Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-290-15 — Registro 6442

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para la restitución a una sede de trabajo por cambio de sede de trabajo ilegal e injusta, violación al fuero sindical, más a título de daños y perjuicios se condene al pago de gastos efectuados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la norma que indica como violada (artículo 20 literal b) del Código de Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones reciprocas entre las partes o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa, el cual es un requisito sine qua non por lo que se imposibilita a este Tribunal conocer el recurso; en adición, la referida disposición no ha tenido ninguna incidencia en la decisión del fondo del litigio"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, por el recurrente Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además es parte recurrida el señor NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO, representado en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para la restitución a una sede de trabajo por cambio de sede de trabajo ilegal e injusta, violación al fuero sindical, más a título de daños y perjuicios se condene al pago de gastos efectuados, costas del juicio, presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete de julio de dos mil doce, por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal del señor NATAN DAZAET GARCIA CANTARERO, mayor de edad, casado, Ingeniero Forestal, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF), por medio de su Procuradora General de la República, señora ETHEL DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION, interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, como Representante Procesal demandado, 2) REVOCA parcialmente la Sentencia en los numerales 1, 2 y 3; Declarando SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION, opuesto por el Representante Procesal demandado; 3.- Declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su carácter de Representante legal del señor NATHAN DAZAET GARCIA CANTARERO, para que proceda trasladar nuevamente al demandante a su sede de trabajo original en el área de manejo Forestal, en Santa Bárbara, más a título de daños y perjuicios el pago de los gastos en que incurrió el demandante desde la fecha del traslado a la sede Regional de la Biosfera Rio Plátano, hasta que se haga efectivo nuevamente sus traslado a la sede de área de manejo Forestal, en Santa Bárbara con el reconocimiento de cualquier otro beneficio que pudiere derivarse del contrato colectivo; en consecuencia CONDENA al demandado EL ESTADO DE HONDURAS, a través de el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, proceda trasladar nuevamente al demandante a su sede de trabajo original en el área de manejo Forestal, en Santa Bárbara, más a título de daños y perjuicios el pago de los gastos en que incurrió el demandante desde la fecha del traslado a la sede Regional de la Biosfera Rio Plátano, hasta que se haga efectivo nuevamente sus traslado a la sede de área de manejo Forestal, en Santa Bárbara con el reconocimiento de cualquier otro beneficio que pudiere derivarse del contrato colectivo. 4.- Confirma el numeral cuarto. 5.- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el ICF antes COHDEFOR, en fecha dieciséis de octubre de dos mil ocho, en el cargo de Técnico Forestal asignado al área de manejo forestal en Santa Bárbara, devengando un salario mensual de L.17,968.78; que en fecha seis de agosto de dos mil once, se eligió la nueva Junta Directiva del SITRAICF para el periodo 2011-2013, habiendo sido electo el demandante, como Secretario de Actas del SITRAICF en la Región Nor-occidente; el dieciocho de agosto de dos mil once, el Presidente del SITRAICF, se avocó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de poner en conocimiento los nombres y cargos de las nuevas autoridades del SITRAICF, así como la solicitud para el correspondiente registro; en fecha dieciocho de enero de dos mil doce, el demandante recibió de la Sub-gerencia de Recursos Humanos el Memorándum DRH-06-2012, mediante el cual se le informó con instrucciones de la Dirección Ejecutiva que a partir del uno de febrero de dos mil doce, desempeñaría el puesto de trabajo en la Regional de Biosfera Rio Plátano, conservando su salario y su categoría; el tres de febrero del mismo año, mediante Memorándum OR-BRP-010-2012 se le informó al demandante que se le habían autorizado 27 días de vacaciones que comprenden desde el uno de febrero al ocho de marzo de dos mil doce; que el traslado de sede de trabajo impuesto al demandante es ilegal e injusto, ya que cláusula 48 del actual Contrato Colectivo, ordena que ningún directivo sindical podrá ser objeto de traslado si no es de su conocimiento, siendo éste Derecho extensivo para aquellos trabajadores que representan en forma permanente al Sindicato en las organizaciones de segundo y tercer grado; dicha protección se extiende desde su elección hasta 15 meses después de cesar en sus funciones

como directivo, esto en relación con los artículos 517 del Código del

Trabajo y 128 numerales 14) y 15) de la Constitución de la República; el demandado tenía conocimiento de la elección del demandante como Secretario de Actas del SITRAICF, por lo que no podía ser trasladado, pese a todo esto, el demandado procedió a ordenar el traslado a la Regional de Biosfera Rio Plátano el 18 de enero del 2012, violentando además lo estipulado en el artículo 81 de la Constitución de la República; el demandante es trasladado a una de las zonas del país que generan mayor gasto económico por su lejanía con el resto de la comunidad, en la cual la alimentación, el hospedaje, transporte,

por compra de productos básicos etc. se torna más costosa, pero no se le otorgaron más viáticos que el pago del pasaje aéreo a dicha zona, no habiendo incremento salarial, bono u otro medio compensatorio, poniendo en precario su economía y en consecuencia la de su familia; por lo que se concluye que el cambio de sede de trabajo fue efectuado en violación al derecho sindical que le asiste al demandante, tal es la protección del fuero sindical, contemplada en la Constitución de la República, Código del Trabajo y Contrato Colectivo. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que es improcedente la demanda en razón de que no se trata de un traslado, ya que en ningún momento existió cambio de funciones y es que según el mismo Contrato Colectivo en la cláusula No.48 párrafo segundo, establece que para que se genere un traslado es necesario que se opere un cambio de funciones y al demandante en ningún momento se le estaba cambiando las funciones, puesto o cargo, salario y categoría, por lo que se mantenían incólumes en la nueva sede de trabajo; que el SITRAICF únicamente notificó al demandado en fecha dos de septiembre de dos mil once, sobre los miembros de la Junta Directiva Central del Sindicato, no habiendo notificado antes del cambio de sede que el demandante hubiere sido elegido como Secretario de Actas del SITRAICF en la Región de Nor-Occidente y siendo que el demandado no fue responsable de dicho hecho por desconocer el mismo. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar el Defecto Material de Prescripción, opuesto por el representante procesal de la parte demandada; declarando sin lugar la demanda de que se ha hecho merito; absolviendo al Estado de Honduras a la restitución a una sede de trabajo, más a título de daños y perjuicios el pago de gastos efectuados, a favor del demandante, sin costas; bajo el criterio que entre la fecha de la notificación del traslado el veintitrés de enero de dos mil doce, fecha en la que el demandante se da por enterado del traslado, siendo loable realizar el computo del término a partir de dicha fecha por que como se ha expresado es la fecha en la que el demandante se enteró de la decisión tomada por el empleador, y la fecha en que el demandante acudió a la instancia administrativa gubernativa fue el ocho de mayo de dos mil trece, transcurriendo tres (3) meses con catorce (14) días para lo cual la acción ya había prescrito esto al tenor de lo establecido en el artículo 864 del Código del Trabajo, en consecuencia, es procedente declarar con lugar el defecto material de prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de mayo de dos mil quince, dictó sentencia revocando parcialmente los numerales 1, 2 y 3 de la sentencia definitiva proferida en primera instancia en el sentido de declarar sin lugar el defecto material de prescripción, opuesto por el representante procesal demandado; declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada Johana Waleska Barahona Espinoza, en su carácter de representante legal del señor Nathan Dazaet García Cantarero; condenando al ESTADO DE HONDURAS, proceda trasladar nuevamente al demandante a su sede de trabajo original en el área de manejo Forestal, en Santa Bárbara, más a título de daños y perjuicios el pago de los gastos en que incurrió el demandante desde la fecha del traslado a la sede Regional de la Biosfera Rio Plátano, hasta que se haga efectivo nuevamente sus traslado a la sede de área de manejo Forestal, en Santa Bárbara con el reconocimiento de cualquier otro beneficio que pudiere derivarse del contrato colectivo; confirmando el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que la demandada opuso el Defecto Material de Prescripción, sosteniendo que la acción para entablar la presente acción había prescrito por el simple transcurso del tiempo al no haber hecho uso el trabajador en tiempo y forma del plazo de dos meses que concede la Ley; sin embargo al efectuarse la operación aritmética de rigor, se encuentra que el trabajador fue formalmente notificado de su traslado a través de un Memorando de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, por medio de la Sub Gerente de Recursos Humanos, siendo dicho traslado de la sede de trabajo de la ciudad de Santa Bárbara, en el Departamento de Santa Bárbara, a la sede de la Biosfera del Rio Plátano, mismo que seria efectivo a partir del primero de febrero de dos mil doce; que con fecha tres de febrero de dos mil doce, el trabajador fue notificado a través del Memorando enviado por parte de la Licenciada Yaqueline Cabrera, en su condición de Sub Gerente de Recursos Humanos, que se le había autorizado veintisiete días de vacaciones y que las mismas corresponderían del uno de febrero al ocho de marzo de dos mil doce, tiempo durante el cual se encontraba en suspenso la relación de trabajo mientras el trabajador restablecía de su fuerza de trabajo, en ese sentido no cuenta ese periodo de tiempo para efectos de contabilizar la prescripción, vencido dicho término se comenzó a contar el plazo de dos meses para que el trabajador afectado por una decisión del patrono, pudiera ejercitar cualquier acción contra su empleador, siendo este el caso, el término inicia el día siguiente en que finalizó su periodo vacacional, o sea el nueve de marzo de dos mil doce, que es precisamente la fecha que cuenta, dentro de los dos meses siguientes para ser exactos, el día ocho de mayo de dos mil doce, presentando su gestión administrativa en fecha dieciséis de mayo del mismo año, contando nuevamente el término de dos meses que finalizó el dieciséis de julio de dos mil doce, en esa época la Corte Suprema de Justicia como es costumbre inició su primer periodo de vacaciones el día lunes dos de julio de dos mil doce, y finalizaba el dieciséis de julio de dos mil doce; que el diecisiete es el primer día hábil de reinicio de labores por parte de la Corte Suprema, que es justamente el día en que el trabajador presentó la demanda de que se hace merito, como se ha acontecido en el caso que se conoce, por lo que no le ha prescrito la acción al trabajador y la demanda fue presentada en tiempo y forma, no procediendo en consecuencia el Defecto Procesal de Prescripción opuesto como mecanismo de defensa por parte del demandado; el trabajador no puede ser trasladado de un lugar de trabajo a otro, sino es con el consentimiento expreso de éste, o que por la naturaleza de la actividad de la empresa se haya pactado en el contrato original de trabajo la movilización de éste a cualquier otro lugar o dependencia de trabajo propiedad de la institución, con la inclusión de gastos razonables de movilización y traslado de la familia del trabajador que vive con él y está bajo su dependencia, ya que todo traslado genera daños económicos y patrimoniales a todo el grupo familiar del trabajador, condiciones que no ha sido demostrada por la institución con ningún medio de prueba de los allegados al proceso, derechos protegidos por la norma laboral y por el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores del ICF y dicha institución estatal. 5. Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho merito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de septiembre de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacionalpara que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en el único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de una errónea o mala estimación o apreciación de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante, consistente en la prueba documental que consta a folio 26 de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de la norma sustantiva contenida en el artículo 20 literal b) del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al revocarel fallo dictado por el juzgado de primera instancia, incurrió en error de hecho, al existir una errónea o mala estimación o apreciación del medio de prueba singularizado consistente en la prueba documental aportada por la parte demandante, visible a folio 26 de la primera pieza de autos y citada expresamente en la sentencia recurrida en el considerando 7 de dicha sentencia, en la cual concluye la Corte sentenciadora que la prescripción interpuesta no es procedente, ya que cuenta el término de prescripción desde el primero de febrero del 2012, cuando debió de haberlo contado desde la fecha en que se le notifico el traslado que fue efectivamente desde el 18 de enero del 2012, tal y como consta a folio 26 de la primera pieza de autos.- Si la Honorable Corte recurrida hubiera apreciado correctamente el medio de prueba singularizado, habría concluido en base a la verdad real, que era procedente declarar con lugar la prescripción tomando en consideración la fecha del 18 de enero del 2012 y que la demanda se interpuso hasta el 17 de julio del 2012. Por lo expuesto lo afirmado por la Honorable Corte recurrida no corresponde a la realidad, ya que como se reitera debió contarse el término de la prescripción desde el 18 de enero del 2012 y por ende se ha incurrido en un error de hecho por la mala o errónea apreciación del medio de prueba singularizado. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por tanto formara libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la critica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar correctamente todas las pruebas allegadas en tiempo, tal y como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida y correcta apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello hizo incurrir en error de hecho por su mala o errónea apreciación. En el presente motivo, se ha identificado con absoluta claridad que el error de hecho es manifiesto y evidente, lo que genera como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva, reitero el error de hecho es manifiesto ya que aparece en pugna con la evidencia demostrada de haber sido apreciada correctamente la prueba singularizada, ya que en la sentencia recurrida se dio por probado una fecha desde la que se cuenta el término de prescripción, cuando en realidad la fecha era otra. Lo anteriormente expuesto hace admisible este motivo y con suficiente merito, para que la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, case la sentencia recurrida.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la norma que indica como violada (artículo 20 literal b) del Código de Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones reciprocas entre las partes o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa, el cual es un requisito sine qua non por lo que se imposibilita a este Tribunal conocer el recurso; en adición, la referida disposición no ha tenido ninguna incidencia en la decisión del fondo del litigio. IV. Que la parte recurrente solicita la nulidad de actuaciones, en la forma siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Resulta que en el caso de autos, la sentencia recurrida es defectuosa y con notoria falta de claridad, ya que tomando en consideración que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes y reunir los requisitos del artículo 200 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos y especialmente en el caso de la nulidad subsidiaria indicada, resulta que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en una desconexión total entre las pretensiones formuladas y la correcta denominación de las partes, señala en el acápite SON REPRESENTANTES DE LAS PARTES: a la ilustre Colega JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA le establece la condición de representante procesal demandado y al recurrente le establece la condición de representante procesal demandante, cuando es, en realidad todo lo contrario, similar defecto se establece en la parte resolutiva. Finalmente en la sentencia de segunda instancia, en la parte resolutiva al citar los fundamentos legales, en dicha sentencia recurrida citan los artículos 42 y 113 de la Constitución de la Republica y dichos artículos se refieren a la pérdida de calidad de ciudadano y con el divorcio respectivamente, además cita los artículos 113 y 117 del Código del Trabajo lo que igualmente nada tiene que ver con las pretensiones, con el objeto del proceso y debate, ya que los mismos se refieren al despido y al citar los artículos 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales y es el caso que dicha Ley no existe, ya que la ley existente es la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. Por todas las razones expuestas procede la declaratoria de nulidad.” V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, donde la situación planteada carece de asidero jurídico, resultando alegatos impertinentes, por ende no constituye un fundamento válido de nulidad. VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria alegada. 3) SINCOSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de diciembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 290-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO