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Sentencia CL-315-15 — Registro 5723

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para reintegro a su puesto de trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre el defecto material de prescripcion opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecinueve de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil quince, compareció MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, hondureño, mayor de edad, casado, Abogado y de este domicilio actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para reintegro a su puesto de trabajo, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinte de junio del año dos mil trece, por la señora YESENIA JAQUELINNE RODAS, mayor de edad, casada, licenciada en Administración Industrial y Negocios, con domicilio en la Colonia la Rosa, sector A, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuradora General de la República ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, hondureña, mayor de edad, casada y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de junio del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO, la sentencia de fecha uno de junio del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: Declarar sin lugar el Defecto Material de Prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada; II.- Declarar con lugar la Demanda Ordinaria Laboral para que se condene a la Comisión Interventora del Ministerio Público al reintegro a su puesto de trabajo y al pago de salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios. Que se declare al trabajador permanente o por tiempo indefinido; instaurada por la señora Yesenia Jackelinne Rodas, contra del Estado de Honduras, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República de aquel entonces Ethel Suyapa Deras Enamorado. 3.- CONDENAR AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Ethel Suyapa Deras Enamorado, a lo siguiente: Reintegrar a la señora Yesenia Jackelinne Rodas, al cargo de Analista de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía Dirección Central, Departamento de Fiscalía de Derechos Humanos; por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente. IV.- Declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral instaurada por la señora Yesenia Jackelinne Rodas; para que se declara la nulidad de una simulación de contratación contra el Estado de Honduras, Representante Legal señora Procuradora General de la República, Ethel Suyapa Deras Enamorado; Absuelve al Estado de Honduras, Representado Legalmente por la señora Procuradora General de la República Ethel Suyapa Deras Enamorado, en cuanto a declarar la nulidad de la simulación de contratación. V.- Sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante manifiesta en el escrito de su acción que desde que contratada por la demandada el día 17 de julio del año dos mil doce, como Analista de Investigación Criminal en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la relación laboral ha sido continua y sin interrupciones, realizando funciones de carácter permanente dentro de la demandada, por lo que desde el año 2012, el salario de la demandante se encontraba en la estructura presupuestaria de la Secretaria de Finanzas, por lo que le pagaban mediante el sistema de planillas y percibía todos los beneficios de un trabajador permanente, tal es así que en el mes de abril se le pagó el salario sin contrato de trabajo vigente, sin embargo el día 30 de abril del año 2013, la Comisión Interventora le entregó a la actora nota de despido, en la que se alega como causal de despido para no renovarle el contrato la falta de presupuesto.- 2.- La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que la relación contraída entre el Ministerio Publico y la actora estaba regida por contratos Temporales de Prestación de Servicios, en donde el actor aceptó prestar sus servicios de forma temporal con funciones especificas que no suponen la existencia de una relación laboral entre las partes, en la que no existió despido injustificado, puesto que los contratos contraídos entre las partes eran de orden administrativo en materia de personal, por lo que la relación contractual entre la partes era regida por la Ley del Ministerio Publico, el Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico y la Ley de lo Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que en ese sentido el articulo 211 del Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Publico manda que los actos que contengan cancelaciones de personal por cesantía o despido podrán ser impugnados directamente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por otra parte el contrato suscrito entre las partes tenia vigencia del 01 al 31 de marzo del año 2013.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha catorce de abril del año dos mil quince dictó sentencia definitiva declarando sin lugar el Defecto Material de Prescripción, opuesto por el representante procesal de la parte demandada; declarar con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo; instaurada por la señora Yesenia Jackelinne Rodas, contra del Estado de Honduras, por intermedio de su Representante Legal, la señora Procuradora General de la República de aquel entonces Ethel Suyapa Deras Enamorado; condenar al Estado De Honduras, a Reintegrar a la señora Yesenia Jackelinne Rodas, al cargo de Analista de Investigación Criminal, dependiente de la Fiscalía Dirección Central, Departamento de Fiscalía de Derechos Humanos; al pago de les salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente, declarar SIN LUGAR la nulidad de una simulación de contratación; absuelve al Estado de Honduras, en cuanto a declarar la nulidad de la simulación de contratación. Sin costas; bajo el criterio que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la demandante desde que inicio su relación laboral con la demandada, esta ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no le señala en la nota de fecha 30 de abril del año 2013 una causal justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual la se procede declarar con lugar la demanda de merito, asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha uno de junio del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo; con el criterio que de los autos bajo estudio se desprende, que si bien es cierto la relación de trabajo que vinculó a la demandante con el Ministerio Público, se originó mediante la modalidad de contrato temporal de prestación de servicios, esta se mantuvo vigente a través de la celebración de nuevos contratos de trabajo de la misma naturaleza, es decir, para desempeñar el mismo puesto de Analista de Investigación Criminal, de manera continua y prorrogada mediante Resoluciones emitidas directamente por el entonces Fiscal General de la República, Abogado Luis Alberto Rubí Avila, habiendo laborado hasta el día 30 de abril del año 2013, fecha en que se le notifica a la empleada que no se renovará su contrato de trabajo, cuando ya había adquirido su derecho como empleada permanente al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 y el artículo 52, párrafo del Código de Trabajo, de manera que siendo la relación de trabajo de naturaleza laboral permanente, no existe razón o causa para ejecutar el despido o terminación del contrato de trabajo.- 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6.- Que en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil quince, compareció el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, actuando en su condición de apoderado del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda y exponiendo un motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil quince, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de septiembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado JOSE ANGEL CACERES VALLADARES, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II.- Que el abogado MAURICIO ARTURO CASTRO AGUILAR, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: CASA TOTALMENTE la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en consecuencia FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Reintegro, Pago de Salarios Dejados de Percibir a Título de Daños y Perjuicios, Se Declare a la Trabajadora permanente, que ha promovido la señora YESENIA JACQUELINNE RODAS en contra de mi representado el Estado de Honduras a través del MINISTERIO PÚBLICO.- SEGUNDO: ABSOLVER de toda responsabilidad laboral al Estado de Honduras a través del MINISTERIO PÚBLICO.- TERCERO: Sin costas.”.- III.- Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en el libelo de casación laboral con absoluta claridad y precisión, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del Recurrente depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub júdice, el Impetrante omite pronunciarse sobre el defecto material de prescripcion opuesta en primera instancia por la demandada, por lo tanto su fallo propuesto evade resolver todas las pretensiones oportunamente debatidas en juicio.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- V.- Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303 párrafo segundo, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 315-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL