Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-504-15 — Registro 5938

Resumen

Segunda instancia revocó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que este Tribunal conforme con la doctrina, en reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expediente números SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la justificación o no de la terminación de la relación laboral que vinculaba a las partes, fue una cuestión controvertida en el proceso, por ende objeto del material probatorio, por lo que no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; en adición, el Recurrente en su explicación formula alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Hito

"Que para fines jurisprudenciales es importante destacar, que en la aplicación de las medidas disciplinarias no solo se debe observar lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, sino que también que las mismas sean proporcionales y graduales, conforme la gravedad de la falta y la conducta del trabajador; también, que cuando a un empleado se le realicen deducciones salariales por el tiempo no laborado, ya sea por sus ausencias o llegadas tardías, tal situación no puede después ser objeto de una sanción disciplinaria, porque deriva en una doble imposición en su contra, lo cual conlleva que resulte ilegal la misma.- VII. En ese sentido se comparte el criterio del ad quem, aunque el mismo no fue explicado suficientemente, porque de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento Interno de Trabajo de la institución demandada, visible a folios 99 al 103 de la primera pieza, a los empleados del Registro Nacional de las Personas se les concede gracia de 10 minutos para llegadas tardías, pero cuando pasen de 3 en el mismo (se entiende que es en el mismo mes), se estimarán como retraso sin justificación y dará lugar a las deducciones correspondientes, cuyo valor será equivalente al del tiempo perdido en relación con el sueldo del empleado; por la reincidencia en su infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. Con base a lo anterior de presentarse ese tipo de conductas por parte de un Trabajador de esa institución, dicho patrono se encuentra facultado para realizar las deducciones salariales al mismo, pero en caso de reincidencia entendida como la reiteración de las mismas faltas, procedería aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, conforme lo dispuesto en los artículos 65 al 70 del citado reglamento, pero no es correcta la doble imposición de las mismas."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C. tres de mayo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de diciembre de dos mil quince, por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio; en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en relación a la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de junio de dos mil catorce, por la señora ARACELY YAMILET FUNEZ CRUZ, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), por medio de su Director señor JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA, mayor de edad, casado, hondureño, Abogado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1- Declarando con lugar el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REFORMANDO la sentencia definitiva de fecha diecisiete de junio de dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en el sentido siguiente: REVOCAR el numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria promovida por la señora ARACELY YAMILETH FUNEZ CRUZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA en su condición de Director General; 2)CONDENAR al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA en su condición de Director General, a REINTEGRAR a la señora ARACELY YAMILETH FUNEZ CRUZ, a su puesto de trabajo e iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo y al pago de los demás derechos laborales otorgados a los demás trabajadores en su ausencia derivados de la contratación colectiva”.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO POR DESPIDO INJUSTO E ILEGAL, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS LABORALES, COSTAS DEL JUICIO, promovido por la señora ARACELY YAMILETH FUNEZ CRUZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA en su condición de Director General.- 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- La demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral en el cargo de Registrador de Documentos en la sección de Recepción de Análisis y Distribución de Documentos a partir del uno de enero de dos mil tres, mediante acuerdo de fecha dos de abril de dos mil catorce, se le destituye del cargo, en virtud de supuesta falta grave cometida consiste en la acumulación de 666 minutos por llegadas tardes comprendidas del 26 de enero al 25 de febrero de 2014, teniendo justificación por visitas medicas al Instituto Hondureño de Seguridad Social, violentando así lo establecido en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República, y sancionando 30 días después del término que el patrono tiene para despedir, llevándose a cabo audiencia de descargo en la cual desvirtuó los hechos imputados; tratando de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, sin tener respuesta alguna y continuando con el trámite de ley.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que se realizó la cancelación a partir del nueve de abril de dos mil catorce, sin responsabilidad para la Institución, en virtud de la falta grave cometida consistente en la acumulación de 666 minutos por llegadas tardes comprendidas del 26 de enero al 25 de febrero de 2014, siendo reincidente en la comisión de las mismas, habiendo sido sancionada como corresponde en varias ocasiones, realizando audiencia de descargo en fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, no desvirtuando los cargos imputados, teniendo conocimiento el Directorio como Autoridad Nominadora de la Institución el día dos de abril de dos mil catorce, acordando su despido en base a ley.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de junio de dos mil quince, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora ARACELY YAMILET FUNEZ CRUZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, absolviendo al mismo de toda responsabilidad provenientes y sin costas; bajo el criterio que consta en autos que la demandante desde el año dos mil doce, fue de manera progresiva objeto de medidas de carácter disciplinario por las constantes ausencias a su trabajo y acumulación de llegadas tardes por las cuales se le realizó audiencia de descargo suspendiéndole de sus labores de tres y hasta ocho días sin goce de salario, dando la oportunidad de su rectificación, no llevándose a cabo al ser reincidente en las faltas imputadas, dando lugar a su despido sin responsabilidad para el patrono.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria promovida por la señora ARACELY YAMILETH FUNEZ CRUZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA en su condición de Director General; 2) CONDENAR al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a través del Abogado JOSE MIGUEL VILLEDA VILLELA en su condición de Director General, a REINTEGRAR a la señora ARACELY YAMILETH FUNEZ CRUZ, a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reintegrada a su puesto de trabajo y al pago de los demás derechos laborales otorgados a los demás trabajadores en su ausencia derivados de la contratación colectiva” y SIN COSTAS; bajo el criterio que ningún trabajador puede ser sancionado dos veces por la misma falta, ya que a la demandante se le había hecho la deducción del salarios de varios días, suspensión por tres días de trabajo y finalmente el despido, quedando reparadas las mismas con las acciones impuestas, por ende el despido es ilegal e injusto violentándole los derecho a la trabajadora.- 5. Mediante auto de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de diciembre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha ocho de diciembre de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 112 Letras i) y L) relacionado con los artículos 97 numerales 1), 2), 3), 98 numeral 1) del Código del Trabajo, estos relacionados con los artículos 16 numeral 7), 17 numerales 1), 2), 119 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: De acuerdo con la Jurisprudencia laboral de casación y la Doctrina Laboral la Infracción directa tiene lugar en los casos de que a un hecho que no se discute o debidamente evidenciado no se le apliquen las normas que lo regulen o que se apliquen estas a un hecho inexistente. En el caso concreto que nos ocupa la Corte Sentenciadora siendo evidente el caso no le aplico las normas laborales invocadas por lo que en tal razón su fallo no está fundamentado conforme a derecho. Siendo evidente en Juicio el caso que nos ocupa en lo que se refiere a la obligación de juzgar el mismo bajo lo dispuesto por el artículo 112 letras i) y L) relacionado con el artículo 97 numerales 1) , 2) , 3) , 118 numeral 1) del Código Del Trabajo, estos relacionados con los artículos 1, 16 numeral 7) , 17 numerales 1) , 2) , 119 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y los demás artículos del Reglamento Interno del Personal del Registro Nacional de las personas, y no haciéndolo la Corte Acusada, consideramos que el caso se encuentra comprendido en lo que señala la doctrina para los casos de infracción directa de la Ley. Las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas en el presente caso han sido violadas en la sentencia acusada por las razones siguientes: Al margen de todo medio probatorio es evidente en juicio: 1.- Que la demandante fue destituida del cargo de Transcriptor de Datos II del Departamento de Registro y Oficialía Civil por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), sin responsabilidad para la Institución a partir del 09 de abril del 2014, a través de un acuerdo número 109-2014 emitido en fecha 09 de abril del año 2014.- 2.- Que el Acuerdo de destitución reúne los requisitos requeridos exigidos por la Ley Laboral tal como lo dispone el artículo 112 incisos i) y L) relacionado con el artículo 97 numerales 1) , 2) 3) del Código del Trabajo. Ante la evidencia sin discusión ni duda en el Juicio sobre la existencia de la acción de despido directo la doctrina y la Jurisprudencia Laboral establece que es obligación del Patrono Probar la justa causa del Despido, y así lo recoge el artículo 113 interpretado del Código del Trabajo, y es así que el patrono debe probar la causa que invoco y señalo concretamente en el Acuerdo de destitución, en el caso que nos ocupa el patrono probó la causa legal y justa en su acción en virtud de haberla invocado en el acuerdo de destitución en forma concreta; en el acuerdo de destitución se indican los motivos que mi representada tuvo para destituir a la demandante y que están plenamente probados en juicio; existen precedentes en los mismos términos dictados por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. Al no aplicarse por la Corte Acusada las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 112 incisos i) y L), relacionado con el artículo 97 numerales 1), 2), 3) del Código del Trabajo, normas que debieron ser aplicadas ante la evidencia indiscutible del hecho sin discusión objeto de la demanda incoada, es evidente la violación alegada en el presente motivo. El Reglamento Interno de Trabajo del Personal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) , establece que constituye el conjunto de disposiciones o normas obligatorias necesarias para el desenvolvimiento efectivo de la prestación laboral que aprobadas por el patrono y trabajadores hacen parte del contrato individual de trabajo y determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en el cumplimiento de dicho contrato (ver folios del 99 al 103) ; que en los Capítulos VII, IX y X del Reglamento Interno del RNP se encuentra establecido el Régimen disciplinario al cual están sometidos todos los empleados del RNP y contiene una progresión de medidas de carácter disciplinario, antes de que pueda imponerse la sanción máxima de despido. Que consta de los autos que la demandante desde el año 2012, fue de manera progresiva objeto de medidas de carácter disciplinario por las constantes ausencias a su trabajo y acumulación de llegadas tardes por las cuales fue llamada a Audiencias de Descargo en las cuales se le impuso suspensión de labores de tres y hasta ocho días sin goce de salario (ver folios del 50 al 53, 62, 74 al 84, 88). Que con la progresividad de la aplicación de las sanciones, el RNP le dio a la demandante la oportunidad que rectificara su comportamiento, sin embargo no lo logró en vista de que continuó reincidiendo, en consecuencia la acción de reintegro a su puesto de trabajo resulta improcedente.- Lo anterior es una transcripción íntegra de los CONSIDERANDOS NUMEROS 8, 9, 10 Y 11 de la Sentencia Definitiva de primera instancia, que la Juez A-quo con buen criterio Declaró sin Lugar la Demanda de Mérito, motivando la misma con dichos considerandos que tienen peso de Ley, dicha Juez consideramos que dictó su Sentencia Definitiva de acuerdo a las leyes y Reglamentos aplicables al presente caso.- Con el respeto que me merecen los Honorables Magistrados de la Honorable Corte de Apelaciones del trabajo, considerando inaceptable la Sentencia recurrida, en virtud de que está sumamente claro de que la demandante fue cancelada por despido de su cargo por la falta grave cometida en el desempeño de sus funciones, siendo reiterativa en la comisión de dichas faltas, antes bien mi representada ha sido extremadamente benevolente al no haberla despedido con anterioridad siempre pensando que la demandante recapacitaría en su comportamiento en cuanto a la responsabilidad que conlleva el desempeño de un cargo. Con el respeto que me merecen los Honorables Miembros que integran la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente a los Honorables miembros que integran la Sala de lo Laboral que les tocará resolver la presente Demanda de casación, tengo la certeza de que al analizar el fondo del asunto del juicio se darán cuenta de que mi representada tiene la razón al haber despedido a la demandante por haber cometido falta grave en el desempeño de sus funciones.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que este Tribunal conforme con la doctrina, en reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expediente números SL.09-11, SL-02-11, 20-11); y siendo que en el presente caso, la justificación o no de la terminación de la relación laboral que vinculaba a las partes, fue una cuestión controvertida en el proceso, por ende objeto del material probatorio, por lo que no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; en adición, el Recurrente en su explicación formula alegatos propios de instancia.- IV. Que en el segundo motivo se sostiene: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva de Orden Nacional contenida en los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 1), 2), 3) relacionado con el artículo 112 incisos j) y L), 113 todos en relación con los artículos, 738, 739 todos del Código del Trabajo, en infracción indirecta por falta de apreciación en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba aportados al juicio que a continuación singularizo: prueba documental contenida a Folios 48 al 104, del expediente de Primera Instancia en relación con el medio de prueba decretado de Oficio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE. La Honorable Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, como la Doctrina Laboral han señalado, que para establecer la falta de apreciación por error de hecho en la casación laboral, esta ocurre cuando el Juzgador deja de apreciar los medios de prueba aportados en tiempo y forma, que analizados e interpretados en conjunto con todas las pruebas allegadas a Juicio constituyen evidencia plena sobre los hechos sujetos a prueba en el proceso. En el caso que nos ocupa la corte sentenciadora dejo de apreciar e interpretar los medios de prueba singularizados en el presente motivo, y al excluir estos de la prueba, indujo a la misma a conclusiones equivocadas que trajo como resultado que la sentencia dictada sea contraria a la evidencia probatoria establecida en el juicio. La prueba documental singularizada y que está constituida por todas las llamadas de atención verbal y por escrito, las innumerables suspensiones sin goce de salario por diferentes días aplicadas a la demandante, y el Acta de audiencia de Descargo levantada a la demandante y demás medios probatorios allegados al juicio, agregados a folios del 48 al 104 de la primera pieza evidencia plenamente en juicio que el patrono si tenía causal para despedir a la demandante y que probar en el mismo, debido a que de la simple lectura del acuerdo de destitución relacionado se evidencia que el patrono si invoco hechos o motivos concretos que indujeran a la aplicación de las normas señaladas en el Acuerdo de destitución y que fueron probados en la secuela del juicio, así como los otros medios de prueba mencionados en este motivo. Este criterio ha privado a la jurisprudencia nacional en base a lo que señala la doctrina llevada a la práctica jurídica y el derecho positivo contenido en el código del trabajo esencialmente en lo que dispone los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 1) 2), 3), 112 incisos 1) y L), 113 en relación con los artículos 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo. Estas pruebas en relación con las demás pruebas aportadas a juicio demuestran que si existió causa o motivo para la destitución, en tanto está plenamente probada la destitución en juicio. Esta prueba documental evidencia que la corte Sentenciadora al no apreciar los medios de prueba aportados al juicio en tiempo y forma, y que dejan plena evidencia de la aplicación de la Ley por parte del Patrono al ejecutar la destitución, condujo a la corte sentenciadora a violar indirectamente a través de las normas procesales y generales relacionados en violación de medio al no aplicar lo que disponen los artículos 738 y 739 en relación con los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 1), 2), 3), 112 incisos i) y L), 98 numeral 1), 113 todos del Código del Trabajo, las normas sustantivas de orden nacional invocadas en el presente motivo. Siendo que los medios de prueba relacionados, al ser analizados e interpretados en conjunto con los otros medios de prueba conducen a evidenciar en juicio sin duda alguna la existencia de un despido justificado y sin responsabilidad para mi Representada, y es así que se violentan las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos mencionados anteriormente en violación de medio por vía indirecta por violación de las normas procesales contenidas en los artículos 738, 739 y norma general del articulo 113 todos del Código del Trabajo.”.- V. Que el anterior cargo resulta inadmisible puesto que entre otras, señala como violado el artículo16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, el cual no tiene el carácter de ser un precepto legal sustantivo del orden laboral. Al margen del defecto señalado, se ha revisado la sentencia impugnada concluyéndose que el Juzgador si tomó en cuenta el material probatorio aludido por el Censor, además del hecho que como parte de las facultades que conlleva la libre formación del convencimiento en materia probatoria, el juzgador tiene la potestad de valorar todo o parte del material probatorio y decidir conforme aquél que considera más le convenza, sin más límite que la arbitrariedad, aspecto que no se observa haya incurrido en el presente caso.- VI. Que para fines jurisprudenciales es importante destacar, que en la aplicación de las medidas disciplinarias no solo se debe observar lo previsto en el Reglamento Interno de Trabajo, sino que también que las mismas sean proporcionales y graduales, conforme la gravedad de la falta y la conducta del trabajador; también, que cuando a un empleado se le realicen deducciones salariales por el tiempo no laborado, ya sea por sus ausencias o llegadas tardías, tal situación no puede después ser objeto de una sanción disciplinaria, porque deriva en una doble imposición en su contra, lo cual conlleva que resulte ilegal la misma.- VII. En ese sentido se comparte el criterio del ad quem, aunque el mismo no fue explicado suficientemente, porque de conformidad a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento Interno de Trabajo de la institución demandada, visible a folios 99 al 103 de la primera pieza, a los empleados del Registro Nacional de las Personas se les concede gracia de 10 minutos para llegadas tardías, pero cuando pasen de 3 en el mismo (se entiende que es en el mismo mes), se estimarán como retraso sin justificación y dará lugar a las deducciones correspondientes, cuyo valor será equivalente al del tiempo perdido en relación con el sueldo del empleado; por la reincidencia en su infracción dará lugar a la aplicación de las sanciones correspondientes. Con base a lo anterior de presentarse ese tipo de conductas por parte de un Trabajador de esa institución, dicho patrono se encuentra facultado para realizar las deducciones salariales al mismo, pero en caso de reincidencia entendida como la reiteración de las mismas faltas, procedería aplicar las medidas disciplinarias correspondientes, conforme lo dispuesto en los artículos 65 al 70 del citado reglamento, pero no es correcta la doble imposición de las mismas.- VIII.- También se puede advertir, que lo señalado en los artículos 71 y 72 de dicho ordenamiento, en cuanto a la obligación del trabajador de solicitar la audiencia de descargo y sus efectos, resulta ser violatoria a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, como contraria a los establecidos en los artículos 94 párrafo segundo de la Constitución de la República y 92 numeral 9) del Código del Trabajo, en lo referente a que en los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, siempre deberá ser oído el afectado y que para la imposición de sanciones se debe oír siempre al trabajador, por lo que carecen de eficacia jurídica al tenor de lo preceptuado en los artículos 3 y 93 del referido Código.- IX.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 82, 89, 94 párrafo segundo, 128 en su preámbulo, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 92 numeral 9) 93, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 504-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL