Sentencia CL-266-15 — Registro 5715
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salario adeudado y horas extras adeudadas, en virtud del vencimiento de contrato de trabajo; segunda instancia confimó sin lugar la demanda y con lugar el pago de salarios adeudados y derechos adquiridos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que el Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo y haga uso de términos propios de la segunda instancia, al solicitar que se confirme y a la vez se revoque el fallo en primera instancia, cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, abogado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.); en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salario adeudado y horas extras adeudadas, en virtud del vencimiento de contrato de trabajo, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de enero de dos mil catorce, por el señor RAMON ENRIQUE MEJIA ORTIZ, mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medio de su representante legal, señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA, mayor de edad, casado hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de mayo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha once de marzo de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral Para el pago de prestaciones Laborales promovida por el señor RAMON ENRIQUE MEJIA ORTIZ, contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medio de su Director señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA; 2) ABSOLVER a EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medio de su Director señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA, a pagarle al señor RAMON ENRIQUE MEJIA el preaviso y auxilio de cesantía que conforman las prestaciones laborales; 3) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral Para el pago de Salarios adeudados y Derechos Adquiridos promovida por el señor RAMON ENRIQUE MEJIA ORTIZ, contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medio de su Director señor JORGE ARTURO REINA GARCIA; 4) CONDENAR a EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medio de su Director señor JORGE ARTURO REINA GARCIA, a pagarle al señor RAMÓN ENRIQUE MEJIA la cantidad de TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 33,481.77) desglosado en los siguientes conceptos SALARIO ADEUDADO (3 MESES) L. 26,258.00; 2) DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.3,625.03; 3) DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.2,189.03 4) VACACIONES PROPORCIONALES L.1,409.71; 5) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a trabajar para el Registro Nacional de las Personas (RNP), en fecha 02 de julio de 2013, devengando un salario mensual de L.8,765.00, asignado en la oficina regional de Villanueva, Cortés como personal de apoyo de dicha institución; en fecha 27 de agosto de 2013, a través de un fax la demandada le hizo llegar el oficio No. DRH-3199-13, el cual contenía la nota en la que le notificaban la cancelación de su contrato de trabajo, sin embargo según la circular No. DRH-17-2013 de fecha 02 de septiembre de 2013, se notificó a los registradores municipales una prórroga de contratación de personal de apoyo hasta el 30 de noviembre de 2013; en base a dicha circular el jefe inmediato del demandante, le indico que su contrato de trabajo había sido prorrogado hasta noviembre del año 2013; es de resaltar que para poder cumplir a cabalidad con las exigencias del Tribunal Supremo Electoral, se les manifestó a los trabajadores de la institución demandada que debían quedarse laborando horas extras, por lo cual iniciaban a trabajar a las 7:00 am y terminaban en la mayoría de los casos hasta las 11:00 pm., sin embargo a la fecha la institución demandada no ha pagado el salario que correspondiera a los meses de septiembre, octubre y noviembre, tampoco ha reconocido el pago de las horas extras laboradas en dichos meses, siendo injusto e ilegal el mismo.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado por tiempo determinado, como personal de apoyo en el Registro Civil Municipal de Villanueva, Cortés, para planificar, organizar, dirigir, desarrollar y administrar exclusivamente el sistema integrado del registro civil e identificación de las personas naturales y proporcionar permanentemente al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sin costo, toda la información necesaria para que este elabore el Censo Nacional Electoral; su contratación se realizó de forma temporal debido a que en los años en los que hay procesos electorales, elecciones primarias y generales, se necesita personal de apoyo para cubrir todas las necesidades que se dan a estos procesos, como el que el demandante realizaba; siendo contratado el 01 de julio del año 2013 con vigencia hasta el 31 de agosto del mismo año, situación conocida por el demandante, por lo que la terminación del contrato de trabajo se dio por la llegada del término por el cual fue estipulado el mismo y no acarrea responsabilidad alguna para las partes; el demandado al no necesitar sus servicios, se le comunicó al demandante mediante Oficio No. DRH 3199-13 de fecha 27 de agosto de 2013 la no renovación de su contrato de trabajo y que el mismo llegaba a su fin el 31 de agosto del 2013, en virtud de ser esa la fecha de su vencimiento; en cuanto a la supuesta prórroga alegada por el demandante, solo le era aplicable al personal al que no se le notificó que su contrato llegaba a su fin.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha once de marzo de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Ramón Enrique Mejía Ortiz, contra el Registro Nacional de las Personas; absolviendo al demandado a pagarle al demandante el preaviso y auxilio de cesantía que conforman las prestaciones laborales; declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados y derechos adquiridos; condenando al demandado al pago a favor del demandante de la cantidad de L. 33,481.77 por los conceptos salario adeudado (3 meses), decimocuarto mes proporcional, decimotercer mes proporcional, vacaciones proporcionales, sin costas; bajo el criterio que el demandante fue contratado bajo la modalidad de contrato a tiempo determinado desde el 01 de julio al 31 de agosto de 2013, desempeñándose como Personal de Apoyo, dicha contratación se basó en la necesidad de personal por el proceso electoral del año 2013, tal como consta en el punto de acta 5.5.6 de sesión ordinaria celebrada por el Directorio del Registro Nacional de las Personas de fecha 02 de julio de 2013; cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo, e incumpliendo las condición de continuidad regulada en el artículo 347 del Código de Trabajo y en consonancia con lo antes expuesto y considerando que las pretensiones de la parte demandante se contraen al pago de prestaciones laborales, derechos que únicamente proceden una vez que en juicio es probado el despido ilegal e injusto, hecho que no fue probado, por lo que se llega al firme convencimiento de declarar sin lugar la demanda de mérito; por otra parte, el demandante además de las prestaciones laborales reclama el pago del salario de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2013; al respecto ha quedado constatado en autos que si bien es cierto el contrato de trabajo por tiempo determinado tuvo vigencia hasta el 30 de agosto de 2013, no es menos cierto que mediante circular N°DRH17-2013 de fecha 02 de septiembre de 2013 que en su numeral 3, se manifestó una prórroga de contratación al personal de apoyo hasta el 30 de noviembre de 2013, y si bien se acreditó que el demandante no se registraba en los controles de asistencia diario, pero para acreditar que efectivamente se le adeudan dichos salarios la parte demandante presentó la nota de fecha 16 de diciembre de 2013, la que contiene la comunicación realizada por el señor Maridani Wense Rosa, Registrador Civil Municipal de Villanueva, Cortés al Lic. Humberto Sánchez Aguilera, Jefe de Personal del Registro Nacional de las Personas, en donde el primero le informa al segundo que el demandante, cumplió con el contrato de trabajo de acuerdo a lo que establecía el oficio DRH233-13 de fecha 02 de julio de 2013 que comprende del 01 de julio al 31 de agosto del presente y su ampliación del mismo en base a la circular DRH-23-2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, la cual comprende del periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre, y que se le adeudan el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013 y las horas extras de fecha 23 y 24 de noviembre, asimismo, según la declaración del señor Humberto Sánchez Aguilera, Jefe de personal del Registro quién manifestó al preguntársele como se dio cuenta que el demandante siguió laborando después de la notificación del vencimiento del contrato; por lo que del análisis en su conjunto de lo anteriormente expuesto, se considera que no es imputable al trabajador la errónea interpretación realizada en cuanto a la prórroga de los contratos de trabajo, también siendo que el superior inmediato del demandante acepta que se le adeudan dichos conceptos al demandante, es procedente declarar con lugar dichos pagos, a excepción de las horas extras en virtud que la parte actora no acreditó cuantas horas extras laboró los días señalados siendo imposible para esta Juzgadora determinar a cuánto asciende dicho pagos; también se demanda el pago de derechos adquiridos, los cuales se le adeudan al demandante.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de estas sección judicial, en fecha seis de mayo de dos mil quince, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que está acreditado de autos la relación laboral que existió entre el trabajador y el empleador, iniciada bajo la modalidad de un contrato de trabajo por tiempo limitado, iniciando el 01 de julio al 31 de agosto del 2013 el cual fue ampliado en base a la circular DRH-23-2013 de fecha 18 de noviembre del 2013 del periodo 01 de septiembre al 30 de noviembre del mismo año; el demandante fue contratado como personal de apoyo, por el tiempo limitado en base a necesidad de personal por el proceso electoral del año 2013 según Punto de Acta No. 5.5,6 de la Sesión celebrada por el Directorio del Registro Nacional de las Personas de fecha 02 de julio del 2013; la parte actora probó en juicio que el empleador le adeuda el pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre, más las horas extras de fecha 23 y 24 de noviembre del 2013, al igual que los derechos adquiridos por lo que procede imponer la obligación al empleador de hacerlos efectivo su pago.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al Recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintisiete de julio de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la naturaleza propia del recurso de casación laboral es la de un verdadero juicio especial, por su medio se impugna una sentencia judicial que hace tránsito a cosa juzgada, acusada de ser violatoria de ley sustantiva o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta; por tal razón, esta vía extraordinaria requiere de un alto grado de tecnicidad y, como consecuencia de ello, este Alto Tribunal, para poder examinar a profundidad el fallo censurado, primero debe comprobar que la demanda de casación cumple con todos los requerimientos legalmente establecidos.- II. Que el abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, desarrolla el petitum de su demanda de casación de la manera siguiente: “FALLA: PRIMERO: CASAR TOTALMENTE LA SENTENCIA dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 06 de mayo del año 2014, que motiva el presente Recurso de Casación de que se hace mérito. SEGUNDO: CONFIRMAR los numerales 1) y 2) de la Sentencia Definitiva de primera instancia y REVOCAR los numerales 3), 4) y 5) de la referida Sentencia, por no corresponderle esos supuestos derechos al demandante y condenarlo en costas; en consecuencia, ABSUELVE al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) de todo lo solicitado en la Demanda.- TERCERO: CON COSTAS.”.- III. Que el alcance de la impugnación debe estar explicado en la demanda de casación laboral con claridad y propiedad, pues de la forma en que aparezca concretada la voluntad del recurrente, depende que la Corte de Casación pueda o no orientar su actividad examinadora y conocer los límites dentro de los cuales debe circunscribir su poder de decisión. En el sub-júdice, el Alcance de la Impugnación en la forma expuesta resulta ser inapropiado debido a que el Recurrente pretende que este Tribunal, una vez constituido en sede de instancia, actúe como si fuese la Corte de Apelaciones del Trabajo y haga uso de términos propios de la segunda instancia, al solicitar que se confirme y a la vez se revoque el fallo en primera instancia, cuando lo procedente es casar la sentencia y luego decidir en forma directa el asunto litigioso, como lo haría el órgano jurisdiccional de primer grado.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- V. Que en la formalización de la demanda de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece, o se presenta en forma defectuosa, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y consecuentemente, el recurso se vuelve inestimable, tal como acontece en el caso de mérito.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dos días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha doce de enero del dos mil , dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 266-15.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL