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Sentencia CL-329-15 — Registro 5727

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se condene al pago de indemnización por muerte conforme a ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Impetrante ha omitido los requisitos legales para la formalización del recurso, de conformidad al artículo 769 del Código de Trabajo, entre otros, no señala ni desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación y el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Censor al no haber desarrollado la parte petitoria, impide a este Tribunal el conocimiento del recurso ya que no se establece como se pretende que este Tribunal emita un fallo en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- VII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 03 de agosto del 2015 por el abogado REINERY MEDINA ARCHAGA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva declarativa se condene al pago de Indemnización por Muerte conforme a Ley. Costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de marzo del 2014, por la señoras ASTRID WALDINA AMAYA CARDONA también conocida como ASTRID WALDINA AMAYA, mayor de edad, soltera por viudez, odontóloga, hondureña y de este domicilio actuando en su condición de representante legal de su hija menor ANA RAQUEL PINEDA AMAYA y ASTRID MARIA PINEDA AMAYA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Procurador General de la República señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de junio del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de abril el 2015, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la cual falla así: 1) CONFIRMANDO en todas y cada una de sus partes la sentencia proferida por el Juzgado de Letras Primero del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce de abril del año dos mil quince, que corre agregada a (folios 286 al 289) de la primera pieza de autos. 2) SIN COSTAS en esa instancia. 3) SIN COSTAS en esta segunda instancia.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes manifiestan en el escrito de su acción que el señor CESAR GERARDO PINEDA MIRANDA (Q.D.D.G.) inició su relación laboral con la demandada el 01 de julio de 1999, desempeñando un ultimo cargo de Medico Especialista 6 horas de Guardia, con un ultimo salario mensual de L.55, 800.05. Que en fecha 24 de octubre del 2012 el señor CESAR GERARDO PINEDA MIRANDA (Q.D.D.G.) falleció y al momento en que él falleció se encontraba laborando para la Secretaria de Salud, específicamente en el Hospital Escuela. Las demandantes manifiestan que en fecha 19 de febrero del 2014 el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán dicto sentencia definitiva declarando Herederas AB–INTESTATO a las comparecientes y que con dicha sentencia se acredita que son cónyuge e hijas del señor Cesar Pineda. Que la institución demandada al momento en que se realizó el reclamo de indemnización respectivo no efectuó el mismo, acudiendo éstas a la Dirección General del Trabajo tratando de llegar a un acuerdo conciliatorio, el cual no se pudo llevar a cabo por la ausencia del patrono en la audiencia correspondiente.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el señor Cesar Gerardo Pineda Miranda si sostuvo un relación laboral con la misma, devengando el salario establecido por las demandantes pero que se desconocía la declaratoria de herederas ab- intestato en vista que las hoy demandantes no presentaron el reclamo correspondiente ante las oficinas administrativas en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud. También manifiesta que el competente para conocer de este caso concreto es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ya que este un asunto meramente administrativo tal como lo establece el articulo 2 literal b) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 14 de abril del 2015 dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda, condenando al demandado el Estado de Honduras, al pago de Indemnización por muerte conforme a Ley, condenando al Estado de Honduras a pagarle a la señora ASTRID WALDINA AMAYA actuando en condición propia y como representante de su hija menor ANA RAQUEL PINEDA AMAYA y ASTRID MARIA PINEDA AMAYA la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L.734, 371.28) en concepto de Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional, Catorceavo Proporcional, Decimo Tercer Mes Proporcional y Vacaciones Proporcionales. SIN COSTAS; bajo el criterio que en la presente litis se demanda el pago de prestaciones laborales por muerte del trabajador en forma natural de conformidad a lo dispuesto en el articulo 120 reformado del Código del Trabajo según decreto 150-2008 en el que en su literal g) establece entre otras cosas lo siguiente:…en caso de fallecimiento natural después de seis meses laborar el porcentaje se eleva al 75% pagadero a sus beneficiarios.- habiendo acreditado la actora que el señor CESAR GERARDO PINEDA MIRANDA fue cancelado por defunción en fecha 14 de octubre del 2012, por la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud en donde laboro durante mas de diez años; de quien la parte demandada no logro acreditar en autos haberle pagado sus derechos laborales, después de haber cesado en sus funciones en virtud de su fallecimiento, derechos tales como el auxilio de cesantía y derechos adquiridos al tenor de lo establecido en el articulo anteriormente citado, en consecuencia es procedente declarar CON LUGAR la demanda de merito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de junio del 2015, dictó sentencia definitiva declarando CONFIRMAR la sentencia definitiva venida en apelación, confirmando en toda y cada una de sus partes la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de abril del 2015 que corre a folios 286 al 289 de la primera pieza de autos, sin costas; bajo el criterio que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 120 reformado del Código de Trabajo mediante Decreto Número 150-2005. Si el contrato de trabajo termina por fallecimiento del trabajador, el patrono deberá pagarle a éste un auxilio de cesantía de acuerdo a los años de servicio, conforme a las reglas establecidas en los literales c) y g) parte final que citan: Después de un trabajo mayor de un (1) año con un importe igual a un mes de salario, por cada año de trabajo, y si los servicios no alcanzan un año, en forma proporcional al plazo trabajado, y en caso de fallecimiento natural del trabajador después de seis (6) meses de laborar, el porcentaje se eleva a un 75% pagadero a sus beneficiarios. Por lo que habiéndose acreditado los años de servicio prestado por el causante a la Secretaria de Salud, el salario percibido mensualmente y su desaparición física mientras laboraba al servicio del patrono, corresponde a sus herederas ab intestato recibir de la empleadora el pago de estos derechos, al no haberse acreditado durante el juicio haber satisfecho su pago oportunamente, por el contrario en el escrito de contestación de demanda reconoce la Secretaria de Salud que el mismo no se efectuó a sus herederas legitimas; en consecuencia procede confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5.- Que mediante auto de fecha 24 de junio del 2015, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado REINERY MEDINA ARCHAGA, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha 03 de agosto del 2015, compareció ante este Tribunal el abogado REINERY MEDINA ARCHAGA, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha 03 de agosto del 2015, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de agosto del 2015, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado CESAR ALEJANDRO RIVERA URBINA, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a JOSE TOMAS ARITA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II. Que el abogado REINERY MEDINA ARCHAGA, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: ““DECLARACION DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACION. La IMPUGNACION que se hace, comprende toda la parte resolutiva de la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia en todas y cada una de sus partes de dicha sentencia; en el presente caso me propongo con el recurso CASAR la sentencia recurrida, antes descrita ya que infringe los artículos: 331 de la Constitución de la República; 1, 2 y 25 de la Ley de Servicio Civil; decreto ejecutivo No PCM.008.97; decreto legislativo No 218-96; 59, 60, 79,81 numeral 4), 84, 85 numeral 1) y 2) 86, 87, 88, 206, 207, 208, Código Procesal Civil.”.- III. Que el Impetrante ha omitido los requisitos legales para la formalización del recurso, de conformidad al artículo 769 del Código de Trabajo, entre otros, no señala ni desarrolla la parte petitoria de su demanda de casación y el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Impetrante depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Censor al no haber desarrollado la parte petitoria, impide a este Tribunal el conocimiento del recurso ya que no se establece como se pretende que este Tribunal emita un fallo en sede de instancia, todo lo cual se aleja de la técnica casacional referida, ya que conviene advertir que quien fija el alcance de la impugnación es el recurrente, a este respecto no le es permitido a la Corte ampliarlo o proveer oficiosamente.- IV. Que el Recurrente de forma subsidiaria alega nulidad, la que formula de la forma siguiente: “Los artículos 13, 245 y 479 del código procesal civil prescriben. ARTICULO 13. VALORACION DE LA PRUEBA:

  1. El juez ha de valorar Ia prueba de manera, precisa y razonada en Ia sentencia, atendiendo siempre a las reglas de Ia sana critica, del conocimiento, criterio humano y razonamiento lógico, salvo que este código u otra ley establezca una valoración concreta del resultado probatorio obtenido. 2. La valoración legal de Ia prueba solo es admisible en el interrogatorio de las partes y en Ia prueba documental y únicamente cuando una norma así lo indique expresamente o se deduzca de ella inequívocamente. 3. En todo caso el Juez ha de exponer en su sentencia los razonamientos que los condujeron a Ia apreciación y valoración de las pruebas para fundar su convencimiento, exista o no forma quien le obligue, quedando prohibida Ia arbitrariedad. ARTÍCULO 245.- VALORACION DE LA PRUEBA 1. La valoración de Ia prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso Ia arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en Ia sentencia, atendiendo siempre a las reglas de Ia sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico salvo que este código u otra ley establezca una valoración legal de manera e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos facticos y jurídicos de Ia sentencia, bajo sanción de nulidad de Ia resolución. ARTICULO 479 VALORACION DE LA PRUEBA 1. El tribunal deberá valorar Ia prueba conforme at principio de libre valoración atendiendo siempre a las reglas de Ia sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, motivando siempre Ia sentencia de manera precisa y razonada. 2. No obstante lo anterior, en las pruebas de interrogatorio de partes y documental se estará a lo dispuesto sobre el valor tasado que determinadas y documentales tengan atribuido. 3. El tribunal deberá atribuir un valor o significado a cada prueba de manera individual determinando si conduce o no a probar Ia existencia de un mismo hecho, o el medio en que se produjo, se deberán poner en común con especial motivación y razonamiento del resultado final al que se Ilega. La corte de Apelaciones del Trabajo con fecha 18 de junio del 2015 dicto sentencia en el presente caso, con sujeción a lo dispuesto en el Código Procesal Civil en cuanto a las formalidades que ha de llenar Ia misma. En los FUNDAMENTOS DE DERECHO, precisamente en toda la parte resolutiva, revela Ia forma arbitraria con existiendo normas jurídicas que ordena como dictarlas, lo hizo sin considerarlas en ningún momento. Es así que Ia Corte de Apelaciones del Trabajo dicta sentencia estudiando y analizando en su conjunto Ia prueba, cuando ya dicen los artículos 13, 245 y 479 que no lo puede ni deber hacer, que es obligatorio razonar y atribuirle un valor o significado de manera individual a cada aprueba. El articulo 212.6 del Código Procesal Civil manda. Articulo 212. NULIDAD. Los actos procesales serán nulos en los casos siguientes 1...2...3...4...5...6. En los casos en que este código y demás leyes así lo determinen. El artículo 13 antes citado expresa que es prohibida Ia arbitrariedad y el 245.2 dispone Ia nulidad de Ia sentencia cuando se ha dictado prescindiendo de las normas que Ia regulan y de Ia valoración de Ia prueba. El articulo 700. PREVIA DENUNCIA EN LA INSTANCIA DE LOS VICIOS PROFESIONALES. 1. Cuando en los recursos devolutivos se alegue Ia existencia de un defecto en Ia aplicación o interpretación de normas procesales que produzcan nulidad o indefensión, el recurrente deberá acreditar en Ia interposición del recurso, que procedió a denunciar dicho defecto en Ia instancia en que se produjo, si ello era posible y que en su caso reprodujo Ia denuncia en Ia apelación. 2. Asimismo deberá acreditar que hizo lo posible para su subsanación en el caso de que Ia naturaleza del defecto Ia admitiera. En el presente caso Ia nulidad que ahora reclamamos se produjo en Ia sentencia recurrida por lo que es hasta este momento en que hacemos Ia denuncia. Es lógico que si Ia sentencia se hubiere dictado con base en los artículos 13, 245 y 479 antes transcritos, habíamos podido formular un motivo de casación acorde a las circunstancias es decir, conociendo el razonamiento y Ia motivación que han Ilevado at Tribunal AD-QUEN a rechazar el recurso de Apelación y confirmar Ia sentencia de primera instancia valorando Ia prueba individualmente, pero al no haberlo hecho así, no sabemos cual o cuales de las pruebas fueron analizadas y valoradas concretamente, lo que ha causado a mi representada una indefensión, porque no le ha permitido formular los recursos como lo prescribe Ia Constitución de Ia República y las leyes. El articulo 720 del Código Procesal Civil excluye Ia revisión de los hechos y Ia interpretación y valoración de Ia prueba en casación pero si permite que se pueda solicitar el control de Ia emotivación fáctica para revisar su existencia, suficiencia, racionalidad y de carácter lógico, siempre que fuere determinante de un sentido diferente del fallo. De manera pues que estando viciada de nulidad la sentencia impetrada es procedente que se declare dicha nulidad y que se ordene at tribunal de Alzada proceder en la forma prescrita por Ia ley en este caso el Código Procesal Civil. Fundo el presente en los artículos: 764 literal a) 765 causal primera y 769 del Código del Trabajo.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas; por otra parte, la Recurrente ha tenido expedito la oportunidad procesal de exponer esos argumentos mediante los motivos de casación que franquea la Ley, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- VII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito y declarar sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de enero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 329-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL