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Sentencia CL-523-14 — Registro 6567

Resumen

Segunda instancia reformó y declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido injustificado y a título de daños, el pago de los salarios caídos, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud de que olvida el impetrante que la infracción directa se produce con independencia del haz probatorio y en este caso la situación jurídica relacionada con la justificación o no de la causa de despido fue objeto de controversia y por ende sometido a prueba, por lo que no era ésta la vía apropiada para el ataque del fallo impugnado."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede es inadmisible en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) Alega por la vía indirecta, dos sub modos distintos de violar la ley provenientes del error de hecho, como lo son la apreciación errónea y la falta de apreciación de la prueba singularizada, mismos que debieron alegarse de forma separada por la independencia de los cargos, además, conforme la prueba singularizada, la misma no puede alegarse que no ha sido apreciada por una parte y por otra, que lo ha sido erróneamente; y, b) No demuestra el error evidente en que incurrió el juzgador de instancia, partiendo de que éste, analizada la prueba en su conjunto, puede valorarla libremente, atribuyéndole el valor que estime pertinente conforme al caso.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, por el Abogado Héctor René Maldonado R., mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal del señor Rubén Antonio Medina Banegas; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido injustificado y a título de daños, el pago de los salarios caídos, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, por el señor Rubén Antonio Medina Banegas, mayor de edad, casado, Perito Mercantil, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la sociedad TOYOPARTES S.A., por medio de su representante legal, señor Alan Flores Pavón, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en el sentido de declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por tanto se ABSUELVE a la accionada del pago de dichos conceptos; EXCLUIR de la parte resolutiva la condena del pago de derechos adquiridos efectuados por el iudex aquo; CONFIRMANDO la referida sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada, en fecha 16 de junio de 1992, sin embargo es oportuno manifestar que le cancelaron las prestaciones laborales hasta el año 2007, habiendo sido reintegrado nuevamente a partir del 1 de marzo de 2008 y mediante la suscripción de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, inicialmente laboraba como conserje pero desde hace muchos años empezó a desempeñarse como vendedor de mostrador de repuestos para automóviles, que es la finalidad principal de la hoy demandada, teniendo como labores principales las de venta de toda clase de repuestos automotrices, hacer cotizaciones de repuestos, facturación al crédito y al contado entre otras actividades, devengando un salario base más comisiones cuyo último salario promedio mensual de los últimos seis meses a la fecha del despido de L.28,652.40; resulta que en fecha 29 de noviembre del año 2013, el demandante fue despedido del puesto de trabajo sin causas justificadas y sin razones jurídicas válidas de conformidad con lo que establece nuestro ordenamiento laboral; sin embargo de la lectura y análisis de los hechos imputados en la notificación de despido, el mismo es improcedente, injusto e ilegal, ya que el demandante jamás facturó repuestos a nombre de otra persona que no fuera el dueño del crédito autorizado por la empresa o que estuviera autorizado para firmar; en fecha 25 de septiembre del año 2013, se presentó personalmente a las instalaciones de la empresa demandada, específicamente al área de ventas el señor Gabriel Fernando Castellón Pinto, quien es cliente y maneja una línea de crédito con la ex patronal, crédito que la empresa desde hace muchos años atrás le tiene autorizado a dicho cliente y con un periodo máximo de 30 días de plazo más 5 días adicionales de gracia que le otorgaba la empresa, en esa misma fecha el cliente ordenó y se le facturó al crédito dos bombas hidráulicas para el sistema de dirección de un vehículo por un monto de L. 26,936.00, cuyo número de factura es el V15132; es importante manifestar que para realizar este tipo de operaciones al crédito, es necesario imperativamente obtener previamente a facturar la autorización del Departamento de Crédito, así como las personas que deben firmar la factura deben ser los titulares de las cuentas y la empresa para respaldo emite un documento interno que denomina orden de compra; la empresa demandada injusta e ilegalmente despidió al demandante aún cumpliéndose con todos y cada uno de los requisitos exigidos por la empresa para la facturación al crédito, es decir que dicha factura original y orden de compra fue firmada por el poseedor del crédito dentro de la empresa, además fue debidamente autorizada por el Departamento de Crédito de la hoy demandada, y si el cliente una vez cumplidos con todos los requisitos exigidos por la empresa le entrega los repuestos o responsabiliza a otra persona, ese ya es asunto o problema del cliente, quien es y será responsable del pago, por tales razones no se comprende, ni mucho menos se entiende las inexistentes causales del despido.- 2. La parte demandada, la sociedad TOYOPARTES S.A., contestó dicha demanda señalando que está de acuerdo con el demandante en lo referente a que comenzó relación laboral como empleado nuevo con la demandada en fecha 1 de marzo del 2008, pero está en desacuerdo en lo que se refiere al salario promedio ya que el mismo en los últimos seis meses de labores devengó L.24,559.20 como salario promedio y no la suma que él estipula en la demanda; en fecha 29 de noviembre del 2013, se entregó nota de despido al demandante por haber incurrido en incumplimiento de la política de facturación de clientes externo e interno, al haber facturado en la cuenta del señor Gabriel Fernando Castellón Pinto, en fecha 25 de septiembre del 2013 compra de dos bombas por un monto de L.26,936.00 mediante factura V15132, pero cuando en fecha 30 de octubre del 2013 se le efectuó el cobro al señor Castellón quien debería pagar ese mismo día ya que de lo contrario perdería el descuento que se les hace cuando pagan puntuales y pagaría intereses moratorios, manifestando el cliente que dicho pago lo haría el ahora demandante (siendo ésta la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de la falta cometida por el demandante); el valor adeudado por dichas bombas fue pagado hasta el 31 de octubre del 2013 por el señor Héctor Reinaldo Ventura, hermano del demandante, tal como el demandante lo confirmó en el acta de descargo que se levantó al efecto, aceptando igualmente en dicha audiencia de descargo que estaba consciente de la existencia de dicha política.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha catorce de agosto de dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por el demandante contra la empresa demandada; condenando a la empresa TOYOPARTES, S.A, al pago a favor del señor Rubén Antonio Medina Banegas, la cantidad de L.335,248.95, la que se desglosa así: preaviso: 2 meses L.49,095.38; auxilio de cesantía: 5 meses L. 222,738.45; auxilio de cesantía proporcional: 22.50 de días L.18,410.85; vacaciones proporcionales: 15.00 de días, L.12,273.90; treceavo mes proporcional: 27.50 de días L.22,502.15; catorceavo mes proporcional: 12.50 de días L.10,228.25, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la nota de despido de fecha 29 de noviembre del 2013 y por medio de la cual la supuesta empresa demandada, se dice supuesta porque en dicha nota no se menciona el nombre de la demandada, despidió al trabajador por faltas cometidas en el desempeño de su trabajo, despido éste que no tiene ninguna relación con la falta cometida por el actor si es que cometió falta, pues con el interrogatorio de parte queda totalmente aclarado que el demandante facturó dos bombas con autorización del dueño del crédito Fernando Castellón Pinto y del Departamento de Crédito de la demandada; que a folios 56 y 57 de los autos aparecen los recibos de pago, con los que se acredita que el señor Héctor Reynaldo Ventura pago el crédito reflejado en la factura V15132; con el pago de la mencionada factura y que asciende a la cantidad de L.27,097.61, queda demostrado y acreditado que la empresa demandada en ningún momento ha sufrido daños; que por las razones antes expuestas el despido es injusto e ilegal y totalmente desproporcionado; la parte demandada propuso medios probatorios e inclusive cumplió con el procedimiento reglamentario pero con ninguna de ellos logró desvirtuar ni mucho menos justificar las causas del despido, por las razones de hecho y de derecho expuestos, este tribunal estima procedente declarar con lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir; absolviendo a la accionada del pago de dichos conceptos; excluir de la parte resolutiva la condena del pago de derechos adquiridos efectuados por el iudex aquo; confirmando la referida sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia; bajo el criterio que el demandante conocía perfectamente la política de facturación de clientes externos e internos de la empresa demandada, según lo reconociera ante el iudex aquo, misma que le prohibía facturar sus ventas con nombre de otro cliente y que el incumplimiento de ésta constituye una falta grave, política que sin duda alguna fue incumplida por el actor al facturar unos repuestos a nombre del señor Gabriel Fernando Castellón Pinto, cuando el beneficiario de éstos era su hermano; circunstancias que eran conocidas por el demandante, ya que fue él quien recibió el producto para ser entregado a su pariente y si bien, tal hecho fue realizado con el consentimiento del cliente según la auditoría realizada por la patronal y con la aprobación del Departamento de Crédito como lo aseveró el accionante en el Juzgado de primera instancia por ser parte del procedimiento implementado en la empresa, según los numerales 6.1.2 y 6.3.1 de la política de facturación, ello no lo exime de responsabilidad, puesto que ese acto es contrario a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico por ser impropio ya que el crédito era exclusivo del cliente y todo descuento era intransferible a un tercero; razones éstas por las cuales se estima que ese comportamiento constituye en efecto una violación a sus deberes en la relación de trabajo por ser contraria a la buena fe que debe prevalecer en la misma, pese a que no existió un daño económico ya que la deuda fue cancelada por el familiar del demandante, pero es suficiente que se observe una conducta ajena a un recto proceder para ponerle fin al vínculo jurídico, ya que lo que sanciona el legislador es que con ello se quebranta la confianza que debe regir en todo contrato de trabajo y sin la cual no es posible la continuación del mismo; con base en lo antes expuesto y habiéndose seguido el procedimiento reglamentario dentro del tiempo que establece la ley, ya que el hecho fue conocido por la patronal el 30 de octubre del 2013 y la terminación se produjo el 29 de noviembre de ese mismo año, el despido es justo y legal al tenor de lo dispuesto en la letra l) del artículo 112 del Código del Trabajo, de manera que resultan atendibles los argumentos del recurrente; esta alzada observa que el actor en su demanda no solicita el pago de los derechos adquiridos por estar conciente que los mismos le fueron pagados tal como resulta probado con los documentos aportados al proceso y que obran a folios 76-78 de la primera pieza y pese a ello el iudex aquo condenó a los mismos sin exponer las razones de tal decisión como lo ordenan los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil aplicado de forma supletoria; y si bien, por el principio de la extra y ultra petita, el juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley y siempre que no hayan sido pagadas; más en el presente caso, dichos conceptos fueron cancelados en su totalidad y siendo que la apoderada judicial apelante solicita se revoque la sentencia de primera instancia, resulta procedente excluir de la parte resolutiva la mencionada condena.- 5. Mediante auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado Héctor René Maldonado R., en su condición de representante procesal del señor Rubén Antonio Medina Banegas, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el Abogado Héctor René Maldonado R., en su condición de representante procesal del señor Rubén Antonio Medina Banegas, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda, quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada Concepción Suazo Suazo, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a Miguel Alberto Pineda Valle, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminada a rectificar cualquier violación de la ley sustantiva en que el juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor surgió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado Héctor Rene Maldonado R., en el primer motivo de casación alega: “Infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 113 interpretado párrafos primero y segundo, literal b) del Código de Trabajo, por falta de aplicación.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA Reiteradamente ha mantenido esta Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regule el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley.- CONCEPTO DE LA INFRACCION El artículo 113 interpretado por el Congreso Nacional del Código de Trabajo establece: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a)…; b) si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio”. De conformidad con la norma legal antes citada, el trabajador tiene el derecho alternativo a su elección, es decir, a que se le paguen sus prestaciones laborales o se le reintegre a su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que venía desempeñándose hasta antes del despido. En el caso de autos el actor emplazó al patrono para que le probara las justas causas que tuvo para despedirle de su puesto de trabajo, sin embargo, estas justas causas no fueron probadas por la patronal y por lo tanto el despido hecho por la demandada al actor en el presente juicio resulta ilegal e injustificado. Sin embargo, no obstante lo establecido con claridad y precisión en la norma legal sustantiva señalada, la corte sentenciadora al reformar la sentencia de primera instancia deja de aplicarla al caso concreto y esta falta de aplicación la lleva a cometer la violación señalada, siendo absolutamente claro el texto de la norma y sin embargo la sentencia recurrida al absolver del pago de prestaciones sociales a la empresa demandada contiene disposiciones en abierta pugna con la ley, razón por la cual y estando demostrada la infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 113 párrafos primero y segundo y letra b) interpretado del código de trabajo, es procedente la prosperidad del cargo y casar totalmente la sentencia que se impugna, siendo congruente además con la jurisprudencia uniforme que tiene establecida esta sala en varios recursos de casación, entre ellos señalamos el expediente SL 26-2010”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible en virtud de que olvida el impetrante que la infracción directa se produce con independencia del haz probatorio y en este caso la situación jurídica relacionada con la justificación o no de la causa de despido fue objeto de controversia y por ende sometido a prueba, por lo que no era ésta la vía apropiada para el ataque del fallo impugnado.- IV. Que el impetrante en un segundo motivo arguye: “Infracción indirecta de la ley sustantiva contenida en el artículo 113 interpretado párrafos primero y segundo y letra b), a través de los artículos 738 y 739 todos del Código del Trabajo vigente, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea en su conjunto por parte del sentenciador de los medios de prueba documentales, reconocimiento judicial y de interrogatorio de parte que obran en los autos de la primera pieza a folios 56, 57, 80, 81, 83, 105.- PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA El error de hecho procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el fallador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta contraria a la realidad de los hechos.- El error de hecho debe ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría con la sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o por el contrario se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en juicio.- CONCEPTO DE LA INFRACCION. El artículo 113 interpretado por el Congreso Nacional del Código de Trabajo establece: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) ….; b) si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio”.- Sin embargo y a pesar de lo establecido con absoluta claridad en la norma legal citada y las pruebas documentales y de reconocimiento judicial en su conjunto y que obra en los autos del expediente de la primera pieza a folios 56, 57, 80, 81, 83, 105 de los autos de la primera pieza, siendo la falta de apreciación en su conjunto de los medios de prueba señalados y consistentes en las facturas firmadas por el dueño del crédito, la solicitud del crédito, el interrogatorio de parte del actor y el reconocimiento judicial, las que llevaron a la corte sentenciadora a infringir la norma sustantiva contenida en el artículo 113 interpretado párrafos primero y segundo y letra b) y Reformar la sentencia condenatoria de primera instancia, reiterando que aunque el ad quem aprecia los medios de prueba señalados, lo hace de manera totalmente errónea, dándoles otro sentido del que verdaderamente se desprende del contenido de los mismos, resultando tal violación indirecta de la norma sustantiva señalada en perjuicio del actor.- Por lo tanto, la no observancia de las disposiciones procésales establecidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo, por error de hecho manifiesto resultante de la apreciación errónea de la prueba documental, de reconocimiento judicial y de interrogatorio de parte señaladas en su conjunto y que aparecen en autos de primera pieza a folios 56, 57, 80, 81, 83, 105 de los autos de la primera pieza, deja demostrada de esta manera en forma clara y precisa y sin entrar en alegatos de instancia, la infracción por parte de la corte sentenciadora en el fallo que se recurre a la norma sustantiva citada, por lo que es procedente la prosperidad de éste motivo de casación, (señalo como jurisprudencia aplicable la sentencia dictada por este máximo tribunal de justicia en el expediente SL-78-10)”.- V. Que el cargo que antecede es inadmisible en virtud de los siguientes defectos técnicos: a) Alega por la vía indirecta, dos sub modos distintos de violar la ley provenientes del error de hecho, como lo son la apreciación errónea y la falta de apreciación de la prueba singularizada, mismos que debieron alegarse de forma separada por la independencia de los cargos, además, conforme la prueba singularizada, la misma no puede alegarse que no ha sido apreciada por una parte y por otra, que lo ha sido erróneamente; y, b) No demuestra el error evidente en que incurrió el juzgador de instancia, partiendo de que éste, analizada la prueba en su conjunto, puede valorarla libremente, atribuyéndole el valor que estime pertinente conforme al caso.- VI. Que el recurrente de forma subsidiaria alega nulidad, la que formula de la forma siguiente: “Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento al tenor de lo establecido en el artículo 112.4 del código procesal civil, se llegue a infringir normas sustantivas de índole laboral, se alega en forma subsidiaría LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con el artículo 206 del Código de Procesal civil, supletorio en materia laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo. El artículo 245 del Código Procesal Civil establece en relación a la valoración de la prueba: “1. La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución.- La sentencia que hoy se recurre y dictada por la corte de apelaciones del trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, ha hecho una valoración arbitraria, estomacal y acomodada a los intereses de la patronal de la notificación de despido que aparece a folio 44 de los autos de la primera pieza, al darle una valoración distinta a la que se desprende del texto de la misma a la carta de despido hecha al actor, pues la patronal NO lo despidió por incumplir los procesos de ventas al crédito tal como lo establece de manera irracional e ilegal el ad quem, sino porque el cliente dijo que esa factura no la iba a pagar él, lo cual es absurdo, pues no se puede responsabilizar al trabajador (actor) por el pago de una factura de consumo al crédito que se otorgó con todas las formalidades exigidas por la patronal. En consecuencia, lo único que importa en el presente caso es que se cumplieron a cabalidad todos y cada unos de los procedimientos ordenados por la demandada para la facturación de un repuesto automotriz al crédito, por lo tanto, el despido hecho al actor en tales circunstancias resulta a todas luces injustificable e ilegal y así ha quedado demostrado plenamente en los autos con los medios de prueba documentales y de reconocimiento judiciales que obran en los autos a folios 56, 57, 80, 81, 83, 105. Por lo tanto al darle un sentido distinto al que realmente se desprende de su contenido el ad quem ha hecho una valoración arbitraria del mismo, no siendo válido por ningún punto el hecho de la libre apreciación de las pruebas en el presente caso, pues la arbitrariedad señalada está más que probada, en tal sentido y siendo congruente con resoluciones ya emitidas por esta Honorable Corte Suprema en nulidades como la presente y que constan a manera de jurisprudencia en el expediente 428-09. Por lo tanto, ante tan grave desaguisado, procede en forma subsidiaría la nulidad de la sentencia que se conoce en casación, y se solicita a este Supremo Tribunal la declare con lugar.”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que hayan transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este tribunal deba enmendar; en el presente caso, este tribunal estima que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas; por otra parte, el recurrente ha tenido expedita la oportunidad procesal de exponer esos argumentos mediante los motivos de casación que franquea la ley, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) Declarando NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos; 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. ALMA CONSUELO GUZMAN GARCIA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 523-14.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO