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Sentencia CL-480-15 — Registro 5927

Resumen

Segunda instancia confirmo declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta que sea reinstalada en el cargo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial, en fecha 19 de agosto de 2015, que CONFIRMA la sentencia que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de mayo de 2015, la cual, ha declarado sin lugar la demanda laboral para el reintegro, salarios dejados de percibir y costas del juicio y absolviendo a la demandada al reintegro y pago de los conceptos a favor de la trabajadora; sin embargo el fallo confirmatorio aludido no hace pronunciamiento en su parte resolutiva en relación al alegato de prescripción opuesta por la parte demandante en su demanda, en relación a que el despido es ilegal arbitrario e injusto por haber prescrito la acción de conformidad al artículo 863 del Código de Trabajo.- VIII. Todas las acciones derivadas del contrato de trabajo para su ejercicio, decaen con el transcurso del tiempo, se trate de derechos irrenunciables o no, de derechos o acciones del patrono o del trabajador, según el caso; por ello, desde el punto de vista del proceso laboral, la institución de la prescripción puede ser ventilada como mecanismo de defensa y modo de extinguir las obligaciones o derechos por cualesquiera de las partes que conforman el juicio laboral, por una parte y la más conocida la excepción perentoria de prescripción que puede ser opuesta por el demandado ya sea, en el momento de la contestación de la demanda o en el momento oportuno en la audiencia primera de trámite correspondiente, pero también existe el alegato de defensa invocado por el trabajador demandante en su libelo, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, mismo que es sustancialmente basado en que al patrono le ha transcurrido un término para imponer la sanción disciplinaria respectiva e inclusive la sanción máxima del despido, por lo tanto ambas situaciones jurídicas constituyen por si, pretensiones que requieren ser alegadas por la parte interesada, ya que no puede ningún tribunal analizar ésta sin que le haya sido planteada, caso contrario, habiendo sido formulada por la parte demandante en su escrito de demanda, es una pretensión objeto de debate y es obligación del Tribunal dirimirla."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 863 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral conforme el artículo 858 del Código de Trabajo, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, por el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, quien es mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora XENIA ZORAIDA MALDONADO ZUNIGA; en relación a la demanda ordinaria laboral de reintegro por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación laboral hasta el día que de conformidad a la sentencia condenatoria sea reinstalada en el cargo del que fue arbitrariamente despedida, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de agosto del año dos mil trece, por la señora XENIA ZORAIDA MALDONADO ZUNIGA, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Gerencia de Desarrollo Social y de este domicilio, en contra de el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su DIRECTOR EJECUTIVO, de ese entonces el señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO, la sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora XENIA ZORAIDA MALDONADO, contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, SEGUNDO: ABSOLVER al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) a través de su Director Ejecutivo señor ANDRES ABELINO TORRES RODRIGUEZ, de toda responsabilidad en cuanto a la pretensión específica de éste juicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos que le corresponden a la demandante, con fundamento en la figura laboral de la ULTRA Y EXTRA PETITA.- TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la institución demandada el 17 de febrero del año 2006, desempeñándose como Analista de Préstamos, devengando al momento del despido un salario de L.17,550.00, así mismo que el 11 de julio del año 2013 se le notificó la terminación unilateral de su relación de trabajo, invocando causas de despido legales y reglamentarias no vinculantes con las supuestas actuaciones que originaron el despido, las cuales son: a) como empleada del INJUPEMP era participante del sistema y como tal tiene derecho y acceso a los beneficios de dicha entidad, dentro de los cuales están los préstamos hipotecarios y personales, por lo cual acceso a un préstamo el 23 de marzo del año 2012, por el monto de L.238,000.00, con una cuota nivelada de L.5,914.91, la cual le fue suspendida por error u otra circunstancia ajena a su persona pero que no conlleva a la disminución del monto del préstamo ni causa perjuicios económicos a la institución, al contrario era a ella a quien causaba perjuicios, al caer en mora y que se le aplicara el cobro de intereses moratorios, sin embargo la institución consideró que debió reportar esa situación para ser corregida, apreciación que es errónea porque a los empleados se les paga por sistema SIAFI, que no es más que lo que le corresponde por concepto de salario, por lo cual no se cercioró, pues alega que ella se limita a hacer retiros conforme al salario que considera tener y aún y cuando se hubiese fijado, los errores en el derecho de trabajo son responsabilidad de quienes lo cometen y según la nota de despido el error lo cometió otra usuaria, sin embargo por razones inexplicables se le responsabiliza de tal situación y por otra parte es algo subsanable, aún y con esas razones, no es responsable pues el préstamo se le otorgó como participante del sistema y no como empleada del INJUPEMP, la acción del despido se le notificó extemporáneamente, pues como se desprende de la nota de despido, el 2 de mayo del 2013 se detectó grabación de suspensión por cuota a cobrar con código (50-A), lo que conlleva de manera inequívoca que en el INJUPEMP desde el 2 de mayo del año 2013, tuvo conocimiento de esos actos que supuestamente dan lugar a su despido, la audiencia de descargo se llevó a cabo el 5 de julio del año 2013 y el despido fue notificado el 11 de julio del 2013, razón por la cual la acción de despido ya es prescrita.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando que acepta la relación laboral existente entre las partes, alegando a su favor que la demandante fue contratada como analista de préstamos personales donde el otorgamiento dichos prestamos dependen de la confianza en los actos que realiza el empleado, ya que implica la disposición de recursos económicos del INJUPEMP autorizando el acceso al sistema de informática, situación que le permite conocer a otros empleados autorizados, por lo que en el desempeño del cargo debe de aplicar y cumplir todas las normas de seguridad y de control interno establecidas por su patrono para otorgar y recuperar mediante el pago de las cuotas mensuales convenidas los prestamos que otorga obligatoriamente conoce las mismas y por ello debe de cumplirlas con mucha más razón cuando el préstamo le ha sido asignado a su persona, en audiencia de descargo, a la demandante se le formularon una serie de preguntas que contestó sin argumentos ni justificaciones que le permitiera demostrar que fue imposible darse cuenta que desde el equipo de la usuaria CMACIAS se le había suspendido la deducción de la cuota mensual del mes de mayo de su préstamo personal, sin que haya desvanecido el hecho imputado en su contra.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán en fecha dieciocho de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la demanda, absolviendo a la institución demandada de toda responsabilidad, sin perjuicio de los derechos adquiridos que le corresponden a la demandante, sin costas; bajo el criterio que la demandante debió haber denunciado la irregularidad en cuanto a su pago en el mismo momento, no tantos días después, pues la relación laboral está fundada en dicho principio que no se limita a unir a dos sujetos para lograr fines meramente económicos, no crea derechos y obligaciones meramente patrimoniales, sino también personales, por ello se exige la confianza recíproca para el debido cumplimiento de esas obligaciones, se exigen que las partes actúen de buena fe, se refiere a la conducta que debe mostrarse al cumplir realmente con su deber, por lo tanto se entiende que en el caso en concreto, lo que se sanciona no es el perjuicio que pudo haber ocasionado al INJUPEMP, dicha actuación, pues al final siempre se le iba a readecuar la deducción mensual del préstamo personal, sino el hecho que dijo desconocer de la suspensión de la cuota, provocando en el empleador una gran desconfianza que hace imposible la continuación de la relación laboral, por tanto la juzgadora llegó al convencimiento de declarar sin lugar la demanda, ya que el empleador probó la justa causa del despido.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo; con el criterio que la parte demandada acreditó que la trabajadora demandante incurrió en falta grave, por lo que tuvo justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo con la señora Xenia Zoraida Maldonado Zuniga, en consecuencia procede declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de representante procesal de la señora XENIA ZORAIDA MALDONADO ZUNIGA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, actuando en su condición de representante procesal de la señora XENIA ZORAIDA MALDONADO ZUNIGA, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha siete de diciembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSUÉ NAHUN CASTRO COREA, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Esa honorable Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo de manera reiterada ha venido sosteniendo con sapiencia que en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones a saber: 1. INTERNA en el proceso (dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por que se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); 2. EXTERNA dirigida a terceros no involucrados pero si interesados en el proceso. La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios a cerca de su corrección y validez, no hay que confundir motivar con fundamentar quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para ser aceptable lo resuelto; por eso en materia jurídica las decisiones solo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, facticos, probatorios y jurídicos. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 1589 del Código Civil “La nulidad absoluta puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria” Asimismo los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil establecen que las sentencias deben tener como requisitos internos claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, dentro de la motivación se expresa que deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en conjunto ajustándose siempre a la reglas de la lógica y de la razón; asimismo con respecto a la congruencia las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. En el caso concreto que nos ocupa en el ordinal segundo numeral 2 de la demanda se planteó la prescripción de la acción de despido probada de manera inequívoca con la nota de despido que obra a folios 4 y 5 de la primera pieza de autos en la que la demandada tuvo conocimiento de la comisión de la supuesta falta que dio lugar al despido el día 02 de mayo del 2013, según registro del Sistema de Prestamos y que de conformidad at artículo 863 del Código del Trabajo es a partir de esa fecha que la demandada podía determinar el despido mismo que vencía el 02 de junio del 2013, o sea al cumplirse un mes sin embargo el despido lo efectúa el 11 de julio del 2013, o sea 2 meses 09 días después, con ello faltando claridad precisión exhaustividad, motivación y congruencia por cuanto este hecho es ignorado tanto por la A-QUO y el AD QUEM en las sentencias de mérito pese a ser relevantes en el pleito y estar de manera inobjetable probado. Siendo conocido por esa Sala Laboral Contencioso Administrativo que cuando se trata de la parte demandada que invoca la Prescripción como un medio de defensa ya sea vía excepción o sea interpuesto como defecto material tanto la Juez de Primera Instancia como la Corte de Apelaciones pueden en sentencia definitiva dejar de referirse a la prescripción por ser relevante en el pleito pues de la misma manera e invocando la igualdad jurídica de las partes cuando la parte demandante invoca la prescripción como un hecho relevante en el ejercicio de su derecho de defensa ni la Juzgadora de Primera Instancia ni el Tribunal de Alzada pueden obviar referirse a ella, sin embargo en el caso que nos ocupa no se refirieron a este hecho relevante y fundamental en el pleito. Asimismo se expresó en el ORDINAL TERCERO de la demanda que la demandada no observó en el despido el procedimiento reglamentario (Reglamento de Trabajo) que en su artículo 72 cuya transcripción establece a folio 74 de la primera pieza de autos que después de la Audiencia de Descargos si el trabajador no está de acuerdo tiene 5 días hábiles para impugnar la decisión ante la División de Recursos Humanos que actuara como segunda instancia pudiendo apreciar que la audiencia de Descargos que obra a folios del 6 al 8 de la primera pieza de autos se realizo el día viernes 5 de julio del 2013, razón por la cual tenía mi representada para impugnar el lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 del mes y año referido sin embargo la nota de despido se la entregan el jueves 11 de julio de 2013, razón por la cual lo actuado por la Oficina de Coordinación de Relaciones Laborales no había adquirido firmeza y consecuentemente sin trascendencia y consecuencia jurídica violentando disposiciones Constitucionales como ser el Derecho de Defensa y el debido proceso garantizados por la carta magna, así como disposiciones legales tales como el artículo 3 del Código del Trabajo, el artículo 34 literal c) de la Ley de Procedimiento Administrativo que se refieren a la invalidez o nulidad del acto, cuando se dictan prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, ya que el INJUPEMP es una Institución Descentralizada del Estado. Asimismo violentando también la Garantía Constitucional del debido Proceso contenido en el artículo 90 de la Carta Fundamental que establece que todo juzgador al dictar su sentencia debe hacerlo observando las formalidades, derechos y garantías que a Ley establece. Otro aspecto relevante desarrollado en la explicación del tercer motivo de casación es que de conformidad a lo dispuesto en el literal I) del articulo 112 el despido justificado de un trabajador siempre y cuando el hecho este debidamente comprobado; del vocablo DEBIDAMENTE COMPROBADO, se infiere que no puede existir ningún ápice de duda porque en este caso se aplicara lo que más favorezca at trabajador pudiendo apreciar que el conflicto individual de trabajo que nos ocupa se origina de un préstamo personal que le hace la Institución demandada et día 13 de marzo del año 2012, por la cantidad de L238,000.00 a un plazo de 60 meses con una cuota mensual nivelada de L.5,948.91. Sigue diciendo en la nota de despido que obra a folio 4 de la primera pieza de autos “Según el registro del sistema de préstamos en el Reconocimiento Judicial se detectó la grabación de suspensión de cuota a cobrar con código (50-A) de dicho préstamo efectuado desde el usuario computarizado CMACIAS perteneciente a la señora CARMEN ANTONIA MACIAS”. De conformidad a lo expresado en la nota de despido esta plenamente probado lo siguiente: 1.- Que la suspensión de la cuota de amortización del préstamo no la hizo mi representada sino que la usuaria computarizada CMACIAS perteneciente a la señora y también empleada CARMEN ANTONIA MACIAS. 2.- Que la demandada no comprobó que ml representada estuviera coludida o que hubiera actuado de otra forma dolosa o de argucias, para que CMACIAS le suspendiera la deducción de abono a préstamo en tal sentido tanto la Jueza A- QUO como el Tribunal de Segunda Instancia actuaron basándose en presunciones pero el dolo no se presume sino que debe probarse. 3.- Asimismo en el Reconocimiento Judicial propuesto por la parte demandante que obra a folios 41 de la primera pieza de autos el numeral 4 de dicha proposición que literalmente dispone “Si con la suspensión de los pagos at préstamo se le causo perjuicio económico a la Institución y en que radica ese perjuicio” en la cumplimentación mediante constancia atendiendo oficio del A-QUO la demandada a este respecto “Se informa que no le causo ningún perjuicio económico al Instituto ya que los intereses por mora son cargados al participante” de esta contestación se colige 1o siguiente: a) que el préstamo se lo otorgaron a mi representada en su condición de participante de este sistema de previsión social que es el INJUPEMP y que nada tiene que ver su relación laboral si paga o deja de pagar el préstamo aludido ya que esta es una relación meramente civil. b) que al suspenderle la deducción de su salario para amortizar el préstamo referido relativo a la cuota nivelada inserta en el contrato de préstamo con aval por error del usuario CMACIAS, mi representada debía pagar personalmente por ventanilla de lo contrario incurriría en mora obligándose a pagar en todo caso los intereses por la mora y por 10 anterior es que la Institución informo que no le causo ningún daño o perjuicio económico, c) que dado lo anterior la relación de mi representada con el INJUPEMP, con respecto al préstamo su pago o morosidad es de naturaleza civil confundiéndolo la demandada, la Jueza A-QUO y el Tribunal de Segunda Instancia como Si se tratara de una relación de índole laboral puesto que en este caso siendo de naturaleza civil dicha relación y la cual surgieron obligaciones reciprocas vinculantes y aplicables y en consecuencia fueron violados los artículos 1346, 1348, 1351, 1352 y 1355 ordinal primero del Código Civil; Esto debió ser apreciado por la Corte Sentenciadora en la Sentencia recurrida y sin embargo obvio estas circunstancia alegada en el HECHO QUINTO párrafo segundo del libelo que contiene la demanda que literatamente dice” Como puede apreciarse todo lo relacionado con el préstamo referido, es por mi condición de participante del sistema y constituyen obligaciones de índole civil en la que el (INJUPEMP), es el acreedor y yo soy la deudora y todo lo que se relaciona con esto se estará en lo dispuesto en las cláusulas del contrato de préstamo, et Reglamento respectivo o en su defecto lo establecido en el libro IV DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS del Código Civil, por tal razón ml despido es arbitrario ilegal e injusto”, de tal manera que aplicar normas de índole laboral por una relación que de manera indudable, incontrastable, e incontrovertible a una relación que es a todas luces de naturaleza civil conlleva a violentar un sin número de principios que por ser obvios me abstengo de enumerarlos y por ello es procedente que esa Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo anule la Sentencia recurrida devolviéndola al AD- QUEM con las observaciones de mérito a fin de que con una nueva sentencia subsane los vicios de forma y de fondo en que incurrió y que conllevaron a que su fallo adoleciera de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial, en fecha 19 de agosto de 2015, que CONFIRMA la sentencia que fuese dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de mayo de 2015, la cual, ha declarado sin lugar la demanda laboral para el reintegro, salarios dejados de percibir y costas del juicio y absolviendo a la demandada al reintegro y pago de los conceptos a favor de la trabajadora; sin embargo el fallo confirmatorio aludido no hace pronunciamiento en su parte resolutiva en relación al alegato de prescripción opuesta por la parte demandante en su demanda, en relación a que el despido es ilegal arbitrario e injusto por haber prescrito la acción de conformidad al artículo 863 del Código de Trabajo.- VIII. Todas las acciones derivadas del contrato de trabajo para su ejercicio, decaen con el transcurso del tiempo, se trate de derechos irrenunciables o no, de derechos o acciones del patrono o del trabajador, según el caso; por ello, desde el punto de vista del proceso laboral, la institución de la prescripción puede ser ventilada como mecanismo de defensa y modo de extinguir las obligaciones o derechos por cualesquiera de las partes que conforman el juicio laboral, por una parte y la más conocida la excepción perentoria de prescripción que puede ser opuesta por el demandado ya sea, en el momento de la contestación de la demanda o en el momento oportuno en la audiencia primera de trámite correspondiente, pero también existe el alegato de defensa invocado por el trabajador demandante en su libelo, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, mismo que es sustancialmente basado en que al patrono le ha transcurrido un término para imponer la sanción disciplinaria respectiva e inclusive la sanción máxima del despido, por lo tanto ambas situaciones jurídicas constituyen por si, pretensiones que requieren ser alegadas por la parte interesada, ya que no puede ningún tribunal analizar ésta sin que le haya sido planteada, caso contrario, habiendo sido formulada por la parte demandante en su escrito de demanda, es una pretensión objeto de debate y es obligación del Tribunal dirimirla.- IX. Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, por cuanto en el sub judice el alegato de prescripción como defensa invocado por la trabajadora, fundado en que al patrono le ha transcurrido un término para imponer la sanción disciplinaria del despido debe ser resuelto en la resolución definitiva conjuntamente con las demás pretensiones deducidas por las partes.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral conforme el artículo 858 del Código de Trabajo, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 113, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de agosto de 2015, visible a folios 10 al 12 en la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de agosto del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 480-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL