Sentencia CL-531-14 — Registro 5818
Resumen
Demandas ordinarias laborales para la justificación de los despidos, reconocimiento de antigüedad, que se declare las relaciones de trabajo de carácter permanente y por tiempo indefinido, reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios adeudados, pago de reajuste o incremento de salarios mínimos retroactivos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Impetrante solicita que se case totalmente la sentencia impugnada, cuando es el caso que la misma contiene pronunciamientos en favor de la parte demandada, como es absolverle del pago de otros derechos originados por la contratación colectiva, debiendo por ello haber pedido la casación en forma parcial y no total.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de marzo del año dos mil dieciseis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de diciembre de dos mil catorce, por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a las demandas ordinarias laborales para la justificación de los despidos, reconocimiento de antigüedad, que se declare las relaciones de trabajo de carácter permanente y por tiempo indefinido, reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios adeudados, pago de reajuste o incremento de salarios mínimos retroactivos, pago de decimo tercer y decimo cuarto mes de salario adeudado, salarios dejados de percibir a títulos de daños y perjuicios, costas, interpuestas ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en distintas fechas, por los señores KAREN YAQUELINE MARTINEZ VARELA, KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES, DAGOBERTO CASTRO VILLALTA y otros, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro así como el Pago de Salarios Dejados de Percibir; Permanencia y Reajuste al salario Mínimo promovida los señores: KAREN YAQUELIN MARTINEZ VARELA; KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES; DAGOBERTO CASTRO VILLALTA; ISABELA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ; RAMON ALBERTO OSEGUERA; LOURDES MILAGRO ORTEZ OLIVA; ESSO MAXIMINA NUÑEZ BALLADARES; MARCO TULIO BANEGAS ARRIAZA; MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ; NANCY YASMIN CASTRO ROMERO; SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA; TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN; LIRIO DEL CARMEN URRUTIA OSEGUERA; GEIBI YANINA RODRIGUEZ MONTALVAN; contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION por medio de su representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO quien es mayor de edad, Abogada, Hondureña y de este domicilio. II.-CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION por medio de su representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO A: 1.- Reintegrar a su puesto de trabajo a los señores: MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ, NANCY YASMIN CASTRO ROMERO, SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA, TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN; por lo menos en las mismas condiciones a las que se encontraban los demandantes al momento de operarse el despido; con el reconocimiento de los Salarios Dejados de Percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación a manera de Indemnización por Daños y Perjuicios ocasionados por el despido injustificado. 2. A que se declare como permanente la relación laboral de los demandantes a partir del inicio de la relación de laboral detallada de la siguiente manera: KAREN YAQUELIN MARTINEZ VARELA; a partir del 03 de agosto de 2006. KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES; a partir del 08 de febrero de 2005. DAGOBERTO CASTRO VILLALTA; a partir del 01 de Marzo de 2005. ISABELA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ; a partir del 04 de febrero de 1995. RAMON ALBERTO OSEGUERA; a partir del 11 de febrero de 2008. LOURDES MILAGRO ORTEZ OLIVA; a partir del 18 de abril de 1992. ESSO MAXIMINA NUÑEZ BALLADARES; a partir del 18 de septiembre de 1997. MARCO TULIO BANEGAS ARRIAZA; a partir del 1 de Julio de 2009. MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ; a partir del 21 de septiembre de 2009. NANCY YASMIN CASTRO ROMERO; a partir del 14 de octubre de 2009. SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA; a partir del 28 de Septiembre de 2009. TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN; a partir del 01 de Enero de 2010. LIRIO DEL CARMEN URRUTIA OSEGUERA; a partir del 28 de septiembre de 2009. GEIBI YANINA RODRIGUEZ MONTALVAN; 3. A pagar a los demandantes la cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L.195,530.16) que corresponden al salario Reajustado correspondiente al año 2011 de los demandantes distribuido de la siguiente manera KAREN YAQUELIN MARTINEZ VARELA y LIRIO DEL CARMEN URRUTIA OSEGUERA;; cuyo salario ascendía a L.6,000.00 en L.651.18 (reajuste) total adeudado en el año incluyendo el reajuste de decimo tercer y cuarto mes de salario L.9.116.52 por persona sumando en total L.18,233.04 ; a los señores 1.KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES; 2. DAGOBERTO CASTRO VILLALTA; 3. ISABELA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ; 4. RAMON ALBERTO OSEGUERA; 5. LOURDES MILAGRO ORTEZ OLIVA; 6. ESSO MAXIMINA NUÑEZ BALLADARES; 7. MARCO TULIO BANEGAS ARRIAZA; 8. MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ; 9. NANCY YASMIN CASTRO ROMERO; 10. SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA; 11… GEIBI YANINA RODRIGUEZ MONTALVAN; quienes devengaban L.5,499.90 en L.1151.28 (reajuste) total adeudado en el año (por persona) incluyendo el reajuste de decimo tercer y cuarto mes de salario L.16,117.92 cantidad que sumada por el número de personas arriba descritas resultan un total de L.177,297.12. III. Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de decimo tercer y décimo cuarto mes de salarios adeudados promovida por los señores KAREN YAQUELIN MARTINEZ VARELA; KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES; DAGOBERTO CASTRO VILLALTA; ISABELA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ; RAMON ALBERTO OSEGUERA; LOURDES MILAGRO ORTEZ OLIVA; ESSO MAXIMINA NUÑEZ BALLADARES; MARCO TULIO BANEGAS ARRIAZA; MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ; NANCY YASMIN CASTRO ROMERO; SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA; TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN; LIRIO DEL CARMEN URRUTIA OSEGUERA; GEIBI YANINA RODRIGUEZ MONTALVAN; todos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION por medio de su representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. IV.- CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION por medio de su representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO a pagar a los demandantes la cantidad de SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.72,000.00) desglosados así a: KAREN YAQUELINE MARTINEZ la cantidad de L.36,000.00 por concepto de pago de salario adeudado de los meses de enero a mayo de 2011 y décimo cuarto mes de salario y a la señora LIRIO DEL CARMEN URRUTIA la cantidad de L.36,000.00 por concepto de pago de salario de los meses adeudado de los meses de junio a noviembre de 2011. V. Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de otros derechos originados por la contratación colectiva; promovida por los señores KAREN YAQUELIN MARTINEZ VARELA; KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES; DAGOBERTO CASTRO VILLALTA; ISABELA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ; RAMON ALBERTO OSEGUERA; LOURDES MILAGRO ORTEZ OLIVA; ESSO MAXIMINA NUÑEZ BALLADARES; MARCO TULIO BANEGAS ARRIAZA; MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ; NANCY YASMIN CASTRO ROMERO; SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA; TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN; LIRIO DEL CARMEN URRUTIA OSEGUERA; GEIBI YANINA RODRIGUEZ MONTALVAN; todos hondureños, mayores de edad y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION por medio de su representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. VI. ABSOLVER AL ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION por medio de su representante Legal y Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO a pagar dichos valores a los demandantes. .VII.- SIN COSTAS...”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación en la fecha, cargos y salarios que se detallan de la siguiente manera: Karen Yaquelin Martínez Varela, el 03 de agosto de 2006, en el cargo de Digitadora en la Unidad de Planeamiento Evaluación de la Gestión (UPEG) devengando un salario mensual de L.6,000.00 y mediante oficio N°5737-SG-2010, se le notificó la resolución de fecha 12 de enero de 2010, el contrato de trabajo vencía el 31 de diciembre de 2010 y que no sería renovada por reducción del presupuesto asignado; Karla Patricia Velásquez Flores, el 08 de febrero de 2005 en el cargo de Oficinista Mecanógrafa del Instituto Felipe Enrique Augustinos de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 03 de febrero del 2011 se le notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5773-SG-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010; Dagoberto Castro Villalta, el 01 de marzo de 2005 en el cargo de Vigilante del Instituto Felipe Enrique Augustinos de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 03 de febrero del 2011 se le notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5770-SG-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010; Isabela del Carmen Álvarez Ramírez, el 04 de febrero de 1995, en el cargo de Oficinista Mecanógrafa del Instituto Felipe Enrique Augustinos de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 03 de febrero del 2011 se le notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5775-SG-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010; Ramón Alberto Oseguera, el 11 de febrero de 2006 en el cargo de Oficinista del Instituto Felipe Enrique Augustinos de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 03 de febrero del 2011 se le notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5774-SG-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010; Lourdes Milagro Ortez Oliva, el 18 de abril de 1992, en el cargo de Aseadora del Instituto Felipe Enrique Augustinos de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 03 de febrero del 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5772-SG-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010; Maximina Núñez Balladares, el 18 de septiembre de 1997 en el cargo de Aseadora del Instituto Felipe Enrique Augustinos de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 03 de febrero del 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5769- SG-2010 de fecha 23 de diciembre de 2010; Marco Tulio Banegas Arriaza, el 1 de julio de 2009, en el cargo Conserje de la Dirección Departamental de Yucarán el Paraíso devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 11 de enero del 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5808-SG-2010; Maria Cristina Calix Gonzalez, el 21 de septiembre de 2009, en el cargo de Aseadora y Niñera asignada al Jardín de Niños La Joya, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 13 de enero de 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5736-SG-2010; Nancy Yasmin Castro Romero, el 14 de octubre de 2009, en el cargo Aseadora asignada al Instituto Oficial de la República de Francia, F.M., devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 07 de febrero del 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5751-SG-2010; Samari Yoseli Banegas Urrutia, el 28 de Septiembre de 2009, en el cargo de Asistente de Contabilidad asignada al Instituto Gonzalo Barahona de F.M. devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 11 de Abril del 2011 se le notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5748-SG-2010; Teresa de Jesús Cerrato Montalván, el 01 de enero de 2010, en el cargo de Oficinista de Acuerdos de la Dirección Departamental de Nacaome, Valle devengando un salario de L.8,200.00 y en fecha 15 de febrero del 2011, se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5768-SG-2010; Lirio del Carmen Urrutia Oseguera, el 28 de septiembre de 2009, en el cargo de Auxiliar de Contabilidad asignada al Instituto Oficial 21 de Febrero de F.M., devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 21 de febrero del 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°5759-SG-2010; Geibi Yanina Rodríguez Montalván, el 01 de octubre de 2009, en el cargo de Aseadora asignada al Instituto Oficial Felipe Enrique Augustinus de San Lorenzo Valle, devengando un salario de L.5,500.00 y en fecha 26 de abril del 2011 se notificó la cancelación del nombramiento mediante oficio N°206-SG-2011, todos bajo el sistema de Jornal; que la relación laboral ha sido continua y permanente, la naturaleza de los cargos subsiste y la causa que le dio origen, según lo estipulado en los artículos 47 y 52 párrafo final del Código del Trabajo, por lo tanto dicha relación laboral se puede considerar por tiempo indefinido.- 2. La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que se acepta parcialmente lo manifestado por los demandantes en el escrito de su acción en el sentido de ser cierto que fueron contratados por la Secretaría de Educación bajo el sistema de Jornal en los cargos por ellos aseverados; no así el salario, que surge del cálculo diario de los servicios prestados, ya que los mismos afirman haber sido contratados bajo el sistema de jornal de conformidad al artículo 46 del Código de Trabajo literal b) que contemplan los contratos por tiempo determinado y dicha contratación tenía fecha de finalización; no es cierto que se dio por terminada la relación laboral pues fueron nombrados para realizar labores específicas por tiempo determinado; que se consideró oportuno contratar por un periodo más los servicios de los demandantes por contar oportunamente con la aprobación del presupuesto correspondiente al efecto, con lo cual respaldaba la contratación hasta el 31 de diciembre de 2012; que la demanda es improcedente pues los demandantes fueron contratados nuevamente, careciendo de fundamento para demandar ya que se encontraban todavía prestando sus servicios; de igual manera resulta improcedente las demandas presentadas por las demandantes SAMARY YOSELY BANEGAS URRUTIA, TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN, NANCY YASMINI CASTRO ROMERO, MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ, a quienes por cuestiones presupuestarias no fue posible renovarles por un periodo mas su contratación, de donde se desprende que la terminación de su relación laboral no fue otra causa mas que la llegada de la finalización de la vigencia contractual, no habiendo otra obligación mas que la contraída durante la validez de la contratación.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro así como el pago de salarios dejados de percibir; permanencia y reajuste al salario mínimo; condenó al Estado de Honduras a reintegrar a los puestos de trabajo a los señores Maria Cristina Calix Gonzalez, Nancy Yasmin Castro Romero, Samari Yoseli Banegas Urrutia, Teresa De Jesus Cerrato Montalvan, por lo menos en las mismas condiciones a las que se encontraban los demandantes al momento de operarse el despido; con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación a manera de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el despido injustificado; declaró como permanente la relación laboral de los demandantes a partir del inicio de la relación de laboral; a pagar a los demandantes la cantidad de L.195,530.16 que corresponden al salario reajustado correspondiente al año 2011 de los demandantes; declaró parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de decimo tercer y decimo cuarto mes de salarios adeudados; condenó al Estado de Honduras a pagar a los demandantes la cantidad de L.72,000.00 desglosados así a: Karen Yaqueline Martinez la cantidad de L.36,000.00 por concepto de pago de salario adeudado de los meses de enero a mayo de 2011 y décimo cuarto mes de salario y a la señora Lirio del Carmen Urrutia la cantidad de L.36,000.00 por concepto de pago de salario de los meses adeudado de los meses de junio a noviembre de 2011; declaró sin lugar la demanda para el pago de otros derechos originados por la contratación colectiva, promovida por los demandantes; absolvió al Estado de Honduras a pagar dichos valores a los demandantes, sin costas; bajo el criterio que de la valoración de los medios probatorios que corren agregados a las presentes diligencias, queda plenamente acreditada la relación laboral existente entre los hoy demandantes y la Secretaría de Educación bajo la modalidad de Jornal, modalidad que de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 numeral 21) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y el artículo 2 numeral 2) del Código de trabajo se trata de trabajadores del Estado pagados por el sistema de planilla y que su contratación quedaría sujeto a casos de Emergencia Nacional, dicha figura ha venido siendo utilizada sin concurrir tales circunstancias, escondiéndose detrás de esta figura auténticas relaciones labores; siguiendo con el análisis del presente caso para determinar si el despido fue injusto es menester examinar la naturaleza de la labor ejercida por los demandantes pudiendo ser ésta permanente o excepcionalmente temporal y siendo que de las pruebas aportadas ha quedado evidenciado la naturaleza permanente de las actividades realizadas por los demandantes en virtud de ser continuas y necesarias para el funcionamiento de las dependencias a las que se encontraban asignados los trabajadores, necesidad que se vio reflejada en la permanente renovación de la contratación que se efectuó a favor de los trabajadores; cabe señalar que correspondía a la parte demandada probar la naturaleza temporal de las labores y en el presente juicio no se aportó ningún medio probatorio para desvirtuar las pretensiones de la demanda; habiendo sido acreditado la relación laboral de los trabajadores así como las naturaleza permanente de las labores desempeñadas en consecuencia se encuentra plenamente acreditado el despido alegado a tal efecto por la parte demandante en cuanto a los empleados: Maria Cristina Calix Gonzalez, Nancy Yasmin Castro Romero, Samari Yoseli Banegas Urrutia, Teresa de Jesús Cerrato Montalván, aportando las notificaciones en donde se les señala el término de la relación laboral; en cuyo texto señala como causal “la llegada al término de contrato de trabajo, mismo que no será renovado por reducción del presupuesto asignado a la institución”, motivación que no tiene asidero jurídico pues la reducción del presupuesto no se encuentra enmarcada en las justas causas de terminación laboral por la parte patronal contenidas en el artículo 112 del Código de Trabajo. Asimismo mediante Reconocimiento Judicial se constató que a los demandantes 1. Karen Yaquelin Martínez Varela; 2. Karla Patricia Velásquez Flores; 3. Dagoberto Castro Villalta; 4. Isabela del Carmen Álvarez Ramírez; 5. Ramón Alberto Oseguera; 6. Lourdes Milagro Ortez Oliva; 7. Maximina Núñez Valladares; 8. Marco Tulio Banegas; 9. Lirio del Carmen Urrutia; 10. Geibi Yanina Montalván, se les reintegro a los puestos de trabajo con reconocimiento y pago de sus derechos laborales, salarios dejados de percibir, reconociendo con esto que el despido fue ilegal e injusto en perjuicio de los hoy demandantes, y de esta manera corroborándose que la parte demandada ha violentado el artículo 117 del Código del Trabajo; por lo que habiendo igualdad de circunstancias en todos los demandantes, corresponde el reintegro por mandato judicial a aquellos trabajadores que no fueron reintegrados por la Secretaría de Educación; que el párrafo tercero del artículo 113 del Código de Trabajo, le otorga el derecho al trabajador a exigir el cumplimiento del contrato de manera alternativa es el caso de autos quien solicita a este Tribunal la aplicación de lo establecido en el literal b) es decir a la reinstalación del trabajador al puesto de trabajo, otorgándole el derecho de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación a manera de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el despido injustificado, derecho que es procedente declarar con lugar a favor de los señores Maria Cristina Calix Gonzalez, Nancy Yasmin Castro Romero, Samari Yoseli Banegas Urrutia, Teresa de Jesús Cerrato Montalván; que el representante de la parte procesal demandante solicita además del reintegro, que se declare la relación de trabajo como permanente o por tiempo indefinido en cuanto a esta pretensión es necesario determinar la naturaleza permanente de las actividades ejercidas por los demandantes en la relación laboral; habiéndose acreditado los cargos desempeñados por los demandantes cuyas funciones denotan su naturaleza de carácter permanente en la institución, asimismo los demandantes cumplieron con el requisito contemplado en el artículo 347 del Código de Trabajo, y que como se puede observar en el presente caso han transcurrido más de 200 días de relación de trabajo cumpliéndose para tal efecto la condición de continuidad a favor de los demandantes.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que fue acreditada la relación laboral que existió entre los demandantes y la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación; así como el puesto desempeñado y salario que devengaba cada uno de los demandantes; asimismo la terminación de la relación laboral por decisión de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, invocando la causa de terminación de contrato y la no renovación por falta de presupuesto. Que la demandada de oficio reintegro a sus puestos de trabajo a los demandantes: Karen Yackeline Martínez Varela, Karla Patricia Velasquez Flores, Dagoberto Castro Villalta, Isbela Del Carmen Álvarez Ramírez, Ramón Alberto Oseguera, Lourdes Milagro Ortez Oliva, Maximima Núñez Balladares, Marco Tulio Banegas Arriaza, Lirio Del Carmen Urrutia Oseguera y Geibi Yanina Rodríguez Montalván, a quienes además se les realizó el pago de los salarios dejados de percibir, derechos adquiridos a excepción de las vacaciones; la señora Karen Yackeline Martínez Varela, se le adeuda el décimo cuarto mes del año 2011 y los meses de enero a mayo del 2011; a la señora Lirio del Carmen Urrutia el salario de junio al mes de noviembre del año 2011; la valoración de los medios probatorios quedo evidentemente acreditado que la parte demandada estableció o inició relación laboral con los demandantes mediante la modalidad de jornal, modalidad que conforme al articulo 21 numeral 2, del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo son trabajadores del Estado pagados por sistema de planillas, contratos que se originan en casos de emergencia nacional, circunstancia que no fue acreditada por el demandado lo que plantea que esta figura se ha utilizado para eludir o simular la verdadera y autentica relaciones laborales del desempeño de los trabajadores de una actividad de naturaleza permanente tal como quedo acreditado con el análisis de los medios de prueba, que confirman la continua renovación de contratación efectuada a favor de los trabajadores; en consecuencia quedo plenamente acreditado que el despido de los trabajadores fue ilegal e injustificado.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha uno de diciembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de igual fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la Parte Litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. El abogado GERMAN ANDRES DIAZ VELASQUEZ, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: casa totalmente la sentencia recurrida de fecha veintitrés de septiembre del dos mil catorce dictada por la corte de apelaciones del trabajo en consecuencia: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para la justificación de un despido que se declare ilegal e injusto.- reconocimiento de antigüedad .- que se declare la relación laboral de carácter permanente y por tiempo indefinido .- reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones .- pago de salario adeudado .-pago de reajuste o incremento de salario mínimo retroactivo.- pago del decimo tercer y decimo cuarto mes de salario adeudado.- quinquenios.- salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios.- costas, Promovida por el señores (as): KAREN YACKELINE MARTINEZ VARELA, KARLA PATRICIA VELASQUEZ FLORES, DAGOBERTO CASTRO VILLALTA, ISBELA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ, RAMON ALBERTO OSEGUERA, LOURDES MILAGRO ORTEZ OLIVA, MAXIMINA NUÑEZ BALLADARES, MARCO TULIO BANEGAS ARRIAZA, MARIA CRISTINA CALIX GONZALEZ, NANCY YASMIN CASTRO ROMERO, SAMARI YOSELI BANEGAS URRUTIA TERESA DE JESUS CERRATO MONTALVAN, LIRIO DEL CARMEN URRUTIA OSEGUERA y GEIBI YANINA RODRIGUEZ MONTALVAN, en contra del Estado de Honduras representada por la abogada ETHEL DERAS ENAMORADA en su condición de Procuradora General de la República.- SEGUNDO.- ABSUELVE: a la parte demandada del pagos de salarios dejados de percibir y reintegro de los demandantes..- TERCERO: SIN COSTAS Y, MANDA que se devuelvan sus antecedentes al tribunal de su procedencia con certificación de este fallo, paro los efectos legales consiguientes.- NOTIFIQUESE.”.- III. El alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad de la parte recurrente depende que el Tribunal de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Impetrante solicita que se case totalmente la sentencia impugnada, cuando es el caso que la misma contiene pronunciamientos en favor de la parte demandada, como es absolverle del pago de otros derechos originados por la contratación colectiva, debiendo por ello haber pedido la casación en forma parcial y no total.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: En nombre del Estado de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral – Contencioso Administrativo, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 531-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL