Sentencia CL-532-14 — Registro 5826
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare ilegal e injusto suspensiones laborales sin goce de sueldo en violación al contrato colectivo de condiciones de trabajo, pago de salario de días deducidos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en el cargo anterior se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) no es claro, ni preciso en el concepto de la infracción, ni en el precepto autorizante, ya que alude a un error de hecho sin señalar si el mismo es derivado de la falta de apreciación o la apreciación errónea de la prueba singularizada; y, b) olvida citar las normas de naturaleza sustancial que considere han sido violadas, así como también las procesales que sirvieron de medio para dicha violación.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Para fines jurisprudenciales es necesario diferenciar, por una parte, las causas de suspensión de los contratos de trabajo, contenidas en el artículo 100 del Código del Trabajo, sobre las cuales se debe comprobar la causa que las origina ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, conforme lo previsto en el artículo 101 del mismo Código, con la suspensión de labores sin goce de salario, como una medida disciplinaria, que el artículo 92 numeral 9) del citado ordenamiento legal, previene que debe ser plasmada en el Reglamento Interno de Trabajo que debe ser aprobado por esa misma Secretaría de Estado, la cual no puede decretarse por más de 8 días, ni antes de haber oído el interesado, sin previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos casos, el delegado del Sindicato y a falta de éste, un representante de los trabajadores; lo cual determina que son dos instituciones diferentes y con alcances jurídicos distintos que no deben ser objeto de confusión"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 92, numeral (9 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 100 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 101 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de marzo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, mayor de edad, hondureño, casado y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); en relación a la demanda ordinaria laboral para que se declare ilegal e injusto suspensiones laborales sin goce de sueldo en violación al contrato colectivo de condiciones de trabajo, pago de salario de días deducidos, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de diciembre del año dos mil once, por el abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio en su condición de apoderado de los señores 1. ELISA ISABEL PALMA QUIÑONES; 2. LUISA EMILIA VALLECILLO IRIAS; 3. ANA GABRIELA VARELA MELENDEZ; 4. IRIS DORIS ESMERALDA NOLASCO; 5. ELIA ONDINA SERVELLON TORRES; 6. SUYAPA MARIBEL ULLOA; 7. CARMEN ELENA ALVAREZ FLORES; 8. MANUEL DE JESUS SOSA; 9. LILIANA FLORES DIAZ; 10. CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO; 11. FREDY ANTONIO MARADIAGA GODOY; 12. GUILLERMO BUESO LAGUNA; 13. KARLA YULETH URBINA ORDOÑEZ; 14. ELSY ONEYDA ARTICA ALVAREZ; 15. SAIDA LISBETH RAUDALES ESPINAL; 16. JOSE EDUARDO NUÑEZ PAVON; 17. XENIA CAROLINA AYALA NUÑEZ; 18. EDWIN EDGARDO ROJAS; 19. ADAN EVENOR AGUILERA; 20. RITA MIREYA VALLADARES BURDETH; 21. FELIX HUMBERTO FLORES CACERES; 22. MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ; 23. NADIA BELKIS ROCHEZ PALMA; 24. MARTHA ISABEL ANARIBA ORTEGA; 25. ELVIS ALBERTO LARA MEJIA; 26. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ; 27. ISRAEL TREJO; 28. RAUL ANTONIO BULNES GOMEZ. 29. LUIS ROLANDO DERAS; todos hondureños, mayores de edad solteros y de este domicilio, en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); por medio de su MINISTRO DIRECTOR, en ese entonces el señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Ciencias Sociales, y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintidós de julio del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se declare Ilegal e Injusto Suspensiones Laborales Sin Goce de Sueldo en Violación al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.- Pago De Salarios de días Deducidos; promovida por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS en su condición de Apoderado Legal de los señores que detallan a continuación: 1. ELISA ISABEL PALMA QUIÑONEZ; 2. LUISA EMILIA VALLECILLO IRIAS; 3. ANA GABRIELA VARELA MELENDEZ; 4. IRIS DORIS ESMERALDA NOLASCO; 5. ELIA ONDINA SERVELLON TORRES; 6. SUYAPA MARIBEL ULLOA; 7. CARMEN ELENA ALVAREZ FLORES; 8. MANUEL DE JESUS SOSA; 9. LILIANA FLORES DIAZ; 10. CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO; 11. FREDY ANTONIO MARADIAGA GODOY; 12. GUILLERMO BUESO LAGUNA; 13. KARLA YULETH URBINA ORDOÑEZ; 14. ELSY ONEYDA ARTICA ALVAREZ; 15. SAIDA LISBETH RAUDALES ESPINAL; 16. JOSE EDUARDO NUÑEZ PAVON; 17. XENIA CAROLINA AYALA NUÑEZ; 18. EDWIN EDGARDO ROJAS; 19. ADAN EVENOR AGUILERA; 20. RITA MIREYA VALLADARES BURDETH; 21. FELIX HUMBERTO FLORES CACERES; 22. MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ; 23. NADIA BELKIS ROCHEZ PALMA; 24. MARTHA ISABEL ANARIBA ORTEGA; 25. ELVIS ALBERTO LARA MEJIA; 26. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ; 27. ISRAEL TREJO; 28. RAUL ANTONIO BULNES GOMEZ. 29. LUIS ROLANDO DERAS; Contra EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) a través de su Ministro Director el Abogado CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA. II.- CONDENAR: Al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) a través de su Ministro Director el Abogado CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA: A pagar la cantidad de SESENTA Y UN MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (L.61,019.41) por concepto de devolución de las deducciones efectuadas a los demandantes por las suspensiones impuestas distribuidos de la siguiente manera: 1. ELISA ISABEL PALMA QUIÑONEZ L.3,213.25; 2. LUISA EMILIA VALLECILLO IRIAS L.1,895.92; 3. ANA GABRIELA VARELA MELENDEZ L.3,213.25; 4. IRIS DORIS ESMERALDA NOLASCO L.1,820.00; 5. ELlA ONDINA SERVELLON TORRES L.1,802.67; 6.SUYAPA MARIBEL ULLOA L.3,213.25; 7.CARMEN ELENA ALVAREZ FLORES L.1,479.92; 8. MANUEL DE JESUS SOSA L.1,987.56; 9. LILIANA FLORES DIAZ L.1,895.11; 10. CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO L.1,595.98; 11. FREDY ANTONIO MARADIAGA GODOY L.1,646.67; 12. GUILLERMO BUESO LAGUNA L.1,872.00; 13. KARLA YULETH URBINA ORDOÑEZ L.1733.33; 14. ELSY ONEYDA ARTICA ALVAREZ L.1,895.87; 15. SAIDA LISBETH RAUDALES ESPINAL L.1,4479.92; 16 .JOSE EDUARDO NUÑEZ PAVON L.1,820.00; 17. XENIA CAROLINA AYALA NUÑEZ L.1,820.00; 18. EDWIN EDGARDO ROJAS L.2,507.56; 19. ADAN EVENOR AGUILERA L.3,213.25; 20. RITA MIREYA VALLADARES BURDETH L. 3, 213.25; 21. FELIX HUMBERTO FLORES CACERES L.1,698.67; 22. MAXIMINO GUZMAN RODRIGUEZ L.1,640.89; 23. NADIA BELKIS ROCHEZ PALMA L.1,721.78; 24. MARTHA ISABEL ANARIBA ORTEGA L.1,72178; 25. ELVIS ALBERTO LARA MEJIA L.1,548.44; 26. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ L.3,213.25; 27. ISRAEL TREJO L.1,883.56; 28. RAUL ANTONIO BULNES GOMEZ L.2,680.89. 29. LUIS ROLANDO DERAS L.1828.78. III.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que laboran para el Instituto Nacional Agrario (INA) y fueron suspendidos de sus puestos de trabajo sin goce de sueldo, según acuerdos, oficios y notas de fechas 19 y 30 de agosto de 2011, emitidos por el Instituto Nacional Agrario y efectivos a partir del día 23 de agosto y del primero de septiembre de 2011, respectivamente y bajo la misma causal, mismos que en su parte medular establece: ACUERDAN: PRIMERO: Suspender por cuatro días sin goce de sueldo en virtud de haber participado directamente en actos vandálicos que causaron daños y perjuicios a las instalaciones físicas del INA; así como daños físicos a sus compañeros de trabajo, poniendo en peligro su propia seguridad la de los trabajadores y de otras personas que se encuentran en la institución tal como consta en los videos de las cámaras de seguridad del INA; videos de medios de comunicación e imágenes captadas por los medios de comunicación escrita y testimonio de varios trabajadores afectados; así como disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo suspendiendo ilegalmente las labores y promoviendo suspensiones intempestivas del trabajo en uso de las facultades que otorga la Ley y en cumplimiento de las mismas se procederá conforme a lo establecido en la Legislación Laboral, y el Reglamento Interno de Trabajo... C). Que en ningún momento los demandantes fueron llamados a una Audiencia de Descargo, violando de esta manera la cláusula N°5 y 8 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo; es evidente que el INA al no seguir el procedimiento establecido en las clausulas N°5, 8 y 68 de la Convención Colectiva está negando el derecho de defensa a mis representados; ya que en ningún momento se les dio la oportunidad de defenderse de las supuestas faltas que aducen; D) Sin tener por ciertas las supuestas faltas imputadas a los demandantes, es evidente que las notas y acuerdos de suspensión no son claros ya que no precisan en qué fecha se dieron los hechos, ni los supuestos daños físicos causados a la institución y a sus compañeros de trabajo; asimismo no existe por parte de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social declaratoria alguna de la ilegalidad de la supuesta suspensión de trabajo.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que el día 17 de Agosto del año 2011, trabajadores del INA, dirigentes del SITRAINA; entre los que se encontraban los demandantes, encabezaron un grupo de personas quienes mediante el uso de la fuerza y violencia asaltaron las oficinas centrales del INA, causando daños al inmueble y agrediendo a los trabajadores que se encontraban en la entrada principal en ese momento, previo a esos hechos vandálicos, habían suspendido ilegalmente las labores y promoviendo suspensiones intempestivas de trabajo lo que dio lugar a que el Ministro Director del INA; en uso de sus facultades que le otorga el articulo 144 inciso e); de la Ley de Reforma Agraria; así como lo preceptuado en el Reglamento Interno de Trabajo del INA; y la Legislación laboral vigente; ordenó se suspendieran por cuatro días sin goce de sueldo a los demandantes, en ningún momento ha vulnerado los derechos de los demandantes en lo que se refiere a las cláusulas 5, 8 y 68, de la Contratación Colectiva; el procedimiento Interno Administrativo para poder resolver las quejas y reclamos sobre las faltas de un trabajador establecido en las clausulas mencionadas que regula formar una comisión para investigar faltas record, lo cual no es el presente caso pues no hay nada que investigar. Se concluye que lo sucedido con el demandante lo que cometió es una violación e infracción a los deberes y obligaciones de un trabajador, motivo por el cual no era necesario conformar una comisión bipartita; se reitera que la falta cometida por el trabajador fue clara, concreta y no necesitaba someterse a ninguna investigación. En consecuencia al haber comprobado al demandante dichas violaciones e infracciones decidió suspender por cuatro días sin goce de sueldo a los demandantes, asimismo en el acuerdo de suspensión de una forma precisa y clara se le hace saber a los demandantes cuales fueron los motivos y faltas graves cometidos por ellos así como los fundamentos legales en que se amparó la sanción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós de julio del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda para el pago de salario de días adeudados, condenó al demandado al pago de dichos conceptos; bajo el criterio que del análisis y valoración de los Medios probatorios propuestos por las partes se desprende lo siguiente: Que si bien es cierto la suspensión de labores por cuatro días sin goce de sueldo obedece a la supuesta comisión de dos faltas cometidas por los hoy demandantes consistentes en: a) La participación en actos vandálicos cometidos en perjuicio de las instalaciones del INA y de trabajadores del INA; b) Así como la afectación al horario de trabajo en cuanto a la suspensión intempestiva de labores; en cuanto a estas causas en las que se amparo la parte demandada para hacer uso de facultad disciplinaria; es preciso señalar que la parte demandada mediante el medio de prueba testifical afirma la comisión de actos vandálicos por los demandantes; prueba a la que no se le otorga el valor probatorio pretendido en virtud que en el caso de autos no se está constatando la existencia de la causal que origina la suspensión del trabajador sino la legalidad y validez de la misma; tomando como referencia para el estudio del juicio lo establecido en el Código de Trabajo artículo 100; en donde se establecen las causales de suspensión de los contratos sin responsabilidad patronal; y que del análisis respectivo se desprende que en el presente caso los actos denunciados por la parte demandada no se enmarcan en ninguna de las causales de suspensión que prevé la Ley; asimismo el articulo 101 del mismo estamento jurídico establece: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la secretaria de trabajo y previsión social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados...” Siendo menester apuntar que para la validez de la suspensión de labores por un periodo de cuatro días impuesta a los trabajadores se debió acreditar en primer lugar el procedimiento seguido ante la autoridad correspondiente a fin de constatar la falta cometida por los trabajadores; hecho que en el caso de autos no fue probado en juicio ya que el Representante de la parte procesal demandada no aportó ningún medio de prueba fehaciente que acredite las infracciones y la gravedad del daño producido tanto en los trabajadores del INA como en las instalaciones en donde opera el mismo; y que señalen como responsables de la comisión de dichos actos a los demandantes. Después de abordar este extremo es preciso señalar otro aspecto relevante para que la suspensión de los contratos de trabajo se considere valida; y es que para la aplicación de cualquier tipo de penalización se debe observar el respectivo procedimiento legal o reglamentario; siendo el caso de autos en donde no constan los descargos realizados a favor del trabajador inculpado ya que si bien es cierto el Código de Trabajo no establece las Audiencias de descargo como medio de defensa del trabajador; no podemos hacer a un lado un derecho fundamental de Rango Constitucional como lo es el Derecho a una justa Defensa; asimismo el Derecho de que se Presuma a una persona Inocente mientras esta no sea oído o vencido en juicio garantías reconocidas a todas las personas sin discriminación y aplicable en el régimen disciplinario; derechos que no fueron otorgados a los demandantes; a quienes no se les permitió desvirtuar las faltas a ellos imputadas; considerándolos culpables de las infracciones y aplicándoles las sanciones derivadas de las mismas sin haberlos escuchado y sin la representación de la autoridad competente; es decir omitiendo el procedimiento legal correspondiente y por ende violentando el Debido Proceso. Asimismo en cuanto a la segunda causal consistente en la interrupción intempestiva de labores la parte demandada no presentó las pruebas que determinaran cuando ocurrieron tales hechos; quienes participaron así como el motivo que dio origen a las suspensiones de labores; la constatación de dichas causales y de los responsables conforme a los derechos y garantías expresadas anteriormente; asimismo no se le dio aplicación en las cláusulas establecidas en el “IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo” suscrito entre el INA y SITRAINA; que entre lo relacionado al presente caso establece el procedimiento que seguirán las autoridades de la institución para la resolución de las quejas y reclamos que se susciten; asimismo el articulo 8) señala que las sanciones que debieren aplicarse conforme al Reglamento Interno de Trabajo requerirán una previa investigación obviándose tales disposiciones en las sanciones aplicadas a los trabajadores; asimismo la parte demandada no aportó al juicio el Reglamento Interno de trabajo que se menciona en el Contrato Colectivo y que sirvió de fundamento en los acuerdos de suspensión; para verificar si era congruente la sanción aplicada con la falta cometida por los trabajadores; que con base al Principio de Legalidad; tanto las faltas como las sanciones debieron estar previamente establecidas en la Ley o en su defecto en el Reglamento Interno de trabajo. Por lo que con base a lo anteriormente expuesto la suscrita llega al firme convencimiento que no se acreditó la legalidad del procedimiento seguido por las autoridades del INA para la suspensión de las labores de los hoy demandantes sin goce de salario; por lo que es procedente declarar CON LUGAR la demanda de mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha nueve de septiembre del año dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, bajo el criterio que está probado en autos la existencia de la relación laboral, las sanciones de suspensión de cuatro días sin goce de sueldo, por supuestamente haber cometido actos vandálicos, y la suspensión sin goce de sueldo, también se puede ver en autos que la demandantes no fueron llamados a audiencia de descargo previo a la imposición de la sanción de; por otra parte no consta de autos que el patrono haya recurrido a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para justificar en esta instancia administrativa la suspensión de los cuatro días de trabajo sin goce de sueldo, violentando con ello los artículos 100 y 101 del Código del Trabajo; y al no haber la demandada justificado la sanción impuesto a los trabajadores demandantes, se entiende que la referida sanción es completamente ilegal.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha tres de diciembre del año dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de diciembre del año dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Violación de la ley a causa ERROR DE HECHO en la apreciación de las pruebas siguientes: DOCUMENTAL: consistente en: a) los “ACUERDOS” emitidos por el “INA”, visibles a folios del 7 al 35 de la primera pieza de autos; y b) Contrato Colectivo, específicamente las Clausulas 5, 8 y 68, visibles a folios 92, 94 y 122, respectivamente, de la primera pieza de autos. RECONOCIMIENTO JUDICIAL mediante oficio, visible a folio 239 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está autorizado por el Articulo 765.1 del Código del Trabajo en lo que dice: “...Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea...de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho...que aparezca de manifiesto en los autos...” DEMOSTRACION DEL VICIO. La Corte sentenciadora considera que de las pruebas antes singularizadas no aparece haberse acreditado la observancia del debido proceso en la imposición de la sanción aplicada a los trabajadores demandantes como consecuencia de la falta cometida, cuando no es así, todo lo contrario, de ellas si aparece haberse observado el debido proceso, claramente demuestran que las clausulas 5, 8 y 68 de la Contratación Colectiva del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) con sus Trabajadores, son inaplicables. INCIDENCIA DEL ERROR EN EL FALLO. Este error denunciado fue decisivo en el sentido de la decisión reprochada, ya que llevo a la Corte sentenciadora a formarse un concepto equivocado de los hechos concretos del litigio, la afirmación inexacta de la cuestión de facto, conduciéndola por contragolpe, a dar por quebrantado el debido proceso, roto el principio de legalidad y con ello violado el derecho de defensa de los trabajadores demandantes, para llevarla finalmente a dictar el fallo impugnado infringiendo la ley; impidiendo que se fallara secundun jus, que no se realizara el derecho subjetivo; pero que se no haberse incurrido en tal defecto, el fallo sería distinto, el de declarar SIN LUGAR la demanda.”.- III.- Que en el cargo anterior se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) no es claro, ni preciso en el concepto de la infracción, ni en el precepto autorizante, ya que alude a un error de hecho sin señalar si el mismo es derivado de la falta de apreciación o la apreciación errónea de la prueba singularizada; y, b) olvida citar las normas de naturaleza sustancial que considere han sido violadas, así como también las procesales que sirvieron de medio para dicha violación.- IV. Para fines jurisprudenciales es necesario diferenciar, por una parte, las causas de suspensión de los contratos de trabajo, contenidas en el artículo 100 del Código del Trabajo, sobre las cuales se debe comprobar la causa que las origina ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, conforme lo previsto en el artículo 101 del mismo Código, con la suspensión de labores sin goce de salario, como una medida disciplinaria, que el artículo 92 numeral 9) del citado ordenamiento legal, previene que debe ser plasmada en el Reglamento Interno de Trabajo que debe ser aprobado por esa misma Secretaría de Estado, la cual no puede decretarse por más de 8 días, ni antes de haber oído el interesado, sin previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos casos, el delegado del Sindicato y a falta de éste, un representante de los trabajadores; lo cual determina que son dos instituciones diferentes y con alcances jurídicos distintos que no deben ser objeto de confusión.- V. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- VI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 532-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL