Sentencia CL-579-14 — Registro 5828
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, en virtud de despido directo e injustificado, pago de salarios adeudados y dejados de percibir y demás indemnizaciones que por ley les corresponden como consecuencia del despido, reajuste al salario mínimo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que confirma el fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa, como ser que se declara sin lugar el reajuste de salario en cuanto al trabajador DOUGLAS SALVADOR ORTEZ y la absuelve de responsabilidad en ese concepto; asimismo la Censora omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, por la abogada NUBIA ISIDRA AVILEZ CRUZ, quien es mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de apoderada legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA); en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo, en virtud de despido directo e injustificado, pago de salarios adeudados y dejados de percibir y demás indemnizaciones que por ley les corresponden como consecuencia del despido, reajuste al salario mínimo, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de agosto del año dos mil doce, por los señores DOUGLAS SALVADOR ORTEZ, Perito Mercantil y Contador Público y MARIA ANTONIA LICONA ROMERO, Bachiller en Administración de Empresas, ambos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por medio de su Director Ejecutivo, en ese entonces el señor FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, quien es mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de octubre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de agosto del año dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores DOUGLAS SALVADOR ORTEZ y MARIA ANTONIA LICONA ROMERO, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por intermedio de su Director Ejecutivo Abogado FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO.- SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), por intermedio de su Director Ejecutivo Abogado FELIPE ARTURO MORALES CARCAMO, A REINTEGRAR a su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones a los señores DOUGLAS SALVADOR ORTEZ y MARIA ANTONIA LICONA ROMERO, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sean debidamente reinstalados.- Asimismo se conceden los derechos laborales, que solicitaron los demandantes y han sido otorgados por este Juzgado, por ser derechos adeudados, los siguientes: DOUGLAS SALVADOR ORTEZ: Salarios adeudados Lps. 42,500.00 y MARIA ANTONIA LICONA ROMERO: Salarios adeudados Lps. 29,430.00, reajuste al salario mínimo Lps. 6,811.35; indemnización por despido en estado de embarazo Lps. 14,160.00; pre y post natal Lps. 19,824.00; horas de lactancia Lps. 5,310.00 haciendo un total de Lps. 75,535.35.- TERCERO: Declarar SIN LUGAR el reajuste de salario únicamente en cuanto al trabajador DOUGLAS SALVADOR ORTEZ, en consecuencia se absuelve de ese único concepto a la parte demandada.- CUARTO: Declarar SIN LUGAR la excepción de prescripción.- QUINTO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable a supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron su relación laboral para el IHNFA mediante la suscripción de varios contratos simulados o disfrazados de servicios profesionales a término, con el único propósito de evadir el pago de los derechos laborales que por ley les corresponden, pues dichos contratos son realmente por contratos individuales por tiempo indeterminado al reunir los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; el señor Douglas Salvador Ortez, fue contratado por primera vez el 1 de septiembre del 2010 y el último contrato fue el 31 de agosto del 2011, como orientador social con un salario mensual de L.8,500.00; la señora Maria Antonia Licona Romero, fue contratada por primera vez el 7 de septiembre del 2010 y el último contrato fue el 31 de noviembre del 2010, como niñera con un salario mensual de L.6,817.75; sigue alegando la parte demandante que las labores que desempeñaban eran continuas y permanentes en la institución demandada, vencidos que fueron los contratos en las fecha antes indicadas continuaron prestando sus servicios a petición del empleador, volviéndose la relación de trabajo por tiempo indefinido al tenor de lo establecido en el articulo 47 del Código del Trabajo, prolongándose hasta abril del 2012, adeudándoles salarios desde el mes de septiembre del 2011 al mes de enero del 2012, al momento del despido no se les invocó causal alguna de las establecidas en el Código del Trabajo, asimismo señalan que dieron por agotado el trámite administrativo los días 27 y 29 de junio del 2012.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), contestó dicha demanda señalando que se rechaza todo y cada uno de los extremos del plan de la demanda, y alegando concretamente que a los demandantes no les asiste el reclamo que solicitan debido a que su contratación era por tiempo determinado, que en ningún momento hubo interés por parte de la institución de renovar los contratos de los demandantes, pues no existe agregado al expediente ninguna notificación señalando ese interés por ellos alegado, los demandantes no fueron despedidos, sino que simplemente se venció su contrato, por lo tanto no se subsume en ninguna responsabilidad de naturaleza laboral y por ende no hay mas derechos que los que se derivan del mismo contrato, en cuanto al reajuste solicitado, el señor Douglas Salvador Ortez, devengó un salario de L.8,500.00, siendo el salario aprobado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social por L6,356.88, y con respecto a la señora Maria Antonia Licona Romero, en el año 2010 de septiembre a noviembre devengó L5,500.00 de salario, puesto que no había sido aprobado el aumento al salario mínimo establecido, en el año 2011 fue aprobado el aumento, en ese sentido en el mes de junio del 2011, se le pagó el reajuste de salario de los meses de enero a junio, por lo tanto no existe deuda alguna en cuanto a esa petición.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Douglas Salvador Ortez y Maria Antonia Licona Romero, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA); condenando a la institución demandada a reintegrar al puesto de trabajo a los demandantes por lo menos en igualdad de condiciones, más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; asimismo se conceden los derechos laborales que solicitaron los demandantes y han sido otorgados por este juzgado, por ser derechos adeudados, salarios adeudados, reajuste al salario mínimo, indemnización por despido en estado de embarazo, pre y post natal; horas de lactancia; declarar sin lugar el reajuste de salario únicamente en cuanto al trabajador Douglas Salvador Ortez, en consecuencia se absuelve de ese único concepto a la parte demandada; declarar sin lugar la excepción de prescripción, sin costas; bajo el criterio que se deja ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, éste acto simulado u ocultamiento tiene como fin último evadir las obligaciones estipuladas en la Ley Laboral con fraude a la ley, por lo que, en éstos casos, la comprobación de la nota del despido directo, no es factible, ya que por el simple hecho de la no renovación del contrato se produce la violación al derecho constitucional de la estabilidad laboral, pues al haberse reunido los presupuestos legales para que una relación laboral que inició como temporal, se convirtiese por tiempo indefinido, el empleador se encuentra limitado para poder deshacerse de dicho trabajador, ya que cualquier intento de ruptura contractual provoca que los demandantes suscribieron en su momento es de carácter permanente dentro de la empresa, por lo que al momento de prescindir de sus servicios, se debió de aplicar lo establecido en el artículo 112 y 117 del Código del Trabajo, derivándose la ilegalidad de la finalización de la relación laboral, por Io que procede el reintegro solicitado; en cuanto a la excepción de prescripción señalada por la parte demandada, es de acotar, que como se ha dicho en otros juicios, es necesario que se alegue sobre hechos concretos, fechas precisas, pues la naturaleza de éste defecto procesal exige datos exactos para realizar la contabilización respectiva de los plazos establecidos en la ley. En el caso bajo estudio, la parte demandada alega ha operado la excepción de prescripción por que sus contratos de servicio a término vencieron el 30 de noviembre del año 2011 y se han instaurado los reclamos administrativos en la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, hasta seis meses después, situación que es inconsistente, pues como se ha dicho y quedó plenamente probado que los demandantes realmente finalizaron su relación laboral el 29 y 30 de abril del 2012, respectivamente, fechas mediante las cuales ha de realizarse la operación aritmética y partir para contabilizar los plazos para que los demandantes instauren su reclamo administrativo y posteriormente su demanda laboral en los órganos jurisdiccionales, por lo que la excepción de prescripción debe ser declarada sin lugar; los actores solicitan el pago de salarios adeudados y se acreditó mediante el medio de prueba exhibición de documentos, con el soporte documental que puso a la vista de la suscrita y de la representante procesal de los actores la parte demandada en audiencia celebrada en fecha 16 de octubre del 2013, planillas de pago del IHNFA donde se refleja que al señor Douglas Salvador Ortez, se le pagó 90 días de salario, los meses comprendidos entre septiembre a noviembre del 2011, adeudándole diciembre del 2011 y enero, febrero, marzo y abril del 201 2, con un salario devengado a esa fecha de L.8,500.00; en cuanto a la señora Maria Antonia Licona Romero, se acreditó que únicamente se le canceló en el mes de enero del 2012 la cantidad de L.6,356.58 en concepto del salario correspondiente a dicho mes, adeudándole el salario del mes de diciembre del 2011 y enero, febrero, marzo y abril del 2012, con un salario devengado a esa fecha de L.5,886.00; asimismo la representante procesal de la demandada ha aceptado que no se le pagó indemnización de pre y post natal, horas de lactancia en vista que no se cumpla con el requisito de haber estado cotizando al IHSS los meses antes; al respecto es de acotar que está acreditado en autos que la demandante se encontraba en estado de embarazo al momento de la finalización de la relación laboral y que su fecha probable de parto, conforme a lo establecido por el IHSS en certificado de incapacidad por maternidad era el 25 de marzo del 2012, lo que resulta y conforme a lo establecido en el articulo 59 del Reglamento a la Ley del IHSS, que debió de iniciar a cotizar a partir del mes de mayo del 2011, fecha en la cual se encontraba laborando para el IHNFA, pero por situaciones imputables netamente al empleador, en esa fecha especifica, no se hallaba registrada ni afiliada al IHSS por parte de su empleador, ya que sobre éste recae la obligación de afiliar a sus trabajadores conforme al articulo 7 de la Ley del IHSS, produciendo ineludiblemente la aplicación de lo establecido en el artículo 136 del Código del Trabajo, es decir, le corresponde íntegramente al patrono cubrir el descanso forzoso y su respectiva retribución.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que en la primera pieza del expediente corren agregados los medios de prueba practicados, con los que se acreditan que los demandantes prestaron sus servicios para el IHNFA, mediante contratos por servicios a término, para laborar como Orientador Social y como Niñera; en el caso sub judice, el a-quo en su consideración número seis, señala que ha quedado acreditado en el proceso, que “las partes continuaron laborando para el IHNFA de forma ininterrumpida, acudiendo a sus labores regularmente con el consentimiento del empleador, pues no se demostró que éste hubiese notificado oportunamente que dichos contratos ya habían finalizado”; que el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”; en el caso de mérito, está debidamente probado que las plazas que ocupaban los demandantes, aún subsisten, por lo que la relación de trabajo deja de ser temporal y se vuelve indefinido.- 5. Que mediante auto de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada NUBIA ISIDRA AVILEZ CRUZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cinco de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante este Tribunal la abogada NUBIA ISIDRA AVILEZ CRUZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de enero del año dos mil quince, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal dispositivo y extraordinario por el cual se impugna una sentencia de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial, directa o indirectamente, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial definitiva, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando, por un lado, la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia, y, por el otro, la reparación del perjuicio que se hubiere ocasionado; todo ello como forma de garantizar la certidumbre jurídica y la igualdad de todas las personas ante la ley. Es por tales razones que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la abogada NUBIA ISIDRA AVILEZ CRUZ, formula el petitum de su demanda de casación de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Honorable Corte Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha quince de octubre del año dos mil catorce, que motiva el presente Recurso de Casación de que se hace mérito. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Demandante DOUGLAS SALVADOR ORTEZ y la Demandante MARIA ANTONIA LICONA ROMERO, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), referente al REINTEGRO A NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO. PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS Y DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS INDEMNIZACIONES QUE POR LEY NOS CORRESPONDEN COMO CONSECUENCIA DEL DESPIDO.- REAJUSTE AL SALARIO MINIMO. TERCERO: ABSUELVE al INSTITUTO HONDURERO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) de reintegrar al Señor DOUGLAS SALVADOR ORTEZ y MARIA ANTONIA LICONA ROMERO a sus puestos de trabajo, en virtud de despido directo e injustificado. Pago de Salarios Adeudados y Dejados de Percibir y Demás Indemnizaciones que por Ley les corresponden como consecuencia del Despido.- Reajuste al Salario Mínimo. CUARTO: SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos de Ley correspondiente. NOTIFIQUESE.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, la Impetrante se aleja de los lineamientos que dicta la técnica casacional al pedir el quebrantamiento total de una sentencia de segundo grado que confirma el fallo de primera instancia contentivo de algunos pronunciamientos que le son favorables a la parte que representa, como ser que se declara sin lugar el reajuste de salario en cuanto al trabajador DOUGLAS SALVADOR ORTEZ y la absuelve de responsabilidad en ese concepto; asimismo la Censora omite pronunciarse sobre la excepción perentoria de prescripción opuesta por la parte demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, pronunciándose por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con la respectiva certificación, sean devueltos los antecedentes al despacho judicial de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 579-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL