Sentencia CL-289-15 — Registro 6444
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto por violación al contrato individual y colectivo de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no ha sido formulado con la debida claridad y precisión, debido a que omite desarrollar una explicación del mismo, sin la cual, el Tribunal no tiene la expresión de lo que pide se resuelva y lo que ha constituido un vicio en el fallo impugnado al no haberse aplicado la norma sustantiva indicada por el Censor, circunstancia que no puede suplirse oficiosamente, resultando ser una proposición jurídica incompleta y por lo tanto no resulta admisible. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha doce de agosto de dos mil quince, por el recurrente, Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); además es parte recurrida la señora MARIA INES BERNARDEZ SOLIS, representada en juicio por el Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto por violación al contrato individual y colectivo de trabajo, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, salario adeudado, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de agosto de dos mil doce, por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de representante procesal de la señora MARIA INES BERNARDEZ SOLIS, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su Ministro Director en ese entonces, señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha siete de abril de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado de la señora MARIA INES BERNARDEZ SOLIS, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, a través de su Director señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto por violación al contrato individual y colectivo de trabajo, a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas.- SEGUNDO: CONDENAR a el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, a través de su Director señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, A PAGAR a favor de la demandante los conceptos siguientes: preaviso L. 33,133.32; auxilio de cesantía L. 165,666.66; auxilio de cesantía proporcional L. 11,552.44; vacaciones proporcionales L. 7,697.95; aguinaldo proporcional L. 6,352.09; decimo cuarto mes proporcional L. 13,452.04; haciendo un total de L. 237,854.44; más a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del auto despido hasta que el presente fallo judicial adquiera firmeza.- TERCERO: Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el Abogado LEOPOLDO ENRIQUE ROMERO BANEGAS, en su condición de apoderado de la señora MARIA INES BERNARDEZ SOLIS, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, a través de su Director señor CESAR DAVID ADOLFO HAM PEÑA, en cuanto a la pretensión de pago de salarios adeudados, en consecuencia se ABSUELVE a la parte demandada de ese único concepto.-CUARTO: SIN COSTAS...”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició a laborar para la institución demandada el 1 de octubre del 2001, en el puesto de Capacitadora de Reforma Agraria, adscrita a la Regional del Litoral Atlántico, devengando un salario mensual de L.14,200.00, pero que promediado a los últimos 6 meses suma la cantidad de L.17,750.00; el 31 de enero de 2012, el INA mediante nota dirigida a la demandante le notificó de manera arbitraria y sin justificar la suspensión de sus vacaciones, violentándose de esta manera lo establecido en el artículo 351 del Código del Trabajo; la demandante fue objeto de una deducción salarial ilegal por parte del INA, referente al pago del mes de abril del 2012, por supuestas inasistencias, la cual está debidamente justificada según nota de fecha 19 de marzo de 2012, por actividad sindical como afiliada de la Seccional No.7 del SITRAINA, permiso que debió concederse con goce de sueldo, al tenor de la cláusula 41 del IX Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo; que ante las violaciones del Contrato Individual de Trabajo y el Contrato Colectivo, la demandante tomó la decisión de dar por terminada la relación de trabajo con el INA, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, mediante la acción de despido indirecto, el que fue entregado por un inspector del trabajo el 11 de junio del 2012 a las autoridades del INA, conservando el derecho a sus prestaciones e indemnizaciones legales, como el caso del despido injusto, por incumplimiento de las obligaciones convencionales o legales por parte del patrono, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que se rechaza los extremos de la demanda y alega en su defensa que el INA por urgente necesidad decidió suspender el goce de vacaciones correspondientes al período 2011-2012 a la demandante, los cuales estarían pendientes de disfrutar hasta segunda orden; que dicha suspensión se le aplicó a todos los trabajadores que deberían gozar sus vacaciones en el mes de febrero de 2012, asimismo, que por cumplir las metas trazadas al momento de la suspensión no se les explicó el motivo de la misma ya que la urgencia no necesitaba ser explicada por razón que la demandante lo único que tenía que hacer era seguir con las funciones normales de su actividad laboral, en cuanto a la deducción de su salario se realizó en virtud que la demandante no contó con la autorización legítima para que se ausentara de su centro de trabajo; la demandante en un descaro evidente trata de confundir con una supuesta violación a la contratación colectiva argumentando que por esa simple deducción laboral daba por terminada la relación de trabajo por un supuesto despido indirecto, pero lo que no mencionó la demandante es que a partir del 28 de junio de 2010 comenzó a gozar de permisos sin goce de sueldo manifestando que por razones familiares se miraba en la obligación de retirarse de sus funciones, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que la
demandante se trasladó a residir a los Estados Unidos de América, evidenciando
que la solicitud de permisos sin goce de sueldo, era para trasladarse a ese país, lo cual es completamente inaceptable lo solicitado por la misma, ya que la demandante no fue despedida de su puesto de trabajo sino que fue ella quién dio por terminada la relación de trabajo sin justa causa. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de abril de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Leopoldo Enrique Romero Banegas, en su condición de apoderado de la señora María Inés Bernárdez Solís, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto por violación al contrato individual y colectivo de trabajo, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; condenando al demandado al pago a favor de la demandante por la cantidad de L. 237,854.44 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; declarando sin lugar la demanda en cuanto a la pretensión de pago de salarios adeudados, en consecuencia se absuelve a la parte demandada de dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que consta de autos la cláusula número 39 del contrato colectivo que suscribió la institución demandada con el Sindicato, misma que obliga al empleador a conceder las vacaciones únicamente en la fecha en que legítimamente le corresponden, si bien el Código del Trabajo contempla la excepción a la regla en cuanto a la fecha del disfrute de vacaciones que es la urgente necesidad del empleador, no es menos cierto que con fundamento en el principio de buena fe laboral, el empleador estaba en la obligación de informar el motivo por el cual se le iban a suspender las vacaciones a la demandante y demás compañeros, tomando en cuenta que el período de vacaciones del cual iba a gozar la demandante ya había sido oficialmente notificado y constituye un derecho laboral irrenunciable quedando vedada la posibilidad para el empleador de disponer de dicho derecho unilateralmente; en consecuencia se ha violentado las obligaciones convencionales que incumben al empleador y que causa sin excusa, la decisión del despido indirecto por parte del trabajador. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el Código de Trabajo establece que los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de vacaciones, pero por urgente necesidad del patrono, éste podrá requerir al trabajador a suspender éstas y reintegrarse a su trabajo, no es menos cierto que todo trabajador tiene el derecho de saber concretamente cual es el motivo de tal interrupción o la urgente necesidad que está atravesando la institución para prestar su colaboración en la solución de la dificultad generada por ausencia de empleados que gozan de su período vacacional; resultando evidente que en la institución demandada no informó o notificó a la trabajadora de esta circunstancia, extremo reconocido llanamente por la demandada en el escrito de contestación de la demandada; tampoco se demostró al juzgado de primera instancia en qué consistió dicha necesidad apremiante, que lo obligó a suspender las vacaciones de sus empleados, por lo menos de manera general, si el asunto era de carácter reservado; reconoce igualmente la demandada que por dicha inasistencia la actora fue objeto de una sanción pecuniaria, consistente en la deducción de salario por no hacerse presente a su centro de trabajo, acontecimiento que motivo a ésta a dar por terminado el contrato de trabajo de forma indirecta, conservando el pago de todos sus derechos laborarles. 5. Mediante auto de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha doce de agosto de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de septiembre de dos mil quince, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado JOSUE ARIEL ALONSO CRUZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para que contestara la demanda de casación planteada, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por INFRACCION DIRECTA, del artículo351 párrafo segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas legales sustantivas infringidas de orden nacional están contenidas en los siguientes Artículos 351 párrafo segundo del Código del Trabajo, por falta de aplicación. La consiguiente violación de la ley sustantiva influyó decisivamente en el sentido de la resolución impugnada, pero de no haberse incurrido en tal infracción la sentencia sería distinta, por lo tanto el fallo impugnado es manifiestamente ILEGAL, no se ha dictado según la ley, no se ha realizado el Derecho Subjetivo, por lo que la casación debe entrar a restaurarlo ”. III. Que el cargo que antecede no ha sido formulado con la debida claridad y precisión, debido a que omite desarrollar una explicación del mismo, sin la cual, el Tribunal no tiene la expresión de lo que pide se resuelva y lo que ha constituido un vicio en el fallo impugnado al no haberse aplicado la norma sustantiva indicada por el Censor, circunstancia que no puede suplirse oficiosamente, resultando ser una proposición jurídica incompleta y por lo tanto no resulta admisible. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de noviembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 289-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO