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Sentencia CL-363-15 — Registro 6551

Resumen

Segunda instancia confirmó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal e injusto, pago de vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, salarios caídos; con lugar excepción perentoria de pago

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha 19 de junio del 2015, emitió sentencia confirmando la de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de abril de 2015, sin embargo, se hace evidente que la misma resulta incongruente con las pretensiones de las partes, ya que la demanda de la actora solicita el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, entre las que se incluyen los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, la demandada por su parte rechazó dicha pretensión y en audiencia primera de trámite interpuso incidente de pago, aduciendo que a la demandante se le cancelaron los valores reclamados; de lo anterior al ser contestado dicho incidente se señaló, que si bien se había depositado en su cuenta los valores que la demandada estimó hacer unilateralmente, los mismos no fueron aceptados al no hacerse en el momento procesal oportuno, ya que se hizo 7 meses después de la audiencia de conciliación realizada en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y que tampoco se ha dispuesto de ese dinero.- VII. Que el ad quem aduce en su fallo, que la actora reclama el reintegro a su puesto de trabajo, luego en otro considerando se señala que lo reclamado son prestaciones e indemnizaciones laborales, apreciándose considerandos 4 y 7 son contradictorios; por otro lado, se acoge el criterio de primera instancia de que la demandante hizo uso de la cantidad de L.4,000.00 y que por eso aceptó el pago de las prestaciones depositadas y que con ello se cumplió con la responsabilidad a su cargo, que a su vez no está acreditado que la demandante haya hecho gestiones administrativas para devolver el dinero transferido; sin embargo omite analizar y motivar lo relacionado con el extremo de que si era un pago oportuno, tampoco si ello libera de la responsabilidad de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el depósito realizado, lo cual deriva que el fallo resulte ser incongruente.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil dieciseis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, por el recurrente, Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado DANIEL EDGARDO ALEMAN.- OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido ilegal e injusto, pago de vacaciones pendientes, reajuste de bonificación, salarios caídos y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, por la señora MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR, mayor de edad, casada, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), por medio del Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR EL INCIDENTE DE PAGO opuesto por el representante procesal demandado, en la demanda promovida por MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, 2) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en cuanto al pago por los siguientes conceptos: Preaviso; Cesantía; Auxilio de Cesantía proporcional; Aguinaldo proporcional; Décimo cuarto mes proporcional; Vacaciones pendientes; Bonificación, mas el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea firme la sentencia condenatoria; 3) ABSUELVE AL DEMANDO ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR, los siguientes conceptos: Preaviso; Cesantía; Auxilio de Cesantía proporcional; Aguinaldo proporcional; Décimo cuarto mes proporcional; Vacaciones pendientes; Bonificación, mas el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea firme la sentencia condenatoria 4) SIN COSTAS en esta Instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el 11 de marzo de 2013, desempeñándose como Jefe de Créditos y Cobranzas, devengando un salario durante los últimos 6 meses de L.36,157.44; en fecha 11 de abril de 2014, la Comisionada de CONATEL le entregó la notificación de su despido, justificándose el mismo en que la demandante no cumplió con la obligación de informar a su jefe inmediato la autorización de firma a terceros de documentos oficiales; que el despido se considera ilegal e injusto, ya que la nota de despido no es precisa, ni concreta en vista de no mencionar las fechas en que se cometieron las faltas, ni quiénes son los terceros a los que se refiere en dicha nota; durante el tiempo que laboró la demandante lo hizo de manera ininterrumpida y que al momento de su despido no se le pagaron sus derechos e indemnizaciones laborales y tampoco las vacaciones pendientes, el reajuste de bonificación y los demás derechos que conforme a la Ley le corresponden, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la decisión tomada en cuanto al despido de la demandante se fundamentó en lo establecido en el artículo 97 numerales 1, 2 y 7 del Código del Trabajo, ya que en su condición de Jefa del Departamento de Créditos y Cobranzas de CONATEL, ella era la encargada de firmar los requerimientos de cobro y demás documentos oficiales relacionados con su cargo y ésta obligación la delegó sin ninguna autorización en personal subalterno, en el caso de los requerimientos de cobro, delegó la firma en la Abogada Elsie Quiñonez, quién tenía como función darle seguimiento a los expedientes en cobranzas y los expedientes a los diferentes analistas, por lo anteriormente expuesto se presentaron varios reclamos ante CONATEL, por lo que se procedió a citar a la demandante a una audiencia de descargo, la cual fue celebrada en fecha 9 de abril de 2014 y en la cual la demandante reconoció expresamente no cumplir con su obligación de realizar personalmente su trabajo en los términos estipulados, y tampoco solicitó autorización a su jefe inmediato de los nuevos procesos que había impuesto en el Departamento al que estaba asignada, por tal motivo es que la demandada procedió a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte en base a lo establecido en los artículos 112 literal l) del Código del Trabajo; 56 y 97 literal a) del Reglamento Interno de Trabajo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, dictó sentencia definitiva declarando con lugar el incidente de pago opuesto por el representante procesal demandado, en la demanda promovida por Maria Suyapa Betancourth Amador, contra el Estado de Honduras; declaró sin lugar la demanda de mérito, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, cesantía, auxilio de cesantía proporcional, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, bonificación, más el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; absolviendo al demandado al pago por dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que en el caso sub judice y analizando la buena fe del empleador al realizar el pago de sus prestaciones a la demandante, éste libra de responsabilidad al mismo, ya que si bien es cierto como manifestó la demandante al momento de realizar la Conciliación en la vía Administrativa no existió ánimo de conciliar el cual se cerró la misma para acudir a la instancia jurisdiccional, no es menos cierto que de los documentos presentados por el demandado se ha acreditado fehacientemente que se le hizo depósitos por las cantidades siguientes: un primer pago de L. 45,000.00 y segundo pago de L. 109,002.70 haciendo un total de L. 154,002.70; también es preciso establecer que la demandante acreditó estado financiero de la cuenta número 100400656 que pertenece a la señora Maria Suyapa Betancourth Amador, y en el cual se ha podido verificar que la demandante hizo uso de la cantidad de L.4,000.00 según lo descrito en dicho estado de cuenta; por lo que queda evidenciado que la demandante aceptó el pago, ya que al disponer de esa cantidad estaba aceptado llanamente dicho pago, en consecuencia después de lo antes relacionado es oportuno declarar con lugar el incidente de pago.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de junio de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con el medio de prueba documental quedó acreditado la relación laboral que existió entre la demandante y el empleado, lo cual se inició en fecha 11 de marzo del año 2013, y el sueldo que devengaba; con el medio de prueba documental, quedó probado el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales realizada por la parte demandada por un valor de L. 154,002.70; que la parte demandante con sus medios de prueba no probó en la sustanciación del juicio sus pretensiones planteadas en la demanda, en consecuencia, no cabe duda que la sentencia definitiva dictada en primera instancia está apegada a las disposiciones legales que rige la materia.- 5. Mediante auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado MARIO ALONZO LAITANO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SUYAPA BETANCOURTH AMADOR, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado DANIEL EDGARDO ALEMAN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para que contestara la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha 19 de junio del 2015, emitió sentencia confirmando la de primera instancia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de abril de 2015, sin embargo, se hace evidente que la misma resulta incongruente con las pretensiones de las partes, ya que la demanda de la actora solicita el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, entre las que se incluyen los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, la demandada por su parte rechazó dicha pretensión y en audiencia primera de trámite interpuso incidente de pago, aduciendo que a la demandante se le cancelaron los valores reclamados; de lo anterior al ser contestado dicho incidente se señaló, que si bien se había depositado en su cuenta los valores que la demandada estimó hacer unilateralmente, los mismos no fueron aceptados al no hacerse en el momento procesal oportuno, ya que se hizo 7 meses después de la audiencia de conciliación realizada en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y que tampoco se ha dispuesto de ese dinero.- VII. Que el ad quem aduce en su fallo, que la actora reclama el reintegro a su puesto de trabajo, luego en otro considerando se señala que lo reclamado son prestaciones e indemnizaciones laborales, apreciándose considerandos 4 y 7 son contradictorios; por otro lado, se acoge el criterio de primera instancia de que la demandante hizo uso de la cantidad de L.4,000.00 y que por eso aceptó el pago de las prestaciones depositadas y que con ello se cumplió con la responsabilidad a su cargo, que a su vez no está acreditado que la demandante haya hecho gestiones administrativas para devolver el dinero transferido; sin embargo omite analizar y motivar lo relacionado con el extremo de que si era un pago oportuno, tampoco si ello libera de la responsabilidad de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el depósito realizado, lo cual deriva que el fallo resulte ser incongruente.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de junio del 2015, visible a folios 11 al 13 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre el extremo omitido, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 363-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO