Sentencia CL-358-15 — Registro 6550
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, derechos adquiridos y reajuste de salario mínimo.Segunda instancia declaro sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandado y confirmando los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva del fallo apelado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
""Que en el presente caso, el juzgado de primera instancia dictó sentencia definitiva declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción y sin lugar la demanda, condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS (L.46,472.00) en concepto de reajuste al salario mínimo.- De dicho fallo el representante procesal del demandado interpuso el recurso de apelación, no así el apoderado de la parte demandante.- III. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 22 de junio del 2015, declara parcialmente sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, desestimando su pretensión de modificar la condena impuesta a la demandada en primera instancia, pero contradictoriamente, a su vez reforma el fallo definitivo recurrido, condenándola en cuanto el pago de los derechos adquiridos; siendo evidente que tal resolución contraría los principios de la personalidad del recurso y de la reformatio in pejus, precepto sustantivo o de derecho material que ordena no se reformen las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar o en beneficio de quien no ha ejercido el derecho de impugnación procesal usando de los recursos que autoriza la ley.- IV. Que si bien es cierto, los derechos adquiridos que corresponden al trabajador, su pago procede independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral, pero también lo es, que para efectuar en este proceso su condena en segunda instancia el ad-quem debió conocer del recurso de apelación del afectado, ya que al hacerlo oficiosamente y carecer de las facultades extra o ultra petita que el artículo 728 del Código del Trabajo otorga expresamente al Juez de primera instancia, ha hecho más gravosa la situación de la parte que apeló."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 728 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 692 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de diciembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, por el recurrente, Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la Empresa NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGIA; además es parte recurrida la señora DORA ELIA ORELLANA MALDONADO, representada en juicio por la Abogada VICTORIA ALEJANDRA GONZALES PAGUADA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, derechos adquiridos y reajuste de salario mínimo, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, por la Abogada VICTORIA ALEJANDRA GONZALES PAGUADA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, actuando en nombre y en representación de la señora DORA ELIA ORELLANA MALDONADO, mayor de edad, soltera por viudez, Administradora de Empresas, quién a su vez actúa como heredera ad intestato de todos los derechos de su difunto esposo JOSE ANTONIO FIALLOS DIAZ, contra la empresa NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGIA, por medio de su Gerente Propietaria, señora YOLANDA LIZETH NUILA PINETT, mayor de edad, comerciante, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: I.- REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha 28 de abril del 2015, que corre a folios 74 al 76 frente y vuelto de la primera pieza de autos de la forma siguiente: 1) Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de Representante Procesal apelante-demandado.- II.- CONFIRMANDO los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva del fallo apelado.- III.- Que conforme la motivación No.8 de este fallo es la razón que se REFORMA la sentencia definitiva apelada, reconociéndole a la parte actora los derechos adquiridos.- IV.- CONDENAR a la señora YOLANDA LIZETH NUILA PINETT, a pagar también a la parte demandante señora DORA ELIA ORELLANA MALDONADO, la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.36,310.88), por los derechos adquiridos así: vacaciones proporcionales: Lps.1,875.67, aguinaldo: Lps.13,160.00, aguinaldo Proporcional: Lps.2,412.63, décimo cuarto mes dos años Lps.13,160.00, décimo cuarto mes proporcional: Lps.5,702.58.- V.-SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que su difunto esposo el señor José Antonio Fiallos Díaz, comenzó a prestar sus servicios como empleado de la empresa NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGIA, el 1 de enero de 2007, hasta el 12 de mayo de 2012, sujeto a la completa subordinación como empleado, ya que realizaba funciones múltiples como conserje, recepcionista y otras funciones similares que le fueran requeridas a favor de la empresa, y que fueran ordenadas por la patrona y demandada la señora Yolanda Lizeth Nuila Pinett, labores que realizaba en una jornada de 10 horas diarias, siendo 50 horas a la semana, cumpliendo con un horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, recibiendo por los servicios prestados un salario mensual de L.3,600.00, salario totalmente inferior a lo legalmente establecido como salario mínimo y correspondiente a las funciones y desempeño realizado; la demandada una vez que la señora Dora Elia Orellana Maldonado, quien actúa en nombre y representación de su difunto esposo el señor José Antonio Fiallos Díaz, cumplió 4 años, 4 meses y 14 días de prestar sus servicios dentro de la empresa demandada, le solicitó el cese de sus funciones como empleado, argumentando que ya le correspondía su retiro obligatorio por haber cumplido la edad requerida para su jubilación, tratando de esta forma eximirse de las obligaciones de pago de todos los derechos adquiridos que le correspondían de patrono a trabajador; sin embargo la demandada teniendo conocimiento previo de las leyes laborales permitió que el señor José Antonio Fiallos siguiera laborando ininterrumpidamente en la empresa, cumpliendo las mismas funciones descritas con anterioridad en el hecho primero de la presente demanda, dándole insoslayablemente continuidad a la relación laboral mantenida, tal y como lo establece el artículo 48 del Código de Laboral hondureño, prorrogando con ello todos los derechos que le correspondían, desde el 1 de enero del 2007 hasta la fecha del 12 de mayo del año 2012 día en que falleció el señor José Antonio Fiallos, ya que en ningún momento se le hizo efectivo el pago de las prestaciones correspondientes y sus derechos adquiridos por el largo tiempo de los servicios prestados; es importante acotar que la señora Dora Elia Orellana Maldonado, quien actúa en nombre y representación de su difumo esposo cumple todos y cada uno de los requisitos o elementos esenciales que amparan la relación laboral, establecidos en los artículos 19, 20, 21, 30 del Código de Trabajo de Honduras, también instituidos en los Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los cuales el Estado de Honduras ha ratificado y tiene que cumplir al tenor de lo dispuesto, puesto que en el caso concreto se establece que efectivamente existe un Contrato Individual de Trabajo o relación laboral.- 2. La parte demandada, la empresa NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGIA, contestó dicha demanda señalando que no es suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, debe de fundarse en hechos reales y concretos, en la presente demanda la carga de la prueba recae en la parte demandante en cuanto al hecho de probar la relación de trabajo, y que efectivamente dicha relación de trabajo que aducía existir, que la misma estaba en funcionamiento; ya que de la afirmación que haga la parte demandante era empleado, deberá probar que estaba sometido a una jornada de trabajo, que tenía una tarjeta de entrada, que el mismo marcaba un libro y registraba su huella digital; asimismo que recibía un pago por planilla, que se le hacían las deducciones por ley, como son el IHSS, RAP y demás deducciones por ley, y que prestaba un servicio especifico en las instalaciones de la empresa; que el señor José Antonio Fiallos Díaz, no trabajaba en la empresa, no podemos desconocer que si llegaba a la empresa, pero para hacer trabajos ocasionales, pero no era un empleado permanente, ya que no es un especialista técnico ni mucho menos tenia una profesión a fines para el laboratorio, asimismo se deberá probar oportunamente que tenia alguna función asignada por parte de la empresa, y que reunía las condiciones del artículo 19 del Código del Trabajo, ya que se probará que no las reunía; que es importante aclarar el hecho de que el señor José Antonio Fiallos Díaz, se encontraba jubilado por un retiro obligatorio, que empresa lo tiene registrado, en que organismo de pensiones estaba pensionado y bajo que empresa se pensionó o se jubiló de manera obligada; todo lo anterior para establecer la veracidad de los hechos que se encuentran en la pretensión de la demanda, ya que se debe ser claro, para que esta verdad salga a la luz, y el juez tenga estos elementos para poder tomar una decisión, por lo cual aportaremos elementos suficientes para acreditar que las pretensiones de la parte demandante, carece de veracidad. En la audiencia primera de trámite opuso la excepción perentoria de prescripción.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de abril de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la Excepción de Prescripción opuesta por el representante procesal demandado, en consecuencia se declaró sin lugar la demanda interpuesta por la señora Dora Elia Orellana Maldonado, en su condición de heredera ab-intestato del señor José Antonio Fiallos Díaz, contra la señora Yolanda Lizeth Nuila Pinett, Gerente Propietaria del establecimiento mercantil denominado NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGICOS; condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de L.46,472.00, en concepto de reajuste al salario mínimo, sin costas; bajo el criterio que la controversia en las presentes diligencias radica en determinar si a la demandante Dora Elia Maldonado Orellana como heredera ab-intestato de su difunto esposo el señor José Antonio Fiallos Díaz, le corresponde que la demandada Yolanda Lizeth Nuila Pinett, le haga efectivo el pago de los conceptos reclamados y descritos en el acápite de la cuantía de la demanda; o por el contrario, no le corresponden, en vista que la acción se encuentra prescrita, debido a que el difunto esposo de la demandante fue acogido al beneficio de jubilación por el IHSS a partir del 14 de abril del año 2012, cesando de esta forma la relación laboral con la demandada en esa oportunidad, por lo tanto a la fecha de la presente reclamación la acción se encuentra prescrita; que en la materia laboral, la prescripción de las acciones se regula por las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y no por las del Código Civil; en el presente caso, es un hecho probado y consentido por las partes, que el demandante fue jubilado por el IHSS a partir del 14 de abril del año 2012, por lo cual, de conformidad al artículo 120 reformado del Código del Trabajo, según lo dispuesto en el literal f), el señor José Antonio Fiallos Díaz, al cesar su contrato de trabajo y pasar automáticamente a gozar el beneficio de la jubilación concedido por el IHSS, dejó de gozar del pago del auxilio de cesantía; pero en todo caso, si a pesar de gozar de la jubilación, en vida, el difunto, continuó laborando al servicio de la demandada y consideró que su patrono le adeudaba las indemnizaciones a su criterio le correspondían, debió hacerlo, en cualquier momento de la continuación de la relación de trabajo, no siendo así, cuando su viuda y ahora demandante, lo hace, desde antes de la muerte del causante, ya había transcurrido el término concedido por el artículo 867 del Código del Trabajo, consecuentemente, cuando interpone la presente demanda, la acción se encuentra prescrita, por lo tanto se declara sin lugar la presente demanda; en el acápite de la cuantía de la demanda, la actora reclama el pago de derechos adquiridos y el reajuste del salario mínimo, este último en el Reconocimiento Judicial realizado en las instalaciones de la empresa, se comprobó, que el causante, no devengaba conforme al salario mínimo estipulado para esa fecha en que laboró para la empresa, en consecuencia, es procedente el reajuste, en cuanto al pago del décimo tercer y cuarto mes solicitado por dos años, la demandante no acreditó de manera fehaciente la procedencia de este reclamo, tampoco es procedente el pago de las vacaciones, décimo tercer y cuarto mes en forma proporcional, en vista a que estos son procedentes cuando se ha producido un despido injustificado, lo cual no se ha calificado en el presente caso; para liquidar el reajuste del salario mínimo, se tomará en cuenta la información siguiente: fecha de inicio de la relación laboral: 1 de enero del año 2007, fecha de finalización de la relación de trabajo por la jubilación del trabajador el 14 de abril del año 2011, salario base mensual L. 3,500.00 y salario promedio mensual L.4,083.33.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintidós de junio de dos mil quince, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Jorge Fabián Corea Lobo, en su condición de representante procesal apelante-demandado; confirmando los numerales 1 y 2 de la parte resolutiva del fallo apelado; condenando a la señora Yolanda Lizeth Nuila Pinett, a pagar a la señora Dora Elia Orellana Maldonado, la cantidad de L.36,310.88, por los derechos adquiridos así: vacaciones proporcionales: L.1,875.67, aguinaldo: L.13,160.00, aguinaldo proporcional: L.2,412.63, decimocuarto mes dos años L.13,160.00, decimocuarto mes proporcional: L.5,702.58, sin costas; bajo el criterio que revisada la Excepción Defecto Material de Prescripción se comprueba que está acreditada de autos que cuando la reclamante compareció ante las autoridades de la Secretaría del Trabajo, ya había transcurrido el término que tenía para el reclamo de su cesantía, en consecuencia cuando interpone su acción ya se encontraba prescrita, por lo tanto se declara sin lugar la demanda; la Juez A-quo en motivación No.9 de la sentencia apelada, se pronuncia en contra de los derechos adquiridos, aduciendo que estos proceden solo cuando se ha solicitado un despido injustificado, criterio que es completamente equivocado, pues los derechos adquiridos constituyen patrimonio acumulado del trabajador y deben pagarse independientemente la forma en que haya terminado la relación laboral; que existió relación laboral entre el trabajador causante y el empleador lo cual se inició del año 2007; esta probado de autos que el señor José Antonio Fiallos Díaz, comenzó a gozar de su pensión de jubilación concedida por el IHSS, a partir del 14 de abril del 2011 y que las gestiones para el pago de sus prestaciones e indemnizaciones, cuando las inició sus heredera esposa, ya le había prescrito el derecho de la acción; la parte actora reclama el pago de los derechos adquiridos los que apegada al Principio de Legalidad es del firme criterio, que le deben de ser pagados al igual que el reajuste al salario mínimo.- 5. Mediante auto de fecha trece de agosto de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de representante procesal de la Empresa NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, en su condición de representante procesal de la Empresa NUILA PINETT DE ANALISIS CLINICOS Y TOXICOLOGIA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de octubre de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada VICTORIA ALEJANDRA GONZALES PAGUADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que el Abogado JORGE FABIAN COREA LOBO, solicita se decrete la nulidad del fallo recurrido, basándose en lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LA PROHIBICIÓN DE LA REFORMA PEYORATIVA O REFORMATIO IN PEIUS. Este principio procesal de los medios de impugnación lo encontramos regulado en el artículo 692 del Código Procesal Civil, norma que debe ser aplicada de manera supletoria en los procesos laborales; el cual es consistente en que la resolución por la que se resuelve un recurso no podrá empeorar la situación del recurrente respecto a la que obtuvo en la resolución recurrida. Se exceptúa de lo anterior el caso en que la parte contraria a la recurrente formule también recurso de la misma clase contra dicha resolución. Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el presente caso se violentó dicho principio ya que solamente yo como representante procesal de la parte demandada recurrí la sentencia definitiva del Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dicha sentencia declaró con lugar la excepción de prescripción que interpuse y solamente condenó a mi poderdante al pago del reajuste del salario mínimo del entonces trabajador, pero resulta que la Corte de Apelaciones del Trabajo, violentando el principio de REFORMATIO IN PEIUS, empeoró la situación de mi representada, pues además de confirmar el reajuste de los salarios mínimos (situación que si era valida) ilegalmente condenó al pago de los derechos adquiridos, aún cuando el representante procesal de la parte demandante no recurrió la sentencia del Juez A-quo. Honorables Magistrados, el suscrito no desconoce los principios especiales del derecho laboral, como ser el de la extra y ultra y petita, los cuales consisten en otorgar mas de los derechos pedidos o probados en el proceso para el trabajador demandante, pero es importante recordar que los mismos solamente pueden ser aplicados por el Juez de primera instancia y por consiguiente los mismos están vedados tanto para el Tribunal de apelación como para el de casación. Es por todo lo anterior que la sentencia de fecha veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo vulnera el principio constitucional del debido proceso y el de la prohibición de la reforma peyorativa, en consecuencia esta Sala Laboral Contencioso Administrativo en estricto apego a las normas infringidas debe declarar la nulidad de la sentencia y ordenar al Ad-quem la emisión de una sentencia conforme a derecho y apegada estrictamente a los agravios del apelante sin empeorar su situación.”.- II. Que en el presente caso, el juzgado de primera instancia dictó sentencia definitiva declarando con lugar la excepción perentoria de prescripción y sin lugar la demanda, condenando a la demandada a pagar a la demandante la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS (L.46,472.00) en concepto de reajuste al salario mínimo.- De dicho fallo el representante procesal del demandado interpuso el recurso de apelación, no así el apoderado de la parte demandante.- III. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 22 de junio del 2015, declara parcialmente sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, desestimando su pretensión de modificar la condena impuesta a la demandada en primera instancia, pero contradictoriamente, a su vez reforma el fallo definitivo recurrido, condenándola en cuanto el pago de los derechos adquiridos; siendo evidente que tal resolución contraría los principios de la personalidad del recurso y de la reformatio in pejus, precepto sustantivo o de derecho material que ordena no se reformen las situaciones jurídicas favorables creadas por las resoluciones judiciales, en perjuicio de quien apela de ellas para mejorar o en beneficio de quien no ha ejercido el derecho de impugnación procesal usando de los recursos que autoriza la ley.- IV. Que si bien es cierto, los derechos adquiridos que corresponden al trabajador, su pago procede independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral, pero también lo es, que para efectuar en este proceso su condena en segunda instancia el ad-quem debió conocer del recurso de apelación del afectado, ya que al hacerlo oficiosamente y carecer de las facultades extra o ultra petita que el artículo 728 del Código del Trabajo otorga expresamente al Juez de primera instancia, ha hecho más gravosa la situación de la parte que apeló.- V. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VI. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- VII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- VIII. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IX. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos;26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;728, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 199 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 22 de Junio del 2015, visible a folios 10 al 12 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 358-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO