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Sentencia CL-235-15 — Registro 6571

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, reajuste al salario mínimo, pago de vacaciones

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, en fecha 5 de mayo de 2015, que reforma el fallo definitivo que conocía en apelación y que fuese dictado por el Juzgado Primero de Letras de la sección judicial de La Esperanza, Intibucá, en fecha 09 de agosto de 2012, la cual nuevamente se ha dictado con violación del principio de congruencia, ya que el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; en el sub judice, el ad quem omite pronunciarse sobre el tema de los salarios dejados de percibir, que corresponden a título de daños y perjuicios en virtud de que se ha estimado la procedencia de la acción, por ser injusta e ilegal la terminación de la relación laboral que vinculara a las partes, igual ocurre en determinar la existencia de la jornada de trabajo bajo pruebas de “inspección” que en realidad no constataron hechos o cosas, sino que se recibieron declaraciones, sin respetar la normativa sobre la práctica de las pruebas, por lo que no era dable su estimación; además, ignora por completo que por la aplicación de los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el protectorio, orden público e irrenunciabilidad, debía estimar que el salario mínimo de un trabajador, es lo mínimo que debe percibir, por la prestación de sus servicios, conforme lo dispuesto en la Ley del Salario Mínimo, como también las presunciones legales sobre la inexistencia del contrato escrito, todo lo cual va en perjuicio del debido proceso, derecho de defensa de las partes, tutela judicial efectiva y demás principios que operan en la justicia especializada laboral. VII. Que el Ad quem debe enmendar sus actuaciones conforme a derecho, observar el debido proceso, como lo dispuesto por los órganos superiores, ya que en sentencia del 27 de enero del 2015 este Tribunal anuló el fallo que anteriormente dictara esa Corte de Apelaciones, por similares situaciones a las que se señalan en el presente asunto, sin que se tomaran las previsiones oportunas, afectando el derecho de las partes. VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. IX. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 703, numeral 1 y 3 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 23 de junio del 2015 por el Abogado SATURNINO SANCHEZ MEZA, mayor de edad, hondureño y con domicilio en La Esperanza, Intibuca, en su condición de representante procesal de la señora REINA ELSIDIA FLORES RODRIGUEZ; en relación a la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones Laborales, Reajuste al Salario Mínimo, Pago de Vacaciones, Décimo Tercer y Décimo Cuarto Mes de salario, costas, promovida ante el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibuca, en fecha 18 de mayo del 2011, por la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en La Esperanza, Intibuca en contra de la señora REINA ELSIDIA FLORES quien es mayor de edad, casada, Doctora, hondureña y con domicilio en La Esperanza, Intibucá, en su condición de Propietaria del CENTRO MEDICO DE LA ESPERANZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de mayo del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, que falló REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibucá, de fecha 09 de agosto del 2012, la cual falla de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declara con lugar la Demanda Laboral para el Pago de Prestaciones Sociales, Reajuste del Salario Mínimo, Pago de Vacaciones, treceavo, catorceavo mes de salario, indemnizaciones y otros derechos mas, condena en costas del juicio, se acompañan documentos; promovida por la señora Elisa Antonia Palacios Cantarero, contra la Señora Reina Elsidia Flores Rodríguez, en su condición de propietaria del Centro de Trabajo Centro Médico La Esperanza; ambas de generales mencionadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: Condena: A la señora Reina Elsidia Flores Rodríguez, en su condición ya indicada a pagarle a la demandante Elisa Antonia Palacios Cantarero, la cantidad de CIENTO DIECIOCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (L.118.775.37), distribuidos de la siguiente manera: la cantidad de Doce Mil Ochocientos Treinta y Tres Lempiras con Treinta y Cuatro Centavos (l.12.833.94), en concepto de Preaviso, La cantidad de Veinticinco Mil Seiscientos Sesenta y Seis Lempiras con Sesenta y Ocho Centavos (L.25.666.68) en concepto de cesantía, La Cantidad de Mil Seiscientos Veintiún Lempiras con Veintinueve Centavos (L.1.621.29) en concepto de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de Cinco Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras con tres Centavos (L.5.777.03), en concepto de vacaciones la cantidad de Mil Ochenta Lempiras con Catorce centavos (L.1.080.14) en concepto de vacaciones proporcionales, la cantidad de Mil Quinientos Doce Lempiras con Cuarenta y Siete Centavos (L.1.512.47), en concepto de décimo tercer mes proporcional la cantidad de Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con Cuarenta y Dos Centavos (L.4.262.42) en concepto de décimo cuarto mes proporcional, la cantidad de Sesenta y Seis Mil Veinticuatro Lempiras (L.66,024.00), en concepto de reajuste de salario mínimo; todo lo anterior de acuerdo al Cálculo de Prestaciones Laborales, elaborado por la Inspectoría Regional del Trabajo de este Departamento de Intibucá. TERCERO: Condena en COSTAS.” I.- ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La demandante manifestó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la demandada en fecha ocho de enero del año dos mil siete, desempeñándose en el área de aseo y atendiendo pacientes de la clínica. Asimismo manifestó que en fecha nueve de abril del año dos mil once, la doctora Reyna Elsidia Flores la despidió de manera verbal, siendo un despido injusto ya que el motivo que le dio es que el doctor con el cual ella laboraba, el esposo de la doctora, ya no la quería tener como empleada porque supuestamente no le hacía caso a las ordenes que le daba. La demandante se avocó a las instalaciones de la Secretaría de Trabajo para llegar a un acuerdo conciliatorio, pero este no se pudo llevar a cabo. 2.- La parte demandada, señora Reyna Elsidia Flores contestó dicha demanda señalando que no es la propietaria de la empresa, sino el doctor Marco Antonio Sorto Jiménez, asimismo que el nombre plasmado en la demanda no es de ella y desconoce si la demanda va dirigida a ella o a otra persona, ya que pudo haber una equivocación en la citación y emplazamiento. 3.- El Juzgado Primero de Letras del Departamento de Intibuca, en fecha nueve de agosto del año dos mil doce dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la demanda, condenando a pagar a la demandante ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO la cantidad de L.118,775.37 en concepto de preaviso, cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional y reajuste de salario mínimo mas condena en COSTAS; bajo el criterio que la parte demandada no acreditó que el despido realizado haya sido legal o justificado, así como no probó que fuese falso que la demandante no ganaba el salario mínimo. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha cinco de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva REFORMANDO la sentencia definitiva venida en apelación; bajo el criterio que quedó claro la existencia de relación laboral entre las partes y que la contratación se ha dado de manera verbal; sin embargo el trabajador alegó que su jornada de trabajo era de ocho horas y en ocasiones superaba las ocho horas sin que le pagaran horas extras; labor que desempeñaba la demandante era de cuatro horas, dato que se desprende de la inspección (Reconocimiento Judicial) realizada por el A-quo en las instalaciones del Centro Médico La Esperanza, por lo que devengaba un sueldo dos mil setecientos cincuenta lempiras (Lps. 2,750.00); ha quedado probado que la relación laboral fue pactada para medio tiempo como lo advierte el artículo 363 inciso a) por unidad de tiempo establecido en horas, es decir, en relación a la diurna que establece el artículo 322 del Código del Trabajo de ocho horas diarias en un período que media de entre las cinco de la mañana a las siete de la noche, el caso es que los reconocimientos judiciales realizados señalan que la jornada de trabajo de la demandante era de cuatro horas al día, en alusión a las normas señaladas se debe tomar en cuenta la cantidad de trabajo realizado para la asignación del salario correspondiente al tiempo de la labor desempeñada y de ahí como consecuencia el reconocimiento en la proporción de los derechos adquiridos por el trabajador. 5.- Que mediante auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados SATURNINO SANCHEZ MEZA, en su condición de representante procesal de la señora REINA ELSIDIA FLORES RODRIGUEZ, y el Abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, en su condición de representante procesal de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los mismos para que los recurrentes comparecieran en el plazo de veinte días para que formularan por escrito las demandas de casación. 6.- Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado SATURNINO SANCHEZ MEZA, en su condición de representante procesal de la señora REINA ELSIDIA FLORES RODRIGUEZ, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de la misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; declarándosele precluido y perdido irrevocablemente el derecho para contestar el Recurso de Casación al Abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, en su condición de apoderado de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO mediante auto de fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que según informe de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince, se informó que al Abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, en su condición de apoderado de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO, que en fecha veintisiete de julio del año dos mil quince se le venció el término de veinte días que tenía para formalizar el recurso de casación, por lo que en autos de fecha treinta y uno de julio del año dos mil quince se declaró DESIERTO el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE SANTOS ORTIZ CASTILLO, en su condición de apoderado de la señora ELISA ANTONIA PALACIOS CANTARERO y se ordenó seguir el trámite legal correspondiente. 8.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho. II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Comayagua, en fecha 5 de mayo de 2015, que reforma el fallo definitivo que conocía en apelación y que fuese dictado por el Juzgado Primero de Letras de la sección judicial de La Esperanza, Intibucá, en fecha 09 de agosto de 2012, la cual nuevamente se ha dictado con violación del principio de congruencia, ya que el Juzgador debe resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; en el sub judice, el ad quem omite pronunciarse sobre el tema de los salarios dejados de percibir, que corresponden a título de daños y perjuicios en virtud de que se ha estimado la procedencia de la acción, por ser injusta e ilegal la terminación de la relación laboral que vinculara a las partes, igual ocurre en determinar la existencia de la jornada de trabajo bajo pruebas de “inspección” que en realidad no constataron hechos o cosas, sino que se recibieron declaraciones, sin respetar la normativa sobre la práctica de las pruebas, por lo que no era dable su estimación; además, ignora por completo que por la aplicación de los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el protectorio, orden público e irrenunciabilidad, debía estimar que el salario mínimo de un trabajador, es lo mínimo que debe percibir, por la prestación de sus servicios, conforme lo dispuesto en la Ley del Salario Mínimo, como también las presunciones legales sobre la inexistencia del contrato escrito, todo lo cual va en perjuicio del debido proceso, derecho de defensa de las partes, tutela judicial efectiva y demás principios que operan en la justicia especializada laboral. VII. Que el Ad quem debe enmendar sus actuaciones conforme a derecho, observar el debido proceso, como lo dispuesto por los órganos superiores, ya que en sentencia del 27 de enero del 2015 este Tribunal anuló el fallo que anteriormente dictara esa Corte de Apelaciones, por similares situaciones a las que se señalan en el presente asunto, sin que se tomaran las previsiones oportunas, afectando el derecho de las partes. VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. IX. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha 5 de mayo de 2015, visible a folios 32 al 35 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de diciembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 235-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO