NORMAN RIVERA, Tesorero Municipal”, y que posteriormente aparece con el agregado “conforme a sus derechos adquiridos”.- XI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha seis de abril de dos mi catorce, por el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en su condición de representante procesal del señor NORMAN RIVERA; SON PARTES: Recurrente: El señor NORMAN RIVERA, representado en juicio por el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO; y, Recurrido: la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, representando en juicio por el Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA. OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios caídos más costas del juicio, presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha doce de junio de dos mil catorce, por el señor NORMAN RIVERA, mayor de edad, Bachiller en Ciencias y Letras, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, por medio de su Alcalde y representante Legal señor ROBERTO PINEDA CHACON, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA ZELAYA, en su condición de representante procesal de la demandada; en consecuencia, se REFORMA la sentencia de fecha diecinueve de Noviembre del año dos mil catorce (19/11/14) proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; la que consiste en: UNO: Declarar SIN LUGAR la demanda de mérito para el pago de preaviso, por cuya razón SE ABSUELVE a la demandada de pago del mencionado concepto. DOS: Establecer que el valor en concepto de Auxilio de Cesantía otorgado por la Iudex A-Quo, corresponde a: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 198,727.61). TRES: Fijar como monto total de la condena la cantidad de: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 227,271.89), integrados por los valores otorgados por la Iudex A-Quo en los derechos adquiridos y el monto establecido por ésta alzada para el concepto de auxilio de cesantía. SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia impugnada en los demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- El demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar el primero de marzo de mil novecientos noventa y uno en el cargo de Tesorero Municipal, mediante contrato de trabajo, en fecha catorce de marzo de dos mil catorce, por medio de nota hizo del conocimiento a los miembros de la Corporación Municipal de sus problemas de salud por lo que ponía su cargo en disponibilidad continuando en el desarrollo de su trabajo, solicitando se le respetaran sus derechos sociales, no siendo su renuncia; el día tres de abril de dos mil catorce, en sesión de la Corporación Municipal, se acordó nombrar sustituto del señor NORMAN RIVERA, a partir del dieciséis de mayo del mismo año, dándose la separación del cargo de TESORERO MUNICIPAL de manera irregular y sólo le reconoció el pago de sus derechos adquiridos no sus derechos laborales, por lo que acudió a las oficinas de la Secretaría del Trabajo en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para llegar a un acuerdo conciliatorio el cual no se llevó a cabo y se continuó el trámite de ley.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, contestó dicha demanda señalando que el señor Norman Rivera, tal y como él lo expresó, el día 14 de Marzo del año 2014, presentó su renuncia ante la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa y la Corporación Municipal en estricto derecho planteó que se aceptara la renuncia a dicho señor y que se le pagaran los derechos que establece la ley. Es porque nadie está sobre la ley y cualquier acto que ejecuten los funcionarios públicos que están sobre la ley o fuera de la ley son objeto de reparos Administrativos con consecuencia civiles y algunas veces consecuencias criminales, por lo que la Corporación Municipal, que representó muy atinadamente resolvió aceptar su renuncia y que se le paguen los derechos conforme a la ley, jamás está negando los derechos al demandante, el único problema es que los derechos, no son los que el interpreta aplicándole el Decreto 150-2008, de fecha 3 de Octubre del año 2008.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando a la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, a pagar la cantidad de L.625,586.05, por los conceptos de: preaviso L.47,763.33, Auxilio de Cesantía L.549,278.41, Vacaciones Proporcionales L.2,843.06, Decimotercer mes proporcional L.7,733.11, Decimocuarto mes proporcional L.17,968.11; absuelve a la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, a pagar indemnización por daños y perjuicios, sin costas; bajo el criterio que se llegó a un acuerdo de pago, concediéndole lo solicitado al demandante por lo cual la sanción por daños y perjuicios no procede, teniendo lugar a sus derechos por la existencia de la relación laboral.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintinueve de enero de dos mil quince, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, en cuanto a que declara sin lugar la demanda de mérito y absolviendo a la demandada por tales conceptos, reconociéndole sus derechos adquiridos, confirmando sus demás extremos, sin costas; bajo el criterio que al demandante ponerle fin a la relación laboral le corresponde el 35% de auxilio de cesantía, por lo cual solo le corresponde el pago de sus derechos adquiridos.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, en su condición de representante procesal del señor NORMAN RIVERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de abril de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, en su condición de representante procesal del señor NORMAN RIVERA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no usó de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de mayo de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ANTONIO BARAHONA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. En adición, toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones ya sean de carácter particular o general y de recibir pronta respuesta dentro del plazo legal.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que en el presente caso, el demandante sostiene que comenzó a laborar en la entidad Municipal el 1 de marzo de 1991, en el cargo de Tesorero Municipal, con la debida eficiencia, cuidado y esmero, que por encontrarse quebrantado de su salud debido a su largo desempeño por más de 24 años, en fecha 14 de marzo de 2014, mediante nota hizo del conocimiento a los miembros de la Corporación Municipal de sus problemas de salud por lo que ponía su cargo en disponibilidad, solicitando se le respetaran sus prestaciones sociales según el Código del Trabajo, por lo que el no puso una renuncia, sino que puso a disposición el cargo condicionada a que se le pagaran esos derechos; que el 17 de marzo del 2014 la Corporación Municipal en acta número 5/2014 resuelve por unanimidad aceptar lo solicitado, luego el día 3 de abril del referido año, en sesión de la Corporación Municipal, se acordó nombrar a su sustituto señor Manuel Antonio Hernández a partir del 16 de mayo del mismo año, pero luego se le dice que solo se le pagaran los derechos adquiridos y no el pago de sus prestaciones laborales solicitadas.- VII.-.- La demandada por su parte sostiene que el señor Norman Rivera, tal y como el lo expresó, el día 14 de Marzo del año 2014, presentó su renuncia ante la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa y La Corporación Municipal en estricto derecho planteó que se aceptara la renuncia a dicho señor y que se le pagaran los derechos que establece la ley. Es porque nadie esta sobre la ley y cualquier acto que ejecuten los funcionarios públicos que están sobre la ley o fuera de la ley son objeto de reparos Administrativos con consecuencia civiles y algunas veces consecuencias criminales, por lo que la Corporación Municipal muy atinadamente resolvió aceptar su renuncia y que se le paguen los derechos conforme a la ley, jamás esta negando los derechos al demandante, el único problema es que los derechos, no son los que él interpreta aplicándole el Decreto 150-2008, de fecha 3 de Octubre del año 2008. Que él renunció de manera voluntaria y la Municipalidad aceptó, reconociéndole sus derechos, solo que estos deben ser conforme a ley.- VIII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de enero del 2015, reforma el fallo definitivo de primera instancia, declarando sin lugar la demanda para el pago del preaviso y absolviendo de esa responsabilidad a la demandada, establece un nuevo valor en concepto de auxilio de cesantía y fija el monto total de la condena en DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE LEMPIRA (LPS. 227,271.61), integrados por los derechos adquiridos y el valor del auxilio de cesantía establecido por ese Tribunal, bajo el criterio que el demandante inició a prestar sus servicios personales para la institución demandada el 1 de marzo de 1991, devengando un salario base de Lps. 21,160.00 mensuales, que él por escrito el 14 de marzo del 2014, puso en conocimiento de la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa, que por problemas de salud ponía a disposición el cargo de Tesorero Municipal que desempeñaba, con reconocimiento de sus derechos laborales, petición que fue aceptada por unanimidad por la Municipalidad en sesión corporativa celebrada el 17 de ese mismo mes y año, hecho que se recoge en el Acta No. 005-14, que bajo esas circunstancias el artículo 120 reformado del Código del Trabajo concede únicamente el 35% en concepto de auxilio de cesantía y no los valores otorgados en la primera instancia, puesto que la aceptación de su renuncia no la condicionó al pago del 100% de sus prestaciones, ni la Corporación Municipal se lo reconoció.- IX.- Que el fallo en referencia no es claro ni preciso en cuanto a explicar como arriba a la conclusión de que el demandante aseverando motivos de salud decidió ponerle fin a la relación de trabajo que durante más de 23 años prestó en la Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, dado que la aceptación de su renuncia no la condicionó al pago del 100% de sus prestaciones, ni la Corporación Municipal se lo reconoció; en adición, el tema de poner a disposición el cargo o en su caso la renuncia, ha debido ser analizado en todo su contexto y circunstancias, por lo que al no haberlo realizado así se ha faltado al deber de notificar suficientemente sobre los extremos y hechos debatidos, así como a la congruencia que toda decisión judicial debe tener con respecto a las pretensiones de las partes.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, como ser el relacionado con la alteración del acta No. 5 del año 2014, en su punto No. 6, inciso # 5 que dice: “la Corporación Municipal resuelve por unanimidad aceptar lo solicitado, por el señor NORMAN RIVERA, Tesorero Municipal”, y que posteriormente aparece con el agregado “conforme a sus derechos adquiridos”.- XI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- XII.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208,211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 29 de enero del 2015, visible a folios 17 al 22 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 73-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL