Sentencia CL-428-15 — Registro 6080
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la justificación de la terminación unilateral del contrato de trabajo, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que no procede la admisión del anterior cargo, ya que la Impetrante incurre en los mismos defectos de los anteriores, al atacar la valoración de la prueba testifical, señalar el precepto autorizante de forma imprecisa, como también indicando inicialmente que la infracción indirecta por error de hecho proviene de la apreciación errónea de la prueba, luego que el ad-quem incurrió en error de hecho y de derecho, además, que esa prueba no fue apreciada y que el Tribunal de Apelación no le dio valor probatorio"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de octubre de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada XOSHILT JANINA SORTO ASHLEY, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Sentencia de fecha dieciocho de mayo del año dos mil siete, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, que confirmó los Sobreseimientos Provisionales dictados por el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, en fecha nueve de junio del año dos mil seis; con relación a la causa instruida contra los señores JORGE ANTONIO LOPEZ BONILLA, PEDRO SANCHEZ TROCHEZ, JONATHAN MATUTE GALEAS, VICTOR MANUEL BONILLA, ERLIN GUSTAVO RAMOS, CESAR DAVID CANALES RUBI Y DUNIA MELISSA HERNANDEZ CARRANZA, por considerarlos responsables de los delitos de ASESINATO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio del señor GARY LEE SMITH, ROBO AGRAVADO en perjuicio de la señora PATRICIA RUTH GRIEN, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, Y TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, Y contra los señores OSCAR GEOVANY LOPEZ VELASQUEZ Y LEONARD EDY BROWN CRUZ por considerarlos responsables de los delitos de ASESINATO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio del señor GARY LEE SMITH, ROBO AGRAVADO en perjuicio de la señora PATRICIA RUTH GRIEN, ASOCIACION ILICITA Y POSESION ILEGAL DE EXPLOSIVOS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.
ANTECEDENTES
- Que en fecha catorce de diciembre del año dos mil cinco, compareció ante el Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía, la Licenciada CLAUDIA CAROLINA OBANDO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JORGE ANTONIO LOPEZ BONILLA, PEDRO SANCHEZ TROCHEZ, JONATHAN MATUTE GALEAS, VICTOR MANUEL BONILLA, ERLIN GUSTAVO RAMOS, CESAR DAVID CANALES RUBI Y DUNIA MELISSA HERNANDEZ CARRANZA, por considerarlos responsables de los delitos de ASESINATO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio del señor GARY LEE SMITH, ROBO AGRAVADO en perjuicio de la señora PATRICIA RUTH GREEN, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO, Y TRAFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, y contra los señores OSCAR GEOVANY LOPEZ VELASQUEZ Y LEONARD EDY BROWN CRUZ por considerarlos responsables de los delitos de ASESINATO Y ROBO AGRAVADO en perjuicio del señor GARY LEE SMITH, ROBO AGRAVADO en perjuicio de la señora PATRICIA RUTH GRIEN, ASOCIACION ILICITA Y POSESION ILEGAL DE EXPLOSIVOS COMERCIALES en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO.2) Que en fecha dieciséis de diciembre de dos mil cinco, en el caso citado anteriormente, se celebró audiencia inicial en la que el Juzgado de Letras Departamental de Roatàn, Departamento de Islas de la Bahía resolvió decretar auto de prisión en contra, entre otros, de los imputados PEDRO SANCHEZ TROCHEZ y ERLYN GUSTAVO RAMOS por los delitos de ASESINATO Y ROBO AGRAVADO, en perjuicio de GARRY LEE SMITH, ROBO AGRAVADO en perjuicio de STANISLAO RIVERA, ROBO AGRAVADO en perjuicio de PATRICIA RUTH GREEN, ASOCIACION ILICITA Y PORTACION ILEGAL DE ARMAS en perjuicio del Estado de Honduras; y TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de GARY LEE SMITH en perjuicio de PATRICIA RUTH GREEN, y ASOCIACION ILICITA Y POSESION ILEGAL DE EXPLOSIVOS en perjuicio del Estado de Honduras.3) Que en fecha nueve de junio del año dos mil seis, el Juzgado Instructor celebró Audiencia preliminar en la cual resolvió decretar Sobreseimiento Provisional a favor de los señores JONATHAN MATUTE GALEAS, ERLYN GUSTAVO RAMOS y PEDRO SANCHEZ TROCHEZ por los delitos a ellos imputados, por considerar que si bien existe la alta probabilidad de la comisión de los delitos, no existen por ahora los suficientes indicios de participación de los imputados en la comisión de tales delitos, existiendo la posibilidad de que en un futuro se incorporen nuevos elementos de prueba. Contra dicha resolución el Ministerio Público en fecha diecinueve de junio de dos mil seis interpuso recurso de apelación.4) Que en fecha dieciocho de mayo del año dos mil siete, la Corte de Apelaciones Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado YIMY DANIEL CHIRINOS ORELLANA, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, y en consecuencia confirmó el sobreseimiento provisional dictado a favor de los imputados PEDRO SANCHEZ TROCHEZ Y ERLYN GUSTAVO RAMOS, por considerar que el mismo se ajusta a derecho, en virtud de que las circunstancias que durante la audiencia inicial se apreciaron como indicios de participación de los procesados en la comisión de los delitos que se les imputan, no bastan para deducir la participación de los mismos con el grado de certeza necesaria, que es la de probabilidad; fundamentando su decisión en el último párrafo del artículo 303 del Código Procesal Penal.5) El Ministerio Público, a través de la fiscal XOSHILT JANINA SORTO ASHLEY, envió vía fax a este Tribunal, en fecha dos de octubre del año dos mil siete, presentó recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida proferida mediante auto de fecha dieciocho de mayo del año dos mil siete, violenta los derechos consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.CONSIDERANDO: Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Ministerio Público se dirige contra el auto proferido el dieciocho de mayo de dos mil siete por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante el cual declara sin lugar el recurso de apelación instado contra la decisión del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de La Bahía, tomada en la audiencia preliminar celebrada el nueve de junio de dos mil seis que decreta el sobreseimiento provisional a favor de PEDRO SANCHEZ TROCHEZ, y ERLYN GUSTAVO RAMOS, en las diligencias que se siguen contra JORGE ANTONIO LAGOS BONILLA, CESAR DAVID CANELAS RUBI, JONATHAN MATUTE GALEAS, VICTOR MANUEL BONILLA Y DUNIA MELISA HERNANDEZ CARRANZA, por suponerlos responsables de los delitos de : ASESINATO, ROBO, ASOCIACION ILICITA, PORTACION ILEGAL DE ARMAS Y TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de GARY LEE SMITH, la Seguridad Interior del Estado y la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS respectivamente. CONSIDERANDO: Que el ente responsable de ejercitar la acción penal pública impetra el recurso, alegando la infracción por parte del Tribunal de Apelación, a las garantías Constitucionales referentes al Debido Proceso consignado en el párrafo segundo del artículo 90 y al Derecho de Defensa previsto en el artículo 82 de la misma Constitución, en relación con los artículos 198, 199 y 297 del Código Procesal Penal que desarrollan por su orden la finalidad de la prueba que es el establecimiento de la verdad de los hechos, la libertad probatoria y la decisión de dictar auto de prisión en caso de que no proceda adoptarse en el momento de la audiencia inicial el sobreseimiento provisional ni el definitivo, alegando en sustento de ello, que de la prueba aportada por el Ministerio Público se desprende la existencia del delito y con ellas se acreditó, más allá de toda duda razonable, la participación de los encausados, criterio que inicialmente fue compartido por el Juez A quo por lo que en la audiencia inicial celebrada el dieciséis de diciembre de dos mil seis resolvió decretar auto de prisión contra dichos encausados, sin embargo, posteriormente en la audiencia preliminar que se celebró el nueve de junio de dos mil seis procedió a decretar sobreseimiento provisional contra los mismos bajo el argumento de que por ahora no existían los suficientes indicios de la participación de los imputados en la comisión de tales delitos, lo que a criterio del recurrente resulta incongruente, violatorio del derecho de defensa, improcedente y carente de fundamento jurídico. Asimismo señala que el derecho al debido proceso se ve vulnerado al considerar que procede un sobreseimiento cuando de la misma resolución se desprende que existen pruebas que vinculan directamente a los imputados con los hechos delictivos, por lo que la proferida por la Corte de Apelaciones de La Ceiba de fecha dieciocho de mayo de dos mil siete contraviene y disminuye el derecho de defensa y del debido proceso de los ofendidos en particular y de la sociedad en general, pues a su juicio se ha acreditado con pruebas suficientes la vinculación directa de los imputados, SANCHEZ TROCHEZ Y RAMOS en los crímenes denunciados. CONSIDERANDO: Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO: Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO: Que al estudiarse la foliada y específicamente el auto emitido por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, del dieciocho de mayo de dos mil siete y mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de apelación a que se ha hecho referencia y se confirmó el sobreseimiento provisional dictado a favor de los imputados Pedro Sánchez Trochez y Erlyn Gustavo Ramos; se aprecia en el mismo, que el Ad-quem hizo expresa mención a las circunstancias de participación de los imputados con el hecho delictivo perseguido que se acercaron al proceso, como ser, tanto el haberse encontrado ambos en una de las viviendas allanadas y en la cual se encontraron armas y objetos presumiblemente utilizados en la comisión de los delitos investigados, como, el haber recibido la policía, según uno de los testigos información de que los dueños de dichas viviendas y otros sujetos formaban parte de una banda dedicada al robo; asimismo apreció la prueba de descargo que acercó al tribunal la defensa de los imputados, como ser la declaración de personas que afirman que los encartados se encontraban en otro lugar en el momento en que se suscitó el hecho delictivo, así como el listado de asistentes a una reunión en la que se dice estuvo presente el imputado Pedro Sánchez Tròchez el día que se suscitaron los hechos delictivos, circunstancias que en su conjunto, el A quo, en la audiencia preliminar les atribuyó o dio un determinado valor, al considerar que estos elementos relacionados eran insuficientes para considerar como indicio racional de la participación de los imputados en los hechos perseguidos por el ente público acusador, en razòn de lo cual, no se aprecia que el Ad-quem con su decisión haya violentado ni el derecho de defensa ni el derecho al debido proceso, por cuanto ha tenido el impetrante la oportunidad de incorporar al proceso los elementos que a su juicio vinculan a los encartados con los delitos antes señalados y ha hecho uso de todos los recursos que la ley le franquea para impugnar las decisiones que considera le son desfavorables y por otra parte, la valoración realizada por el juez al considerar insuficientes los elementos de participación aportados al proceso es racional tomando en consideración que priva en todo imputado el estado de inocencia. CONSIDERANDO: Que por mandato constitucional, está proscrito dictar auto de prisión sin que preceda plena prueba de haberse cometido un crimen o simple delito que merezca pena de privación de la libertad Y SIN QUE RESULTE INDICIO RACIONAL DE QUIEN SEA SU AUTOR. Esta prohibición ha de prevalecer porque la prisión preventiva puede producir los la privación de la libertad antes de que se dicte la sentencia resolutoria de pena o la adopción de medidas cautelares y no se puede encausar a una persona sin tener cuanto menos ese indicio racional de que tuvo participación en un hecho delictivo que merezca su sometimiento a un proceso penal.CONSIDERANDO: Que la declaraciòn del sobreseimiento provisional supone la posibilidad razonable de obtener nuevos elementos probatorios en el futuro, cuando no hay indicio racional de que el imputado haya tenido participación en el ilìcito, pero que con las pruebas actuales y que aparecen como débiles o insuficientes, dan margen a sospechar que sí la tuvo, por lo que el Ministerio Público tiene amplia posibilidad de sustentar su requerimiento fiscal aportando nuevos elementos que lleven al convencimiento racional de que los encausados participaron en los delitos perseguidos. CONSIDERANDO: Que el amparista al señalar la infracción constitucional al debido proceso y derecho de defensa los relaciona con los artículos 198, 199 y 297 del Código Procesal Penal, no expone ni fundamenta la supuesta violación de tales normas adjetivas, de tal modo que al no evidenciarse de los autos alguna transgresión constitucional y aplicando el principio de congruencia o de estricto derecho, esta Sala limita su función jurisdiccional a resolver sobre el acto reclamado, sin hacer valoraciones y pronunciamientos sobre hechos y alegatos que solo corresponden a las partes en las instancias ordinarias del respectivo juicio. CONSIDERANDO: Que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el enjuiciamiento de los imputados, motivando de manera razonada su decisión, cuando de los autos hasta ahora, no se ha adquirido la convicción de su participación en la comisión de los delitos precedentemente mencionados, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 295 y 297 del Código Procesal Penal FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito Y MANDA: Que se siga el procedimiento señalado para estos casos en el artìculo 316 de la Constitución de la Repùblica. Redactò la Magistrada CRUZ DE WILLIAMS.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el veintitrés de noviembre de dos mil nueve, certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil nueve, recaída en el Recurso de Amparo Penal con orden de ingreso en este Tribunal No. 608-P799=07/102=08.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL