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Sentencia CL-59-15 — Registro 5701

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que el Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo y haga uso de términos propios de la segunda instancia, al solicitar que se reforme el fallo recurrido, cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, por el abogado TEODORO VALESTER GALLO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad TELESOLUCIONES S.A.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha dieciocho de junio de dos mil doce, por el señor EDWIN ANTONIO ARGUETA, mayor de edad, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y con domicilio en Siguatepeque, Departamento de Comayagua, contra la sociedad TELESOLUCIONES S.A., por medio de su representante legal, señor ORESTES ALBERTO ROMERO, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA QUE LA EMPRESA PRUEBE LA JUSTA CAUSA E DESPIDO, COSTAS. PODER, EMBARGO PRECAUTORIO CON CARÁCTER DE URGENTE:- Promovida por el señor EDWIN ANTONIO ARGUETA, contra la EMPRESA TELESOLUCIONES, S.A. A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR ORESTES ALBERTO ROMERO: SEGUNDO: CONDENA A LA EMPRESA TELESOLUCIONES, S.A. , A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL SEÑOR ORESTES ALBERTO ROMERO, como Gerente General de dicha Institución al pago de la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (LPS.48,813.91), mismo que se desglosa de la siguiente forma: PREAVISO L.17,436.88, AUXILIO DE CESANTIA LPS. 17,436.88, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL LPS.3,342.02, VACACIONES PROPORCIONALES LPS. 1,484.82, AGUINALDO PROPORICONAL LPS. 2,251.03, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL LPS.5,571.13, PAGO DE SUELDO, VACACIONES PENDIENTES LPS.1,291.15, MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DESDE LA FECHA EN QUE LA MISMA FUE DESPEDIDA, MAS LAS COSTAS JUDICIALES QUE PROCEDAN CONFORME A LA LEY .- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, en fecha 15 de diciembre de 2009; mediante nota de fecha 2 de mayo del 2012, se le comunicó el despido por parte de la patronal, argumentando que se tomó dicha decisión a raíz de una denuncia efectuada por la empresa SERCOM DE HONDURAS, en virtud de que se estaba percibiendo la pérdida de combustible diesel que proporcionaba para operar los moto generadores eléctricos que sirven para funcionar las estaciones de aguanterique, lauterique, y canal seco; el 30 de abril del 2012, según investigaciones del señor Denis Omar Soto Nasser constató que el demandante estaba involucrado en dicho extravío según lo refrendaron los testigos consultados, quienes al ser interrogados afirmaron ese extremo; el caso es que esta situación, la demandada lo ha hecho en contra de lo estipulado en el artículo 112 letra e) del Código del Trabajo, que a su letra dice: “Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado ante autoridad competente”, y esto es lo que la empresa demandada tiene que acreditar si un tribunal competente en materia penal ha dictado sentencia donde se le haya culpado o condenado al demandante por la perdida, extravió, robo o hurto por dicho combustible.- 2. La parte demandada, la sociedad TELESOLUCIONES S.A., contestó dicha demanda señalando que la demandada, con la sociedad mercantil denominada Servicios de Comunicaciones de Honduras S. A. de C. V. conocida mercantilmente como CLARO, mantienen un Contrato de Suministro de Bienes y Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Centrales, Sitos de Celda y Aire Acondicionado y dentro de las actividades contratadas, además de efectuar reparaciones a las estaciones y torres de comunicación que dicha empresa mantiene en el territorio nacional, le provee los derivados del petróleo a

las motogeneradores que proporcionan la electricidad necesaria para que puedan operar las antenas; en tal sentido, el demandante era el encargado de transportar el combustible otorgado por CLARO para operar las estaciones de Aguanterique, Lauterique y el Canal Seco en el departamento de La Paz y para ese efecto, monitorean mediante sistemas electrónicos los niveles, llevando un control exacto del consumo para proceder a reponer el agotado; CLARO antes de despedir al querellante venía observando la pérdida del combustible y bajo ese contexto, el viernes 27 de abril del 2012, procedió a denunciar ese extremo a la emplazada, quién el lunes 30 de dicho mes y año, contrato al señor Denis Omar Soto Nasser un investigador privado para que efectuara las pesquisas y determinara quienes estaban comprometidos en esas pérdidas; el resultado de esa investigación, fue señalar al demandante y al señor Allan Hernán Gálvez Mejía como los responsables de su extravío y por ese motivo, para el 02 de mayo del referido año, se les convocó a una audiencia de descargos en donde el implicado paladinamente reconoció que conjuntamente con el actor, drenaban el tanque en que conducían el diesel y lo vendían en la comarca y por ese motivo, Gálvez Mejía interpuso su renuncia; por las razones apuntadas en el numeral que antecede, el Gerente de Operaciones, el 02 de mayo del año 2012 se le comunicó al señor Argueta Sánchez su despido, fundamentándose la demandada en los artículos 97 numeral 3), 98 numeral 4) y 112 letra l del Código del Trabajo, por lo que la demanda debe ser declarada sin lugar por improcedente.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en fecha once de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Edwin Antonio Argueta, contra la empresa Telesoluciones, S.A.; condenando a la demandada al pago de la cantidad de L.48,813.91, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, pago de sueldo, vacaciones pendientes, más salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que al hacer un análisis de las pruebas presentadas y evacuadas en el presente proceso ese Tribunal es de la opinión de que la parte demandante ha logrado acreditar su relación laboral con la empresa TELESOLUCIONES S.A. de igual manera la parte demandada aceptó en sus alegaciones que dicho empleado si mantenía una relación laboral con la empresa antes mencionada; que la normativa constitucional establece que toda persona será considerada y tratada como inocente, mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional correspondiente, es en tal sentido que este Juzgado lo considera inocente de todas las acusaciones realizadas por TELESOLUCIONES, S.A. por no constar sentencia respectiva; finalmente el Código de Trabajo establece que deberá de quedar en archivo las actuaciones realizadas por las empresas, siendo en el caso concreto que el archivo donde se realizó el despido no se encuentra, quedando inútiles las simples declaraciones de los testigos de la parte demandada y con la pérdida del mismo no se justifica el despido del señor Edwin Antonio Argueta, puesto que no se encuentra en el expediente del procedimiento realizado.- 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, en fecha veintidós de enero de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el tema del despido establece el recurrente que hacen uso de los servicios de un investigador privado para que efectuara pesquisas y determinara quienes estaban comprometidos con esas pérdidas, el resultado de la investigación, fue señalar al demandante y al señor Allan Gálvez Mejía como los responsables del extravío, que a consecuencia de ello es que le comunican el despido al hoy demandante y recurrido; para esta Corte ya expuesto el criterio de autoridad competente, en el párrafo anterior, la designación de un investigador privado y el supuesto señalamiento que este hace contra el demandante como responsable de un acto delictuoso de aparente hurto de combustible que seria destinado para las plantas de transmisión o recepción de telefonía celular, el procedimiento no se acerca a causa legal, que pueda ser considerada para dar por terminado el contrato laboral sin responsabilidad para el patrono; conforme lo expresa el artículo 113 del Código del Trabajo una vez que el patrono ha dado por terminada la relación laboral con el trabajador por las causas imputables a éste último, goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de la prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó su despido; en el caso de los antecedentes el escrito de la demanda el trabajador emplaza ante los tribunales del trabajo al patrono, para que le pruebe la justa causa de despido, es decir que le acredite en juicio que el despido se realizó por un hecho inmoral o delictuoso debidamente comprobado ante autoridad competente por parte del patrono, sin que resulte suficiente para el criterio judicial, la declaración del investigador privado relatando los supuestos hechos de extravío y el señalamiento hacia el hoy demandante como supuesto responsable del extravío de combustible; considera esa Corte que al no probar la parte demandada la justa causa de despido, vuelve anulado de pleno derecho la causa de despido argumentada por la parte demandada, pasando de un despido justo a un despido injustificado por ausencia de causa legal; resultando como consecuencia la condena del patrono al pago de derechos e indemnizaciones a favor del trabajador.- 5. Mediante auto de fecha nueve de febrero de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado TEODORO VALESTER GALLO, en su condición de representante procesal de la sociedad TELESOLUCIONES S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado TEODORO VALESTER GALLO, en su condición de representante procesal de la sociedad TELESOLUCIONES S.A., formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado CARLOS ALBERTO CASTRO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA., quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II.- Que el abogado TEODORO VALESTER GALLO, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “I).- CASA, la Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua y en consecuencia: a) REFORMA la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones. Sección Judicial de Comayagua el 22 de enero del año 2015 b).- DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para que la Empresa Pruebe la Justa Causa de Despido promovida por el señor EDWIN ANTONIO ARGUETA, contra la empresa TELESOLUCIONES S.A. a través de su Gerente y representante legal el señor ORESTES ALBERTO ROMERO; c) CONDENA a cancelarle la proporcionalidad del DECIMOTERCERO; DECIMOCUARTO MES, VACACIONES Y SALARIOS ADEUDADOS que deberán liquidarse en el Juzgado de Primera Instancia; c) CON COSTAS.- NOTIFIQUESE.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que el Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo y haga uso de términos propios de la segunda instancia, al solicitar que se reforme el fallo recurrido, cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado.- IV.- Que el Recurrente de forma subsidiaria alega nulidad, la que formula de la forma siguiente: “Las normas del Código del Trabajo como las procesales, son de orden público de inexcusable observancia. En materia laboral, el juicio, esta resguardado de requisitos que deben cumplirse para la integridad del proceso, aspiración de todo estado de derecho del que se precia Honduras su cumplimiento. En ese orden de ideas, el artículo 200 del Código Procesal Civil señala, el contenido formal de las sentencias; a partir de la entrada en vigor el nuevo ordenamiento, la nueva modalidad sustituyo la anterior que disponía otra forma de estructurar los fallos y que se observan -por recogerlos- en la sentencia objeto de la presente nulidad; bajo ese contexto, el Ad-Quem, viola las disposiciones de dicho ordenamiento, no obstante que el articulo 7 en su numeral 2° dispone, que las normas contenidas en su texto, son obligatorias para el órgano jurisdiccional y todo porque las disposiciones adjetivas, por ser de orden público, son de obligatorio cumplimiento. ERGO: a lo anterior hay que agregar, que la sentencia dictada por el A-Quo, sobre dimensiona los límites que le exige la ley procesal, pues en franca violación a lo dispuesto a sus normas, inclusive, se atrevió a fundamentarla en los artículos: 183, 184, 188, 189 y 190 del Código de Procedimientos Civiles ordenamiento ya derogado y en desuso contrariando el artículo 21 que dispone que los litigios que correspondan a los órganos jurisdiccionales, se sustanciaran siempre con arreglo a las normas procesales vigentes. Además de lo anterior, el artículo 90 de las Constitución de la República, incorpora la garantía de legalidad, para proteger a sus habitantes, contra aquellas actuaciones, que prescindiendo de las normas en vigor en la Republica, se adelantan en detrimento del debido proceso. Constando en autos la violación apuntada, conforme la atribución que el numeral 3) del artículo 727 del Código de Procesal Civil confiere a esta honorable Corte, oficiosamente, deberá decretarse la nulidad a partir de la sentencia de primera instancia dictada el 11 de septiembre del 2014 visible a folios 92-96 de la primera pieza y todo en aras de darle cumplimiento al precepto constitucional invocado y conforme a las violaciones del Código Procesal Civil.”.- V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas; por otra parte, el Recurrente ha tenido expedito la oportunidad procesal de exponer esos argumentos mediante los motivos de casación que franquea la Ley, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI.- Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- VII.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 59-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL