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Sentencia CL-23-15 — Registro 5696

Resumen

Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo, y a título de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el error de hecho implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resultan estimables los tres cargos que anteceden. - VI. Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, éste Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve dias del mes de enero de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha seis de marzo de dos mil quince, por la abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, en relación a la demanda ordinaria laboral para que se pruebe la justa causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro al puesto de trabajo, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha nueve de junio de dos mil catorce, por el señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, mayor de edad, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras, Técnico en Computación, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés, en contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su ALCALDE MUNICIPAL, señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando ha lugar el recurso de apelación promovido por la parte demandada; en consecuencia se REFORMA la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil catorce, en la demanda de la referencia; reforma que se contrae a: I.- Declarar SIN LUGAR la demanda para el reintegro a su trabajo, pago de salarios caídos; en consecuencia, se absuelve a la demandada por tales conceptos, dejando a salvo el pago de los derechos adquiridos que al trabajador le pudieran corresponder, SEGUNDO: CONFIRMANDO en lo demás la referida sentencia, es decir en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia; TERCERO: Sin costas…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar con la demandada el 1 de septiembre del año 2008, en el cargo de Auditor de Control de Bienes; que mediante Acuerdo No. 045-2014 de fecha 3 de abril de 2014, la demandada dio por terminada unilateralmente la relación laboral que mantenía con el demandante, sin responsabilidad para la municipalidad e imputándole el no haber realizado el descargo de bienes, los cuales son inherentes a su cargo, causando grave perjuicio a la demandada; el demandante rechazó y no aceptó el despido, por considerarlo arbitrario, injusto e ilegal, pues la causa que lo motivara es totalmente falsa, alegando que el resultado de la audiencia de descargos, no produjo por sí, fundamento legal para que se le despidiera de su trabajo, ya que en ningún momento se determinó cuales fueron esos bienes que dejó de descargar, como Auditor de la Unidad de Control de Bienes, y, en que consiste ese grave perjuicio que con esa supuesta omisión se causó a la municipalidad, rechazando por supuesto los hechos que se le imputaron; alegando además el hecho de que en la nota de despido no se invocó expresamente la norma jurídica que establece causal justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, de conformidad con el Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que el motivo que originó el despido del ahora demandante fue haber provocado daños económicos a la demandada, cuando en el ejercicio de sus funciones, mostró falta de eficacia y esmero en su trabajo, ya que nunca procedió a descargar del sistema municipal los vehículos que se encontraban en calidad de chatarra, provocando con esta acción continuar con el pago de matricula, faltando de esta manera a sus obligaciones, mostrando total falta de responsabilidad y compromiso a su trabajo, por lo cual se le despidió con causa justificada y sin ninguna responsabilidad para ello.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA; condenando a la demandada a reintegrar al demandante en el puesto que venía desempeñando al momento del despido, más a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, más el pago de los derechos adquiridos y demás beneficios que se produjeran, sin costas; bajo el criterio que la causal invocada por la demandada para poner fin a la relación de trabajo no se encuentra plenamente probada, pues la demandada presenta como prueba la audiencia de descargos levantada a otra empelada, quién al ser repreguntada, no tenía conocimiento de nada, asimismo no probó cuales son los autos que consideraba chatarra y cuales los subastados, lo que significa que no existe una auditoria realizada por la demandada ni antes ni después, por el contrario fue el demandante quién acreditó que para la declaratoria de chatarra de vehículos debe hacerse un procedimiento y que se había hecho anteriormente.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha doce de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia definitiva reformando la proferida por el a quo, en el único sentido de de declarar sin lugar la demanda para el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos; absolviendo a la demandada por tales conceptos, dejando a salvo el pago de los derechos adquiridos que al trabajador le pudieran corresponder; confirmando en lo demás de la referida sentencia, es decir en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia; bajo el criterio que el actor se desempeñó como auditor de control de bienes, y como tal sin duda alguna, era responsable de elaborar los informes de los bienes propiedad de la municipalidad, entre estos los vehículos y realizar los trámites correspondientes para sus descargos; obligación ésta que efectivamente incumplió tal y como lo asevera la accionada al no informar previamente sobre el mal estado de los automotores que le generaron a la accionada una deuda por el valor de L.4,555.507.34, correspondiente al pago de matricula vehicular de varios años y que si bien, para realizar la subasta y posteriormente su descargo se requería la autorización de sus superiores, también lo es que, para el cumplimiento de ello se necesitaba que éstos tuvieran conocimiento del mal estado de dichos vehículos y giraran las instrucciones correspondientes, circunstancia que no resulta probada, pues la notificación a ese respecto fue efectuada por el trabajador hasta después de haberse realizado la audiencia de cargos y descargo tal y como consta a folios 126-128 p.p., de manera que, el demandante no actuó con la mayor eficiencia, cuidado y esmero en el desempeño de sus funciones tal y como lo aseveró la demandada y se lo comunicara al actor al momento de ponerle fin a la relación de trabajo y que se enmarca en lo dispuesto en el artículo 112 letra l) con relación al artículo 97 numeral 2) del Código del Trabajo, calificándose la gravedad del mismo dado el perjuicio económico que para la demandada tuvo dicho incumplimiento, hecho que impide la continuación de la relación laboral y por cuya razón la pretensión del recurrente resulta atendible.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, en su condición de representante procesal del señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de marzo de dos mil quince, compareció ante este Tribunal la abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, en su condición de representante procesal del señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, formalizando su demanda y exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de abril de dos mil quince, se declaró precluído de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del abogado JAVIER EDUARDO APARICIO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación.- II. Que la abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIERREZ, formula su primer y segundo motivo de casación de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación del MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO (1) DOCUMENTAL admitido a la parte demandante, consistente en la Nota de Despido mediante Oficio Numero O-SM-168-2014, de fecha tres (3) de abril del año dos mil catorce (2014), expedida por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, al trabajador demandante WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, mediante la cual se le notifica su despido y cese de la relación laboral, el cual se halla visible a folios once (11) y doce (12) de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho al Tribunal de Segunda Instancia, el cual aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este motivo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los Artículos 97 Numeral 2) y 112 literal I) del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR O APRECIADA ERRONEAMENTE: La prueba singularizada dejada de apreciar o apreciada erróneamente por el Tribunal recurrido, fue el MEDIO DE PRUEBA NUMERO UNO (1) DOCUMENTAL, admitida a la parte demandante consistente en la Nota o Acuerdo de Despido contenida en el Oficio Numero O-SM-168-2014 de fecha tres (3) de abril del año dos mil catorce (2014), librada por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, al trabajador WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, mediante la cual se le notifica el cese de la relación laboral o despido de su puesto de trabajo, visible a folios once (11) y doce (12) de la pieza principal de autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 765 Numeral 1) Párrafo Segundo del Código del Trabajo….. SEGUNDO MOTIVO: Acuso asimismo la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea o ausencia de apreciación de la prueba admitida a la parte demandante, consistente en los siguientes: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL NUMERO CUATRO (4) visible a folios trece (13) al dieciocho (18) de la primera pieza de autos, consistente en el acta de audiencia de descargos, celebrada con fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014); MEDIO DE PRUEBA NUMERO OCHO (8) DOCUMENTAL visible a folios del cincuenta y dos (52) al sesenta y seis (66) de la primera pieza de autos, consistente en copia de archivo de solicitud de descargo de vehículos, del año dos mil diez (2010), dirigida a la Secretaria de Finanzas, Contaduría General de la República y Oficina de Administración de Bienes Nacionales, por el señor Alcalde Municipal Don JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE, describiéndose el registro de los bienes objeto de la solicitud, aprobado en sesión de Corporación Municipal, como consta en la certificación del punto de acta que obra a folios del ochenta y dos (82) al ochenta y ocho (88) de la primera pieza de autos, presentada como MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL NUMERO DIEZ (10); MEDIO DE PRUEBA NUMERO NUEVE (9) DOCUMENTAL visible a folios sesenta y siete (67) al ochenta y uno (81) de la primera pieza de autos; consistente en el anteproyecto de REGLAMENTO INTERNO DE BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, el cual nunca fue aprobado, pero que sin embargo, en su CAPITULO XIII Artículo 57 ya establecía que el descarte de vehículos le correspondía al Director Administrativo; MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOCE (12) DOCUMENTAL, visible a folios noventa y cinco (95) al ciento siete (107) de autos, consistente en la Normativa Número TREINTA Y NUEVE (39), para el descargo de bienes nacionales; MEDIO DE PRUEBA NUMERO VEINTICINCO (25).- RECONOCIMIENTO JUDICIAL, visible a folios ciento sesenta y nueve (169) y ciento setenta (179), al Departamento de Recursos Humanos, Secretaria Municipal, Departamento de Administración, Departamento de Control de Bienes y Departamento de Procuraduría Municipal, en relación a determinar varios aspectos relacionados con el caso, pero básicamente en cuanto a la descarga de vehículos y la existencia o no de instrumentos municipales reguladores de dicha materia y si el trabajador estaba o no obligado a efectuar dichos descargos; PROBANZA QUE HIZO INCURRIR EN ERROR DE HECHO AL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA, POR APRECIARLA ERRONEAMENTE O INAPRECIARLA, lo cual aparece de manifiesto en los autos y que lo llevó de forma indirecta a la violación de las normas sustantivas invocadas en este SEGUNDO MOTIVO. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los Artículos 97 Numeral 2) y 112 literal I) del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA O DEJADA DE APRECIAR: La prueba singularizada admitida a esta parte demandante apreciada erróneamente o inapreciada por el Tribunal Sentenciador, ha quedado descrita en el acápite precedente de este SEGUNDO MOTIVO DE CASACION, consistente en las siguientes: 1)El acta de audiencia de descargos efectuada a mi representado con fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014), que obra a folios trece (13) al dieciocho (18), de autos, mediante la cual el trabajador dejó establecido lo siguiente: a) Que los vehículos chatarra no se podían descargar del sistema de la Alcaldía Municipal, porque para ello tendría que convocarse a una subasta pública, lo que no se podía realizar mientras los vehículos aparezcan en los inventarios de la Contaduría General de la República; motivo por el cual LA MUNICIPALIDAD debe pagar matricula; b) Que desconoce por qué la Oficina Administradora de Bienes Nacionales no ha dado el seguimiento para el descargo de los vehículos, porque él como auditor no maneja esa parte del procedimiento; c) Que para descargar los vehículos chatarra de LA MUNICIPALIDAD, se tendría que hacer solicitud a la Contaduría General de la República; d) Que la Jefatura de Bienes Nacionales no ha descargado los vehículos, porque debe ser por disposición superior, bien del Alcalde Municipal, La Corporación o la Gerencia de Finanzas; y, e)Que el trabajador ha cumplido con sus funciones asignadas a cabalidad, y cualquier responsabilidad es de sus superiores inmediatos, pues sólo acata las ordenes que se le imparten y las funciones que se le asignan; 2)Solicitud de descargo de bienes del año 2010, dirigida a Secretaría de Finanzas, Contaduría General de la República y Oficina de Administración de Bienes Nacionales, donde se describe el registro de los bienes para subasta, enviado por el señor Alcalde Municipal, visible a folios cincuenta y uno (51) Al sesenta y seis (66)de autos.- Estableciéndose de lo anterior que el procedimiento de descargo no es tal fácil, pues interviene la administración superior de LA MUNICIPALIDAD; 3) Anteproyecto de Reglamento Interno de Bienes Muebles de la Municipalidad, el cual nunca fue aprobado por la Corporación, como consta a folio ciento sesenta y nueve (169) de autos, por lo que ha tenido que aprobar normas como la establecida en el Punto de Acta Numero 12, Acta Numero 25 de fecha 15 de julio 2010, que obra a folios ochenta y dos (82) al ochenta y ocho (88) de la primera pieza de autos, y verificado por el Juzgado, como consta a folio ciento sesenta y nueve (169), en donde la Corporación Municipal conformó una Comisión Ad-Hoc para el proceso de subasta, con lo que se demuestra que el proceso de subasta previo al descargo de bienes, es ordenado, organizado y supervisado por la administración superior municipal; de allí, que el trabajador demandante, efectivamente carecía de facultades para ordenar procesos de descargo de los bienes; 3) Manual de Normas Para el Descargo de Bienes Muebles, visible a folios noventa y cinco (95) al ciento siete (107) de la primera pieza de autos, que establece las disposiciones legales para el descargo de bienes nacionales, con basamento legal en La Ley de Administración General de Bienes Nacionales, Ley que crea la Administración General de Contabilidad Gubernamental y Reglamento de Aplicación Sobre Bienes Nacionales, que establecen las políticas y controles, estando a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera autorizar el descargo de bienes propiedad de la Institución que hayan finalizado su vida útil, estableciendo una serie de requisitos tendientes a tal fin; lo que implica que no puede responsabilizarse a un empleado cualquiera de la administración, el descargo de bienes de una Institución del Estado como LA MUNICIPALIDAD; NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se casación se encuentra comprendido en el Artículo 765 Numeral 1) Párrafo Segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La apreciación errónea de la probanza documental y de reconocimiento judicial individualizada en este segundo motivo, se centra en lo siguiente: Para el Tribunal de Segunda instancia, el trabajador WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, incurrió en la comisión de falta grave frente a su patrono para dar por finalizado el Contrato de Trabajo, apreciación que se encuentra alejada de la realidad de los hechos, pues del estudio de los autos, aparece acreditado en forma fehaciente e indubitada que mi representado en todo momento actuó correctamente en el desempeño de su puesto de trabajo, mientras que la responsabilidad que se le atribuyó con el acuerdo de despido, sencillamente es inexistente, por cuanto, no le correspondía a él descargar los bienes muebles chatarra de LA MUNICIPALIDAD, sino a la administración superior de dicha Institución, básicamente al Jefe de la Dirección Administrativa, en conjunto con las otras Instituciones del Estado contraloras de los bienes nacionales; mientras que informar para que la administración hiciera los trámites de descargo, le correspondía a la señora JOHANNA VANESSA FLORES LOPEZ, como Jefe de la Unidad de Control de Bienes de LA MUNICIPALIDAD; de lo que se colige que mi representado no tenía la categoría de informante y menos de descargar los bienes del sistema municipal, como erróneamente lo asevera la Corte Sentenciadora; quedando así al descubierto que el señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, en ningún momento incurrió en la comisión de falta grave, como empleado de LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, para que su patrono tomara la decisión de dar por finalizado su contrato de trabajo; ya que no se encuentra probado en juicio que en el desempeño de sus funciones, haya actuado al margen de las obligaciones establecidas en el Artículo 97 Numeral 2) y 112 inciso I) del Código de Trabajo; consecuentemente, Honorable Tribunal, la sentencia impugnada no se ajusta a derecho ni a justicia, en vista que mi poderdante no ha incurrido en falta alguna, quedando demostrado que si el Tribunal de Alzada hubiese apreciado correctamente la prueba singularizada, no hubiese incurrido en el error de hecho planteado. Al violar las reglas procesales contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, esto llevó al Tribunal de Segunda Instancia, a su vez, a la violación de las normas sustantivas contenidas en los Artículos 97 Numeral 2) y 112 literal I) del Código del Trabajo, que regulan por un lado las obligaciones de los trabajadores, y por otro, las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte; pues con la prueba singularizada en este segundo motivo, ha quedado claramente establecido que sencillamente no existe la comisión de falta grave por parte de mi representado, para que su patrono haya tomado la determinación de dar por finalizado su contrato de trabajo. En armonía con lo antes expuesto, es oportuno citar, que la doctrina laboral establece, en relación al Principio de Proporcionalidad, lo siguiente: La causal de despido debe ser de tal grado que haga imposible el mantenimiento de la relación y naturalmente ha de haber proporción entre la falta cometida y la decisión de ponerle termino al contrato de trabajo, así pues la conexidad entre el hecho grave y los perjuicios no puede erigirse en predicado universal; lo que es grave no siempre produce perjuicios y en cambio lo que es leve o insignificante a veces produce perjuicios. En el caso del señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA, no existe proporción entre la supuesta falta cometida e invocada como causa y el despido como efecto; sencillamente, porque no existe tal gravedad, pues incluso la patronal demandada en el curso del debate laboral, en ningún momento aportó prueba fehaciente mediante la cual acreditase los perjuicios que haya ocasionado la actitud de mi representado, para ser acreedor a la sanción de despido, por cuanto, si bien LA MUNICIPALIDAD pagó cantidades de dinero a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, por concepto de matricula de vehículos, no puede imputársele por ello, a mi representado, culpa alguna, pues no tenía como función y ninguna facultad legal para el descargo de vehículos automotores de los inventarios municipales, pues ello le correspondía a la administración superior municipal en coordinación con las demás Instituciones Contraloras del Estado, como así ha quedado debidamente probado en juicio .”.- III. Pero es el caso que la Recurrente en ambos cargos anteriormente transcritos, comete el defecto técnico de señalar, que la prueba singularizada fue erróneamente apreciada o dejada de apreciar, situación que de acuerdo a la técnica casacional no le está permitido hacerlo, ya que son sub modos de la infracción indirecta por error de hecho o de derecho totalmente antagónicas u opuestas, ya que si una prueba no fue apreciada difícilmente podrá ser apreciada equivocadamente. En razón de lo anterior conviene recordar que los sub modos de la infracción indirecta por error de hecho o de derecho deben ser expuestos de forma separada e independiente para que puedan prosperar, en consecuencia es procedente desestimar las pretensiones que encierran el primer y segundo motivo de casación.- IV. Que la Censora formula su tercer motivo de casación estableciendo lo siguiente: “Acuso por tercera vez la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de la apreciación errónea de los únicos medios de prueba admitidos a la parte demandada, consistentes en los siguientes: MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL, visible a folio 236 de la primera pieza de autos, consistente en el reconocimiento al expediente judicial Número 0501-2014-00478, contentivo de la demanda laboral promovida por la señora JOHANNA VANESSA FLORES LOPEZ, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, presentada con fecha nueve (9) de junio del año dos mil catorce (2014), constatándose: a) Que a folios once (11) al trece (13) corre agregada el acta de audiencia de descargos, celebrada con fecha dieciocho (18) de marzo del año dos mil catorce (2014) a la señora JOHANNA VANESSA FLORES LOPEZ, de la cual se manda a agregar fotocopia a los autos, obrando a folios doscientos treinta y siete (237) al doscientos treinta y nueve (239); y, b)Se tuvo a la vista un listado de documentos impresos en línea con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que reflejan montos a pagar por vehículos chatarra no descargados en la Municipalidad, cuyas fotocopias se mandaron a agregar a los autos, obrando a folios doscientos cuarenta (240) al doscientos setenta y tres (273).- Fue renunciado por la propia parte demandada el MEDIO DE PRUEBA NUMERO DOS, consistente en la declaración testifical que debería rendir la señora JOHANNA VANESSA FLORES LOPEZ, en estrados judiciales.- LA ANTERIOR PROBANZA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL, HIZO AL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA, INCURRIR EN ERROR DE HECHO POR APRECIARLA ERRONEAMENTE, LO QUE APARECE DE MANIFIESTO EN LOS AUTOS Y QUE LO LLEVO EN FORMA INDIRECTA A LA VIOLACION DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS INVOCADAS EN ESTE TERCER MOTIVO. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los Artículos 97 Numeral 2) Y 112 Literal L) del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba singularizada erróneamente apreciada por el Tribunal recurrido consiste, consiste en el MEDIO DE PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL, admitido a la parte demandada, y que se refiere al reconocimiento judicial del Expediente Judicial Número 478-2014, que corresponde a la demanda laboral promovida por la señora JOHANNA VANNESA FLORES LOPEZ, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, y que se refiere a los siguientes documentos: a) Acta de audiencia de descargo en la que la señora JOHANNA VANNESA FLORES LOPEZ, señala como responsable de no de que no se efectuaran los trámites de descargo de los vehículos al señor WILMER DANIEL ALVARENGA ESTRADA; y, b)Documentos impresos en Línea con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, que reflejan el monto a pagar por vehículos chatarras no descargados en LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA.- Medio de prueba que aparece practicado a folio doscientos treinta y seis (236) de la primera pieza de autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 765 Numeral 1) Párrafo Segundo del Código del Trabajo”.- V. Que el error de hecho implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación y por ello en las situaciones de hechos dudosos tiene la libertad de decidir el asunto por los extremos que considere mejor demostrados en el proceso. Es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se de por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio y por ello no resultan estimables los tres cargos que anteceden. - VI. Conviene recordarle a la Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, éste Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende.- VII. Que por las razones que anteceden procede a desestimar el recurso de casación en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. JOSE TOMAS ARITA VALLE. COORDINADOR. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días del mes de febrero del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de enero del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 23-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL