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Sentencia CL-384-15 — Registro 6422

Resumen

Segunda instancia reformó declarando con lugar el recurso de apelación y sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste al salario mínimo, pago de horas extras con reajuste al salario mínimo, pago de vacaciones con reajuste salarial y demás derechos laborales, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de los años 2012 y 2013

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo revoca la sentencia de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda, bajo el criterio que de la revisión de los medios de prueba allegados al proceso, concluye que la parte demandada no debe pagar a la trabajadora demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que la parte demandante recibía su salario de los fondos que la Municipalidad de San Juan de Ojojona daba como una ayuda o subsidio para la Escuela Pablo Zelaya Sierra y que la misma no constituye una relación laboral entre la demandante y dicha Alcaldía Municipal. VII.- Que el fallo relacionado no es claro ni preciso, ya que no realiza el análisis debido de las pruebas aportadas por la parte demandante, ni existe la suficiente motivación en cuanto a determinar que no existe relación laboral, sino que se basa en aspectos o criterios referidos a un supuesto despido, cuando la pretensión deducida oportunamente en el caso que nos ocupa, es referida al reclamo de salarios adeudados, derechos adquiridos y reajuste salarial, consecuentemente el mismo resulta ser incongruente. VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídico"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince por el Abogado JOSE MANUEL RODRIGUEZ ROSALES, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora JULIA ELIZARDA VALENZUELA SILVA; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de reajuste al salario mínimo, pago de horas extras con reajuste al salario mínimo, pago de vacaciones con reajuste salarial y demás derechos laborales, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de los años 2012 y 2013, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de junio del año dos mil catorce, por la señora JULIA ELIZARDA VALENZUELA SILVA, mayor de edad, soltera, ama de casa, hondureña y con domicilio en el Municipio de Ojojona, Departamento de Francisco Morazán, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, el señor OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Ojojona, Departamento de Francisco Morazán. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que REFORMA la sentencia de fecha diecisiete de abril del dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente forma: “FALLA: 1.- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DOMINGO ESCOBAR PINOT; 2.- REFORMAR la sentencia definitiva de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera:“1) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JULIA ELIZARDA VALENZUELA SILVA contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, representada por el señor OMAR ANTONIO AGUILA NIETO, en su condición de Alcalde Municipal; para el pago de reajuste al salario mínimo, pago de horas extras con reajuste al salario mínimo, pago de vacaciones con reajuste salarial y demás derechos laboral, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes años 2012 y 2013; 2) ABSOLVIENDO a la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, representada por el señor OMAR ANTONIO AGUILA NIETO, del pago de tales conceptos.”.- 3.- CONFIRMAR el numeral III, IV y V de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, PAGO DE HORAS EXTRAS CON REAJUSTE AL SALARIO MINIMO, PAGO DE VACACIONES CON REAJUSTE SALARIAL Y DEMAS DERECHOS LABORALES, PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES AÑOS 2012 Y 2013, COSTAS DEL JUICIO, promovido por la señora JULIA ELIZARDA VALENZUELA SILVA contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE OJOJONA, representada por el señor OMAR ANTONIO AGUILA NIETO, en su condición de Alcalde Municipal.- 4.- SIN COSTAS en esta instancia.-” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la demandada en fecha tres de marzo del año dos mil ocho, desempeñándose en el puesto de Portera en la Escuela Pablo Zelaya Sierra, devengando un salario mensual de L.3,500.00, salario que ha devengado hasta la fecha de la presentación de la demanda. La demandante expone también que en el mes de noviembre del año dos mil trece se presentó a la Alcaldía Municipal de Ojojona con el fin de consultarle al alcalde porque no se le había hecho efectivo el pago de ese mes, sin obtener respuesta, nuevamente regresó en diciembre y en enero a solicitar los pagos de dichos meses así como el pago del decimocuarto y decimotercer mes correspondientes al año dos mil trece, pero tampoco obtuvo respuesta por parte del Alcalde Municipal, es por esa razón que en fecha dos de enero del año dos mil catorce se presentó en la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de hacer valer sus derechos solicitando un Inspector de Trabajo, situación por la cual tuvo conocimiento que le correspondía támbien solicitar reajuste al salario mínimo, aclarando que los salarios correspondientes a noviembre y diciembre del año dos mil catorce, así como de enero a mayo del año dos mil catorce, le fueron cancelados pero sin el respectivo reajuste. Asimismo manifestó que el Inspector de Trabajo se presentó en las instalaciones de la Alcaldía Municipal donde se reunió con el Alcalde Municipal, quien negó que la demandante era empleada de dicha Alcaldia y manifestando que ella era empleada de la escuela a la cual estaba asignada, por consiguiente se procedió a citar a la Directora de dicha escuela, constando en acta nueve de enero del año dos mil catorce y en actas de septiembre del año dos mil once donde se puede verificar que la demandante era empleada de la Alcaldía Municipal pero se ha manifestado que el Alcalde decidió retirar al portero, aseadora y profesor de computación. En fecha veinticinco de enero del año dos mil catorce con el cambio de gobierno, tomando posesión el nuevo Alcalde Municipal se le notificó de la visita del inspector de trabajo nombrado a este caso, quien procedió a verificar la inspección e informarle al Alcalde de todo lo antes descrito, sin embargo la Alcaldía a tráves de su apoderado legal procedió a presentar escrito donde formula descargos por acta de intimación y en su hecho dos expone que la hoy demandante no es ni ha sido empleada de la Alcaldía alegando lo mismo que el alcalde saliente, pero que se contradicen con notas de fechas tres de marzo del año dos mil ocho y oficio N°SMO N°01.2014 de fecha trece de mayo del año dos mil catorce emitidas por la Alcaldia Municipal y firmadas por los señores alcaldes, en las cuales tácitamente aceptan que la demandante es y ha sido empleada de dicha Alcaldía. 2.- La parte demandada, contestó dicha demanda señalando que la hoy demandante trabajaba de portera para la escuela Pablo Zelaya Sierra, institucion que por su naturaleza depende de la Secretaría de Educación, por lo tanto no son actividades que realizan las municipalidades ni se encuentran dentro de las obligaciones de las mismas, asimismo expone que la hoy demandante no figura en las planillas de pago por el sistema de acuerdo ni por el sistema de pago de planillas, ni el de los controles de asistencia de empleados de la municipalidad. Támbien manifiesta que la Ley de Administración Pública no contempla la posibilidad de que en este ámbito exista contratación verbal, por lo que se concluye que para considerar lo reclamado dentro de la competencia del Juzgado del Trabajo le faltan dos elementos esenciales de una relación de trabajo como ser la dependencia y la subordinación; asimismo que en cuanto a las explicaciones e indicaciones que recibió el señor Alcalde en la fundamentación jurídica de la Demanda, no se menciona la Ley de Municipalidades y su reglamento, siendo esta la base legal para atribuirle responsabilidad personal e institucional al actual Alcalde Municipal y que en todo caso la acción seria contra quienes violaron el precepto constitucional 321 en cuanto a la responsabilidad de los servicios del estado y al efecto los actos que ejecuten fuera de la Ley en relación a lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Municipalidades y artículo 40 de su Reglamento. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de abril del dos mil quince, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda, condenó a la Alcaldia Municipal de Ojojona, Departamento de Francsico Morazán a pagar a la señora Julia Elizarda Valenzuela Silva la cantidad de ciento veinticuatro mil cuatrocientos dos lempiras con dos centavos (lps.124,402.02) en concepto de salarios adeudados, decimotercer y decimocuarto mes, reajuste al salario mínimo, horas extras adeudadas y al pago de vacaciones adeudadas, absolviendo a la Alclaldía Municipal del pago de los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el representante de la parte demandada argumentó como parte de su defensa que la demandante no ha mantenido ninguna relación laboral con su representada Alcaldia Municipal de Ojojona F.M. no menos cierto es que mediante la prueba propuesta se demostró que ha existido una relación laboral; tal como fue Inspectoria General del Trabajo,también que se cumplen con los tres elementos esenciales para la existencia de una relación laboral, en cuanto al pago de derechos adquiridos, mismos que no han sido satisfechos a favor de la demandante, derechos que son de carácter irrenunciables e imprescriptibles, protegidos por la normativa laboral interna así como los Tratados Internacionales en materia del Derecho de Trabajo por ser considerado éste como un Derecho Humano, derechos que deben ser pagados por el patrono independientemente de la forma en que termine la relación laboral. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintidós de junio del dos mil quince, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia de fecha dicisiete de abril del dos mil quince, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no debe pagar a la trabajadora demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que ella recibía su salario de los fondos que la Municipalidad de San Juan de Ojojona, daba como una ayuda o subsidio para la Escuela Pablo Zelaya Sierra y que la misma no constituye una relación laboral entre la demandante y dicha Alcaldía Municipal. 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE MANUEL RODRIGUEZ ROSALES, actuando en su condición de apoderado legal de la señora JULIA ELIZARDA VALENZUELA SILVA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte (20) días para que formulara por escrito la Demanda de Casación. 6.- Que en fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE MANUEL RODRIGUEZ ROSALES, actuando en su condición de apoderado legal de la señora JULIA ELIZARDA VALENZUELA SILVA, formalizando su demanda y exponiendo su motivo único de casación, resolviendo éste Tribunal, mediante providencia de la misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de octubre del dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DOMINGO ESCOBAR PINOT, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo revoca la sentencia de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda, bajo el criterio que de la revisión de los medios de prueba allegados al proceso, concluye que la parte demandada no debe pagar a la trabajadora demandante las prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que la parte demandante recibía su salario de los fondos que la Municipalidad de San Juan de Ojojona daba como una ayuda o subsidio para la Escuela Pablo Zelaya Sierra y que la misma no constituye una relación laboral entre la demandante y dicha Alcaldía Municipal. VII.- Que el fallo relacionado no es claro ni preciso, ya que no realiza el análisis debido de las pruebas aportadas por la parte demandante, ni existe la suficiente motivación en cuanto a determinar que no existe relación laboral, sino que se basa en aspectos o criterios referidos a un supuesto despido, cuando la pretensión deducida oportunamente en el caso que nos ocupa, es referida al reclamo de salarios adeudados, derechos adquiridos y reajuste salarial, consecuentemente el mismo resulta ser incongruente. VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 22 de junio del 2015, visible a folios del 11 al 15 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 384-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO