Sentencia CL-500-14 — Registro 5823
Resumen
Se reformó la sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales por despido injusto, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salarios adeudados, pago de salarios caídos, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Este Tribunal tiene establecido que el error de hecho en casación, es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Por ello para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una errónea o falta de apreciación de la prueba; b) esa equivocada apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto y ostensible, es decir, que aparezca evidentemente demostrado y en pugna con la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales, es pertinente aclarar que la terminación del contrato por mutuo acuerdo o consentimiento de la partes, es aquel acuerdo que se manifiesta por la voluntad expresa y libre de las mismas, respetándose en todo caso lo relativo al orden publico laboral, lo cual equivale a que no se pueden restringir, disminuir o tergiversar los derechos que a favor del trabajador aparecen contemplados en el ordenamiento jurídico que rige la materia; la participación o no de un inspector de trabajo en tal acuerdo, si bien tiene como propósito garantizar el respeto a los principios protectorio y de irrenunciabilidad que enmarcan lo anterior, no quiere decir necesariamente, que su actuación este libre de incurrir en errores o que no se cumpla debidamente con ese papel tutelador o que a la inversa, por no haberse celebrado ante su presencia se pueda presumir una violación de los derechos inherentes a la relación laboral, derivado de la omisión de esa formalidad, ya que esa situación al ser revisada por el juzgador en sede judicial, el mismo se encuentra obligado a velar por el respeto de esos derechos, tal como se ha dejado establecido en las sentencias dictadas en los expedientes CL-12-2006 y CL125-2006"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 111, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 617 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, por el abogado MARIO MATIAS GALINDO MALDONADO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, S. DE R. L.; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales por despido injusto, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salarios adeudados, pago de salarios caídos, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha veintisiete de febrero de dos mil trece, por los señores JOHANN STIVENTH MIYARES PEREA, LUIS ABIMELEC VALLECILLO ZAVALA, JOSÉ VICENTE MARADIAGA PEREZ, SANTIAGO BONILLA BENAVIDES, GILBERTO PAZ HERNÁNDEZ y WILFREDO INESTROZA AVELAR, todos mayores de edad, Guardias de Seguridad, hondureños y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, S. DE R.L., por medio de su representante legal, señor GUILLERMO VILLAREAL AMADOR, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente ha lugar, el recurso de apelación formulado por el Abogado Jaime Aguilar Smith en su condición de apoderado legal de los trabajadores Johann Stiventh Miyares Perea, Luis Abimelec Vallecillo Zavala, José Vicente Maradiaga Pérez, Santiago Bonilla Benavides, Gilberto Paz Hernández, Wilfredo Inestroza Avelar, en contra de la sentencia definitiva de fecha Diecisiete de Junio del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortes, departamento del mismo nombre, en el procedimiento iniciado con la demanda Ordinaria Laboral que éstos le promovieran a la sociedad denominada SEGURIDAD Y PROTECCION, S. DE R.L. (SEPRO, S. DE RL), a través de su representante legal, todos de generales conocidas en el proceso; en consecuencia se procede a reformar el fallo en mención, REFORMA QUE SE CONTRAE A : 1) DECLARAR HA LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por los trabajadores Johann Stiventh Miyares Perea, Luís Abimelec Vallecillo Zavala, Jose Vicente Maradiaga Perez, Santiago Bonilla Benavides, Gilberto Paz Hernández, Wilfredo Inestroza Avelar para el pago de su prestaciones laborales y salarios caídos que a éstos corresponden en virtud del despido sin causa justificada del que fueron objeto; en consecuencia se condena a la demandada SEGURIDAD Y PROTECCION, S. DE R.L. (SEPRO, S. DE R.L.), a pagar a los trabajadores demandantes, la cantidad de: (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS) que resultan del desglose de los conceptos que a continuación se realiza: Johann Stiventh Miyares Perea, por Preaviso Lps. 16,655.33; por auxilio de cesantía Lps. 24,983.00; por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 2,822.15; Luís Abimelec Vallecillo Zavala, por Preaviso Lps. 16,655.33; por auxilio de cesantía Lps. 16,655.33; por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 902.16; Jose Vicente Maradiaga Pérez, por Preaviso Lps.16,655.33; por auxilio de cesantía Lps. 16,655.33, por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 6,639.00; Santiago Bonilla Benavides, por Preaviso Lps. 8,327.67; por auxilio de cesantía Lps. 8,327.67; por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 5,389.85; Gilberto Paz Hernández, por Preaviso Lps. 16,655.33; por auxilio de cesantía Lps. 41,638.33; por Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 4,487.69; y, Wilfredo Inestroza Avelar, por Preaviso Lps. 16,655.33; por auxilio de cesantía Lps. 58,293.67; asimismo se le condena al pago de salarios dejados de percibir desde la terminación injustificada del contrato de trabajo hasta que sea firme la sentencia definitiva.- SEGUNDO: Confirmando en sus demás extremos la sentencia definitiva en cuanto a que declara no ha lugar el pago del decimotercero y decimocuarto mes de salario y vacaciones absolviendo a la entidad demandada de dichas pretensiones y a la exoneración de costas de primera instancia.- Sin costas en esta instancia…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que fueron contratados verbalmente y por tiempo indefinido por la empresa demandada para laborar como Guardias de Seguridad de la siguiente manera: 1) Johann Stiventh Miyares Perea, el 5 de octubre de 2009; 2) Luis Abimelec Vallecillo Zavala, el 28 de diciembre de 2010; 3) José Vicente Maradiaga Pérez, el 20 de abril del 2010; 4) Santiago Bonilla Benavides, el 14 de junio del 2011; 5) Gilberto Paz Hernández, el 22 de julio del 2007; 6) Wilfredo Inestroza Avelar, el 5 de febrero del 2006; que desde el día en que fueron contratados los demandantes hasta la fecha del despido han trabajado continuamente para la empresa demandada, sin interrupción alguna en los contratos, realizando las funciones con responsabilidad y empeño; bajo engaño la demandada les hizo firmar contratos el 7 de enero del 2013 por tiempo indefinido pero con periodo de prueba, aún cuando ya tenían los demandantes varios años de antigüedad, manifestando que siempre iban a continuar con la antigüedad, pero que el Ministerio del Trabajo le exigía la firma de los referidos contratos; el 7 de febrero del año 2013, los demandantes fueron despedidos por la demandada sin causa justificada diciéndoles que ya no trabajarían más para la empresa.- 2. La parte demandada, la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que efectivamente los demandantes comenzaron a laborar pero en la sociedad mercantil denominada SEPRO S. DE R.L., en las fechas indicadas en el hecho primero de la demanda para desempeñarse todos en el cargo de Guardias de Seguridad, siendo contratados por el señor Ángel Guillermo Villareal Amador, en su condición de Gerente y Representante Legal de dicha sociedad, mediante la suscripción de contratos individuales de trabajo por tiempo indefinido y lo cierto es que los demandantes renunciaron a sus laborales en fecha 7 de enero de 2013 para iniciar otra relación de trabajo con otra empresa siempre de seguridad y de la cual el señor Ángel Guillermo Villareal Amador es el Gerente General, la que se denominada SOCIEDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION S. DE R. L., empresa que se constituyó en fecha 25 de junio de 1997, mientras que la otra empresa para la cual empezaron a laborar los demandantes originariamente se constituyó en fecha 11 de diciembre del 2000 y se denomina “SEPRO S. DE R.L.”, por lo que constituyen dos sociedades mercantiles completamente diferentes, con la única salvedad que en ambas el señor Ángel Guillermo Villareal Amador es el Gerente General; por lo que, ante la renuncia por escrito de los demandantes a sus labores en la empresa “SEPRO S. DE R.L.”, lo cual ni mencionan los demandantes en su demanda, en esa misma fecha 7 de enero del 2013, la demandada, a través de su Gerente General, procedió ante la Inspectoría del Trabajo a pagarles sus derechos irrenunciables o adquiridos; que efectivamente en esa misma fecha 7 de enero del 2013 y tal y como se había pactado verbalmente con los demandantes, fueron contratados por escrito, pero para laborar en otra empresa o sea en la sociedad mercantil denominada “SOCIEDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCION S. DE R.L.”, por lo que al ser una nueva relación de trabajo y bajo la subordinación de otro patrono, se sujetó la misma a un período de prueba por 60 días; los demandantes laboraban en las instalaciones físicas de la empresa “UNOPETROL”, empresa de la cual en fecha 6 de febrero del 2013 le rescindieron el contrato de prestación de servicios de seguridad a la demandada, razón por la cual, la demandada a través de su Gerente General, en fecha 7 de febrero del 2013 se vio en la necesidad de dar por finalizados los contratos de trabajo con los demandantes los que se encontraban en periodo de prueba, como se demuestra con las copias de los originales de las cartas que se les entregó a cada uno de los demandantes, por lo que al estar en período de prueba, cualquiera de las partes puede dar fin a la relación de trabajo sin responsabilidad alguna, de acuerdo con lo que establece el artículo 52 del Código del Trabajo; en ningún momento los demandantes fueron despedidos ilegal e injustamente como lo establecen en su demanda, sino que la demandada lo que hizo ante la eventualidad de que se le canceló el contrato de prestación de servicios de seguridad por parte de su cliente, la empresa “UNIPETROL”, no le quedó más remedio que dar por finalizado el contrato de trabajo con los demandantes que se encontraban en período de prueba.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda laboral para el pago de las prestaciones laborales, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, salarios caídos, promovida por los señores Johann Stiventh Miyares Perea, Luis Abimelec Vallecillo Zavala, José Vicente Maradiaga Perez, Santiago Bonilla Benavides, Gilberto Paz Hernández, Wilfredo Inestroza Avelar, contra la empresa denominada SEGURIDAD Y PROTECCION, S. DE R. L. (SEPRO, S. DE R.L.); en consecuencia, absolvió a la empresa demandada de toda responsabilidad económica laboral emanada del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que los demandantes eran trabajadores de la empresa demandada y comenzaron su relación laboral como Guardias de Seguridad por medio de contrato escrito; mediante los documentos aportados al debate se comprobó que los demandantes renunciaron a sus respectivos puestos de trabajo en fecha 7 de enero del año 2013, con lo cual la empresa demandada solo estaba obligada a pagar los derechos adquiridos que corresponden a los demandantes; los demandantes fueron despedidos por la empresa demandada en fecha 7 de febrero del año 2013; con el medio de prueba reconocimiento judicial se comprobó que la empresa demandada pagó a los demandantes lo correspondiente a las vacaciones de los trabajadores en los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente, el pago del décimo tercer y décimo cuarto mes, en el año 2012, el pago del décimo tercer mes y en el año 2013 el pago del décimo cuarto mes; se constató que no aparecen los pagos por estos conceptos a los trabajadores Johann Stivent Miyares Perez y Luis Abimelec Vallecillo Zavala.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar ha lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los demandantes para el pago de sus prestaciones laborales y salarios caídos; en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a los trabajadores demandantes la cantidad de L.277,488.50 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; condenó al pago de salarios dejados de percibir desde la terminación injustificada del contrato de trabajo hasta que sea firme la sentencia definitiva; confirmó en sus demás extremos la sentencia definitiva en cuanto a que declara no ha lugar el pago del decimotercero y decimocuarto mes de salario y vacaciones; absolviendo a la entidad demandada de dichas pretensiones y a la exoneración de costas de primera instancia, sin costas en esta instancia; bajo el criterio que la demandada comunicó a los actores la terminación del contrato de trabajo el día 7 de febrero del año 2013, comunicación en la que se invocó el periodo de prueba con la citada sociedad mercantil y la cancelación del contrato de servicios que ésta prestaba para la empresa Unopetrol, señalando como fundamentos de derecho los artículos 49, 50, y 52 del Código del Trabajo; dichas disposiciones efectivamente autorizan la terminación del contrato sin responsabilidad patronal pues el periodo de prueba según lo consideró el legislador es la etapa inicial del contrato de trabajo, y tiene por objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de la condiciones de trabajo, sin embargo en el caso de autos, aun y cuando en los citados contratos se hubiera estipulado periodo de prueba tal y como consta en los mismos, se afirma por la accionada que la suscripción de éstos se realizó luego que los demandantes renunciaran por escrito a sus labores con la empresa denominada SEPRO S. DE R.L., empresa que dice ser completamente diferente en razón de la fecha de su constitución; y, los trabajadores invocan la suscripción de dicho contrato bajo engaño pues tenían varios años de antigüedad, sin reconocer la existencia de otro patrono; tal y como lo ha venido sosteniendo esta alzada en los precedentes que se identifican bajo los números 9378, 9462 y 9615 entre otros, “el trabajador al igual que tiene la libertad de elegir el empleo que mas se adapte a sus aptitudes y necesidades, también tiene el derecho a separarse del mismo de forma voluntaria; en este sentido, el mutuo acuerdo, ha sido concebido como causa de terminación del contrato de trabajo según lo dispone el articulo 111 literal 2° del Código de la materia; en dicha causa según desarrollo de la doctrina, se presume que el mutuo acuerdo se produce al aceptar la patronal la propuesta que el trabajador efectúa al interponer la renuncia, pues de otra forma, no podría el trabajador separarse de sus deberes sin incurrir en responsabilidad económica; ahora bien, si es cuestionado el acto que ha producido la terminación del contrato de trabajo en esos términos, es necesario entonces que el Juzgador analice con cuidado la motivación de la decisión, y los actos anteriores, coetáneos y posteriores a la renuncia, a fin de determinar si el acto no se encuentra viciado por dolo, error, violencia o intimidación”; criterio que se reitera en el sub judice en el que se aduce la firma de nuevos contratos bajo engaño según sostuvieron los trabajadores, circunstancia ésta con la que se le niega validez a la renuncia, al hacerlos firmar un contrato de trabajo por tiempo indefinido pero con periodo de prueba, asegurándoles que iban a continuar con su antigüedad pero pretendiendo la existencia de dos empresas, cuando se está ante una sola según expusieran; este Tribunal ad quem no desconoce los pagos que la patronal efectuó a los trabajadores en concepto de derechos adquiridos según consta en los documentos que corren a folios 35, 49, 60,71, 89, 98, pero, no el efecto que dichos pagos provocan en la antigüedad de la relación laboral, sobre todo si nos encontramos ante un acto simulado de terminación del contrato pues los trabajadores continuaron laborando de forma permanente e ininterrumpida en beneficio de la demandada; por lo anterior, el valor de los documentos relativos a las denominadas cartas de pago y finiquitos de solvencia solo se relacionan con el pago de los derechos adquiridos y no la liquidación de los contratos de trabajo originales, pese a la participación que pudiere haber tenido la inspectoria del trabajo en la suscripción de los mismos, como antes se expusiera, los derechos y prerrogativas que la Constitución y las Leyes.- 5. Mediante auto de fecha trece de octubre de dos mil catorce, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MARIO MATIAS GALINDO MALDONADO, en su condición de representante procesal de la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, compareció ante este Tribunal el abogado MARIO MATIAS GALINDO MALDONADO, en su condición de representante procesal de la sociedad SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, S. DE R.L., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado MARIO MATIAS GALINDO, en sus motivos de casación alega: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por violación Indirecta, proveniente de error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba Documental Privada, admitida a parte demandada, la cual obra a folios del 14 al 25 y folios del 36, 50, 61, 72, 90, al 99, ambos de la primera pieza de autos.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el Artículo 379, del Código del Trabajo.- NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación esta comprendido en el Artículo 765 numeral Primero, párrafo segundo; del Código del Trabajo.- PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE.- La prueba que singularizo y que fue apreciada erróneamente por el Ad-quem consiste en la Documental Privada admitida a la parte demandada y que obra a folios 36, 50, 61, 72, 90 y 99 de la primera pieza de autos.- DOCTRINA: Esta clase de yerro debe estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y se presenta en los supuestos siguientes: a) Cuando el Juez da por demostrado un HECHO sin existir en los autos la prueba de él y b) CUANDO NO SE DA POR ACREDITADO UN HECHO A PESAR DE EXISTIR EN EL PROCESO PRUEBA IDONEA DE EL.- EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, profirió sentencia definitiva a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil catorce, en la Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento promovida en el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, Cortés, por los señores JOHANN STIVENTH MIYARES PEREA, LUIS ABIMELEC VALLECILLO ZAVALA JOSE VICENTE MARADIAGA PEREZ, SANTIAGO BONILLA BENAVIDES, GILBERTO PAZ HERNANDEZ y WILFREDO INESTROZA AVELAR, contra la representada del recurrente, sentencia definitiva en la que establecía que confrontada la sentencia con el material probatorio y las disposiciones legales citadas en el caso sub judice, éste Tribunal Adquem, estima que las argumentaciones del apoderado demandante en cuanto al valor que el a quo otorgo a la renuncia y a la nueva contratación sin considerar que se trataba de una misma empresa y de un mismo contrato, resultan parcialmente atendibles, notaras que no fue la Alzada la que aplico su disposición sino que fue en base a lo que manifiesto el apoderado demandante, la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación no se ajusta a derecho por las razones que se han dejado establecidas, en sustento de lo cual, esta Alzada considera que la misma debe ser reformada; Honorable Tribunal Supremo, al extender los actores carta de pago y finiquito de solvencia ante autoridad del trabajo al tenor de lo que dispone el artículo 379 del Código del Trabajo surte todos los efectos jurídicos del caso, tal es así, que al momento de ser propuesto como medio de prueba la parte demandante no hizo observación u objeción; y es que el espíritu de la disposición legal antes referida, es evitar que el patrono sorprenda o tome ventajas respecto el empleado en razón de los derechos económicos laborales, más si de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo se trata por iniciativa del trabajador, no es posible considerar dicho supuesto legal.- De todo lo anterior resulta que la antigüedad del trabajador comienza a contarse a partir de una nueva contratación la que se considera desde el siete de enero del año 2014, según los asertos expuestos por los demandantes en la demanda, al no existir prueba al respecto que indique lo contrario, todo con observancia del principio indubio pro operario, consecuentemente el cálculo de prestaciones laborales tiene que ser concordante con ello, si fuera el caso.- Por lo expuesto es procedente la prosperidad de este Motivo.- SEGUNDO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta por error de hecho, proveniente de apreciación errónea del medio de prueba Documental en su conjunto, admitida a la parte demandante.- NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es el Artículo 26, 111 numeral 2), del Código del Trabajo.- NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales violadas que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los Artículos 738 y 739, del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación esta comprendido en el Artículo 765 numeral Primero, párrafo segundo; del Código del Trabajo.- PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente por el Tribunal Ad-quem, consiste en el medio de prueba DOCUMENTAL admitida a la parte demandada, que obra a folios 36, 50, 61, 72, 90, y 99, de la primera pieza de autos.- DOCTRINA: Esta clase de yerro debe estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y se presenta en los supuestos siguientes: a) Cuando el Juez da por demostrado un HECHO sin existir en los autos la prueba de él; b) CUANDO NO SE DA POR ACREDITADO UN HECHO A PESAR DE EXISTIR EN EL PROCESO LA PRUEBA IDONEA DE EL; c) El error de hecho debe ser manifiesto o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate; d) Para apreciar el error de hecho, se necesita la existencia en el juicio determinada prueba, demostrando haber incurrido el sentenciador en dicho error que aparezca de manifiesto de los autos y que ese error altera las existentes para restringirles, ampliarles, modificarles o cambiarles su contenido real o, lo que es lo mismo, cuando desvirtúa las pruebas en su contenido objetivo; e) Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva.- EXPLICACION DEL MOTIVO: Confrontados los hechos en que se sustenta la demanda El Tribunal Ad-quem al apreciar erróneamente en su fallo recurrido la prueba documental singularizada consistente en las notas de renuncia suscritas por cada uno de los actores, JOHANN STIVENTH MIYARES PEREA, LUIS ABIMELEC VALLECILLO ZAVALA JOSE VICENTE MARADIAGA PEREZ, SANTIAGO BONILLA BENAVIDES, GILBERTO PAZ HERNANDEZ y WILFREDO INESTROZA AVELAR, al afirmar que de la revisión minuciosa del contenido fáctico y probatorio de las diligencias de merito, se concluye que el 7 de enero del presente año (2014) finalizó POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 111, del Código del Trabajo la relación laboral entre los actores y la entidad mercantil demandada y al estimar que las argumentaciones del apoderado demandante en cuanto al valor que el a quo otorgo a la renuncia y a la nueva contratación con lo que el Ad-quem hace suyas las alegaciones hechas en audiencia correspondiente por el apoderado legal de la parte demandada y siendo que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad.- En consecuencia, es fácil detectar que para la Corte Sentenciadora lo manifestado por el apoderado legal de las partes demandantes es lo que cuenta no lo que ella determine.- Estando demostrada la ERRONEA APRECIACION de la prueba DOCUMENTAL singularizada por parte del Ad-quem que REFORMA Y CONFIRMA la sentencia de primera instancia, PROCEDE CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA RECURRIDA”.- III.- Que los cargos antes relacionados resultan inadmisibles en virtud de que el Impetrante no demuestra el error manifiesto y evidente que aduce incurrió el Juzgador de instancia al estimar la procedencia de la acción; también omite relacionar la prueba singularizada con el resto del material probatorio, además cita entre otras disposiciones, en el segundo cargo, la violación indirecta del artículo 26 del Código de Trabajo, norma que no ostenta el carácter sustantivo requerido en este recurso extraordinario.- IV.- Este Tribunal tiene establecido que el error de hecho en casación, es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Por ello para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una errónea o falta de apreciación de la prueba; b) esa equivocada apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto y ostensible, es decir, que aparezca evidentemente demostrado y en pugna con la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario.- V.- Resuelto lo anterior y para fines jurisprudenciales, es pertinente aclarar que la terminación del contrato por mutuo acuerdo o consentimiento de la partes, es aquel acuerdo que se manifiesta por la voluntad expresa y libre de las mismas, respetándose en todo caso lo relativo al orden publico laboral, lo cual equivale a que no se pueden restringir, disminuir o tergiversar los derechos que a favor del trabajador aparecen contemplados en el ordenamiento jurídico que rige la materia; la participación o no de un inspector de trabajo en tal acuerdo, si bien tiene como propósito garantizar el respeto a los principios protectorio y de irrenunciabilidad que enmarcan lo anterior, no quiere decir necesariamente, que su actuación este libre de incurrir en errores o que no se cumpla debidamente con ese papel tutelador o que a la inversa, por no haberse celebrado ante su presencia se pueda presumir una violación de los derechos inherentes a la relación laboral, derivado de la omisión de esa formalidad, ya que esa situación al ser revisada por el juzgador en sede judicial, el mismo se encuentra obligado a velar por el respeto de esos derechos, tal como se ha dejado establecido en las sentencias dictadas en los expedientes CL-12-2006 y CL125-2006.- VI. Que por todo lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de abril del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 500-14.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL