Sentencia CL-542-15 — Registro 6003
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) no invoca como violadas normas de carácter laboral sustantivo, ya que el artículo 3 del Código del Trabajo es una disposición general que no contiene derechos y obligaciones recíprocas entre trabajador y patrono o que las extinga; las otras citadas no son preceptos legales sino que se refiere a una norma reglamentaria y otra contractual, inviolables para los efectos de este extraordinario recurso; y, b) el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que tampoco procede la admisión del anterior cargo, ya que el Censor del fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) las cláusulas de un contrato colectivo no pueden ser invocadas como violadas para efectos de este extraordinario recurso, ya que las mismas no ostentan la condición de ser preceptos legales sustantivos de orden nacional, en los términos que indica el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) alude e insta la revisión del material probatorio, lo cual no resulta congruente con el tipo de infracción alegada. Cuando la sentencia que se impugna es acusada de ser violatoria de ley sustantiva por infracción directa, se entiende que la cuestión debatida en el recurso es estrictamente jurídica y, por ende, los hechos del proceso están fuera de controversia. En este caso, la controversia se genera en relación al despido de la demandante, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto antes relacionado, que tiene como requisito indispensable la aceptación de los hechos por las partes o ser reconocidos por el juzgador, sin valoración del material probatorio y en el sub lite no se ha dado esta situación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, por el Abogado LUIS GABRIEL MARTINEZ URBINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ; en relación a la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; pago de todos los beneficios que otorga el contrato colectivo a los trabajadores durante la secuela del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de agosto del año dos mil catorce, por la señora CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO, en ese entonces el señor RICHARD ZABLAH AZFURA, mayor de edad, Doctor en Química y Farmacia, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha treinta de julio del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por, CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a través de su Director RICHARD ZABLAH AZFURA en cuanto al Reintegro a su puesto de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y pago de todos los beneficios que otorga el contrato colectivo a los trabajadores; en consecuencia, 2) ABSUELVE AL DEMANDADO el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a través de su Director RICHARD ZABLAH AZFURA, a reintegrar a CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ, a su puesto de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir y pago de todos los beneficios que otorga el contrato colectivo a los trabajadores; 3) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 3 de octubre del año 2006 fue contratada por el Doctor EFRAIN BU FIGUEROA, en su condición de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) con una vigencia indeterminada en el cargo de Secretaria de Junta Directiva del (IHSS) devengando un salario de veintiún mil lempiras mensuales (L.21,000.00) mensuales, en el mes de febrero del año 2010 fue removida de manera repentina del cargo de Secretaria de la Junta Directiva y trasladada como asistente de la Subdirección Ejecutiva del IHSS, hasta que finalizara la administración 2010-2014, con el agravante que al momento de dicha separación no se levantó el respectivo inventario de la documentación que obraba en dicha secretaría bajo su custodia razón de su cargo, asumiendo que a partir de ese momento la custodia de la documentación que obra en la secretaría era responsabilidad de la nueva titular del cargo, quien de haber notado la existencia de documentación incompleta, sin firma o cualquier otra irregularidad, debió informarla en su momento a la Junta Directiva y a la Dirección Ejecutiva, afirmando que en ese momento toda la documentación que obraba en dicha secretaría estaba en orden, completa y con toda la documentación que respaldaba las sesiones y por ende las decisiones de la Junta Directiva, en cuanto a las actas que se refiere todas estaban firmadas exceptuando las correspondientes a la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social del período 2006 al 2008, mismas que fueron enviadas oportunamente para su respectiva firma, las cuales fueron devueltas para correcciones de forma, realizadas estas, nuevamente fueron enviadas a firma de la presidencia, acumulándose las mismas y retrasándose el proceso de firma de actas, sin que fuera responsabilidad de la Secretaria de Junta la no firma de actas por parte de la Presidenta, indicando que en el cumplimiento de sus funciones hizo las gestiones necesarias y a su alcance para que las actas fueran reintegradas a la Secretaria de Junta debidamente firmadas, informándosele que existía un retraso en la firma de actas de períodos anteriores a que ella asumiera el cargo, razón por la cual aún no estaban firmadas las actas de su período. Tuvo conocimiento que en el año 2012 la Junta Directiva autorizó la contratación de una firma legal que realizara la revisión de la documentación que se encontraba en la Secretaría de Junta Directiva y procediera a documentar, por lo que se presume que la firma legal contratada debió haberse percatado de la existencia de actas sin firma y debió incluir dicha situación como parte del producto que resultó de la consultoría y que se entregó a la Dirección Ejecutiva, sin que en ese momento dicha autoridad realizara un proceso de investigación o aplicación de sanción alguna, al haber cesado su persona de dicho cargo, no pueden hacerle responsable por la documentación que no obra en dicha secretaría, pues han transcurrido 4 años desde su remoción, en desacuerdo con que le quieran relacionar con irregularidades con las que no tenga nada que ver, el día 15 de enero del año 2014 la Presidencia de la República decretó la intervención del IHSS nombrando para tal efecto la comisión interventora, la que procedió a la evaluación e investigación de diferentes áreas del IHSS, integrando para tal efecto un equipo técnico de trabajo integrado por personal de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, una vez que se instaló la nueva administración del IHSS, se le trasladó como asistente del Director Ejecutivo, por lo que en el mes de febrero de 2014 informó verbalmente al coordinador del equipo técnico de la comisión interventora Licenciado Raúl Zavala sobre las actas sin firma correspondientes a su período, que obraban en la Secretaría de Junta Directiva, mismo que le ordenó por la misma vía que procediera a firmar dichas actas, aún sin la firma de la Presidencia (situación que quedó plenamente acreditada según ficha de investigación realizada por el personal de recursos humanos durante el mes de abril del 2014), subsanándose en parte el acto administrativo de la no firma, quedando solventada dicha situación, durante el mismo mes de abril se presentó por parte del área de recursos humanos un informe en el cual se determinó que no existen méritos o causas para realizar sanción alguna a su persona, quedando nuevamente en conocimiento de la Dirección Ejecutiva y de la Comisión Interventora de las actas sin firmar, desde el mes de abril del año 2014, procediendo a la notificación del despido directo, injusto e ilegal por esa causa el día 27 de junio del 2014, fecha en la cual la administración del IHSS había perdido irrevocablemente el término establecido en el artículo 863 del Código de Trabajo vigente, para sancionarle. En fecha 28 de mayo el equipo técnico de la CNBS solicitó se le cite para audiencia de cargos y descargos, sin indicar los motivos por el cual se solicita, utilizando como base un informe sin firma ni responsable de su elaboración, en cual se establece la existencia de 12 actas y diferentes resoluciones sin firma, indicando como punto de sustento supuestos efectos que la no firma de actas pudo causar a la institución (hechos probables o inciertos que no sucedieron), basándose dicho informe en hechos que pudieron ser pero que no sucedieron, en fecha 29 de mayo de 2014 la Dirección Ejecutiva autorizó la realización de audiencia de cargos descargos a la demandante, por lo que en fecha 11 de junio fue citada para dicha audiencia, sin que en la cédula de citación se estableciera de forma expresa las causas y hechos concretos que se le imputan, sin especificar el objeto de la audiencia, lo cual se considera una violación del derecho a la defensa y del debido proceso, pues debió ponerse en su conocimiento los hechos por los que se le citó a audiencia, realizándose la audiencia en fecha 17 de junio de 2014, sin representación de parte sindical, realizándose el interrogatorio en base a un informe del cual nunca tuvo conocimiento si no hasta ese momento, alegó desconocer quién realizó el informe que se utilizó como base para llevar a cabo la audiencia, así como la determinación del alcance y efectos del mismo, sumado al hecho que ya se había solicitado por parte de la comisión interventora la firma de las actas lo que denota irregularidades en el proceso de su despido directo, injusto e ilegal, más aún cuando se solicitó a la unidad de asesoría legal una opinión sobre los efectos de la no firma de actas, sin que esta se pronunciara al respecto, pues según lo establecido en la ley respecto de las funciones de la Secretaria de Junta Directiva cumplió a cabalidad con las mismas por lo que la audiencia no se justifica, concurriendo vicios de nulidad en la cancelación del nombramiento permanente. Considerando que no se siguió el procedimiento de ley establecido para realizar el despido, incumpliéndose con lo establecido en la cláusula 11 del XIV Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Vigentes IHSS-SITRAIHSS, el cual es de aplicación general para todos los empleados del IHSS, nótese que en su caso el Director Ejecutivo no firma su cancelación. En fecha 27 de junio del 2014 el Director Ejecutivo del IHSS manifestó su desacuerdo con el despido por considerar que el mismo carece de fundamentos legales según memorando 5741-DEI-IHSS, subrayando que los hechos de las autoridades de la institución deben guardar la objetividad en cada proceso y que sus actuaciones como tales deben estar apegadas a la ley y al respeto de los derechos humanos. La Comisión Interventora a través de su presidenta procedió a la notificación de cancelación de nombramiento permanente, por considerar la Comisión la supuesta falta cometida como grave, lo cual es ilegal, pues los despidos son atribución del Director Ejecutivo según lo establecido artículo 27 numeral 5) de la Ley del Seguro Social, las faltas a ella imputadas fueron desvanecidas estableciendo en la audiencia de cargos y descargos que las actas fueron remitidas para firma, agregando que las resoluciones se notificaron de buena fe esperando la devolución de las actas debidamente firmadas por la presidencia en el menor tiempo posible. Que todos los actos administrativos son subsanables como es el caso de las actas sin firma, pues los mismos son válidos al ser hechos ciertos que cuentan con respaldo físico y digital, no constituyen delito y fueron emitidos por autoridad competente. Que se le citó a audiencia de cargos y descargos en base a cláusula 11 del XIV Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo Vigentes IHSS-SITRAIHSS, misma que en la cédula de citación no se cumplió al no hacer una relación expresa de los hechos por los cuales se le citó a audiencia, ni se aplicó para llevar a cabo el procedimiento de despido.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que en fecha 15 de enero del año 2014 y mediante Decreto PCM-011-2014, el Presidente de la República ordenó intervenir el Instituto Hondureño de Seguridad Social, nombrando una Comisión Interventora con amplias facultades conforme lo establece el artículo 100 de La Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. En cumplimiento a ese Decreto se nombró un equipo técnico encargado de hacer investigaciones con hechos que presenten anomalías, por lo que procedió a través de esta comisión técnica a realizar auditorias de todo tipo de personal, manejo de fondos, control de inventarios, etc., y fue la que investigó administrativamente el caso que nos ocupa, para luego turnarlo a la Dirección Ejecutiva para que procediera a autorizar la audiencia de cargos y descargos, y siendo que la demandante manifestó no ser afiliada al SITRAIHSS no es aplicable lo establecido en la cláusula 11 del Contrato Colectivo, sin embargo se citó en legal y debida forma al Delegado Sindical y la demandante en la audiencia de cargos y descargos se hizo acompañar de un representante de Derechos Humanos lo que se acreditara en el momento procesal oportuno; mediante Memorando ME-ETCNBS-342-2014 de fecha 28 de mayo del año 2014, el Equipo Técnico envió a la Dirección Ejecutiva el expediente administrativo de investigación y solicitó se realizara audiencia de cargos y descargos a la demandante, asimismo mediante memorando número 4853-DEI-IHSS de fecha 29 de mayo del año 2014 la Dirección Ejecutiva del IHSS autoriza se lleve a cabo audiencia de cargos y descargos a la demandante, en vista de los hallazgos encontrados por lo que a partir de esta fecha empieza a correr el término para despedir a la demandante. Igualmente la demandante fungió como Secretaria de la Junta Directiva durante el periodo de los años 2006 al 2010, períodos dentro de los cuales se encuentran actas de la Junta Directiva sin firma y que fueron emitidas resoluciones y notificadas las mismas lo que constituye una negligencia de la demandante y falta laboral que se tipificó como grave y como consecuencia se dio por terminada la relación laboral que les unía, efectivamente existen actas de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, que no tienen firma y que fueron notificadas mediante resoluciones firmadas por la demandante entre algunas de ella son acta 2458, resolución 04-17-10-2006, acta 2459, resolución 06-31-10-2006, todas del 2006 más otras que acreditare en el momento procesal oportuno, actas que no están firmadas por los funcionarios respectivos y que la demandante en su condición de Secretaria de la Junta Directiva emitió resolución y notificación para que se ejecutaran lo que constituye desconocimiento legal, y falta laboral, ya que dichas actas al no estar firmadas no tienen carácter legal que la ley les da, en la audiencia de cargos y descargos la demandante manifestó que todas las actas se enviaban a firma y que desconoce porque existen actas sin firmar, y que se aplicaba el Reglamento Interno de la Junta Directiva y no la Ley del Seguro Social, por lo tanto no desvirtuó las causa que se le imputaban en la cancelación de su nombramiento y que la demandante no desvirtuó las causas de su despido la que consiste en no firma de actas y haber emitido la notificación de resoluciones para que fueran ejecutadas lo que hubiera ocasionado grandes perjuicios.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de julio del año dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda absolviendo al demandado de reintegrar la demandante a su puesto de trabajo y del pago de los salarios dejados de percibir y pago de todos los beneficios que otorga el contrato colectivo a los trabajadores; sin costas; bajo el criterio que a la demandante se le investigó y producto de esa investigación resultaron los cargos atribuidos enmarcándolos en faltas graves por haber incumplido las funciones inherentes a su cargo, cuando se desempeñó como Secretaria de la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, al tenor de lo establecido en el artículo 112 literal l) relacionado con el 97 numerales 1), 2) y 13) del Código del Trabajo, 8 y 30 del Reglamento Interno de la Junta Directiva, en consecuencia está ajustado a derecho el despido. Que la parte demandante en la audiencia de alegaciones alega prescripción, cuando la misma debió haber sido expuesta como alegatos que vicien el despido, en los hechos de la demanda y en este caso se realizó extemporáneamente.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha uno de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer que era obligación de la demandante en primer lugar, tener las actas al día, en segundo lugar firmarlas junto con el Presidente, sin embargo se acreditó que varías actas en los diferentes años que fungió como Secretaria de la Junta Directiva no fueron firmadas, a pesar que ella comunicó las resoluciones que ahí se habían tomado y las cuales surtieron sus efectos, pero las actas no se encuentran firmadas y si bien se señala que tal error es subsanable, también es cierto que ella al no firmar las actas como era su obligación, incumplió con una de sus funciones y por tal motivo el despido es legal y justo; concluye señalando que la parte demandada probó en juicio tener justa causa para el despido de la demandante.- 5.- Mediante auto de fecha trece de noviembre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS GABRIEL MARTINEZ URBINA, en su condición de representante procesal de la señora CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal Abogado LUIS GABRIEL MARTINEZ URBINA, en su condición de representante procesal de la señora CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de febrero del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda de casación requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II.- Que el Abogado LUIS GABRIEL MARTINEZ URBINA en el primer motivo de casación sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente por la falta de apreciación del medio de prueba documental consistente en Memorando 5741-DEI-IHSS, de fecha 27 de junio de 2014, que contiene la aceptación por parte del Director Ejecutivo de la Institución demandada INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), que no existen fundamentos legales para la cancelación de nombramiento permanente de la trabajadora CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ, documento visible a folio ochenta y uno (81) de la primera pieza del expediente, que en delante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto y que le hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó a la Corte sentenciadora en forma indirecta a la violación del articulo 91 del Reglamento Interno de Trabajo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), Cláusula 11 párrafo nueve del XIV CONTRATO COLECTIVO de Condiciones de Trabajo IHSS-SITRAIHSS y artículo 3 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este motivo de casación el Artículo 765, numeral 1, párrafo segundo, del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA NO APRECIADA: De las pruebas propuestas y practicadas en su conjunto, singularizo la que no fue apreciada: La documental que se refiere a: Memorando 5741- DEI-IHSS, de fecha 27 de junio de 2014 suscrito por el Doctor RICHARD ZABLAH Director Ejecutivo de la Institución demandada dirigida a la Abogada VILMA MORALES en su condición de miembro de la Comisión Interventora del IHSS que se encuentra agregada a los autos a folio ochenta y uno (81) de la primera pieza del expediente, y evacuada en el reconocimiento judicial que corre agregada a folio ciento cincuenta y cinco (155) de la primera pieza del expediente. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al no apreciar el medio de prueba documental visible a folio ochenta y uno (81) de la primera pieza del expediente, singularizada anteriormente, en relación a los demás medios de prueba apreciados en su conjunto.- En este caso no valoro el Memorando 5741-DEI-IHSS donde el Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), manifiesta a su desacuerdo con “la cancelación del nombramiento permanente de la empleada CARMEN CASTRO” aceptando que no existen fundamentos legales para la dicha cancelación, este medio de prueba singularizado es auténtico que de haberlo apreciado y valorado correctamente el AD-QUEM no hubiera declarado sin lugar el recurso de apelación, ni confirmado el fallo apelado, pues al ser aceptada por la autoridad competente la no existencia de fundamentos de ley para proceder al despido, desvirtúa la existencia de la comisión de falta alguna por parte de la demandante. Ello es violatorio porque el artículo 91 del Reglamento Interno de Trabajo del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), establece que “Las faltas de los trabajadores del IHSS serán calificadas por la Dirección General...” y de la Cláusula 11 párrafo nueve, del XIV CONTRATO COLECTIVO de Condiciones de Trabajo IHSS-SITRAIHSS que establece “La Dirección Ejecutiva tomara su decisión definitiva (lo resaltado es mío) basándose en las conclusiones emitidas por consenso por la Comisión Investigadora, en caso contrario la Dirección Ejecutiva tomara en cuenta las conclusiones que por separado formularan los miembros de dicha Comisión sobre el caso especifico investigado, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste al trabajador”, por lo que es una atribución exclusiva de la Dirección Ejecutiva calificar el tipo de falta y por ende la existencia o no de la misma, consecuentemente al no existir fundamentos de Ley a criterio de la Dirección Ejecutiva, desaparecen las causales de despido invocadas, y siendo que la normativa laboral vigente ordena “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”.( artículo 3 del Código de Trabajo), (Lo resaltado es mío).- Si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que de haber apreciado el medio de prueba documental que he singularizado y que tal falta, le hizo incurrir en un error de hecho por la falta de apreciación del documento Memorando 5741 -DEI-IHSS, de fecha 27 de junio de 2014 suscrito por el Doctor RICHARD ZABLAH Director Ejecutivo de la Institución demandada, que es visible a folio ochenta y uno (81) de la primera pieza del expediente 0801-2014-01 056-LTO.”.- III.- Que en este cargo no se formula una proposición jurídica completa, ya que incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) no invoca como violadas normas de carácter laboral sustantivo, ya que el artículo 3 del Código del Trabajo es una disposición general que no contiene derechos y obligaciones recíprocas entre trabajador y patrono o que las extinga; las otras citadas no son preceptos legales sino que se refiere a una norma reglamentaria y otra contractual, inviolables para los efectos de este extraordinario recurso; y, b) el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: 1) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; 2) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; 3) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; 4) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1]Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios de prueba, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice.- IV.- Que la Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional, por infracción indirecta proveniente por la apreciación errónea del medio de prueba documental que corre agregada en autos a folio sesenta y tres ( 63) de la primera pieza del expediente, que se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto de la siguiente manera CEDULA DE CITACION, que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 60, 112 literal L), del Código de Trabajo, en relación con la cláusula 11 del XIV CONTRATO COLECTIVO de Trabajo de Condiciones IHSS-SITRAIHSS.PRECEPTO AUTORIZANTE: Autoriza este motivo de casación el Artículo 765, numeral 1, párrafo segundo, del Código de Trabajo y relacionado con el articulo 90 párrafo, del Código de Trabajo y relacionado con el articulo 90 párrafo primero de la Constitución. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: De las pruebas propuestas y practicadas en su conjunto, singularizo la que fue apreciada erróneamente: La documental que se refiere a CEDULA DE CITACION que corre agregada a los autos a folio 63 de la primera pieza del expediente, mediante la cual se requirió a audiencia de cargos y descargos a la empleada CARMEN ALEJANDRA CASTRO ORTEZ. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por mayoría de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba singularizado anteriormente, en relación a los demás medios de prueba apreciados en su conjunto, ya que se acredita que se citó a la demandante a audiencia de cargos y descargos sin establecer expresamente la falta supuestamente cometida, (lo resaltado es mío) es decir sin observación del procedimiento establecido en la cláusula 11 párrafo cuatro del XIV CONTRATO COLECTIVO de Condiciones de Trabajo IHSS - SITRAIHSS, donde claramente se establece la forma y términos en que se debe realizar el requerimiento al trabajador, previo la audiencia de cargos y descargos es decir, la legalidad de esa sanción, que al ser revisada se puede determinar que dicha parte omitió citar correctamente a la celebración de audiencia de descargos, omitiendo así uno de los requisitos esenciales de que debe estar revestida tal citación, documento que obra a folio sesenta y tres (63), de la primera pieza del expediente. Que es jurisprudencia que el trabajador deber ser oído antes de ser despedido, y aunque a la demandante se le cito en la cedula de citación no se le indico el motivo exacto del porque se le llevo a audiencia de cargos y descargos, por lo que al apreciar erróneamente el medio de prueba cedula de citación el AD-QUEM incurrió en una infracción indirecta del articulo 112 literal L) “... que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, del Código de Trabajo, que Si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el articulo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar sin errores la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación ineludible y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular al haberse apreciado erróneamente el medio de prueba documental por parte del Tribunal recurrido, al confirmar y hacer suyas las motivaciones del fallo de primera instancia, le afectó en su derecho constitucional al debido proceso y a la defensa a la demandante, pues al no tener conocimiento la misma de los hechos concretos que se le imputaban, no podía elaborar una defensa efectiva que le permitiera desvirtuar la imputación.”.- V.- Como en el anterior cargo, este motivo resulta inadmisible ya que adolece de los defectos siguientes: a) entre las normas invocadas como violadas, el artículo 60 del Código del Trabajo contiene varios párrafos con distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cual de ellas se dirige su ataque; y, b) que tal como se señalará anteriormente, el error de hecho debe ser manifiesto u ostensible, que pugne con lo probado en el juicio, situación que no aparece en el presente caso, donde el ad-quem valoró y apreció el conjunto del material probatorio, arribando a la conclusión de que el despido de la demandante se encuentra justificado.- VI.- Que como tercer motivo se expone: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del articulo 97 numerales 1, 2, 3, del Codigo de Trabajo, siendo el caso que la disposición que debió aplicar es el articulo 112 del Código del Trabajo literal L) y 863 del Código de Trabajo. Este motivo de casación está comprendido en el articulo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICION SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el articulo 97 numerales 1, 2, 3, del Código de Trabajo, relacionada con los artículos 112 literal L) que en su párrafo final en lo conveniente establece “...que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”, relacionado con el articulo 863 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: La aplicación indebida se presenta cuando se aplica a un hecho, una norma que no lo regula. En el presente caso, la Corte de Apelaciones relaciona en la parte considerativa el articulo 97 numerales 1, 2, y 3 y concluye que la parte demandada acredito tener justa causa de despido para dar por terminado el contrato de trabajo de la trabajadora Carmen Alejandra Castro Ortez (visible en los Considerandos 6 y 7), sin embargo en la misma parte considerativa relaciona que la señora Carmen Alejandra Castro Ortez fungió como secretaria de Junta Directiva del periodo 2006 al 2010 periodo a que corresponden los hechos que se le imputan (visible en el considerando 2), siendo que la demandante fue trasladada a otra dependencia el uno (01) de Junio del año 2011 (visible a folio 15 de la primera pieza del expediente), que la demandada acepto que previo a la audiencia se solicito a la demandante firma de las actas que se encontraban sin firma (visible a folio 59 Hallazgo tercero, segundo antecedente de la primera pieza del expediente) desapareciendo así las causales invocadas, de igual manera el patrono tenia conocimiento de la supuesta causa de despido desde el dieciséis (16) de octubre del año 2012 y posteriormente el veintinueve (29) de abril del 2014. (Visible a folios 169 vuelto numeral 3 y folio 121 fecha de impresión de documentos al final de la página ambos de la primera pieza del expediente), procediendo aun así la demandada a realizar el despido, siendo este injusto e ilegal, al haberse realizado fuera del término que la Ley otorga. - Desde el inicio de las pretensiones de la demandante se alego la prescripción en el escrito de la demanda como hecho de defensa (visible a folio 2 ultimas 5 líneas y folio 3 vuelto primeras 4 líneas). Como es apreciable el articulo 97 numerales 1, 2, y 3, no es aplicable en este caso, ya que no regula la situación jurídica planteada pues al momento en que se realizó el despido no existían fundamentos legales para el mismo, tal como lo acepto el Directo Ejecutivo, relaciona al Motivo Primero de la presente demanda de casación, en consecuencia el despido fue ilegal e injusto. Por ello, no concurre ninguna de las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad por su parte. El Artículo 863 establece: “Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de este, o en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria”. Por lo anterior la norma que debió aplicarse en todo caso, es el articulo 863 del Código del Trabajo, ya que es esta la disposición que consigna el término a que tiene derecho el patrono para realizar acción alguna para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, relacionado con el articulo 112 literal l) del Código del Trabajo “...que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional”. (Lo resaltado es mío) Evidenciada la infracción por aplicación indebida del articulo 97 numerales 1, 2 y 3 del Código de Trabajo, resulta apropiada la sustitución de dicha norma por lo dispuesto en el articulo 863 del Código del Trabajo.”.- VII.- Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que el Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) alegando aplicación indebida de una norma, censura la valoración probatoria que se realizara por los juzgadores de instancia, lo cual no resulta apropiado en este tipo de infracción; b) señala entre otras, que la norma que se debió aplicar en sustitución de la infringida, es el artículo 112 literal l) del Código del Trabajo, la cual si aparece aplicada por el Juzgador, al estimar justificada la causa del despido de la demandante; y, c) realiza alegatos propios de instancia y pretende que se considere un argumento sobre la prescripción de tal determinación, cuando dicha situación jurídica no fue expuesta en forma oportuna y clara por la parte demandante, ya que este Tribunal ha sostenido que en el caso de alegarse dicha prescripción por parte del demandante, si bien éste no estaría obligado a excepcionarla, si es necesario que sea preciso y concreto al invocarla como cuestión de ilegalidad de la sanción o despido de que se trate. [2].- VIII.- Que en el cuarto y último motivo se casación se arguye: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa de las cláusulas 6, 9 párrafo primero, 11 del XIV CONTRATO COLECTIVO de Condiciones de Trabajo IHSS-SITRAIHSS, con vigencia a partir del mes de abril del año 2011; relacionado con los artículos 3, y 113 párrafo segundo y párrafo tercero literal b).PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICION SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye las cláusulas 6, 9 párrafo primero, 11 del XIV CONTRATO COLECTIVO de Condiciones de Trabajo IHSS-SITRAIHSS, con vigencia a partir del mes de abril del año 2011; relacionado con los artículos 3 y 113 párrafo segundo y párrafo tercero literal b). CONCEPTO DE LA INFRACCION: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente forma: La infracción directa se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula. En palabras del jurista Luís Lagos Pantoja, la infracción directa “se presenta porque se deja de aplicar la ley siendo el caso de hacerlo”. La clase de este género de violación es constituida por la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra las normas legales. La parte demandada, acepto y en consecuencia, no fue objeto de debate, el hecho que no se le aplico a la demandante el procedimiento de despido establecido en la cláusula 11 del Contrato Colectivo, por no ser la misma afiliada al Sindicato de Trabajadores del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (SITRAIHSS). Estableciendo la Cláusula No. 6 del XIV CONTRATO COLECTIVO de Condiciones de Trabajo IHSS-SITRAIHSS, del ámbito de aplicación “El presente Contrato Colectivo tendrá aplicación en todas las dependencias del Instituto en el territorio nacional y cubre todos los trabajadores que prestan sus servicios a la Institución. Para efecto de la aplicación de los beneficios de este contrato colectivo, los trabajadores quo gocen do ellos están sujetos a cumplir con lo enunciado en la Cláusula No. 9. El contrato colectivo prevalecerá sobre cualquier disposición y regulación que se aplique dentro de la Institución, salvo que se trate de disposiciones que favorezcan más al trabajador”. Cláusula No. 9 “El Instituto deducirá mensualmente del salario de sus trabajadores afiliados al sindicato las cuotas ordinarias y extraordinarias que se acordaren. Igual deducción hará de las cuotas ordinarias que correspondan a cada trabajador no afiliado (lo resaltado es mío) o no sindicalizado y empleados de confianza quo reciban beneficios directos o indirectos del presente Contrato Colectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 30 del 165 de marzo do 1973”. Cláusula No. 11 de la investigación conjunta do faltas que ameritan suspensión o despido “El Instituto y el Sindicato investigaran conjuntamente todas las faltas que supuestamente hayan cometido los trabajadores y que ameriten suspensión o despido a efecto de evitar conflictos individuales o colectivos que pudieran derivarse de la aplicación de tales sanciones. Como procedimiento de investigación se seguirá el siguiente: Tan pronto el Instituto tenga conocimiento de la supuesta falta cometida la Gerencia de Recursos Humanos, la Subgerencia de Recursos Humanos del Hospital de Especialidades, la Subgerencia de Recursos Humanos del Hospital Regional del Norte y de la Dirección Regional del Norte o su representantes, requerirán por escrito a la Junta Directiva Central o Juntas Directivas seccionales del Sindicato, para que dentro del término de tres días hábiles, después do entregada la nota de requerimiento designe la representación sindical con un máximo de dos (2), quien, con las personas acreditadas por el Instituto, que serán un máximo de dos (2), integraran la Comisión investigadora de la supuesta falta. Asimismo el Instituto citara al trabajador por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la audiencia de cargos y descargos. La no acreditación de representación sindical dará lugar a que se siga la investigación. En la nota de requerimiento que se envíe al Sindicato y trabajador deberán consignarse nombre completo del afectado, su sección o área de trabajo, la falta supuestamente cometida y el lugar, fecha y hora en que se hará la investigación. La representación sindical tendrá acceso al expediente de investigación del trabajador inculpado dos (2) días hábiles antes de la Audiencia señalada para conocer la naturaleza de la falta que se le imputa al trabajador. La Comisión deberá oír al inculpado, debiendo los representantes del Instituto formular los cargos y aportar las pruebas y el afectado con la asistencia del o los representantes sindicales, hacer los descargos y contraprobar los extremos relacionados con los cargos formulados. Todo esto se evacuara en una misma audiencia, pero si no fuere posible la evacuación de la misma se ampliara por el término de dos días hábiles. En ambos caso se levantara acta adicional y dos copias en la que se consignaran las conclusiones del caso, la que firmaran los representantes del Instituto y del Sindicato, como también el trabajador investigado. La Dirección Ejecutiva tomara su decisión definitiva basándose en las conclusiones emitidas por consenso por la Comisión Investigadora, en caso contrario la Dirección Ejecutiva tomara en cuenta las conclusiones que por separado formularan los miembros de dicha Comisión sobre el caso especifico investigado, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste al trabajador. El trabajador que fuere sancionado podrá, a su opción, ejercer las acciones que crea conveniente ante las autoridades del trabajo y ante los tribunales de justicia del mismo ramo sin perjuicio que podré por Si o a través del Sindicato en forma escrita y mediante simple nota, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación formal escrita de la sanción que le hubiere sido impuesta, pedir la reposición de la misma”, a la demandada no le queda más remedio que aplicar dicha disposición. Innegablemente de la disposición citada, y que se invoca como infringida, se desprende que en relación con el articulo 3 del Código de Trabajo “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”, en relación con el articulo 113 párrafo segundo y párrafo tercero literal b), “. . . que frente a un despido ilegal, el trabajador tiene derecho tanto al reintegro en el cargo que ostentaba, como a los salarios dejados de percibir, desde dicho despido, hasta la reinstalación” y el 129 de la Constitución de la República instituye el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores y el derecho opcional de los mismos para pedir su reintegro.- En consecuencia la falta de aplicación de por parte de la Corte sentenciadora de las normas citadas, produce la infracción Directa alegada en este motivo y por tal virtud este motivo debe prosperar y casar la sentencia recurrida.”.- IX.- Que tampoco procede la admisión del anterior cargo, ya que el Censor del fallo incurre en los siguientes defectos técnicos: a) las cláusulas de un contrato colectivo no pueden ser invocadas como violadas para efectos de este extraordinario recurso, ya que las mismas no ostentan la condición de ser preceptos legales sustantivos de orden nacional, en los términos que indica el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) alude e insta la revisión del material probatorio, lo cual no resulta congruente con el tipo de infracción alegada. Cuando la sentencia que se impugna es acusada de ser violatoria de ley sustantiva por infracción directa, se entiende que la cuestión debatida en el recurso es estrictamente jurídica y, por ende, los hechos del proceso están fuera de controversia. En este caso, la controversia se genera en relación al despido de la demandante, por ende no es viable el ataque a la sentencia por el concepto antes relacionado, que tiene como requisito indispensable la aceptación de los hechos por las partes o ser reconocidos por el juzgador, sin valoración del material probatorio y en el sub lite no se ha dado esta situación. [3].- X.- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los cuatro motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ, RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 542-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL
[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.
[2]Ver sentencias dictadas el 23 de octubre del 2009 en el expediente SL 379-08 y el 18 de febrero del 2011 en el expediente SL 57-09
[3]Ver sentencias expedientes números SL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09.