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Sentencia CL-49-15 — Registro 5700

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro a los puestos de trabajo que venían desempeñando en mejores o iguales condiciones, pago de salarios dejados de percibir; segunda instancia reformó la sentencia declarando sin lugar la demanda sin perjuicio del pago de derechos adquiridos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que revisado el escrito que contiene la interposición y formalización del recurso de casación, se puede detectar que el cargo anterior, se incurre en defectos técnicos que lo vuelven inadmisible, como ser: a) no es claro, ni concreto en el motivo expuesto, ya que no enuncia de forma completa el concepto de la infracción; b) cita en forma errónea el precepto autorizante; y, c) olvida citar las normas de naturaleza sustancial que considere han sido violadas.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, este Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de abril del año dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR HERRERA, en su condición de apoderada legal de la señora NORMA MENDIETA mayor de edad, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureña, y con domicilio en la ciudad de los Ángeles, California, Estados Unidos de Norte América, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha uno de diciembre del año dos mil ocho, que declaró de oficio la nulidad absoluta de la constancia de la Secretaría del Despacho de fecha seis de junio del año dos mil tres y demás actuaciones posteriores que resulten de la misma en el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha dieciséis de agosto del año dos mil seis; con relación a la demanda ordinaria promovida por el licenciado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO, en su condición de apoderado legal de la señora NORMA MENDIETA, contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA). ANTECEDENTES 1) Que en fecha diecinueve de julio del año mil novecientos noventa y seis, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, el abogado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO, en su condición ya indicada promoviendo demanda ordinaria contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), para que mediante sentencia definitiva se declare: a) con lugar la demanda, b) la nulidad absoluta del juicio ejecutivo para el pago de treinta y tres mil trescientos cincuenta y tres lempiras con dieciséis centavos (L. 33, 353.16), mas los intereses y las costas del juicio; C) la nulidad absoluta de todos los efectos derivados del juicio ejecutivo, tales como actos o contratos de adjudicación o tradición de dominio, según el tracto que se probara durante la tramitación de la demanda, de los instrumentos públicos o privados en que se hiciere constar tales actos o contratos, de los testimonios y de todas las inscripciones efectuadas en registros públicos; y d) que se condene al demandado a las costas del juicio. 2) Que en fecha cuatro de junio del año dos mil tres, el abogado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO, compareció al Juzgado de primera instancia solicitando se ponga a la vista de la parte demandada, por el término de tres días, la tasación de costas personales y procesales a efecto de que se pronuncie aceptando o impugnando dichas tasaciones y el Juzgado referido en fecha seis de junio del año dos mil tres, tuvo por practicada la tasación de costas procesales y personales concedió la vista en la secretaría del despacho a los interesados por el término de tres días para que impugnen la misma; fundamentando su decisión en los artículos 486 y 487 del Código de Procedimientos Civiles. 3) Que en fecha once de agosto del año dos mil seis, el abogado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO, en su condición indicada compareció al Juzgado citado, solicitando que estando firme y ejecutoria la sentencia de tasación de costas dictada por ese Tribunal, ordene el requerimiento judicial contra el señor JOSE SEGOVIA, en su condición de Presidente Ejecutivo del BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), para que inicie los trámites de pago por la cantidad de quinientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta seis lempiras con ochenta y siete centavos (L. 578, 756.87), y se libre atenta comunicación al Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de la Sección judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, para la práctica del mismo. 4) Que en fecha dieciséis de agosto del año dos mil seis, el Juzgado citado, declaró no ha lugar la petición de la ejecución de la sentencia y libramiento de comunicación, por considerar que según el artículo 243 del Código de Procedimientos Civiles la tasación de costas se practicará en los Juzgados y Tribunales por el Secretario, incluyendo en ellas todas las que comprenda la condena y resulte que ha sido devengada hasta la fecha de la tasación, en relación a la condena en costas hechas por los Tribunales que dictaron la sentencia, en este caso la Corte de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida y la Corte Suprema de Justicia respectivamente, quienes tuvieron que haber dictado sentencia de costas y no este Tribunal. 5) Que conociendo de los autos por el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO, en fecha uno de diciembre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, declaró de oficio la nulidad absoluta de la Constancia de la Secretaría del despacho de fecha seis de junio del año dos mil tres y demás actuaciones posteriores derivado de la misma; dejando subsistente las siguientes actuaciones; a) comunicación de fecha dos de abril de dos mil tres; b) constancia de la Secretaría del despacho de fecha veinte de octubre del año dos mil ocho; c) auto de fecha veinticinco de marzo del año dos mil cuatro; d) comunicación de fecha catorce de mayo del año dos mil cuatro; e) constancia de la Secretaría del despacho de fecha nueve de junio del año dos mil cuatro de la Corte Suprema de Justicia y su respectiva nota de remisión; f) auto de fecha diecisiete de agosto de dos mil cuatro; g) auto de fecha veintiséis de agosto del año dos mil cuatro; h) auto de fecha uno de septiembre del año dos mil cuatro; i) auto de fecha tres de mayo del año dos mil seis; y j) auto de fecha diez de mayo del año dos mil seis, en virtud de que se continuó con el trámite de tasación de costas, hasta que se dictó la sentencia correspondiente, sin haber concedido la vista respectiva a la apoderada judicial de la parte demandada, constituyendo tal omisión un vicio procesal que produce nulidad de lo actuado, no pudiendo ser subsanado en virtud de que existe una violación al debido proceso y al derecho de defensa, consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, pues debe de entenderse que no se le concedió a la parte demandada, la oportunidad procesal de impugnar la solicitud de costas presentada por la parte demandante, fundamentando su decisión en el artículo 247 del Código de Procedimiento Civiles. 6) La recurrente Abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR HERRERA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco de febrero del año dos mil nueve, reclamando amparo a favor de la señora NORMA MENDIETA, afirmando que la sentencia del Ad-quem de fecha uno de diciembre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 186 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que se conoce en amparo la sentencia proferida el uno de diciembre del año dos mil ocho, por la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual declara de oficio nulidad absoluta de la Constancia de la Secretaría del Despacho de fecha seis de junio del año dos mil tres, folio 189 frente y vuelto, y demás actuaciones posteriores derivadas de la misma, dejando subsistente otras actuaciones. Resolución recaída en virtud de apelación interpuesta por el abogado JOSE RAFAEL DERAS PACHECO, en su condición de Apoderado de la señora NORMA MENDIETA, contra el auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil seis, emitido por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en las diligencias de Demanda ordinaria de nulidad de un juicio ejecutivo y de todos los efectos derivados del mismo, promovida contra el BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), a través de su Presidente Ejecutivo ADOLFO LEONEL SEVILLA GAMERO. CONSIDERANDO: Que el Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Apoderada recurrente, Licenciada en Ciencias Jurídicas Xiomara Suyapa Aguilar Herrera, en los términos y formalización de su acción extraordinaria a favor de la señora Norma Mendieta, cuestiona el fallo del Ad-quem up supra, bajo el argumento e invocación que el mismo, viola o vulnera las garantías constitucionales siguientes: a) El artículo 82 que consagra el Derecho de Defensa, al afirmar que el ultraje a esa garantía se consumó, cuando el Tribunal de Alzada, se alejó de las pretensiones de las partes, es decir, que su resolución ignoró lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes, con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito. Al desarrollar el concepto de la infracción el amparista esboza el criterio de que el auto recurrido fue el del dieciséis de agosto del año dos mil seis, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en virtud del cual, se deniega la petición formulada por la parte actora sobre ejecución de una sentencia, vale decir, requerimiento de pago para que el demandado procediera al pago de las costas a que había sido condenado, sentencia que se produjo por la Demanda de nulidad de un juicio ejecutivo promovida por la señora Norma Mendieta, contra el Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA), y que si bien fue declarada sin lugar por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, la misma fue impugnada ante la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, Tribunal que revocó la de primera instancia, declarando parcialmente con lugar la demanda. Dicha sentencia fue recurrida en Casación por la parte demandada y el Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Civil, emitió sentencia el veintiuno de noviembre del año dos mil dos, declarando no haber lugar al Recurso de Casación, por lo que el fallo adquirió el carácter de firme. Posteriormente en fecha doce de marzo del dos mil tres, el Apoderado de la parte actora solicitó la ejecución de la sentencia, y entro otros aspectos, pidió que se procediera a la tasación de costas del juicio, después del respectivo trámite, la judicatura, con fecha dieciocho de julio del año dos mil tres, dictó sentencia interlocutoria, aprobando la tasación de las costas, solicitada por el abogado José Rafael Deras Pacheco, misma que quedó firme al no haber sido recurrida o impugnada por la parte demandada. En fecha once de agosto de dos mil seis, el referido Profesional del Derecho solicitó ejecución de la sentencia interlocutoria contentiva de aprobación de las costas del juicio. Sin embargo el dieciséis de agosto de dos mil seis, como antes se expresó, el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, declaró sin lugar la solicitud, interponiendo el precitado Profesional del Derecho, Reposición y subsidiariamente Apelación en el acto de la notificación de fecha veintiuno de agosto del año dos mil seis. Por lo que los antecedentes se elevaron al Tribunal de Alzada, la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, departamento de Cortés. CONSIDERANDO: Que el citado Tribunal A-quem, conociendo del precitado auto de fecha dieciséis de agosto del dos mil seis, emitido por el Juzgado de Letras de El Progreso, emitió fallo, el uno de diciembre de dos mil ocho, declarando de oficio nulidad absoluta de la constancia de la secretaría del A-quo de fecha seis de junio del dos mil tres y demás actuaciones derivadas de la misma, a excepción de otras. El fundamento central que invocó el Tribunal de Alzada de San Pedro Sula, se concretó a las disposiciones civiles adjetivas del artículo 247 del Código de Procedimientos que referente a la tasación de costas determina: “De la solicitud de costas se dará vista en la Secretaría, por el término de tres días, a la parte condenado al pago”, disposición que a juicio del Ad-quem deberá ser interpretado en relación con el artículo 8 del citado Código, en el sentido de que la vista a que se refiere el artículo 247, es que deberá concederse al Procurador legalmente constituido, es decir, a la Abogada Gloria Ondina Vallecillo Ortega, pues ese trámite, según el tribunal de instancia, exige la intervención de Apoderado Judicial. Al respecto la amparista reitera en los términos de su recurso, que el fallo de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, no es claro, preciso ni congruente, ya que la nulidad no fue reclamada por el impugnante que se limitó a censurar ante la segunda instancia el auto de fecha dieciséis de agosto del año dos mil seis, y que por otro lado, la garantía del Debido Proceso contemplada en el párrafo primero, artículo 50 de la Ley Fundamental, en el sentido de que “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con la formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” ha sido seriamente comprometido, pues a su criterio, se ha abierto un juicio fenecido. Amén de que el tribunal de segunda instancia declaró de oficio una nulidad retrotrayendo a las partes sobre algo que el impugnante no había solicitado en su recurso, declarando de oficio una nulidad que afecta los intereses de la demandante, pues se ha anulado, según lo afirma, una sentencia firme de Tasación de Costas. CONSIDERANDO: Que ante el marco fáctico-jurídico planteado en los acápites anteriores, esta Sala, procedió a incursionar en los antecedentes y así poder determinar si el fallo del Ad-quem vulnera o no las garantías del Derecho de Defensa y el Debido Proceso presupuestos o motivos que impulsaron a la impetrante a la promoción del presente Amparo a favor de la señora Norma Mendieta; la censora, para el caso, muestra su malestar porque a su juicio la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, resolvió, fuera de los parámetros expuestos en la expresión de agravios, es decir, que su resolución no corresponde a lo alegado por el impugnante, sin embargo en obsequio del Tribunal de Alzada, esta Sala estima que los órganos jurisdiccionales son controladores de la legalidad y que en casos excepcionales, de manifiesta violación a las leyes civiles adjetivas, puede perfectamente en tutela del Debido Proceso, un tribunal superior, anular de oficio algunas actuaciones que contrastan a su leal saber y entender, con las normas que regulan el proceso, precisamente para reorientar el procedimiento y que las partes sean garantizadas en toda acción o derecho deducido en juicio que interpongan ante los tribunales de justicia. En el caso de autos, es cierto, el Tribunal Ad-quem decretó una nulidad de oficio a partir de una constancia merced a la cual, la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, Yoro, en una sustanciación de Tasación de Costas, otorgó vista no al Profesional del Derecho que representaba a la parte demandada, el Banco de Desarrollo Agrícola, sino que a su Director Ejecutivo, el señor Adolfo Leonel Sevilla Gamero, en fecha seis de junio del año dos mil tres, por lo que el Tribunal de Alzada estimó que lo pertinente debió ser que la vista por tres días de la solicitud de costas se confiriera al Apoderado de BANADESA, es decir, a la abogada gloria Ondina Vallecillo Ortega, sin embargo, en el fallo anulatorio esta Sala percibe que existió un excesivo celo procesal del Tribunal Ad-quem, pues la irregularidad procesal apuntada fue consentida al no haber interpuesto la parte demandada o condenada recurso alguno contra el fallo de Tasación de Costas, que quedó firme desde el tres de agosto del dos mil tres, vale decir, esta Sala entiende que la Corte de Apelaciones cuestionada, con su fallo, declarando nulidad abarcó con su sanción anulatoria hasta el fallo de tasación de costas que se encontraba firme por aquiescencia de la parte demandada, cualquiera que pudiese haber sido la irregularidad procesal apuntada. CONSIDERANDO: Que conforme los extremos expuestos, esta Sala estima, que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, ha incurrido en violación a la garantía del Debido Proceso, en tal virtud es procedente otorgar el presente Recurso de Amparo, pero únicamente para los efectos de que el Tribunal de Alzada, proceda a emitir una nueva resolución, contraída a que se pronuncie concretamente sobre el auto impugnado de fecha dieciséis de agosto del año dos mil seis, pues ante una sentencia firme de costas, sería aventurado una nulidad de actuaciones anteriores a dicho fallo, que como se reitera, no fue recurrido por la parte interesada. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 190 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56 y 63 de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: OTORGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por la abogada XIOMARA SUYAPA AGUILAR HERRERA a favor de la señora NORMA MENDIETA contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, propiamente contra la resolución de fecha uno de diciembre del año dos mil ocho, para que el Tribunal Ad-quem, dicte una nueva resolución pronunciándose sobre el auto apelado, de fecha dieciséis de agosto del año dos mil seis. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello, JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. COORDINADOR. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. EDITH MARIA LOPEZ RIVERA. Firma y Sello DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil diez, recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el número 570-P273-P300=09.-

DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO

SECRETARIO DE LA

SALA DE LO CONSTITUCIONAL