Sentencia CL-47-15 — Registro 5901
Resumen
Segunda instancia fallo sin lugar el defecto material de prescripción y con lugar demanda ordinaria laboral para la declaración de nulidad de simulación por haber gozado los derechos y obligaciones de un trabajador permanente, reintegro a su puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"que tratándose de violación por la vía directa, este se produce con prescindencia del material probatorio; y, d) el comportamiento procesal del Recurrente ajustado a la Ley, le obliga a que formule los cargos con la suficiente claridad y precisión, con el objeto de que la Sala tenga un seguro derrotero para desatar el recurso, sin necesidad de que tenga que acudir a indagaciones mediante la revisión del expediente, que desvirtúan lo extraordinario del recurso, y lo conviertan en otra instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; SON PARTES: Recurrente: El ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, Recurrida: la señora KENIA IDOLINA AGUILERA ORTIZ,, representados en juicio por la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ; OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda ordinaria laboral para la declaración de nulidad de simulación por haber gozado los derechos y obligaciones de un trabajador permanente, reintegro a su puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio de dos mil trece, por la señora KENIA IDOLINA AGUILERA ORTIZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Abogada y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del MINISTERIO PUBLICO, por medio de la Procuradora General de la República, Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO, la sentencia de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el Defecto Material de Prescripción, opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente y sin causa justa de despido. Que se condene al Estado de Honduras a través de la Comisión Interventora del Ministerio Público al reintegro a mi puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios. Que se declare al trabajador permanente; instaurada por la Señora KENIA IDOLINA AGUILERA ORTIZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. III.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO a lo siguiente: Reintegrar a la Señora KENIA IDOLINA AGUILERA ORTIZ al cargo de Analista de Investigación Criminal, Fiscalía de Delitos Comunes; por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada lo permanentes en el cargo que mantenía. IV. Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral instaurada por la Señora KENIA IDOLINA AGUILERA ORTIZ; para que se declare la nulidad de una simulación de contratación contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; ABSUELVE AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO de dichos conceptos. V. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral el uno de marzo de dos mil diez, asignado en la Fiscalía Especial de Delitos Comunes, en el cargo de Asistente del Fiscal Especial, el día trece de junio de dos mil once, fue trasladada a la Fiscalía de turno en la que no se trabaja diariamente sino un día a la semana por veinticuatro horas, haciendo el pago de su salario por medio de planillas, dándose la relación por más de tres años consecutivos, el treinta de abril de dos mil trece recibió nota por parte de la Comisión Interventora de la institución nota de despido en la que se hace referencia a la falta de presupuesto que atravesaba la institución, pagándole el mes de abril sin tener contrato vigente, siendo ilegal e injusta la terminación de la relación laboral, por lo que se avocó a las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despacho de Trabajo y Seguridad Social para llegar a un acuerdo conciliatorio el cual no se llevó a cabo, dando por agotada la vía administrativa y continuando el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por medio del MINISTERIO PUBLICO, contestó dicha demanda señalando que rechaza las pretensiones de la demandante ya que el contrato suscrito por las partes vencía el treinta de abril de dos mil trece y debido a la precaria situación económica de la institución no se le renovó, no emitiendo nota de despido si no una notificación de la fecha de finalización del contrato por lo cual no procede lo que se demanda.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el defecto material de prescripción, con lugar la demanda de mérito; condenando al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar a la demandante al cargo que ostentaba; pago de salarios dejados de percibir y sus derechos adquiridos; sin lugar la demanda por la nulidad de simulación de contrato y sin costas; bajo el criterio que se considera una relación permanente si la causa que dio origen aún persiste al momento de la fecha de la terminación del contrato según lo estipulado en el artículo 47 del Código del Trabajo, laborando por más de 200 días para las mismas funciones, celebrando diferentes contratos; en cuanto a la nulidad de simulación del contrato no procede por haber gozado de todos los beneficios estipulados en dicha contratación.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo; bajo el criterio que se probó tener derecho a la permanencia que se reclama debiendo el patrono de reconocerla y al momento de la finalización de la relación laboral dar justa causa al no hacerlo violento los derechos del trabajador; en cuanto al defecto procesal de prescripción no procede en virtud que no hay disposición alguna que obligue al trabajador a interponer reclamo después de transcurrido el período de prueba, lo que si se exige es agotar el procedimiento administrativo dentro del término legal.- 5.- Que mediante auto de fecha siete de febrero de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, resolviendo este Tribunal mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de apoderada de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, ó de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en el único motivo de casación alega: “Infracción directa del Artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo en relación con los Artículos 1348, 1539 del Código Civil, 67 del Presupuestos de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio del año 2010, contenido en el Decreto 16-20 10, 72 y 74 para el ejercicio fiscal del año 2011 contenido en el Decreto 264-2010, Artículo 114 de la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2013 Decreto 223-2012 de fecha 18 de Enero del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,044 de fecha 06 de Febrero del 2013 y normas vigentes al respecto. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL MOTIVO DE CASACION: Autoriza este motivo de casación el Artículo 765 numeral 1° del Código de Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: Se acusa la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del Artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo siendo este uno de los fundamentos legales utilizados por el AD QUEM en esta sentencia definitiva que se viene a recurrir, el cual establece que “El Contrato Individual de Trabajo puede ser: a) .... b) Por tiempo limitado, cuando se especifique fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento....”; asimismo por otro lado, nuestro Código Civil en el Artículo 1348 manda que “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben de cumplirse al tenor de los mismos.”.- El Artículo 1539 del Código Civil nos establece que “Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.”. En el presente caso, la Demandante únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras, Contratos Temporales de Prestación de Servicios en donde conviene la prestación de sus servicios por un tiempo determinado, es decir que se constituyo en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo, y por esa razón ambas partes se someten únicamente a las clausulas de dichos contratos, en el entendido que la señora Demandante prestaba sus servicios periciales de manera temporal, y que consecuentemente mi representado no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos, los cuales no correspondían a la jurisdicción laboral el conocimiento de la prestación del servicio, en vista de que no está sometido al Régimen Ordinario Laboral. Tanto en las Sentencias Definitivas dictadas por el Juzgado de Letra y la Corte de Apelaciones respectivamente, razonan que la relación contractual contienen los requisitos esenciales para que exista una relación laboral, motivando asimismo que de conformidad al Artículo 47 del Código de Trabajo “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se les expresa término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen la materia del trabajo para la prestación de servicio o la ejecución de obra iguales o análogas.”; estos razonamientos lo hacen sin valorar lo establecido en el transcurso del juicio, en relación que los contratos de servicios tanto personales como profesionales suscritos con la Demandante, son regulados por el Código Civil y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el ejercicio fiscal del 2010 y 2011 contenidas en las publicaciones del Diario Oficial La Gaceta No. 32186 de fecha 13 de Abril del 2010, que contiene el Decreto 16-2010 y Gaceta No. 32402 de fecha 28 de Diciembre del 2010, con el Decreto 264-2010, ambos contentivos del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el ejercicio fiscal del año 2010 y 2011 presentado por el Poder Ejecutivo, en donde se puede constatar la existencia del Artículo 74 y el Artículo 114 de la Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del año 2013 Decreto 223-2012 de fecha 18 de Enero del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,044 de fecha 06 de Febrero del 2013, en el que se establece que “La contratación de personal con cargo al Objeto Específico de Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal NO Permanente), se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Secretario de Estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenida en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, permitiéndose la ampliación para este objeto únicamente con financiamiento dentro del mismo grupo de servicios personales, asimismo se puede constatar en dicho documento, que este tipo de contrataciones se legalizan mediante Acuerdo Interno de aprobación de cada Secretaria de Estado, previa a la suscripción de contratos quedan obligados a solicitar estos recursos como parte de la asignación de la cuota presupuestaria trimestral; en tal sentido estos contratos tendrán vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como Permanente, y su efectividad se computara desde la fecha que este personal tome posesión del cargo. Por lo anteriormente expuesto, es PROCEDENTE Casar la Sentencia Definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, dictada en fecha Doce (12) de Diciembre del Dos mil catorce (2014), y consecuentemente declarar Sin Lugar la demanda ordinaria laboral promovida en contra del Ministerio Público por la señora KENIA IDOLINA AGUILERA ORTIZ.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma incompleta el precepto autorizante, ya que el numeral primero del articulo 765 del Código del Trabajo contiene dos párrafos, con distintas causales o motivos de este extraordinario recurso, siendo necesario precisar en cual de ellos se encuentra comprendido el cargo; b) la disposición que indica y trascribe como violada, el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, que señala: “El Contrato Individual de Trabajo puede ser: a) .... b) Por tiempo limitado, cuando se especifique fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento....” no ostenta el carácter de norma sustantiva requerido en éste recurso extraordinario, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; c) que tratándose de violación por la vía directa, este se produce con prescindencia del material probatorio; y, d) el comportamiento procesal del Recurrente ajustado a la Ley, le obliga a que formule los cargos con la suficiente claridad y precisión, con el objeto de que la Sala tenga un seguro derrotero para desatar el recurso, sin necesidad de que tenga que acudir a indagaciones mediante la revisión del expediente, que desvirtúan lo extraordinario del recurso, y lo conviertan en otra instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los tres días del mes de agosto del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 47-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL