Sentencia CL-313-15 — Registro 17850
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda y condenó al Estado de Honduras a reintegrar al demandante su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones que mantenían al momento de operarse la ruptura del Contrato, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de su reinstalación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación al señalamiento sobre la legalidad del despido del trabajador demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, como bien lo hace ver el Recurrente en el desarrollo del cargo, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado; en adición, realiza alegatos propios de instancia.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener el defecto técnico consistente de carecer de claridad y precisión en el concepto de la infracción ya que por una parte alega el error de hecho por falta de apreciación de la prueba y en el acápite denominado precepto autorizante señala que es “…por error de hecho, porque existió no solo una mala apreciación, sino que también una falta de apreciación en su conjunto de las pruebas documentales que obran a folio 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la primera pieza de autos…” y es el caso que la falta de apreciación y la apreciación errónea (mala apreciación) son modalidades del error de hecho que deben precisarse, ya que una misma prueba no puede dejar de apreciarse o apreciarse erróneamente al mismo tiempo."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.-"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño, y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ; y, Recurrido: ROY SANTIAGO MATUTE SALGADO, representando en juicio por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en relación a la demanda ordinaria laboral para el Reintegro a un puesto de trabajo, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, por SANTIAGO MATUTE SALGADO, mayor de edad, casado, vigilante, hondureño, con tarjeta de identidad número 0820-1954-00106 y de este domicilio, demanda que interpuso contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de la Procuradora General de la República y Representante Legal la Señora ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, casada y de este domicilio, el recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha jueves veintiocho de mayo del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha miércoles veinticinco de marzo del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló declarando CON LUGAR para el reintegro a su puesto de trabajo, instaurada el señor Roy Santiago Matute Salgado, contra el Estado de Honduras, condena al Estado de Honduras a reintegrar al demandante su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones que mantenían al momento de operarse la ruptura del Contrato, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de su reinstalación.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició su relación de trabajo con la demandada el día 01 de julio del año 2003 como vigilante, devengando un salario de L. 4,000.00. El despido se dio mediante nota de fecha 13 de enero del año 2012; se le comunicó que estaba despedido de su puesto de trabajo, puesto que venía desempeñando por más de ocho años, el demandante alegó haber sido despedido sin haber cometido falta alguna, y que como la contratación se regía mediante acuerdo de nombramiento, para despedirlo tuvieron que hacerlo mediante un acuerdo de cancelación, tampoco le dieron explicación del porque del mismo, ni le invocaron alguna de las causas preceptuadas en el artículo 112 del Código del Trabajo, haciendo por estas razones el despido ilegal e injusto.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que el demandante comenzó a laborar en los Despachos de Agricultura y Ganadería para laborar en DINADERS a partir del 01 de julio del año dos mil tres, devengando un salario de L. 4,000.00 el cual aumentó a L. 7,500.00 a partir del 01 de abril del año 2009. Por otra parte mediante Decreto l2-2000 se creó el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS), adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y para la ejecución y coordinación de PRONADERS se estableció el Fondo Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (FONADERS) sin embargo con el Decreto No. 137-2011, desaparecieron DINADERS y el FONADERS; en este decreto también se ordena la reducción de personal, tanto temporal como permanente que se estime necesario para garantizar el funcionamiento administrativo, eficiente de las actividades de la Institución, debido a las modificaciones anteriormente descritas, para lo cual la Secretaría de Finanzas deberá cubrir el pago de los derechos laborales del personal al que se daría por terminada la relación de trabajo, y es por tal situación que se le notifico al demandante la terminación de su relación laboral, con el pago de sus derechos laborales a partir de su nombramiento, para lo cual debería presentarse a contribuir con el procedimiento de dicho pago, sin embargo, el mismo no ha sido efectuado porque el demandante no ha cumplimentado tales instrucciones, circunstancia que es ajena a la voluntad de mi representado.- 3. El Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán, en fecha miércoles veinticinco de marzo del año dos mil quince, dictó sentencia declarando CON LUGAR para el reintegro a su puesto de trabajo, instaurada el Señor Roy Santiago Matute Salgado, contra el Estado de Honduras, condena al Estado de Honduras a reintegrar al demandante a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones que mantenían al momento de operarse la ruptura del Contrato, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento su reinstalación, bajo el criterio que, de la lectura de la nota de fecha 13 de enero del año 2012, se desprende que en la misma no se le señala ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo y siendo que la causal en ella invocada no constituyen motivo legal para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral, resulta ilegal e injustificado el despido, tan es así, que en la misma carta de despido se le ofrece al actor el pago de sus prestaciones laborales y demás beneficios, con cuyo ofrecimiento el patrono está reconociendo la ilegalidad del despido, acción que violenta el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en jueves veintiocho de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando, la proferida por él a quo, sin costas, bajo el criterio que, del estudio de los hechos y derechos, así como los medios de prueba acreditados en juicio este se entiende que la sentencia definitiva dictada se ajusta a derecho y procede su confirmatoria pues se ha acreditado de autos la relación laboral que existió entre el demandante y el empleador, que la relación laboral entre las partes fue terminado por el empleador en aplicación del Decreto Legislativo No. 137-2011 artículo 2 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 08 de noviembre del 2011, y si bien el Decreto 137-2011 en su artículo 2 faculta al Director Ejecutivo de PRONADERS para que haga reducción de personal temporal o permanente, que estime necesario, también es cierto que para garantizar derechos sociales en casos específicos como tal deberá aplicarse con los estudios técnicos de los trabajadores y administrativos, para la selección del personal tomando en consideración conceptos como antigüedad, duplicidad en funciones y otros aspectos validos legalmente que puedan considerarse; análisis y estudios que no fueron acreditados en autos; pues en la nota de fecha 13 de enero del 2012, no incorpora el procedimiento utilizado para la selección de personal para el despido sino que solo hace una descripción de disposiciones legales que no armonizan con las disposiciones de la Leyes Laborales en relación a las causales del artículo 112 del Código del Trabajo, por cuanto entra en violación de este artículo, en relación al artículo 117 del mismo ordenamiento legal y artículo 127 y 129 de la Constitución de la República; es procedente considerar que la sentencia dictada por la a-quo está apegada a derecho ya que el presente caso el patrono no probó la causa justificada del despido alegado por lo que debe reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo y a titulo de daños y perjuicios pagarle los salarios que habría percibido desde la terminación hasta el reintegro a su puesto de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha veintiséis de junio del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiuno de agosto del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado OSCAR DOÑAS CHAVEZ, en el primer motivo de casación alega: “Por ser la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, el jueves veintiocho de mayo del año dos mil quince, violatoria de ley sustantiva de arden nacional, al no aplicar los artículos 95 numeral 19), precisamente en cuanto a la reducción de personal, en relación con el artículo 290, ambos del Código del Trabajo, en lo que compete al presente recurso, que cuando los trabajadores que hayan cesado por reducción de personal o por reducción de puestos, aún cuando reciban las indemnizaciones que en derecha procedan, seguirán conservando los derechos que hayan adquirido antes de su separación; en relación al Decreto emitido par el Congreso Nacional de la República, Número 137-2011, publicado el 8 de noviembre del 2011, precisamente el artículo 2 de dicha Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: El primer motivo de la demanda de casación, se encuentra comprendido en el articulo 765 numeral 1o párrafo primero del Código del Trabajo, por infracción directa de las normas legales antes indicadas en la parte introductiva de este motivo. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION JLIRIDICA: Esta Honorable Corte Suprema de Justicia, en cuanto al Recurso de Casación, tiene el objetivo de unificar la jurisprudencia, sostiene que para que exista infracción directa de la ley, esta se produce cuando a un hecha debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula; pues la infracción directa es independiente del haz probatorio. En la presente demanda de Casación, es indudable que el tallador dejó de aplicar en el concierto jurídico, el articulo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, como parte de las obligaciones de los patronos, y que en su introducción dice: Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las Leyes de Previsión Social, son obligaciones de los patronos: Numeral 19).- Llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del Contrato Colectivo. A falta de estas, respetarán los derechos de antigüedad y, en igualdad de condiciones preferirán a los elementos sindicalizados para que sigan trabajando. Es de hacer notar, que la Honorable Corte, en abierta rebeldía y a pesar que en el considerando siete numeral tres de la sentencia, cita el Decreto U7-2011 con el contenido del artículo 2, que contiene la facultad del Director Ejecutivo de PRONADERS, para ejecutar la reducción de personal temporal o permanente. La Corte de Apelaciones del Trabajo, sostiene que se debe garantizar los derechos sociales, en tal sentido dicho decreto en el artículo señalado, el Estado de Honduras le garantiza al trabajador a través del Despacho de Finanzas, el pago de los derechos laborales, del personal que se da por terminada la relación de trabajo (ver folio 85 de la primera pieza de autos), como asimismo la nota que se le entregara al señor ROY SANTIAGO MATUTE SALGADO y que obra a folio 51, establece el derecho al pago de sus prestaciones laborales; en su exposición la Corte del Trabajo ordena que deben aplicarse estudios técnicos a los trabajadores y administrativo, para la selección del personal, tomando en consideración conceptos como antigüedad, duplicidad en funciones y otros aspectos válidos legalmente, que puedan considerarse; análisis y estudios que no fueron acreditados en autos. El Magistrado ponente que tanto daño ha causado a las instituciones de Gobierno, don VENANCIO OCAMPO OROZCO, parece ser que no tomó en consideración el Acuerdo 554-03 que obra a folio 45 de la primera pieza de autos, el demandante estaba adscrito a DINADERS, en igual término el Acuerdo No.036-06 del 1° de julio del 2006 que obra a folio 46 de la primera pieza de autos, pues el nombramiento del señor ROY SANTIAGO MATUTE, es de Vigilante en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (DINADERS). En igual término el Acuerdo No 049-09 que obra a folio 47, y por último Honorables Magistrados, la nota que le pone fin a la relación de trabajo, que obra a folio 51 y 52 de la primera pieza de autos, se le notificó al demandante, que DINADERS y FONADERS, desparecieron con la estructura nueva que ordena el Decreto 137-2011 y que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de noviembre del 2011, y que obra a folios 82 al 95 de la primera pieza de autos, y en el folio 90 se aprueba la estructura de la Dirección Ejecutiva de PRONADERS, tal como se puede comprobar DINADERS y FONADERS no existen en dicho cronograma; por eso sostenemos que el Decreto 137-2011 que emitió el Congreso Nacional de la República el 8 de noviembre del 2011, en su artículo 2, al Director Ejecutivo de PRONADERS se le ordena en dicha norma legal, en la forma siguiente: “Deberá de reducir el personal tanto temporal como permanente que estime necesario para garantizar el funcionamiento administrativo, eficiente de las actividades de la institución, para lo cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, deberá cubrir el pago de los derechos laborales del personal que se da por terminado la relación de trabajo”. Opuestamente, la Corte de Apelaciones del Trabajo en su considerando siete, numeral tres citado, sin ningún fundamento legal ordena un estudio técnico de los trabajadores y administrativo, siendo que la ley es clara y precisa, al utilizar la palabra DEBERA, es una orden, con lo cual se da por sentado la infracción directa de las normas legales citadas, y además el artículo 290 del Código del Trabajo, en cuanto es permitido la reducción de personal o reducción de puestos. Y para finalizar esta exposición, el Manual Operativo, tal como ustedes lo pueden analizar, únicamente existe la institución denominada PRONADERS, y dentro de sus funciones el Director Ejecutivo tiene la potestad legal de contratar y rescindir los contratos ó nombramientos del personal existente en PRONADERS en los diferentes niveles organizacionales (ver folio 91 de la primera pieza de autos); por cuanto la infracción directa es clara y precisa, al no aplicar las normas legales debidamente citadas; por tanto este motivo es indudable que deberá CASAR en sentencia definitiva.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible en razón de lo siguiente: la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación al señalamiento sobre la legalidad del despido del trabajador demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, como bien lo hace ver el Recurrente en el desarrollo del cargo, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado; en adición, realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que se expone un segundo motivo de casación en la forma siguiente: “Por ser la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo el jueves veintiocho de mayo del dos mil quince, violatoria de ley sustantiva de orden nacional, precisamente el artículo 120 del Código del Trabajo, que en su parte introductiva dice: Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o por alguna de las causas previstas en el artículo 114, u otra ajena a la voluntad del Trabajador, el patrono deberá pagarle a éste, un auxilio de cesantía de acuerdo a las siguientes reglas……………, en relación con el Decreto 137-2011, del cual se presentó ante el Juzgado de Letras del Trabajo y que corre a folios 82 al 85 específicamente el artículo 2, que dice en su parte relacionada a la norma legal citada, que: El Director Ejecutivo de PRONADERS deberá reducir el personal tanto temporal o permanente que estime necesario para garantizar el funcionamiento administrativo, eficiente de las actividades de la institución, para lo cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas deberá cumplir el pago de los derechos laborales del personal que se da por terminado la relación de trabajo; Acuerdo de PRONADERS 002-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 6 de enero del 2012, precisamente en las funciones que tiene el Director Ejecutivo de PRONADERS (ver folio 91 de la primera pieza), que establece la obligación de contratar y rescindir los contratos o nombramientos del personal existente en el PRONADERS, en diferentes niveles organizacionales. En lo establecido anteriormente tenemos tres coyunturas: Lo que indica el Código del Trabajo en su artículo 95 numeral 19) de las obligaciones del patrono; en lo que ordena el Decreto 137- 2011 que emitiera el Congreso Nacional de la República y que fuera publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 8 de noviembre del 2011, y por última, las normas internas de carácter obligatorio que tiene el Director Ejecutivo para rescindir sus contratos de trabajo. Esta Honorable Corte suprema de Justicia, basado en la ley, sostiene que la infracción directa se produce cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma legal que lo regula. En este caso Señores Magistrados, la Honorable Corte no solo entra en rebeldía, sino que ignoró totalmente las normas que regulan el hecho de dar por terminada la relación de trabajo con el demandante, habiendo redactado dicho fallo por la Corte del Trabajo, el señor VENANCIO OCAMPO OROZCO y con el voto del Abogado Samuel Florentino Salgado, se confirmó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento, el veinticinco de marzo del dos mil quince, y que corre a folio 169 al I7 de la primera pieza de autos, habiendo disentido con dicho fallo la Magistrada Kafatty Alvarado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este segundo motivo de casación, está comprendido en el artículo 765 numeral 1°. Párrafo primero del Código del Trabajo por infracción directa de las normas legales antes indicada. EXPRESION DEL CONCEPTO DE LA INFRACCION. La Corte de Apelaciones del Trabajo en su considerando siete, precisamente en el numeral tres, señala que no se incorporó el procedimiento utilizado para la selección de personal para el despido, sino que solo hace una descripción de disposiciones legales que no armonizan con las disposiciones de las leyes laborales en relación a las causales del artículo 112 del Código del Trabajo. por cuanto entra en violación de este artículo, en relación al artículo 117 del mismo ordenamiento legal, y el artículo 127 y 129 de la Constitución de la República, por lo que es procedente considerar que la sentencia dictada por la A-Quo está apegada a derecho y procede su confirmatoria. Cuando la Corte de Apelaciones expresa en su considerando siete parte de su numeral tres, en su final, ésta considera por las normas legales que cita, que lo que existió fue un despido injusto e ilegal; al acondicionar esta tesis a hechos probados y no aplicar las normas legales que el caso considera, como ser el artículo 120 parte improductiva del Código del Trabajo, en cuanto a la causa que es ajena tanto a la voluntad del trabajador como a la del patrono, a éste se le deberá pagar su auxilio de cesantía. Tal como está demostrado, el señor ROY SANTIAGO MATUTE SALGADO, desde su inicio cuando lo contrató la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, fue para desempeñarse en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS),(ver folio 45 de la primera piza de autos; el Acuerdo No 036-06 del 1 de julio del 2006, que obra a folio 46, también de la primera pieza, al demandante se le modificó el Acuerdo como Vigilante, nótese Honorables Magistrados siempre para laborar en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (DINADERS); Acuerdo No.049-09 de fecha 1 de abril del 2009, que obra folio 47, el demandante en su condición de Vigilante, recibió un incremento salarial de Lps. 1,000.00 a partir de la fecha antes indicada, en el puesto de Vigilante en DINADERS, asimismo a folio 4, según Memorando GRH-042-55-2011 con fecha 15 de febrero del 2011, el Gerente de Recursos Humanos de DINADERS, Abogado José Luis Valladares Guifarro, le hizo énfasis al demandante de las funciones que debería desempeñar el puesto de Vigilante de DINADERS, para la cual se le acompañó la descripción del puesto de trabajo (ver folio 49), indicándole que los servicios de vigilancia era para darle una mejor seguridad a las instalaciones, personas y bienes de la DINADERS, y por último la notificación de la terminación de la relación de trabajo en el puesto de Vigilante de DINADERS que obra a folio 51, con el reconocimiento de sus derechos laborales; en si ¿en qué consiste la coyuntura jurídica con lo expresado por la Corte de Apelaciones del Trabajo en su fallo, en el considerando citado?. Es que el Congreso Nacional de la República, emitió una ley establecida en el Decreto B7-2011 publicada el martes 8 de noviembre del 2011, y basados en el artículo 205 numeral 1) de la Constitución de la República, en cuanto a las atribuciones de dicho poder del Estado de crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes, sostiene en dicho Decreto con lo cual los Magistrados Venancio Ocampo Orozco, Propietario y Samuel Florentino Salgado, Suplente, no están de acuerdo, específicamente con la liquidación de los dos organismos de PRONADERS, que son D1NDERS y FONADERS, los cuales son liquidados y solamente queda PRONADERS al reformar el Decreto 12-2000 (ver artículo 20-A de dicho Decreto) y artículo 2, que establece la obligación de reducir el personal tanto temporal como permanente, y es ilógico que la Corte de Apelaciones del Trabajo, exprese en primer lugar, que para dar por terminado el contrato de trabajo se debió utilizar un procedimiento para establecer la selección de personal, para el despido; hago énfasis que el artículo antes citado no habla de esta conjetura, sino que reducir el personal, en este caso por disposición del Decreto 137-2011 se refiere al personal de DINADERS y FONADERS, instituciones que fueron absorbidas por FONADERS, desapareciendo jurídicamente. Al no existir la institución donde laboraba el demandante DINADERS, ¿Qué otra acción le quedaba al Director de PRONADERS?, sino era el de reducir el personal que laboraba en DINADERS, como que en el caso del demandante; por eso es que la Honorable Corte en su tallo al tomar la decisión de la terminación de la relación de trabajo con la parte actora, ésta trata de verlo como un despido injusto e ilegal y no como lo dice el artículo 120 parte introductiva del Código del Trabajo, que esta acción de dar por terminada la relación de trabajo se refiere a causas ajenas, tanto a la voluntad del trabajador como del patrono.- Al desaparecer DINADERS por un decreto ley, ni el patrono ni el trabajador tienen culpabilidad en la aplicación de la reducción de personal, a sabiendas que el puesto del demandante despareció, y PRONADERS no cuenta con fondos ni el puesto para reintegrar al demandante, por las prohibiciones que establece los Ingresos de la Administración Central, que también se presentó para ilustración de los Jueces; pero nuestras leyes no tienen efecto legal, porque este es un Decreto que también emitió el Congreso Nacional y que se refiere a las Normas del presupuesto las cuales obran a folio 64 al 69 vuelto de la primera pieza de autos, específicamente pudiésemos decir que el artículo 41 ya establece la prohibición de contratar personal cuando no exista la disponibilidad presupuestaria; en tal sentido teniendo facultades el Director de PRONADERS, según el artículo 3 del Acuerdo 1036-00 que obra a folio 61, es procedente la reducción del personal, y tal como lo ordena el Decreto 137-2011 en su artículo 2, que es ley y que deberá cumplirse al tenor de la misma y no tiene un significado de un despido injusto, como lo trata la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo, en iguales condiciones el Juzgado del Trabajo, en su considerando doce (ver folio 172 vuelto de la primera pieza), que la Juez llegó a un firme convencimiento, que el demandante acreditó el despido ilegal e injustificado de que fue objeto por su empleador, asistiéndole el derecho a ser reintegrado al puesto de trabajo que tenia al momento de la ruptura del contrato de trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir; este considerando también es propio de la Corte de Apelaciones del Trabajo, por haber confirmado la sentencia de primera instancia. Asumimos entonces, que la violación directa de las normas legales citadas en el preámbulo de este motivo, es procedente, porque al demandante como empleado que fue de DINADERS, no puede el tribunal de primera instancia ordenar el reintegro a una institución que no existe, haciendo propia esta tesis la Corte del Trabajo, al confirmar el fallo; pues DINADERS (Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible) institución que fue creada paralelamente mediante Decreto 12-2000, y según artículo 7 de dicho Decreto (ver folio 54), esta institución es un organismos desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, con autonomía técnica, administrativa y financiera. DINADERS tendrá a su cargo, la promoción, coordinación, facilitación, ejecución y normalización de proyectos y actividades. Y tal como hemos venido repitiendo institución esta que fue cancelada mediante Decreto H7-2011 con fecha 8 de noviembre del año 2011. La exposición es clara, precisa y congruente con las normas citadas en la parte introductiva de este motivo, y que son para esta Honorable Corte Suprema de Justicia, obligatoriedad su aplicación, por así disponerlo el Decreto del Congreso ya mencionado, por lo cual procede este motivo de casación en sentencia definitiva.”.- V. Que al igual que en el primer cargo el Recurrente invoca el concepto de infracción directa y reiteradamente este Tribunal ha venido sosteniendo que la misma tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. La violación por infracción directa de la ley exige la existencia del hecho, de tal manera comprobada, que no se discuta, para que la ley cuyo texto se aprecia claro sea aplicada. Sin embargo, en el subjudice el debate se genera en relación al señalamiento sobre la legalidad del despido del trabajador demandante, lo que tiene relación directa con el material probatorio allegado al proceso, como bien lo hace ver el Recurrente en el desarrollo del cargo, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo por el concepto invocado. Además asume con ligereza el presente recurso al no ser claro y preciso en la disposiciones que considera infringidas, ya que en la explicación alude a los artículos 127, 129 y 205 numeral 1) de la Constitución de la República, 112 y 117 del Código del Trabajo que no fueron indicados como infringidos ni relacionados en la formulación del mismo, olvida que el artículo 120 del Código del Trabajo fue reformado mediante Decreto 150-2008 y realiza alegatos de instancia.- VI. Que en el tercer motivo se aduce:“Ser la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabaja el veintiocho de mayo del dos mil quince, violatoria de ley sustantiva de arden nacional, contemplada en la parte introductiva del artículo 120 reformado por Decreto 150-2008 del Código del Trabajo, es cuando el contrato de trabaja por tiempo indeterminado termina por causa ajena a la voluntad del trabajador y el patrono; en relación con los artículos 738 y 739 también del Código del Trabajo y el Decreto 137-2011. En este caso se establece el error de hecho, por la falta de apreciación de la prueba, en virtud que el juzgador expresa un equivocado razonamiento al llegar a un convencimiento a través de las pruebas, todo lo contrario lo que se da por establecido y por probado como un hecho consumado. PRECEPTO AUTORIZANTE: El tercer motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1° párrafo segundo del Código del Trabajo por error de hecho, porque existió no solo una mala apreciación, sino que también una falta de apreciación en su conjunto de las pruebas documentales que obran a folio 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la primera pieza de autos…”.- VI. Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener el defecto técnico consistente de carecer de claridad y precisión en el concepto de la infracción ya que por una parte alega el error de hecho por falta de apreciación de la prueba y en el acápite denominado precepto autorizante señala que es “…por error de hecho, porque existió no solo una mala apreciación, sino que también una falta de apreciación en su conjunto de las pruebas documentales que obran a folio 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la primera pieza de autos…” y es el caso que la falta de apreciación y la apreciación errónea (mala apreciación) son modalidades del error de hecho que deben precisarse, ya que una misma prueba no puede dejar de apreciarse o apreciarse erróneamente al mismo tiempo.- VII. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de febrero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 313-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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