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Sentencia CL-320-15 — Registro 5918

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda de reintegro al trabajo por permanencia al mismo puesto de igual o mejores condiciones, daños y perjuicios, antigüedad de trabajo, más el pago de derechos adquiridos adeudados, por concepto de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, señalado como infringido no ostenta la calidad de norma sustantiva; entendiendo la misma como aquella que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue; y, b) se indican conjuntamente dos formas distintas de violar la Ley, ya que por una lado se acusa a la sentencia recurrida por infracción indirecta proveniente de error de hecho por la apreciación errónea de la prueba y por otro, de que la misma es violatoria por infracción directa, debiendo haberlo hecho en forma separada e independiente.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 24 de agosto del 2015 por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS a través del Ministerio Publico; SON PARTES: Recurrente: el ESTADO DE HONDURAS, por medio de actuaciones realizadas por el Ministerio Público, representado en juicio por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR; y, Recurrido: el señor JOSE EFRAÍN BRICEÑO, representando en juicio por el Abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO.- OBJETO DEL PROCESO: el reintegro al trabajo por permanencia al mismo puesto de igual o mejores condiciones, daños y perjuicios, antigüedad de trabajo, más el pago de derechos adquiridos adeudados, por concepto de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario , pago de aumentos periódicos de sueldo, atendiendo el costo que gozan los empleados del Ministerio Público, bono de vacaciones, incorporación del demandante a gozar de los beneficios del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados Públicos que gozan los trabajadores del Ministerio Público, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del año dos mil trece por el señor JOSE EFRAIN BRICEÑO, generales, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de mayo del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que CONFIRMA la sentencia de fecha 14 de abril del 2015, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de la siguiente forma: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR - Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro al trabajo por permanencia al mismo puesto en iguales o mejores condiciones. Reconocimiento de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios, antigüedad de trabajo, más el pago de derechos adquiridos adeudados por concepto de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, pago de aumentos periódicos de sueldo, atendiendo el costo de la vida que gozan los empleados del Ministerio Publico, pago de una remuneración adicional consistente en el decimotercer mes en concepto de aguinaldo y catorceavo mes que gozan como derecho los empleados del Ministerio Publico, bono de vacaciones y si me incorpore a gozar de los beneficios del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios y Empleados Públicos que gozan los trabajadores del Ministerio Publico. Más condena en costas. En virtud de despido injustificado e ilegal; Instaurada por el señor JOSE EFRAIN BRICEÑO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO. II.- CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO a lo siguiente: Reintegrar al señor JOSE EFRAIN BRICEÑO a su puesto de trabajo; por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral.- III.- SIN COSTAS en esta instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifiesta en el escrito de su acción que inició su relación laboral con el Ministerio Público en fecha 04 de mayo del 2009, desempeñándose en el cargo de Asesor Legal de la Fiscalía General de la República, devengando un salario mensual de L. 30,000.00. Asimismo manifiesta que en fecha 30 de abril del 2013 recibió su nota de despido por parte de la Comisión Interventora del Ministerio Público haciendo referencia a la falta de presupuesto que atraviesa la institución y que por consiguiente no se le renovaría su contrato temporal de prestación de servicio y únicamente se le reconoce y agradece los servicios prestados. El demandante establece que el patrono incumplió con el artículo 117 del Código del Trabajo, asimismo establece que desde que fue contratado trabajó de manera continua e ininterrumpida realizando labores permanentes; que se le hacia la deducción respectiva del IHSS, del impuesto sobre la renta y el impuesto vecinal de la AMDC, que disfrutaba del decimotercer y decimocuarto mes de salario, sin embargo se le adeudan derechos adquiridos en concepto de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario desde el año 2013, pago de aumentos periódicos, remuneración adicional, bono de vacaciones y que nunca se le incorporó a gozar de los beneficios del INJUPEMP. Todo lo antes manifestado se fundamenta en los artículos 129 de la Constitución de la República, 3, 25, 47, 52, y 113 del Código del Trabajo que protegen la estabilidad laboral y también manifiesta que la causal de despido no es una de las contempladas en el articulo 112 del Código de Trabajo por lo que esta viene a ser injustificada, violentando lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo y las disposiciones legales antes mencionadas.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuraduría General de la República, contestó dicha demanda señalando que la relación laboral contraída con el demandante estaba regida por contratos temporales de prestación de servicios por un período determinado, siendo estos contratos regidos por una normativa especial. Asimismo manifiesta que existió una relación laboral contractual administrativa en materia de personal regida por la misma Ley Especial de la Institución y por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que cabe resaltar que el contrato temporal de servicios profesionales vencía el 30 de Abril del 2013 y que en la cláusula séptima el demandante estableció expresamente y espontáneamente que en caso de controversia se sometería a la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso, por lo tanto y en cuanto a lo expresado, dicho caso debe de llevarse a cabo ante la competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme a lo establecido en los Artículos 2 numeral 2 del Código del Trabajo y 3 inciso a), 108 y 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 14 de abril del 2015 dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda, condenando al demandado el Estado de Honduras, a reintegrar al señor JOSE EFRAIN BRICEÑO a su puesto de trabajo; por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlo como empleado permanente en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral. SIN COSTAS; bajo el criterio que el Señor JOSE EFRAIN BRICEÑO desde que inició su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala en la nota de fecha 30 de abril del año 2013 una causal justa al momento de la terminación de la relación laboral; razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo que tenia al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de mayo del 2015, dictó sentencia definitiva declarando CONFIRMAR la sentencia definitiva venida en apelación, declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR en su condición de apoderado apelante, confirmando la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 14 de abril del 2015, sin costas; bajo el criterio que con las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer que efectivamente el Demandante Jose Efraín Briceño, celebró con el Ministerio Público dieciséis (16) contratos de prestación de servicios, por tiempo determinado, para laborar como Asesor Legal en la Fiscalía General de la República, administración superior, Fiscalía General, organismo dependiente del Ministerio Público, iniciando su relación laboral en forma continua a partir del 4 de mayo del 2009 y si bien es cierto en los contratos antes referido se establece fecha de inicio y fecha de finalización, sin embargo los mismo no pueden ser considerados por éste Tribunal como contratos de trabajo por tiempo determinado, en primer lugar porque el cargo que desempeñaba el Demandante era para laborar como Asesor Legal en la Fiscalía General de la República, siendo sus funciones de carácter permanente, entre las que podemos mencionar: asistir a las autoridades de la institución en todas las solicitudes y requerimientos de carácter legal que presente, representar y asesorar al personal del Ministerio Público, que en cumplimiento de su deber se vean involucrados en problemas judiciales, coordinar todas las investigaciones de los casos asignados hasta obtener elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos delictivos, ejercer la acción penal pública cuando proceda la privada, revisar proyectos de acusaciones, recursos legales u otros escritos preparados y elaborados por los fiscales, elaborar informes de trabajos especiales, elaborar informes mensuales de actividades y novedades, entre otros; en segundo lugar la parte Demandada no acreditó que las funciones que realizaba el Demandante, ya no se continúan realizando dentro de la Institución Demandada para considerar el cargo temporal.- 5.- Que mediante auto de fecha 26 de junio del 2015, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de apoderado legal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha 24 de agosto del 2015, compareció ante este Tribunal el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo su único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de la misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de septiembre del 2015, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado OSCAR ORLANDO SEVILLA CASTRO, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, en el primer y único motivo de casación aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de apreciación errónea de la prueba documental referente a los contratos temporales de prestación de servicios y que obran en el expediente de primera instancia en relación con la demás prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en autos y que lo llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 46 literal b) del código de trabajo en relación con el articulo 765 numeral uno constitucional y 47 párrafo primero del código del trabajo. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código de trabajo, ya que dicho articulo establece que cuando un contrato laboral se suscribe por tiempo determinado y se especifica su fecha de terminación la relación establecida dentro de dichos parámetros en el tiempo únicamente obliga a las partes a ese periodo de tiempo sin ningún tipo de implicación ulterior del que se pueda inferir que dicho contrato otorga a cualquiera de las partes más derechos de los que contiene, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance se encuentra claramente determinado a la letra de dichos contratos. Doctrina Esta Honorable Corte ha mantenido el criterio de que la infracción directa de la ley por error de hecho en la falta de apreciación de la prueba tiene ocurrencia cuando en la sentencia acusada y la ley sustantiva hay de por medio un problema apreciativo o de valoración de la prueba.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, señalado como infringido no ostenta la calidad de norma sustantiva; entendiendo la misma como aquella que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativos o en su defecto los extingue; y, b) se indican conjuntamente dos formas distintas de violar la Ley, ya que por una lado se acusa a la sentencia recurrida por infracción indirecta proveniente de error de hecho por la apreciación errónea de la prueba y por otro, de que la misma es violatoria por infracción directa, debiendo haberlo hecho en forma separada e independiente.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de julio del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de junio del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 320-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL