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Sentencia CL-551-15 — Registro 5929

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento del punto de acta numero 6.1.8 consistente en el pago del reajuste por concepto de tasa inflacionaria anual que emite el Banco Central de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la disposición señalada como violada, el artículo 710 del Código del Trabajo es una norma de carácter procesal o adjetiva y no sustantiva como lo exige el artículo 769 numeral 5) del referido ordenamiento jurídico; se debe recordar que un precepto legal es sustantivo si establece o impone obligaciones y derechos correlativos o los extingue; b) la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expediente números SL.02-11, SL-09-11, 20-11); siendo que en el presente caso, la cuestión de la prescripción o no de la acción fue una cuestión controvertida en el proceso, por ende objeto del material probatorio, no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, c) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el anterior cargo resulta inadmisible puesto que señala como violados los artículos 738, 739 y 858 del Código del Trabajo, mismos que no tienen el carácter de ser preceptos legales sustantivos del orden laboral. Al margen del defecto señalado, se ha revisado la sentencia impugnada concluyéndose que el Juzgador si tomó en cuenta el material probatorio aludido por el Censor, además del hecho que como parte de las facultades que conlleva la libre formación del convencimiento en materia probatoria, el juzgador tiene la potestad de valorar todo o parte del material probatorio y decidir conforme aquél que considera más le convenza, sin más límite que la arbitrariedad, aspecto que no se observa haya incurrido en el presente caso.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de diciembre de dos mil quince, por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio; en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP); SON PARTES: Recurrente: El REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), representado en juicio por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ; y, Recurrido: Los señores MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ y CARLOS ANTONIO CABRERA, representando en juicio por Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ. OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento del punto de acta numero 6.1.8 consistente en el pago del reajuste por concepto de tasa inflacionaria anual que emite el Banco Central de Honduras, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha once de enero de dos mil trece, por el Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, actuando en su condición de apoderado legal de los señores MIRNA CAROLINA APLICANO, soltera, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ, casada, CARLOS ANTONIO CABRERA, casado y otros, todos mayores de edad, Abogados, hondureños y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), por medio de su Director, señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Defecto Material de Prescripción, opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL EMPLEADOR DE CUMPLIMIENTO AL PUNTO DE ACTA NUMERO 6.1.8. CONSISTENTE EN EL PAGO DEL REAJUSTE POR CONCEPTO DE LA TASA INFLACIONARIA ANUAL QUE EMITE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS; instaurada por el Señor MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ en su condición de Representante Procesal de los Señores: MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO CABRERA, ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX, DARIO ELIEZER CACERES ZAVALA, GLORIA VASQUEZ PEREZ, RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, JOSE VIRGILIO FLORES MENDOZA, NERLYS ESPINO BAQUEDANO, OLIBIA MARINA OSEGUERA ORTEZ, LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON, NORMA GISELA ROSALES FUNEZ, GLADIS ESPERANZA ARITA, NORMA LILIAN DISCUA DONAIRE, CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA, DORIS FELIPA PEÑA GONZALEZ, LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA, , TERESA DE JESUS PORTILLO CANALES Y LIDICE YADIRA ESPINAL LOPEZ; contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de su Representante Legal el Señor JORGE ARTURO REYNA GARCIA. III.-CONDENAR: AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por medio de su Representante Legal el Señor JORGE ARTURO REYNA GARCIA a pagar la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (Lps. 3,159,574.80); a la Señora MIRNA CAROLINA APLICANO la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08);FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08);CARLOS ANTONIO CABRERA, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, la suma de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 106,214.56); SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); DARIO IELIEZER CACERES ZAVALA, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); GLORIA VASQUEZ PEREZ, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, la suma de CIENTO DIECISISTE MIL LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 117,000.96); JOSE VIRGILIO FLORES MENDOZA, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); NERLYS ESPINO BAQUEDANO, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); OLIBIA MARINA OSEGUERA ORTEZ, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); NORMA GISELA ROSALES FUNEZ, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); GLADIS ESPERANZA ARITA, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); NORMA LILIAN DISCUA DONAIRE, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); DORIS FELIPA PEÑA GONZALEZ, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA, la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); TERESA DE JESUS PORTILLO CANALES la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08);Y LIDICE YADIRA ESPINAL LOPEZ la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON OCHO CENTAVOS (Lps. 163,131.08); IV.- SIN COSTAS en esta instancia.”….- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que son empleados permanentes, en el cargo de Registradores Civiles y a quienes su salario que devengaban mensualmente oscilaba en una cantidad menor a la que el Arancel del Profesional del Derecho establece, por lo que presentaron una solicitud al Directorio del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), solicitando se le aplicara el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, a lo cual las autoridades en ese momento acordaron de manera unánime comprometerse a hacer efectivo lo solicitado por los empleados, en fecha veintiséis de octubre de dos mil seis tuvo lugar la reunión en la que suscribieron una acta de conciliación entre el Directorio y los Oficiales Civiles, dejándolo plasmado en el acta No. 6.25, acordando que a partir del mes de enero del año dos mil siete, cumpliendo parcialmente al hacerle el pago del salario en base a lo establecido en el Arancel pero no así el pago de los incrementos anuales que resultarían de la aplicación del índice inflacionario. Agotando el trámite administrativo.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que rechaza lo alegado por los demandantes lo cual tocará probar en el transcurso del juicio.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de marzo de dos mil catorce, dictó sentencia declarando SIN LUGAR el Defecto Material de Prescripción, opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada; Declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para que el empleador de cumplimiento al punto de acta número 6.1.8. Consistente en el pago del reajuste por concepto de la tasa inflacionaria anual que emite el Banco Central de Honduras; instaurada por el señor Manuel de Jesús Bonilla Gonzalez en su condición de representante procesal de los señores: MIRNA CAROLINA APLICANO, FANNY ANGELICA OMAHARA MENDOZA HERNANDEZ, CARLOS ANTONIO CABRERA, ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA, SANDRA LIZETH RAUDALES CALIX, DARIO ELIEZER CACERES ZAVALA, GLORIA VASQUEZ PEREZ, RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, JOSE VIRGILIO FLORES MENDOZA, NERLYS ESPINO BAQUEDANO, OLIBIA MARINA OSEGUERA ORTEZ, LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON, NORMA GISELA ROSALES FUNEZ, GLADIS ESPERANZA ARITA, NORMA LILIAN DISCUA DONAIRE, CHRISTIANE MARILYN ORTIZ ZELAYA, DORIS FELIPA PEÑA GONZALEZ, LIDIA BELINDA SARAVIA MEJIA, , TERESA DE JESUS PORTILLO CANALES Y LIDICE YADIRA ESPINAL LOPEZ; contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.); condenar: al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) a pagar la suma de tres millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro lempiras con ochenta centavos (Lps. 3,159,574.80); a la señora Mirna Carolina Aplícano la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Fanny Angélica Omahara Mendoza Hernandez, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Carlos Antonio Cabrera, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Alvaro Yefrin Valladares Avila, la suma de ciento seis mil doscientos catorce lempiras con cincuenta y seis centavos (Lps. 106,214.56); Sandra Lizeth Raudales Calix, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Darío Eliezer Cáceres Zavala, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Gloria Vásquez Pérez, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Ramón Antonio Colindres Matute, la suma de ciento diecisiete mil lempiras con noventa y seis centavos (Lps. 117,000.96); José Virgilio Flores Mendoza, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Nerlys Espino Baquedano, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Olibia Marina Oseguera Ortez, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Leonel Antonio Hernández Nelson, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Norma Gisela Rosales Fúnez, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Gladis Esperanza Arita, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Norma Lilian Discua Donaire, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Christiane Marilyn Ortiz Zelaya, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos Lps. 163,131.08); Doris Felipa Peña Gonzalez, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Lidia Belinda Saravia Mejía, la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); Teresa De Jesús Portillo Canales la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); y Lidice Yadira Espinal Lopez la suma de ciento sesenta y tres mil ciento treinta y un lempiras con ocho centavos (Lps. 163,131.08); sin costas en esta instancia; bajo el criterio que en base al articulo 732 del Código del Trabajo y viendo el mandato librado al Banco Central de Honduras para los años 2007 al 2013 y en el mandato librado por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) , que los señores ALVARO YEFRIN VALLADARES AVILA y RAMON ANTONIO COLINDRES MATUTE, dejaron de laborar para la institución demandada el 22 de septiembre de 2011 y 13 de enero de 2012; así mismo que los demás demandantes ostentan el titulo de Ciencias Jurídicas y Sociales, probando tener derecho al pago del reajuste por concepto de la tasa inflacionaria del Banco Central de Honduras.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre de dos mil quince, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el derecho ya fue reconocido por el Registro Nacional de las Personas en el punto de acta número 6.1.8 de fecha 20 de noviembre de 2006 y que obra a folio 61 de la primera pieza de autos, por lo que el término de la prescripción ya ha sido interrumpido por los demandantes al estar debidamente acreditado la obligación que tiene el R.N.P. de efectuar estas nivelaciones; ya que éste de manera voluntaria aceptó la nivelación de sueldo de sus empleados de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho.- Aunado a lo anterior, también consta en autos que los demandantes solicitaron por escrito ante las autoridades de la institución el cumplimiento de este compromiso suscrito de manera voluntaria, solicitudes que fueron resueltas según puntos de acta número 5.6.12 de fecha 4 de febrero de 2009 y punto de acta número 6.7 de fecha veintinueve de abril de 2009 (folios 63 al 66), y en las cuales se les declara sin lugar dichas solicitudes alegando no tener disponibilidad presupuestaria para efectuar estas nivelaciones; y además, consta a folio 59 el punto de acta número 6.10 de fecha 26 de octubre de 2006, en el cual se declara sin lugar la solicitud de reconsideración al punto de acta número 6.25, ya que el R.N.P. decidió aprobar, reconocer y aplicar el Arancel de los profesionales del derecho, siendo éste otro motivo más para considerar que la prescripción fue interrumpida; por lo que no procede el defecto material de prescripción.- 5. Mediante auto de fecha trece de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de diciembre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MANUEL DE JESUS BONILLA GONZALEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 710 relacionado con los artículos 858, 862, 867 y 868 del Código del Trabajo, estos relacionados con los artículos 200 y 206 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE……………… Este motivo de casación está comprendido en el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMASIGUIENTE: De acuerdo con la Jurisprudencia laboral de casación y la Doctrina Laboral la Infracción directa tiene lugar en los casos de que a un hecho que no se discute o debidamente evidenciado no se le apliquen las normas que lo regulen o que se apliquen estas a un hecho inexistente. En el caso concreto que nos ocupa la Corte Sentenciadora siendo evidente el caso no le aplicó las normas laborales invocadas por lo que en tal razón su fallo no está fundamentado conforme a derecho. Siendo evidente en Juicio el caso que nos ocupa en lo que se refiere a la obligación de juzgar el mismo bajo lo dispuesto por los artículos 858, 862, 867, 868 del Código del Trabajo, relacionados con los artículos 200 y 206 del Código Procesal Civil, estos relacionados con los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo, y no haciéndolo la Corte Acusada, consideramos que el caso se encuentra comprendido en lo que señala la doctrina para los casos de infracción directa de la Ley. Las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas en el presente caso han sido violadas en la sentencia acusada por las razones siguientes: Al margen de todo medio probatorio es evidente en juicio: 1.- Que a los demandantes les prescribió la acción para hacer su reclamo (aunque a nuestro parecer lo solicitado por los demandantes no les corresponde ya que en la referida Acta que se menciona no dice en ninguna de sus partes que se le pagará el índice inflacionario según el Banco Central de Honduras), en virtud de que el Acta de Conciliación firmada por las partes fue el 25 de octubre del 2006 mediante punto de Acta 6.25 de fecha 26 de octubre del 2006 y aprobada según punto de Acta 6.1.8 de fecha 20 de noviembre del 2006, y los demandantes interpusieron su Reclamo Administrativo ante la Dirección General del Trabajo el 14 de agosto del 2012, por lo que desde esas fechas a la última transcurrieron los dos meses que establece el artículo 867, y aún aplicando los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo, desde esas fechas a la última que fue cuando interpusieron el reclamo ante la Dirección General del Trabajo el 14 de agosto del 2012 han transcurrido más de los dos años.- El artículo 868 cuando se refiere a autoridad competente se está refiriendo administrativamente a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. Ante la evidencia sin discusión ni duda en el Juicio sobre la prescripción de la acción de los demandantes, y el no corresponderle lo solicitado, en virtud de que está debidamente probado que el Acta de Conciliación no establece en ninguna de sus partes que obligue a mi Representada a pagar algo que no se acordó entre las partes como es lo solicitado por los demandantes. Al no aplicarse por la Corte Acusada las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 858, 862, 867, 868 letra a) del Código del Trabajo, relacionados con los artículos 200 y 206 del Código Procesal Civil y estos con los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo, normas que debieron ser aplicadas ante la evidencia indiscutible del hecho sin discusión objeto de la demanda incoada, es evidente la violación alegada en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que el Impetrante incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la disposición señalada como violada, el artículo 710 del Código del Trabajo es una norma de carácter procesal o adjetiva y no sustantiva como lo exige el artículo 769 numeral 5) del referido ordenamiento jurídico; se debe recordar que un precepto legal es sustantivo si establece o impone obligaciones y derechos correlativos o los extingue; b) la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expediente números SL.02-11, SL-09-11, 20-11); siendo que en el presente caso, la cuestión de la prescripción o no de la acción fue una cuestión controvertida en el proceso, por ende objeto del material probatorio, no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que e el segundo motivo se sostiene: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva de Orden Nacional contenida en los artículos, 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo, en infracción indirecta por falta de apreciación en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba aportados al juicio que a continuación singularizo: prueba documental contenida a Folios del 56 al 63 y 67, del expediente de Primera Instancia en relación con los demás medios de prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1) párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: La Honorable Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, como la Doctrina Laboral han señalado, que para establecer la falta de apreciación por error de hecho en la casación laboral, esta ocurre cuando el Juzgador deja de apreciar los medios de prueba aportados en tiempo y forma, que analizados e interpretados en conjunto con todas las pruebas allegadas a Juicio constituyen evidencia plena sobre los hechos sujetos a prueba en el proceso. En el caso que nos ocupa la corte sentenciadora dejo de apreciar e interpretar los medios de prueba singularizados en el presente motivo, y al excluir estos de la prueba, indujo a la misma a conclusiones equivocadas que trajo como resultado que la sentencia dictada sea contraria a la evidencia probatoria establecida en el juicio. La prueba documental singularizada y que está constituida por el Acta de conciliación suscrita entre las partes de fecha 25 de octubre y que mediante Punto de Acta 6.25 mi representada resolvió aprobar dicha Acta en todas y cada una de sus partes; en dicha Acta de fecha 25 de octubre del 2006 en ninguna de sus partes dice que mi representada se obligó a pagarles a los demandantes los ajustes salariales anuales que resulten de la aplicación del índice anual de inflación del Banco Central de Honduras y demás medios probatorios allegados al juicio, agregados a folios 54, 55, 59, 60, 63, 64, 65, 66 de la primera pieza evidencia plenamente en juicio que las fechas de los puntos de actas son con fechas más de dos años a la fecha en que hicieron su reclamo ante autoridad competente como lo es en éste caso la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. Este criterio ha privado a la jurisprudencia nacional en base a lo que señala la doctrina llevada a la práctica jurídica y el derecho positivo contenido en el código del trabajo esencialmente en lo que dispone los artículos mencionados. Estas pruebas en relación con las demás pruebas aportadas a juicio demuestran que a los demandantes les prescribió la acción para reclamar, aún cuando tenemos la seguridad y está probado en el juicio de que mi representada nunca se obligó en la referida Acta de Conciliación al pago del índice inflacionario de acuerdo al Banco Central de Honduras. Esta prueba documental evidencia que la corte Sentenciadora al no apreciar los medios de prueba aportados al juicio en tiempo y forma, y que dejan plena evidencia de la aplicación de la Ley por parte del Patrono, condujo a la corte sentenciadora a violar indirectamente a través de las normas procesales y generales relacionados en violación de medio al no aplicar lo que disponen los artículos 738 y 739 y 868 todos del Código del Trabajo, las normas sustantivas de orden nacional invocadas en el presente motivo. Siendo que los medios de prueba relacionados, al ser analizados e interpretados en conjunto con los otros medios de prueba conducen a evidenciar en juicio sin duda alguna que la sentencia recurrida, ha violentado las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos mencionados anteriormente en violación de medio por vía indirecta por violación de las normas procesales contenidas en los artículos 738, 739 y 868 todos del Código del Trabajo. En consecuencia de lo anteriormente expuesto es evidente que procede se case totalmente la sentencia recurrida en los presentes motivos de Casación.”.- V. Que el anterior cargo resulta inadmisible puesto que señala como violados los artículos 738, 739 y 858 del Código del Trabajo, mismos que no tienen el carácter de ser preceptos legales sustantivos del orden laboral. Al margen del defecto señalado, se ha revisado la sentencia impugnada concluyéndose que el Juzgador si tomó en cuenta el material probatorio aludido por el Censor, además del hecho que como parte de las facultades que conlleva la libre formación del convencimiento en materia probatoria, el juzgador tiene la potestad de valorar todo o parte del material probatorio y decidir conforme aquél que considera más le convenza, sin más límite que la arbitrariedad, aspecto que no se observa haya incurrido en el presente caso.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de julio del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 551-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL