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Sentencia CL-257-15 — Registro 6523

Resumen

Segunda instancia confirmó declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que este Tribunal conforme con la doctrina, en reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expedientes números SL 09-11, SL 02-11 y SL 20-11); y siendo que en el presente caso, la existencia de la terminación de la relación laboral que vinculaba a las partes, fue una cuestión controvertida en el proceso, por ende objeto del material probatorio, por lo que no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de julio de dos mil quince, por el Abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, bajo el numero 14379, actuando en su condición de apoderado de la ASOCIACIÓN PUEBLOS FRANCISCANOS DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS APUFRAM; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de la Ley de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha seis de junio del año dos mil catorce, por el señor RENE PEREZ GONZALES, mayor de edad, soltero, profesor de educación media, hondureño y con domicilio en el caserío de las mercedes, municipio de la Villa de San Antonio, departamento de Comayagua, en contra de la ASOCIACIÓN PUEBLOS FRANCISCANOS DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS APUFRAM, por medio de su representante legal, WILMER GUARDADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha cinco de febrero del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo por Ministerio de la Ley de Comayagua, Departamento de Comayagua, de la siguiente manera: “SEGUNDO.- SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN opuesta por el abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO en contra de la demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de auxilio de cesantía proporcional, pago de vacaciones proporcionales, pago de décimo cuarto mes proporcional, pago de aguinaldo proporcional, salarios dejados de percibir, pago de daños y perjuicios, motivado por despido injustificado producido por la parte patronal. Presentada por el señor RENÉ PÉREZ GONZÁLEZ.- TERCERO: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA presentada por el señor RENÉ PÉREZ GONZÁLEZ, en contra de la ASOCIACIÓN PUEBLOS FRANCISCANOS DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS APUFRAM representada por el abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO en la demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de auxilio de cesantía proporcional, pago de vacaciones proporcionales, pago de décimo cuarto mes proporcional, pago de aguinaldo proporcional, salarios dejados de percibir, pago de daños y perjuicios, motivado por despido injustificado producido por la parte patronal.- CUARTO: SE CONDENA DE LA ASOCIACIÓN PUEBLOS FRANCISCANOS DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAM) representada por el abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO A PAGAR AL SEÑOR RENE PÉREZ GONZÁLEZ la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PUNTO CUARENTA Y SEIS CENTAVOS por los siguientes conceptos Preaviso Lps. 34,044.62; Auxilio de Cesantía Lps. 272,356.96; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 12,812.12; Vacaciones Proporcionales Lps. 8,545.19, Aguinaldo Proporcional Lps. 2,470.66; Décimo cuarto mes Proporcional Lps. 9,765.91; mas los salarios dejados de percibir hasta que la sentencia adquiera carácter de firme.- SIN COSTAS ANTE ESTA INSTANCIA”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.-El demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar como docente para la demandada en fecha 01 del año 1997, en la aldea Flores, Municipio de La Villa de San Antonio, departamento de Comayagua; que en fecha 01 de Marzo del año 2014, fue despedido, verbal e injustificadamente por el Licenciado Wilmer Guardado, en su condición de Jefe de Personal, lo cual sucedió al haberle informado y presentado documentación de su jubilación proveniente del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA) por desempeñarse como Director en la Escuela AUGUSCTO C. COELLO, por tal razón se personó el las oficinas de la Inspectoría Regional del Trabajo, de la ciudad de Comayagua, para que le hicieran el cálculo de las prestaciones laborales, posteriormente el 6 de mayo del año en curso, el Inspector de Trabajo se personó junto con su apoderado a las oficinas patronales para constatar el despido de que había sido objeto, donde el Jefe de Personal de la demandada manifestó que el actor nunca fue despedido, aduciendo que una vez jubilado, este no podía seguir laborando para la institución demandada, que para que continuara laborando para la demandada, pero bajo una nueva contratación, tenía que haber adquirido una constancia emitida por la Dirección Departamental de Comayagua, en donde esta manifestara que este podía continuar laborando para la institución demandada, pero bajo una nueva contratación o relación laboral. Que agotó el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, la Asociación de Pueblos Franciscanos de Muchachos y Muchachas (APUFRAM), contestó dicha demanda señalando que el demandante tramitó su Jubilación de manera voluntaria ante el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (IMPREMA), obteniendo la aprobación su jubilación, por la cantidad de treinta mil ciento setenta y siete lempiras con noventa y cuatro centavos mensuales (L. 30,177.94), dicho monto se dio debido a que el actor tenía una doble cotización con el IMPREMA, pues laboraba en dos centros educativos en la aldea Las Flores, uno de ellos la Escuela Augusto C. Coello y el otro el Instituto Maximiliano Kolbe y producto de las aportaciones que ambos patronos realizaban al INPREMA a su favor, por lo que el valor de su jubilación se duplica. Señala que la relación laboral entre las partes está regulada por el Estatuto del Docente Hondureño, y en su artículo 72 numeral 2), se estipula que son causas de terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes “la muerte, la incapacidad total o permanente o la jubilación del docente”, y el Código del Trabajo en su artículo 120 inciso f) preceptúa que “no tendrá derecho a auxilio de cesantía el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una Jubilación, pensión de vejez o de retiro concedidas por el Estado; por lo que en conclusión, al demandante no se le despidió sino que la relación laboral llegó a su término producto de su jubilación, es por ello que al momento de presentarse el Inspector de Trabajo, el 6 de mayo del 2014, se le indicó claramente que no hubo ningún despido hacia el demandante, como él aducía que podía seguir trabajando, pese a su jubilación, se le solicitó constancia que lo justificara, la cual nunca presentó. En la audiencia primera de trámite, opuso la excepción o defecto material de prescripción, aduciendo que el demandante alega que fue despedido el 1 de marzo del 2014, que el artículo 864 del Código del Trabajo le otorga el término de 2 meses para reclamar ante la autoridad competente, por lo que él tenía hasta el 2 de mayo de ese año para ejercitar la acción, lo cual hizo hasta el 8 de ese mes ante el Ministerio del Trabajo o sea 7 días después del plazo indicado. 3.- El Juzgado de Letras Seccional y del Trabajo de Comayagua, en fecha cinco de febrero del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva declarando SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales promovida por el señor René Pérez Gonzales en contra de la Asociación Pueblo Franciscano de Muchachos y Muchachas (APUFRAM); absolver a la demandada al pago de los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, aguinaldo proporcional, salarios caídos dejados de percibir, pago de daños y perjuicios. Declara con lugar la excepción de prescripción de la acción opuesta. Sin Costas; bajo el criterio que si bien es cierto el demandante trabajó para la hoy demandada, este presentó su jubilación voluntaria, no teniendo con ello derecho a mas indemnizaciones laborales. Además se deduce del escrito de la presente acción que la fecha de terminación de la relación laboral fue el 01 de marzo del año 2014, el trabajador compareció a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el 8 de mayo del 2014 y presentó su demanda el 06 de junio del año 2014, por consiguiente el derecho de acción de la parte actora ya había prescrito, puesto que el actor únicamente cuenta con dos meses para poder legalmente ejercitar una acción contra su patrono, contados a partir según el caso concreto desde la terminación laboral, por lo que cabe declarar con lugar la excepción de prescripción de la acción interpuesta por el demandado. 4.- La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha doce de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva revocando la proferida por el a-quo, declarando sin lugar la excepción de prescripción de la acción opuesta, con lugar la demanda presentada por el señor René Pérez González, en contra de la Asociación Pueblos Franciscanos de Muchachos y Muchachas (APUFRAM); Condena a la demandada a pagar la cantidad de trescientos treinta y nueve mil novecientos noventa y cinco punto cuarenta y seis centavos, sin costas; con el criterio de que de la prueba aportada por la demandada solo se acredita que al maestro reclamante le fue otorgada la jubilación a partir del 01 de febrero del 2014, sin que haya defendido el recurrido la fecha exacta en la que efectivamente ha cesado la relación laboral; sin embargo la parte demandante y recurrente han apuntado en el hecho segundo de su escrito de demanda, que la relación laboral ha culminado el uno (01) de marzo del 2014, pero de las actuaciones previas al reclamo judicial hechas en la Inspectoría del Trabajo, para la constatación de un despido verbal hecho al trabajador, reflejan que la relación laboral continuó después de el otorgamiento de la jubilación, hasta el mes de abril, pues el licenciado Wilmer Guardado recibe la orden del Director que el profesor reclamante ya no seguiría trabajando y que mejor preparara el cheque para el pago de los días de clases del mes de abril que había trabajado, lo cual confirma que continuaba existiendo la relación laboral entre empleador y empleado con todas las características del contrato de trabajo que contiene la norma laboral apuntada, por lo que se entiende que el cese de la relación laboral se ha producido el 17 de abril del 2014, y por lo tanto dicha fecha la que se tiene como inicio del término de dos meses que requiere la excepción de la prescripción de la acción del trabajador, es decir la acción prescribía el 17 de junio del 2014 y la demanda fue presentada en fecha 06 de junio del 2014; razón por la cual resulta claro observar que aun no habían trascurrido los dos meses que señala la ley laboral para la prescripción, desestimando de esta manera la prescripción como método destructivo de la acción del trabajador en la presente litis. Por otra parte aun y cuando el artículo 72 del Estatuto del Docente Hondureño, en su inciso b) señala que la Jubilación es una de las causas de la terminación del contrato laboral, este motivo no puede ser automático, donde la relación o contrato individual del trabajo persiste con todas sus características, sino que debe de ser la justificación del patrono para dar por terminada unilateralmente el contrato de trabajo, estableciendo como eventual causal la jubilación del trabajador como lo establece el artículo 117 del Código del Trabajo, realizando el correspondiente preaviso, por escrito o si es verbal mediante dos testigos como lo informa la norma apuntada; pues en el caso de autos aun y cuando ya se le había concedido la jubilación al docente para el uno de febrero, la relación laboral no había culminado entre partes, por la inexistencia de posición de la parte patronal de término unilateral del contrato de trabajo. Que según el artículo 2 del Código de Trabajo, exceptúa de la aplicación de las disposiciones del mismo, a grupos de personas que participen en cierto tipo de actividades, sin embargo no excluye a los docentes de centros privados como la Asociación de Pueblos Franciscanos de Muchacho y Muchachas, por lo tanto es aplicable el Código del Trabajo en la presente contienda; ya que el aplicar el contenido de la norma 72 del Estatuto del Docente sin seguir el procedimiento laboral vicia de nulidad el acto, ya que resultaría una tergiversación de derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o previsión social otorgan a los trabajadores, siendo que en el caso de los autos el trabajador ha emplazado al patrono para que este acredite la justa causa del despido y siendo que el empleador no cumplió el requisito de preaviso con invocación de la causal de despido cometida por el empleado, el mismo es ilegal. Como bien quedó acreditado en autos que persistía el contrato y la relación laboral aun y cuando al trabajador le había sido concedida la jubilación y según el artículo 120 inciso f) del Código del Trabajo la única prestación a que no tiene derecho el trabajador en tal condición, al auxilio de cesantía, cuando la protección de jubilación sea superior sea equivalente a la referida indemnización y en el caso de los autos se acreditó que la jubilación otorgada al trabajador resulta ser en la cantidad de treinta mil ciento setenta y siete punto noventa y cuatro centavos (L. 30,177.94), resultando inferior a la indemnización por este concepto, la que según el calculo de prestaciones e indemnizaciones laborales levantado por el Inspector del Trabajo dependiente de la Secretaría de Trabajo asciende a la cantidad de Doscientos Setenta y Dos mil Trescientos Cincuenta y Seis punto Sesenta y Dos centavos (L. 272,356.62), por lo tanto corresponde también el reconocimiento de esa pretensión de la demanda, como a las indemnizaciones que según el Código le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir hasta la fecha de la firmeza de la sentencia. 5.- Que mediante auto de fecha veintisiete de mayo del año dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO, actuando en su condición de apoderado de la ASOCIACIÓN PUEBLOS FRANCISCANOS DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS APUFRAM, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, departamento de Comayagua de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- Que en fecha veinte de julio del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO, en su condición de apoderado de la ASOCIACIÓN PUEBLOS FRANCISCANOS DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS APUFRAM, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de fecha veinte de julio del año dos mil quince, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de agosto del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ALEJANDRO NOLASCO CASTELLANOS, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado EDMON GABRIEL MADRID ROMERO, en el primer motivo de casación, alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la falta de apreciación del medio de prueba documental propuesta por la parte demandante que obra a folios 1, 2, 3, 4, 5 y 11 de la primera pieza de autos así como el medio de prueba documental propuesto por la parte demandada que obra a folio 47 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantiva nacionales de índole laboral violada por la sentencia recurrida está contenida en el artículo 864 del Código del Trabajo en relación con el artículo 862 párrafo primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. FALTA DE PRUEBA APRECIADA. La falta de prueba apreciada en este motivo consiste en: DOCUMENTAL: consistente en:1) Libelo de demanda de fecha 02 de junio de 2014 que obra a folios 1, 2 y 3 de la primera pieza de autos. 2) Acta de cierre de diligencias administrativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida de fecha 06 de mayo de 2014 que obra a folio 4 de la primera pieza de autos. 3) Hoja de cálculo de prestaciones laborales de fecha 31 de marzo de 2014 que obra a folio 05 de la primera pieza de autos. 4) Solicitud de los servicios de conciliación de fecha 08 de mayo de 2014 que obra a folio 11 de la primera pieza de autos. 5) Convocatoria a audiencia de conciliación de fecha 08 de mayo de 2014 que obra a folio 47 de la primera pieza de autos. 6) Nota de fecha 06 de octubre de 2014 suscrita por la el señor Rigoberto Lanza en su Director del Instituto Maximiliano Kolbe que obra a folio 55 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN La sentencia recurrida condena a la ASOCIACIÓN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAN) a pagar a favor del trabajador RENE PEREZ GONZALEZ las prestaciones e indemnizaciones laborales sin percatarse que la acción del trabajador para exigir tal derecho está prescripto. En efecto en el libelo de la demanda, concretamente al hecho segundo, el trabajador afirma haber sido despedido verbalmente el 01 de marzo de 2014, y así lo ha sostenido previamente tanto cuando fue a calcular sus prestaciones e indemnizaciones laborales como cuando fue a solicitar los servicios de conciliación a la secretaria del Trabajo (05 y 11de la primera pieza de autos). Partiendo de la fecha 01 de marzo de 2014 y al momento en que acude a solicitar los servicios conciliatorios, 08 de mayo de 2014 (de nuevo ver el folio 11 de la primera pieza de autos) se puede apreciar sin esfuerzo alguno que ya han transcurrido más de los dos meses que confiere el artículo 864 del código del trabajo para ejercitar en el tiempo la acción contra mi representada y por lo tanto opera lo que dispone el artículo 862 párrafo primero del código del trabajo que libera de una obligación impuesta por ese código a la parte afectada, por el mero transcurso del tiempo. Por tanto cuando el trabajador acude al Juzgado a ejercer su acción está ya se encuentra prescripta. Las dos normas jurídicas de índole laboral señaladas en el parágrafo anterior he infringidas indirectamente, otorgan en conjunto un derecho a favor de la ASOCIACIÓN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAN), del que ha sido privada la ASOCIACION por un error de hecho consistente en la falta de apreciación de los documentos supra señalados por parte del Ad quem y que ha llevado a condenar a la ASOCIACIÓN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAN), a pagar prestaciones e indemnizaciones laborales a favor del señor RENE PEREZ GONZALEZ cuyo derecho se ejerció fuera del plazo que señala la ley. En el razonamiento expuesto en la sentencia impetrada, el Ad quem da por sentado que el despido ha ocurrido el 17 de abril de 2014 (y no el 01 de marzo como lo alega el mismo actor en su demanda) y para ello hace una serie de deducciones de una acta levantada por un inspector del trabajo pero que demuestra más bien que tampoco el Ad quem apreció la nota de fecha 06 de octubre de 2014 suscrita por la el señor Rigoberto Lanza en su Director del Instituto Maximiliano Kolbe que obra a folio 55 de la primera pieza de autos, en la que el Director informa que del 14 al 16 de abril de 2014 no se presentó el personal docente, administrativo y alumnado por motivo de SEMANA SANTA, en consecuencia el despido jamás pudo haber ocurrido el 17 de abril de 2014 como lo afirma el Ad Quem y que demuestra su falta de apreciación con respecto a la prueba señalada.” III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible ya que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. También se ha señalado que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado por el tribunal es abiertamente contrario a lo probado en el juicio. A criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador, en lo que respecta a la estimación de que la prescripción alegada no ha operado, dado que es la misma demandada que ha provocado la incertidumbre sobre la fecha concreta de terminación de la relación laboral que vinculo a las partes, lo cual derivo que en el criterio del ad-quem, la fecha de su finalización es el 17 de abril del año 2014, al razonar que existió una orden del director del centro educativo, de que el demandante ya no debía de trabajar y que se le extendiera el cheque de pago de los días trabajados en ese mes, lo cual configura la aplicación de la regla in dubio pro operario del principio protectorio que rige el ordenamiento laboral. IV. Que el Recurrente, en su segundo motivo de casación arguye lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de error de hecho debido a la errónea apreciación del medio documental propuesta por la parte demandada que obra a folios 48, 49 y 57 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantiva nacionales de índole laboral violadas por la sentencia recurrida están contenidas en el artículo 77 párrafo introductorio, numeral segundo, del Estatuto del Docente Hondureño en relación con el artículo 72 del Estatuto del Docente Hondureño y el artículo 120 inciso f) del Código del Trabajo. REGLAS PROCÉSALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente en este motivo consiste en: DOCUMENTAL: consistente en: 1) OFICIO-SG-No.79-2014 de fecha 22 de agosto de 2014 extendida por la Secretaria General del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio que obra a folios 48 de la primera pieza de autos. 2) Constancia de fecha 20 de agosto de 2014 extendida por el Departamento Administrativo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio que obra a folio 49 de la primera pieza de autos. 3) Planilla de sueldo correspondiente al mes de enero de 2014 que obra a folio 57 de la primera pieza de autos PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. En la motivación de la sentencia impetrada se observa que el Ad quem ha apreciado erróneamente la obtención de una jubilación voluntaria por parte del señor RENE PEREZ GONZALEZ y considera a la misma como causal de despido de la que debe valerse el patrono, en este caso mi representada, para despedir justificadamente al señor PEREZ GONZALES.Si el Ad quem apreciara correctamente los documentos que obran a folios 48 y 49 de la primera pieza de autos concluiría sin obstáculo alguno que la jubilación del señor RENE PEREZ GONZALEZ fue voluntaria, lo que implica que fue él quien tuvo la iniciativa de poner fin a la relación laboral y su esfuerzo culminó cuando obtuvo la jubilación mediante Resolución No.DE/13-21-01-2014 y cuyo monto es de L.30,177.94 mensuales, suma que es mayor al sueldo que devengaba como docente de mi representada y cuyo valor ascendía a L. 14,590.55 según planilla que obra a folio 57 de la primera pieza de autos. Al haber apreciado erróneamente la prueba antes señalada ha llevado al Ad quem a infringir indirectamente lo que dispone el artículo 77 numeral segundo del Estatuto del Docente Hondureño que establece que el contrato de trabajo se puede dar por terminado sin responsabilidad para las partes por JUBILACION DEL DOCENTE, y como consecuencia de su infracción indirecta ha condenado a la ASOCIACIÓN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAN), a pagar prestaciones e indemnizaciones laborales a favor del señor RENE PEREZ GONZALEZ, cuando este ha obtenido previamente una jubilación. Al respecto el artículo 120 inciso f) del código del trabajo establece de manera análoga que no tendrán derecho al auxilio de cesantía, y por ende a ninguna indemnización laboral, “el trabajador que al cesar su contrato quede automáticamente protegido por una jubilación... concedida por el Estado” El no pagar indemnizaciones laborales (preaviso, auxilio de cesantía, salarios caídos) por causa de jubilación no es un cercenamiento a las indemnizaciones del trabajador sino evitar un doble gravamen al patrono por la terminación laboral del docente ya que por una parte cotizó para la jubilación del trabajador y por otra es condenado al pago de indemnizaciones laborales, lo que constituye un abuso en el derecho. Distinto es el caso de aquel trabajador que obtiene el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y después se jubila, aquí en el caso subjudice ha ocurrido lo contrario y por lo tanto las consecuencias también deben ser contrarias.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que el Tribunal recurrido apreció debidamente la prueba relacionada, arribando a la conclusión de que el demandante tiene derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales reclamadas, tomando en cuenta que el empleador o patrono, no procedió a dar por terminada la relación laboral conforme esa normativa que invoca como infringida indirectamente, sino que ajusto su conducta a un proceder errático; en adición, ese tipo de norma no puede ser aplicada sin tomar en consideración el principio fundamental de esta materia, el protector o protectorio, en sus tres reglas, el in dubio pro operario, la aplicación de la norma más favorable al trabajador y la condición más beneficiosa. VI.- Que el Impetrante en el tercer motivo de casación, invoca: “Acuso a la Sentencia Recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 113 primer párrafo del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACIÓN. Establece la reiterada doctrina y jurisprudencia que al respecto se ha dictado que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario se aplica una norma a un hecho existente. (el subrayado es mío). Precisamente esta última situación ha ocurrido en el caso subjudice. La sentencia impetrada ha condenado a la ASOCIACIÓN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAN), a pagar prestaciones e indemnizaciones laborales a favor del señor RENE PEREZ GONZALEZ aplicando para ello el artículo 113 párrafo primero del código del trabajo, según se desprende la motivación, pero la aplicación de tal norma exige la existencia del hecho que genera el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, es decir, que conste el despido. Al respecto el demandante alegó haber sido despedido verbalmente y la declaración de sus testigos para tal fin fue precluida lo que es un hecho claro dentro del proceso y por otra parte la ASOCIACIÓN PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS (APUFRAN), al momento de contestar la demanda negó haber despedido al señor RENE PEREZ GONZALEZ; en consecuencia no consta en el proceso que el señor RENE PEREZ GONZALEZ haya sido despedido y por lo tanto el Ad quem no podía aplicar lo que dispone el artículo 113 párrafo primero del código del trabajo, pero la sentencia recurrida condena al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales cuando el despido es un hecho inexistente en la presente littis.” VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que este Tribunal conforme con la doctrina, en reiteradas ocasiones ha venido sosteniendo que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio (ver sentencias expedientes números SL 09-11, SL 02-11 y SL 20-11); y siendo que en el presente caso, la existencia de la terminación de la relación laboral que vinculaba a las partes, fue una cuestión controvertida en el proceso, por ende objeto del material probatorio, por lo que no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado. VIII. Que el Impetrante de forma subsidiaria pide que se declare nulidad del fallo recurrido, en los términos siguientes: “NULIDAD SUBSIDIARIA. En caso de que Vos Honorable Corte no estiméis procedente casar la sentencia, os ruego que apreciéis DE OFICIO una nulidad que gravita en el proceso y que me limito a señalar de la siguiente manera: 1) Los requisitos internos de las sentencias que nos señala el Código Procesal Civil, específicamente en el articulo 207 numeral 1 concerniente a la motivación de las sentencias establece que: “Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho”. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte sentenciadora, condena a la ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS “APUFRAM” a pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales del señor RENE PEREZ GONZALES, sin citar la norma sustantiva de orden nacional aplicable al caso, como ser la contenida en el articulo 113 párrafo primero, interpretado mediante decreto numero 89 de fecha 24 de noviembre de 1969, que literalmente dice. “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que se le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este había percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La terminación del contrato, surte sus efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, hecho que constituye la controversia o litis, en virtud de que la parte demandante la alego en los hechos de su demanda y la parte demandada además de negarlo, razonó y fundamentó su defensa en que el despido no ocurrió. La Corte sentenciadora no consignó el precepto antes transcrito y condenó en la parte dispositiva, al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y pago de salarios dejados de percibir a favor del trabajador según el artículo 113 párrafo primero, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código de Trabajo, viciando de nulidad la sentencia por no consigna la disposición legal de la que se vale para condenar. En cambio el tribunal Ad-Que en la parte dispositiva de su sentencia hace aplicación del artículo 115 del Código del Trabajo, el cual es exógeno con las presentes diligencias, faltando nuevamente con los requisitos internos de las sentencias, esta vez en lo relacionado a la congruencia de las mismas. El artículo 115 del Código del Trabajo invocado y aplicado en la sentencia de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua en la que se condena a la ASOCIACION PUEBLO FRANCISCANO DE MUCHACHOS Y MUCHACHAS “APUFRAM” a pagar las indemnizaciones y prestaciones laborales del señor RENE PEREZ GONZALES ni siquiera fue precisado en los considerandos de dicha sentencia por lo que vuelve incongruente la misma ya que no se puede aplicar un articulo a una sentencia sin precisar o razonar el por qué de su aplicación, mas aun cuando ese articulo no es pertinente al caso concreto.” IX. Que referente a tal petición, este Tribunal considera que no procede lo solicitado, por lo siguiente: a) en cuanto a la forma y contenido de la sentencia, la misma reúne los requisitos necesarios y la motivación suficiente para resolver el litigio, ya que la cita en su parte dispositiva del artículo 115 del Código del Trabajo, obedece más a un lapsus calami, dado que en su motivación expresa con claridad que es el artículo 113 del mismo cuerpo legal, el que ha sido infringido y por ello procede la condena de lo reclamado por el actor; y, b) no se evidencia ninguna cuestión que afecte el derecho de defensa y el debido proceso. X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos y sin lugar la nulidad solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 113, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el MAGISTRADO MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de diciembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 257-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO