Sentencia CL-371-15 — Registro 6555
Resumen
Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salario adeudado, vacaciones causadas de los dos últimos años, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, salarios caídos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se realiza de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del ad-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, determinado en el caso particular, que el despido indirecto notificado por la trabajadora demandante a su patrono, se realizó sin dar la oportunidad de que la falta imputada fuese corregida o subsanada y sin tomar en cuenta que la falta de pago del salario del mes de enero del año 2014, fue por una circunstancia que afecto a todos los empleados de la Municipalidad de San Pedro Sula y no que tuviera como fin negar dicho pago o impedir la continuidad y vigencia de la relación laboral. Además, la demandante notifica su despido indirecto, en un periodo tiempo donde había decidido no presentarse a sus labores de trabajo, sin comunicarlo, ante la posibilidad de su captura"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha cinco de octubre de dos mil quince, por el recurrente, Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES; además es parte recurrida la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada en juicio por el Abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salario adeudado, vacaciones causadas de los dos últimos años, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcionales, salarios caídos y costas del juicio, presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dos de mayo de dos mil catorce, por el Abogado ALLAN LEONEL REYES PORTILLO, en su condición de representante procesal de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal, señor ARMANDO CALIDONIO, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de julio de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de junio de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la Demanda Laboral de pago de prestaciones sociales, pago de salarios caídos, promovida por ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES; de generales expresadas en preámbulo de esta sentencia; Contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia.- En consecuencia ABSUELVE: a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO, de la responsabilidad del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injusto, costas del juicio; a excepción de los derechos adquiridos y salario adeudado, en consecuencia CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, pagar a la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ la cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (L.210,977.78), QUE DESGLOSADOS CORRESPONDEN ASÍ: A) VACACIONES PROPORCIONALES la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPOIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 46,668.71); B) AGUINALDO PROPORCIONAL la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS(L.10,830.66); C) DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMOPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.58,379.91); SALARIO ADEUDADO DEL MES DE ENERO la cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L. 95,098.50)”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 16 de mayo de 1978, en el Departamento de Control de Ingresos, devengando un salario mensual de L.95,098.50; el 11 de febrero de 2014, una Inspectora de Trabajo se constituyó en las Oficinas Administrativas de la Municipalidad de San Pedro Sula, a investigar por qué no se le había pagado a la demandante el salario correspondiente al mes de enero del año 2014 y la respuesta de la señora Blanca Idalia Pineda, en su condición de Tesorera de la Municipalidad fue que el Jefe de Recursos Humanos entregó tarde la planilla del mes de enero; una vez constatado el grave incumplimiento de la demandada en perjuicio de la demandante en esa misma fecha (11 de febrero del 2014), se procedió a notificar en presencia de la Inspectora de Trabajo el despido indirecto a la Vice Alcaldesa Licenciada Lilia Umaña Montiel, por la causa de no pagarle el salario del mes de enero del año 2014 en la fecha y lugar acostumbrado; tratando de llegar a un acuerdo conciliatorio se celebró una audiencia en la Oficina de Conciliación Laboral del Ministerio de Trabajo en dicha ciudad, pero no fue posible, dándose por agotado el trámite administrativo correspondiente.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que según el artículo 95 numeral 1) del Código del Trabajo, establece como obligación del patrono: “Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costumbre…”, en tal sentido, se constató que la demandante no recibió el pago del último trimestre del año dos mil trece (2013), en la fecha acostumbrada, sino que siempre hubieron retrasos y la demandante no hizo reclamo alguno ante autoridad competente en tiempo y forma consintiendo así esta forma de pago como consecuencia de la difícil situación económica que atravesaba la demandada y ella por el cargo que desempeñaba como Jefa de Control de Ingresos, era conocedora de tal situación; es decir, que aceptó esta forma de pago, a razón del ius variandi ya que las condiciones de trabajo pueden ser modificadas de forma expresa o tácita por las partes, tal y como ocurrió en el presente caso, por lo que, de conformidad a la legislación laboral hubo un cambio en la costumbre de pago, lo que es válido y no hace incurrir en responsabilidad al patrono, cabe señalar que lo que la ley sanciona es el ánimo de causar un daño al empleado y en el caso de autos queda evidenciado que no existió tal intención, en consecuencia no ha habido mala fe de parte de la demandada para incumplir con algún pago o causar algún daño; en tal sentido, vemos que la acción intentada por la demandante es extemporánea al momento de levantarse el acta y notificar el supuesto despido indirecto, ya que los pagos atrasados venían dándose tiempo atrás, desde los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2013, pese a ello, esta forma de pago fue aceptada y consentida por todos los empleados de la Municipalidad, incluso por la ahora demandante, al no haber presentado desde la primera vez objeción alguna por los retrasos en sus pagos, mediante el emplazamiento del patrono para su respectiva cancelación, en caso de existir el derecho; contrario a eso, nunca fue requerida la municipalidad a ese efecto, en virtud de que los empleados estaban conformes con ello, ya que de todos era conocido tanto internamente por los trabajadores de la Alcaldía, como por la ciudadanía en general, la complicada situación económica que enfrentaba la institución que limitaba a las autoridades a realizar el pago del salario puntualmente; asimismo la notificación de despido indirecto no fue entregada de forma personal al señor Alcalde Municipal, quién ostenta la representación legal de la Municipalidad según el artículo 43 de la Ley de Municipalidades y en el caso de la señora Vice Alcaldesa, ostenta dicha representación solo en ausencia o incapacidad del Alcalde Municipal, tal como lo establece el artículo 45 párrafo segundo de la Ley de Municipalidades, por lo que dicha notificación no reúne los requisitos establecidos en los artículos 115 y 117 del Código del Trabajo; que el Ministerio Público inició una investigación en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, específicamente en el Departamento de Control de Ingresos que depende de la Superintendencia de Economía y Finanzas, una vez concluida la investigación, el Ministerio Público en fecha 30 de enero del año en curso, presentó Requerimiento Fiscal contra la señora Ada Esperanza Muñoz Torres, por suponerla responsable de la comisión de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Abuso de Autoridad y Defraudación Fiscal, acusación que se encuentra agregada al Expediente Judicial número 118-2014; en virtud del Requerimiento Fiscal presentado, el órgano jurisdiccional libró una orden de captura, la cual hasta la fecha no ha sido ejecutada y desde el 30 de enero de 2014, a la fecha, la demandante no se ha presentado a sus labores en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, sin permiso del patrono y sin causa justificada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de junio de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Ada Esperanza Muñoz Torres, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA; absolviendo a la demandada de la responsabilidad del pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injusto, costas del juicio; a excepción de los derechos adquiridos y salario adeudado, en consecuencia, condenó a la demandada al pago a favor de la demandante de la cantidad de L.210,977.78, por los conceptos de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo tercer mes proporcional, salario adeudado del mes de enero; bajo el criterio que si bien es cierto la demandada no le había pagado a todos sus empleados incluyendo a la demandante el salario correspondiente al mes de junio del año 2014; también no es menos cierto que el atraso en el pago de salario no era la primera vez que ocurría sin embargo la relación de trabajo no se hizo imposible su continuación; el pago de salario del mes de enero del año 2014, se atrasó no por mala fe del patrono sino porque atravesaba una situación financiera que también era conocida por la demandada; también es menos cierto que la trabajadora demandante no la requirió de pago para ver si este incurrió en mora y así quedar demostrado que hubo mala fe por parte del patrono en no querer pagar el salario, la demandante a través de su representante legal se limito a constatar que no se le había pagado pero en ningún momento requirió de pago a la demandante con el objeto de darle la oportunidad a la demandada para que procediera a realizar el pago y así evitar darse por despedida y continuar laborando; situación que no le convenía en ese momento porque pesaba sobre ella una orden de captura la cual iba ser ejecutada una vez que esta se presentara a su trabajo, razón por la cual optó por darse por despedida; desde el 29 de enero del año 2014, no volvió a presentarse a su trabajo, lo que significa que la demandante se había separado de su trabajo desde mucho antes a la fecha que notificó el despido indirecto; que la trabajadora demandante notificó el despido a través de su apoderado legal y no ella personalmente, y siendo que la notificación del despido indirecto lo que busca es que el trabajador se separe de su trabajo con justa causa para no ser acusada de abandono, en el caso de autos para cuando la demandante notifica el despido no estaba asistiendo lo que se traduce en un abandono; que para que tenga lugar la causa invocada por la demandante para poner fin a la relación de trabajo, debe considerarse que el patrono se encuentre en mora, es necesario que exista un requerimiento previo que pueda esgrimirse como injuria capaz de provocar la ruptura cíe la relación, como bien se ha sostenido jurisprudencialmente, el contrato laboral no puede ser rescindido por sorpresa e intempestivamente; por el contrario la ruptura debe ser consecuencia de una situación que imposibilite su vigencia debido a la gravedad de injurias, como cuestión de hecho; para que pueda darse por establecido que el hecho imputado por el trabajador al patrono constituye o no justa causa para considerar rescindido el contrato de trabajo, es necesario que la conducta del empresario se concrete en hechos que hagan imposible la continuidad de la relación laboral debiendo mediar circunstancias concordantes y contemporáneas entre el hecho en que se funda el despido indirecto y la manifestación de voluntad del trabajador, hasta el punto de considerarse en situación de despido, hecho que no ocurre en el presente caso ya que si bien es cierto el patrono tiene una situación económica precaria también lo es que había venido cumpliendo con su obligación de pagarle el salario a la demandante en forma completa con cierto retraso en el pago y que la demandante conocía por el cargo de confianza que desempeñaba, razón por la cual era necesario que la demandante lo hubiera requerido de pago y no lo hizo dando por terminada la relación en forma sorpresiva.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el Código del Trabajo enuncia varios supuestos que se establecen como causa justa de terminación del contrato de trabajo, entre ellos, el no pago de salario completo que corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las deducciones autorizadas por la ley; figuración jurídica que implica un quebrantamiento del equilibrio contractual por parte del patrono que rehúye al pago en término y de modo total a su trabajador (Cabanellas) y que se constituye en motivo suficiente para el auto despido de quién presta servicios de forma subordinada sin responsabilidad de su parte, cuando pese a realizar gestiones para que se haga efectiva su retribución salarial, como el requerimiento de pago, el empleador moroso se resiste o niega a pagar el salario que adeuda; y es que en razón de la finalidad y alcance del principio de estabilidad laboral que prima en las relaciones laborales, el contrato de trabajo no puede ser rescindido sorpresiva e intempestivamente, pues la ruptura laboral tiene que derivarse de la imposibilidad de su vigencia o continuidad; de lo anterior la falta de pago de salario por sí no puede considerarse fácticamente como una causa justa para dar por terminada la relación de trabajo en forma unilateral sin responsabilidad para el trabajador, si previo ha dejado de intentarse obtener una corrección o enmienda al respecto por parte del patrono, como ocurrió en el caso de autos, pues el 11 de febrero el inspector de trabajo a petición de la demandante se constituyó en la sede de la patronal para constatar la falta de pago en tiempo del salario correspondiente al mes de enero de 2014, exponiendo la demandada las razones de ello, como ser la entrega tardía de las planillas de pago de salario por parte del Jefe de Recursos Humanos, manifestando además que tal situación era para con todos los empleados de la Municipalidad de San Pedro Sula; y en esa misma fecha, la actora comunicó su decisión de finalizar la relación de trabajo, sin que el empleador tuviera oportunidad de cumplir con el pago de salario en referencia; por otra parte, respecto de lo acotado sobre la costumbre, es oportuno indicar, que en el presente caso no se está propiamente ante actuaciones patronales por costumbre o derivadas del ius variandi, sino a situaciones circunstanciales, que llevaron a la patronal a realizar el pago de los salarios en momentos distintos a los acordados o acostumbrados.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cinco de octubre de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal de la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha trece de noviembre de dos mil quince, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por el Abogado PORFIRIO DIAZ SIERRA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas los citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el ad-quem.- II. Que el Abogado WILLIAM COLLINS RODRIGUEZ, en el único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de las pruebas denominadas DOCUMENTAL que se singularizan así: a) Prueba documental publica consistente en el acta de fecha 11 de febrero del 2014 levantada por un Inspector de trabajo en las instalaciones de la Municipalidad de San Pedro Sula, en donde consta que a la trabajadora demandante ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, para esa fecha (11 de febrero del 2014) no se le habían pagado las dos quincenas del mes de enero del año 2014; documento propuesto por la parte actora, y que va a folios del 48 al 51 de la primera pieza de autos; b) Documento público consistente en un Informe de fecha 13 de febrero del 2014, rendido por un Inspector de trabajo, en donde se hace constar que la nota de despido indirecto de la trabajadora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES fue recibida por la Abogada LILIA UMAÑA MONTIEL, en su condición de Vice Alcaldesa de la ciudad de San Pedro Sula; este documento fue propuesto por la parte actora y va a folio 52 de la primera pieza de autos; c) Documento público consistente en una Constancia de fecha 5 de agosto del 2014, suscrita por la señora BLANCA IDALIA PINEDA, en su condición de Tesorera Municipal, de la Municipalidad de San Pedro Sula, en la que consta que el salario del mes de enero del 2014 se le pagó a la trabajadora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES así: La primera quincena del mes de enero del 2014 fue pagada el 19 de febrero del 2014, y la segunda quincena del mes de enero del 2014 fue pagada el 25 de febrero del 2014; este documento fue propuesto por la parte demandada; que va a folio 69 de la primera pieza de autos; d) Documento Privado consistente en la notificación de despido indirecto de fecha 11 de febrero del 2014, que le fue notificada a la Vice Alcaldesa de la Municipalidad de San Pedro Sula, Abogada LILIA UMAÑA MONTIEL, este documento fue propuesto por la parte actora, y va a folio 70 de la primera pieza de autos, en relación con la demás prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 95 numerales 1 y 2, 114 letra f), 115 párrafo último, 116 letra e) y 120 letras c) y d) reformado, todos del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La parte demandada, la Municipalidad de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortes, violentó en forma grave el contrato de trabajo que la unía con la trabajadora demandante, ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, al incumplir la principal obligación que tiene un patrono con respecto a su trabajador, cual es el pago del salario en la fecha y lugar convenido o acostumbrado, razón por la cual la trabajadora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, previo a la comprobación por parte de la autoridad de trabajo, del no pago de su salario del mes de enero del año 2014, el 11 de febrero de ese mismo año, notificó a través de su Apoderado Legal y en presencia de un Inspector de trabajo su despido indirecto a la Vice Alcaldesa, abogada LILIA UMAÑA MONTIEL. El grave incumplimiento en que incurrió la Municipalidad de San Pedro Sula, consiste en no pagarle el salario del mes de enero del año 2014 a la trabajadora demandante ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, quedó acreditado con prueba documental publica propuesta por la parte actora y por la misma parte demandada. La parte actora lo acreditó con el Acta de fecha 11 de febrero del 2014 levantada por un Inspector de Trabajo, que va a folios del 48 al 51 de la primera pieza de autos, y con prueba documental publica propuesta por la parte demandada, consistente en la Constancia de fecha 5 de agosto del 2014, suscrita por la señora BLANCA IDALIA PINEDA, en su condición de Tesorera Municipal, de la Municipalidad de San Pedro Sula, que va a folio 70 de la primera pieza de autos. Con estas pruebas la señora Juez llegó al convencimiento que efectivamente a la trabajadora demandante, no se le pagó en forma oportuna el salario del mes de enero del año 2014, así consta en los hechos probados que son parte de la sentencia definitiva dictada en primera instancia, en el NÚMERO TRES la señora Juez reconoce que en el Acta levantada por la autoridad competente el 11 de febrero del año 2014, la representante patronal, reconoce que no se ha pagado a ni ningún empleado, incluyendo a la demandante el salario correspondiente al mes de enero del año 2014, ver ese NUMERO TRES en el folio 205 vuelto en el renglón 21 de la primera pieza de autos, sin embargo, habiéndose acreditado con prueba documental publica el incumplimiento de la parte patronal de pagar el salario del mes de enero del año 2014, a la trabajadora demandante, se dictó una sentencia definitiva negándole a la demandante el derecho al pago del preaviso, auxilio de cesantía y salarios caídos, con el argumento que la trabajadora al momento de notificar el despido indirecto no estaba trabajando, la ley lo que dice es que al notificar el despido indirecto el vínculo laboral entre el trabajador y el patrono este vigente, que el trabajador no haya sido despedido del trabajo, y no consta en autos esa circunstancia, de manera que el 11 de febrero del 2014 cuando se notificó el despido indirecto, la señora ADA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, era empleada de la Municipalidad de San Pedro Sula. La Corte recurrida aprecio erróneamente los medios de prueba singularizados, porque arribó a la conclusión de que el 11 de febrero del 2014, la demandante no estaba trabajando, pero eso es distinto a que ya no fuera trabajadora de la Municipalidad, y no existe en el expediente prueba que acredite que la trabajadora demandante para esa fecha ya había sido separada de su trabajo. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito, y a la conducta procesal observada por las partes, además al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado, y que ello le hizo incurrir en error de hecho por su errónea apreciación, al no estimar como justa y probada la causa o motivo del despido indirecto objeto del juicio con el mérito de dicha prueba. Este motivo de Casación procede y debe ser admitido”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: que el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se realiza de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias de hechos dudosos, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del ad-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, determinado en el caso particular, que el despido indirecto notificado por la trabajadora demandante a su patrono, se realizó sin dar la oportunidad de que la falta imputada fuese corregida o subsanada y sin tomar en cuenta que la falta de pago del salario del mes de enero del año 2014, fue por una circunstancia que afecto a todos los empleados de la Municipalidad de San Pedro Sula y no que tuviera como fin negar dicho pago o impedir la continuidad y vigencia de la relación laboral. Además, la demandante notifica su despido indirecto, en un periodo tiempo donde había decidido no presentarse a sus labores de trabajo, sin comunicarlo, ante la posibilidad de su captura.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 371-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO