Sentencia CL-355-15 — Registro 5937
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en el cargo anterior no se formula una proposición jurídica completa, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelve inadmisible: a) en el acápite “Precepto Legal Adjetivo Autorizante” incluye el señalamiento de las normas procesales que sirvieron en su concepto, de medio para la violación de las sustantivas y a la vez el precepto autorizante que se citó de forma imprecisa, ya que no indica el numeral y párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido su ataque al fallo impugnado; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al error de hecho, sin embargo confusamente alega indebida aplicación, causal diferente que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) entre otras, se indican como normas sustantivas violadas, los artículos 20 y 47 del Código de Trabajo, mismas que no ostentan la calidad de sustantivas; conviene recordar, que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o las extinguen.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes mayo del año dos mil dieciseis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha trece del mes de agosto del año dos mil quince, por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de una relación laboral de forma permanente, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de mayo del año dos mil catorce, por las señoras GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ, ELMA ILEANA GONZALEZ ORDOÑEZ, KENIA PAOLA CANTARERO MOLINA, SEYDA IVETH GARCIA BANEGAS y KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha diez del mes de abril del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló así: “FALLA: PRIMERO Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por las señoras GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ, ELMA ILEANA GONZALEZ ORDOÑEZ, KENIA PAOLA CANTARERO MOLINA, SEYDA IVETH GARCIA BANEGAS y KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, DECLARANDO LA NULIDAD DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS PERSONALES POR SIMULACION DE VERDADEROS CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO, en consecuencia le corresponde a las demandantes los derechos laborales de todo trabajador permanente, entre ellos el pago de prestaciones, indemnizaciones laborales por despido injusto.- SEGUNDO: CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, a pagar a las demandantes las prestaciones e indemnizaciones laborales de la forma siguiente: GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ, Preaviso: L. 49,000.00; Auxilio de Cesantía L. 73,500.00; Auxilio de Cesantía proporcional L. 21,707.09; Vacaciones L. 22,050.00; Vacaciones proporcionales L. 14,471 .39; Aguinaldo proporcional L. 3,675.00; décimo cuarto mes proporcional Ñ. 14,175.00, haciendo un total de L. 198,578.57; ELMA ILEANA GONZALEZ ORDOÑEZ, Preaviso: L.49,000.00; Auxilio de Cesantía L. 73,500.00; Auxilio de Cesantía proporcional. 955.00; Vacaciones L. 22,050.00; Vacaciones proporcionales L. 637.00; Aguinaldo proporcional L. 3,381.00; décimo cuarto mes proporcional L. 13,881.00; haciendo un total de L. 163,404.59; KENIA PAOLA CANTARERO MOLINA, Preaviso: L. 49,000.00; Auxilio de Cesantía L. 49,000.00; Auxilio de Cesantía proporcional L. 7,415.36; Vacaciones L. 17,966.74; Vacaciones proporcionales L. 3,707.68; Aguinaldo proporcional L. 3,381.00; décimo cuarto mes proporcional L. 13,881.00; haciendo un total de L. 144,351.78; SEYDA IVETH GARCIA BANEGAS, Preaviso: L. 49,000.00; Auxilio de Cesantía L. 73,500.00; Auxilio de Cesantía proporcional L. 1,494.51; Aguinaldo proporcional L. 3,381.00; décimo cuarto mes proporcional L. 13,88100; haciendo un total de L. 141,256.51; y KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO, Preaviso: L. 49,000.00; Auxilio de Cesantía L. 98,000.00; Vacaciones L. 28,583.45; Aguinaldo proporcional L. 3,381 .00; décimo cuarto mes proporcional L. 13,881 .00; haciendo un total de L. 192,845.45; más los salarios dejados de percibir para cada una de las demandantes desde la fecha del despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme.- TERCERO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y Justicia Social, y es aplicable la supletoriedad sin menoscabar los Principios del Derecho del Trabajo”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Las demandantes manifestaron en el escrito de su acción, que: comenzaron a laborar en la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, ahora Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas en las siguientes fechas: GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ, el 15 de abril de 2010, en el puesto de Asesora Legal, con un salario de L. 21,000.00; ELMA ILEANA GONZALES ORDOÑEZ el 15 de febrero de 2011, en el puesto de Asesora Legal con un salario de L. 21,000.00; KENIA PAOLA CANTARERO MOLINA, el 10 de noviembre de 2011, en el puesto de Asesora Legal , con un salario de L. 21,000.00; KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO, el 01 de marzo de 2010, en el puesto de Asesora Legal, con un salario de L. 21, 000.00 y SEYDA IVETH GARCIA BANEGAS, el 07 de febrero de 2011, en el puesto de Asesora Legal, con un salario de L. 21,000.00; de forma pacífica, contínua e ininterrumpida, realizando labores de forma eficiente sin tener ningún tipo de problema en el trabajo; sin embargo, en fecha 28 de febrero del año 2014, se les notificó que ese día vencía su contrato de servicios profesionales y que el mismo no iba a ser renovado; dichos contratos son contrarios a derecho ya que eran trabajadoras de dicha institución, teniendo un horario o jornada de trabajo, jefe inmediato y además un salario mensual, constituyéndose así los elementos esenciales para que exista contrato de trabajo, por lo que los contratos de servicios profesionales celebrados entre las partes constituyen simulación contractual, pues tal es así que los puestos o funciones realizadas eran de carácter permanente, pues subsiste la causa por la que fueron contratadas.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que entre las partes nunca ha existido una relación de trabajo, ya que la relación entre ellos se regía mediante contratos administrativos de servicios profesionales, en los cuales claramente se establece en su clausula décima, que las partes contratantes manifiestan expresamente, que dada la naturaleza de este contrato, este se regirá por las disposiciones del derecho administrativo vigente, razón por la cual no existe ninguna obligación laboral entre las mismas, pues es una relación de carácter administrativa. Por otra parte, habiendo llegado la obligación contractual de las partes a su fin, por el acaecimiento de la fecha estipulada en el contrato, no existe obligación posterior alguna del demandado con las ahora demandantes.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez días del mes de abril del año dos mil quince, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ, ELMA ILEANA GONZALEZ ORDOÑEZ, KENIA PAOLA CANTARERO MOLINA, SEYDA IVETH GARCIA BANEGAS y KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de su representante legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA; bajo el criterio que cuando se trate de Derechos Laborales, es nulo de pleno derecho toda actuación que implique renuncia, disminución o tergiversación de éstos; y la parte demandante pide nulidad de los contratos de servicios profesionales por considerar que se trata verdaderamente de contratos de trabajo, que en su momento se suscribieron de forma amañada en fraude a la Ley Laboral, pues confluyen los tres elementos básicos del contrato de trabajo, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo, una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen y como efectivamente el puesto que desempeñaban las demandantes era de carácter permanente; como bien lo establece el cuerpo legal previamente citado, las labores que por su naturaleza sean permanentes o contínuas en la empresa se consideraran como celebradas por tiempo indefinido, aunque en los contratos de trabajo suscritos se exprese término de duración. Una vez que se ha determinado que la relación de trabajo que sostenían las demandantes realmente es un contrato de trabajo por tiempo indefinido, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió la demandante son ilegales, debiendo el empleador someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido el mismo es ilegal.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que con las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer, que efectivamente las demandantes Gisela Yadira Rubí Jiménez, labora desde abril del 2010, Elma Ileana González Ordóñez, desde febrero del 2011, Kenia Paola Cantarero Molina, desde noviembre del 2011, Karla Patricia BUSTILLO ALVARADO, desde marzo del 2010 y Seyda Iveth García Banegas, desde febrero del 2011, todas como Asesoras Legales, laborando por tiempo determinado pero en forma contínua y para la misma clase de trabajo y aunque en los contratos antes referidos se establece fecha de inicio y fecha de finalización; sin embargo, los mismos no pueden ser considerados por éste Tribunal como contratos de trabajo por tiempo determinado, en primer lugar porque el cargo que desempeñaban las demandantes era para laborar como Asesoras Legales; en segundo, lugar la parte demandada no acreditó que las funciones que realizaban las demandantes, ya no se continúan realizando dentro de la institución demandada para considerar que los cargos eran temporales. Por otra parte, la terminación laboral a partir del 28 de febrero del año 2014, según notas de esa misma fecha, firmadas por la Abogada María Eugenia Matute como Subgerente de Recursos Humanos, sin invocarles ninguna causal justa para la continuación de su contrato de trabajo, por lo que es procedente declarar con lugar la demanda de mérito.- 5. Mediante auto de fecha trece días del mes de agosto del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de octubre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DARLYN ONEYDA REYES LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando a éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada CINTYA ALEJANDRA PONCE MARTINEZ, en el primer y único motivo de casación alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos 20, 47, 52 del Código del Trabajo; en relación con el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió de forma indirecta las disipaciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 765 del Código de Trabajo. Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad-Quem en su conjunto al ver incurrido en error de hecho son: Pruebas Propuestas por la Parte demandada: Denominado documental consistente en los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre las demandantes y mi representada, el cual fue admitido y evacuado. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El Tribunal sentenciador estima la presente demanda en virtud que considera que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y las ahora demandantes, reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado. El Tribunal Ad-Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente en los contratos de Servicios Personales suscritos entre las demandantes y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo, en dichos contratos las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de esa apreciación errónea, aplica indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en El artículo 3) literal a) de la ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Conocerá también de: a: a)Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c). . . ch)... d)....; (el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), hoy conocida como Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE), que forma parte de uno de los Poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir, por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación errónea de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, y 52, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente demanda de Casación.”.- III. Que en el cargo anterior no se formula una proposición jurídica completa, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos que lo vuelve inadmisible: a) en el acápite “Precepto Legal Adjetivo Autorizante” incluye el señalamiento de las normas procesales que sirvieron en su concepto, de medio para la violación de las sustantivas y a la vez el precepto autorizante que se citó de forma imprecisa, ya que no indica el numeral y párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido su ataque al fallo impugnado; b) en el desarrollo del cargo hace referencia al error de hecho, sin embargo confusamente alega indebida aplicación, causal diferente que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y, c) entre otras, se indican como normas sustantivas violadas, los artículos 20 y 47 del Código de Trabajo, mismas que no ostentan la calidad de sustantivas; conviene recordar, que norma sustantiva es aquella que impone deberes o confiere derechos correlativos o las extinguen.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA, RECEPTORA ADSCRITA”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de mayo del dos mil dieciséis; certificación de la resolución de fecha tres de mayo del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 355-15
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL