Sentencia CL-572-15 — Registro 6429
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de unos contratos por la simulación de los mismos, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de salario adeudado, prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal e injusto
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"En el cargo que antecede se incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelve inadmisible: a) invoca el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo como precepto legal sustantivo violado, cuando el mismo es de naturaleza adjetiva o procesal y es el sustento de varias causales de casación, se debe recordar que para efectos de este recurso extraordinario, se considera norma sustantiva aquella que impone a las partes, deberes y derechos correlativos o los extingue; en adición, esa misma disposición fue indicada como precepto autorizante, sin embargo omitió indicar en cuál de los dos párrafos del citado artículo queda comprendido el motivo; b) en su formulación alude a la infracción indirecta por error de hecho derivado de la apreciación errónea de las pruebas, pero no las singulariza, ni indica las disposiciones procesales que sirvieron de medio, en su caso, para la violación de la sustantiva; y, c) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha doce de enero de dos mil dieciséis, por la recurrida Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además es parte recurrida el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, quién actúa en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de unos contratos por la simulación de los mismos, reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de salario adeudado, prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de octubre de dos mil catorce, por el Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, quién actúa en causa propia, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA), ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha dos de septiembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por ALBERTO GARCIA FORTIN, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional y decimo cuarto mes proporcional, salario adeudado mas los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme la sentencia condenatoria; en consecuencia; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA al pago por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON SETENTA CANTAVOS (L.236,407.70) por los siguientes conceptos a: preaviso L. 49,000.00, auxilio de cesantía L.98,000.00, auxilio de cesantía proporcional L. 11,294.55, Vacaciones L. 28,583.45, vacaciones proporcionales L. 7,529.70; decimo tercer mes proporcional L. 15,750.00 y decimo cuarto mes proporcional L. 5,250.00; salario adeudado L. 21,000.00 más los Salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que este firme a sentencia condenatoria. III) SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) ahora Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, en fecha 15 de abril del año 2010, en el puesto de Asesor Legal, devengando un salario mensual de L.21,000.00 mensuales; que el demandante laboró en dicha Secretaría de Estado en forma pacífica, continúa e ininterrumpida, realizando las laborales de forma eficiente hasta que en fecha 30 de septiembre de 2014 se le entregó el Oficio SGRH-SG-258-2014 suscrito por la Abogada Yizreel Judit Cáceres, Secretaria General por Ley, haciéndole saber que el contrato administrativo de servicios profesionales vencía en dicha fecha mismo que no sería renovado y que se le agradecía por los servicios prestados durante el tiempo que duró la relación laboral; que los diversos contratos que el demandante celebró con la institución demandada eran de servicios profesionales, mismos que son contrarios a derecho ya que fue empleado de dicha institución, teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual constituyendo los tres elementos esenciales que establece el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista contrato de trabajo, siendo en éste caso los contratos que celebró con la demandada una simulación de una relación permanente mediante contratos, constituyendo un fraude a la ley, ya que el artículo 47 del Código del Trabajo establece que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese término de duración; en consecuencia, conforme la disposición legal citada, una vez cumplidos estos tres elementos se está frente a una verdadera relación de trabajo, relacionado con el artículo 24 del mismo cuerpo legal que establece que si el contrato de trabajo se presenta involucrado o en concurrencia con otro u otros no pierde su naturaleza y le son aplicables por ende las disposiciones del Código del Trabajo; resulta también que el salario del mes de septiembre del año 2014, no me fue cancelado al demandante, por lo que se solicita el respectivo reclamo; la Corte Suprema de Justicia ha sostenido el criterio que sólo se puede celebrar Contrato de Servicios Profesionales cuando la naturaleza de los servicios lo permita, siendo que debe haber independencia técnica y administrativa, pero que además sea de aquellas actividades temporales y en el caso particular del demandante, tal situación no es posible porque las labores son de naturaleza permanente, subordinadas, por lo que se pierde la independencia. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que efectivamente en la fecha indicada se le notificó al demandante por deber moral de que el contrato de servicios profesionales no se renovaría y de igual manera prestó sus servicios profesionales bajo las condiciones contractuales legalmente establecidas, consentidas y aceptadas sin objeción alguna de su parte, sin embargo muy convenientemente omite a su vez que consintió demás cláusulas contractuales tales como, la “CLÁUSULA OCTAVA: RESCISION DE CONTRATO. Este contrato podrá rescindirse por las siguientes causas: 1)... 12) Por decisión UNILATERAL de las partes”; es decir, que el demandado una vez llegada la fecha de finalización a la obligación contraída con el demandante, sin compromiso alguno podía poner fin a la relación contraída con el mismo, pues era del conocimiento previo del actor la finalización de la relación contractual con el demandado, de ello se desprende que es improcedente el reclamo formulado ante ese Juzgado sobre el caso concreto; asimismo, las partes contratantes acordó y consintió lo siguiente de acuerdo a la “CLÁUSULA DÉCIMA: LEYES APLICABLES. Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del Derecho Administrativo vigente y a lo expresamente pactado en el mismo. Para dirimir las controversias que surjan de la implicación de este contrato, las partes se SOMETEN a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción”, de donde resulta que el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán es incompetente para conocer de la causa que ahora se ocupa, aunado a lo que establece la “CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Ambas partes aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo”; que habiendo llegado la obligación contractual de las partes a su final por el acaecimiento de la fecha estipulada en el contrato, no existe obligación posterior alguna del demandado con el demandante, ni mucho menos de sostener un contrato de prestación de servicios profesionales con el mismo, ya que como se ha venido manifestando a lo largo de la contestación de demanda que la relación existió bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación alguna para las partes conforme a lo que establece el artículo 124-C párrafo segundo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de enero del 2014, que dice: “En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”; de igual forma, es improcedente la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, con el ánimo de sorprender en su análisis al examinador del proceso, pues el actor al no haber hecho uso del mismo al amparo del reclamo conforme el artículo 867 del Código del Trabajo indudablemente dejó prescribir tal derecho y por ende improcedente la aplicabilidad del artículo anteriormente citado. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Alberto García Fortín, actuando en causa propia, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado al pago a favor del demandante por la cantidad de L.236,407.70 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, salario adeudado, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado la parte demandada argumenta que la relación de trabajo del demandante con la demandada era de orden administrativo y que dicha relación estaba regida por leyes administrativas en virtud de tratarse de Contratos Administrativos de Servicios Personales; por otro lado el demandante argumenta que los contratos eran simulados de acuerdo al principio de primacía de la realidad y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; llegando al convencimiento ésta suscrita que efectivamente se trataba de una relación laboral por lo tanto debe declarase con lugar la relación de trabajo de forma permanente; que en consonancia con lo antes relacionado el demandante solicita el pago de indemnización de prestaciones laborales por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto, lo que llama la atención a esta operadora de justicia que de la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fue objeto el demandante este apegado a derecho, lo que conlleva declarar con lugar esta pretensión, acarreando con ello responsabilidad por parte de la demandada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y el pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que quede firme el presente fallo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha treinta de octubre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que consta de los autos bajo estudio, que si bien resulta cierto la relación de trabajo se originó bajo la suscripción de los denominados contratos de servicios profesionales, también es cierto, que este tipo de contratos se viene celebrando de manera continua, sucesiva e ininterrumpidamente, siempre para desempeñar la misma actividad de trabajo que viene realizando como Asesor Legal de la Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, desde que se inicio el primer contrato de trabajo, contando en la actualidad con una antigüedad de cuatro años, cinco meses y quince días al servicio de dicha Secretaría de Estado, circunstancia esta que ha generado la conversión del contrato de trabajo de servicios profesionales determinado, en una relación laboral permanente, ya que en la práctica perdió su naturaleza inicial, por disposición de la propia ley laboral; cabe destacar que al analizar el contrato de servicios profesionales, se evidencia que el mismo lleva implícito los elementos esenciales del verdadero contrato individual de trabajo, tales como la designación de funciones del cargo que debe desempeñar en la Secretaría de Estado, bajo la dependencia de su jefe inmediato, realizando personalmente su labor en las oficinas de la Secretaría y sometido a una jornada de trabajo de ocho horas diarias, gozando de los derechos adquiridos como todo trabajador permanente y recibía una retribución salarial mensual por sus servicios prestados de manera que siendo la relación de trabajo de naturaleza permanente, no existe razón o motivo justo para dar por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral por parte del patrono, por lo que esta Corte es del parecer porque se confirma la sentencia apelada. 5. Mediante auto de fecha treinta de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha doce de enero de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ALBERTO GARCIA FORTIN, quién actúa en causa propia, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el artículo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Trabajo. Apreciación errónea de: Las pruebas que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las Pruebas Propuestas por la Parte demandada: No fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó al demandante que se le contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y por consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El Tribunal sentenciador estimó la presente demandan en virtud que considera que el los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada, el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y el demandante reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)…c)…ch)...d)....;( el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva y que; asimismo no tomó en cuenta que al demandante se le realizó el pago del salario del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014) tal y como lo expresó en sus alegaciones específicamente en el minuto 4 de la grabación que se encuentra a folio 148 del expediente judicial. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación”. III. En el cargo que antecede se incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelve inadmisible: a) invoca el artículo 765 numeral 1) del Código del Trabajo como precepto legal sustantivo violado, cuando el mismo es de naturaleza adjetiva o procesal y es el sustento de varias causales de casación, se debe recordar que para efectos de este recurso extraordinario, se considera norma sustantiva aquella que impone a las partes, deberes y derechos correlativos o los extingue; en adición, esa misma disposición fue indicada como precepto autorizante, sin embargo omitió indicar en cuál de los dos párrafos del citado artículo queda comprendido el motivo; b) en su formulación alude a la infracción indirecta por error de hecho derivado de la apreciación errónea de las pruebas, pero no las singulariza, ni indica las disposiciones procesales que sirvieron de medio, en su caso, para la violación de la sustantiva; y, c) realiza alegatos propios de instancia. IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de noviembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 572-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO