Sentencia CL-198-15 — Registro 5708
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, como ser preaviso, cesantía, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional, salarios caídos, salarios retenidos
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Analizado el cargo que antecede, se observa que el mismo adolece de los siguientes defectos técnicos: a) se cita como infringido, entre otros, los artículos 20 literal b), 26, 92 numeral 15, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan el carácter de preceptos legales sustantivos, olvidando, el Impetrante, que una norma jurídica será material o sustancial sólo cuando de ella surjan derechos y deberes correlativos o cuando los extinga; b) alega dos formas distintas de violar la ley, apreciación errónea de la prueba singularizada e interpretación errónea, que debió haber expuesto en forma separada e independiente; y, c) se realizan alegatos propios de las instancias. Todas estas falencias hacen que el mismo resulte inestimable.- IV. Conviene recordarle al Impetrante, que por la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, este Tribunal Casacional no está habilitado para hacer una libre y completa revisión del asunto que ha llegado a su conocimiento por vía recursiva, debiendo circunscribir su poder decisorio a los concretos pronunciamientos censurados y a los motivos alegados por la parte legitimada para recurrir, ya que de conformidad con el artículo 303 párrafo segundo de nuestra Constitución de la República, no puede ser una tercera instancia; por ello, es imprescindible que los cargos expuestos sean completos en su formulación, suficientes en su desarrollo y eficaces en lo que con ellos se pretende. En los términos del artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo, éste Tribunal de Justicia estaría facultado para examinar el enfrentamiento que el recurrente hace sobre el fallo impugnado y la normativa sustancial que se estima violada directa o indirectamente, pudiéndose ocupar, en forma excepcional, de los aspectos fácticos y del haz probatorio; sin embargo, en el presente caso, el motivo de casación planteado adolece de vicios insubsanables que impiden el desarrollo del examen casacional solicitado.- V. Que por la razón antes expuesta es procedente desestimar la pretensión que encierra el único motivo de casación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA:La sentencia que literalmente dice:“CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecisiete de noviembre de dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada ANABELLY MEDINA, a favor de la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, hondureña, mayor de edad, casada, comerciante y con domicilio en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, contra la sentencia de fecha catorce de octubre del año dos mil ocho, proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, que confirmó el auto dictado por el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, en fecha diecisiete de junio del año dos mil ocho; con relación a la Demanda Ordinaria de Nulidad promovida por la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, en su condición de gerente general de la sociedad mercantil denominada MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V. (MACO, S. de R.L. de C.V.), contra el BANCO DE OCCIDENTE S.A..ANTECEDENTES
- Que en fecha seis de diciembre del año dos mil siete, compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, en su condición de gerente general de la sociedad mercantil denominada MATERIALES DE CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V. (MACO, S. de R.L. de C.V.), promoviendo Demanda Ordinaria de Nulidad de un Juicio Ejecutivo de Dar y de un Juicio Civil Verbal y todas las actuaciones derivadas de los mismos, contra el BANCO DE OCCIDENTE S.A., a través de su Presidente de la Junta Directiva, señor JORGE BUESO ARIAS, para que mediante sentencia definitiva sea condenada a pagar la cantidad de dieciséis millones setecientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro Lempiras con cincuenta y seis centavos (L.16,758,974.56), más diez mil Lempiras (L. 10,000.00) diarios, desde el diecisiete de septiembre del año dos mil cuatro, en concepto de daños y perjuicios de lucro cesante, más los intereses bancarios y las costas del juicio. 2) Que en fecha doce de junio del año dos mil ocho, compareció ante el Juzgado de Letras citado, la abogada ANABELLY MEDINA, actuando en su condición de apoderada legal de la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, solicitando se le concediera nuevo término a efecto de evacuar los medios de prueba denominados “…Número Nueve: Dictamen.-Comunicación” y “…Numero Diez: Inspección Personal del Señor Juez, asociado con su Secretario de Actuaciones”. 3) Que en fecha diecisiete de junio del año dos mil ocho, el Tribunal de primera instancia, emitió auto mediante el cual declaró sin lugar lo solicitado, en virtud de que la peticionaria no indicó en que consistieron los impedimentos para la evacuación de los medios de prueba propuestos, además que el segundo período probatorio ya se encuentra cerrado definitivamente, por lo que no procede retrotraer el procedimiento; citando como fundamento de su decisión los artículos 303 y 410 del Código de Procedimientos Civiles. 4) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil ocho, la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca, departamento de Choluteca, confirmó el auto que se deja relacionado en el inciso que precede, por considerar que los medios de prueba números NUEVE Y DIEZ, propuestos y admitidos a la abogada Anabelly Medina, no se evacuaron por causas imputables a ésta, además el nuevo término fue solicitado cuando ya se había decretado el cierre del segundo período probatorio; citando como fundamento de su decisión el artículo 303 del Código de Procedimientos Civiles.5) La recurrente abogada ANABELLY MEDINA, compareció ante este Tribunal, en fecha quince de diciembre del año dos mil ocho, reclamando amparo a favor de la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, afirmando que la decisión del Ad quem, de fecha catorce de octubre del año dos mil ocho, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece, es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que se conoce en Amparo, la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca, el catorce de octubre del años dos mil ocho, en virtud de la cual, confirma el auto impugnado de fecha diecisiete de junio del año dos mil ocho, dictado por el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, que deniega Nuevo Término Probatorio solicitado por la parte actora, en la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Juicio Ejecutivo de Dar y de un Juicio Civil Verbal y de las Actuaciones Derivadas de los mismos e Indemnización por Daños y Perjuicios por Lucro Cesante, promovida por la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, contra el BANCO DE OCCIDENTE, SOCIEDA ANONIMA, a través del señor JORGE BUESO ARIAS. CONSIDERANDO: Que a la luz de los alegatos del Amparo interpuesto por la abogada Anabelly Medina, a favor de la señora María Magdalena Ocón Centeno de Rápalo, esta Sala de lo Constitucional percibe que el malestar de la postulante se origina en la resolución de la Corte de Apelaciones de Choluteca, que confirma la denegatoria de nuevo término del A-quo, que obedece, según lo expone, a que la misma ultraja derechos fundamentales, los cuales describe como el Derecho de Defensa (Artículo 82), Debido Proceso (Artículo 90) y el de Legalidad (Artículo 321) de nuestra carta magna, dado que según lo refiere, se le ha privado, con dicha resolución de la ejecución de medios de prueba, asimismo que se ha puesto en precario el Debido Proceso de su representada, toda vez, que el nuevo término probatorio se encuentra regulado en nuestra Ley Civil Adjetiva, y por otro lado, el principio de Legalidad, al decir, que los servidores públicos como los Funcionarios Judiciales, deben enmarcar su actividad dentro de los parámetros que les confiere la ley. CONSIDERANDO: Que bajo los argumentos expuestos, esta Sala, procedió en retrospectiva a analizar el caso sub-examine, recorriendo el camino procesal, en el marco del artículo 303 del Código de Procedimientos Civiles que prescribe: “Las diligencias de prueba sólo podrán practicarse dentro del término probatorio, salvo las excepciones establecidas por la ley. Con todo, las diligencias iniciadas en tiempo hábil y que hubieren dejado de evacuarse oportunamente por impedimentos cuya remoción no haya dependido de la parte interesada, podrán practicarse dentro de un nuevo término que el Tribunal señalara al efecto por una sola vez.” De la premisa Civil Adjetiva se desprende la existencia de una regla general para la práctica probatoria, que es de veinte días para ejecutar las probanzas en el Departamento, de treinta días, para efectuarla fuera del departamento y en su caso el término extraordinario cuando hubiere de ejecutarse prueba fuera del Estado de Honduras, referentes contemplados en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimientos Civiles. Sin embargo, el legislador, bajo la inspiración de una tutela judicial efectiva en materia probatoria, introdujo la institución de Nuevo Término Probatorio, pero condicionando las existencia de ese Derecho Procesal, a la concurrencia de dos elementos, que se advierte en el transcrito artículo 303, así: a) Diligencia probatoria pedida en tiempo o iniciados en tiempo hábil, b) Cuya práctica hubiere dejado de efectuarse o evacuarse oportunamente por impedimentos cuya remoción, no haya dependido de la parte interesada. Esa misma figura jurídica de Nuevo Término lo desarrolla el Licenciado Eduardo Pallares, tipificándolo como Término Supletorio de Prueba, expresando en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, página número 685, que es: “El que se concede a las partes para que dentro de él rindan pruebas que pedidas en tiempo, no se pudieron verificar por causa independiente de quien la promovió … o que provengan de caso fortuito, de fuerza mayor o dolo del colitigante…” (Fin de la cita). Que para esta Sala no está en discusión el Derecho al Nuevo Término Probatorio que constituye un aliciente para la ejecución de pruebas que en su momento no se evacuaron, por motivos no imputables a la parte que lo solicita. En el caso de examen a la Recurrente, no le fue factible la práctica de los medios de prueba Número Diez (10) Inspección Personal del Señor Juez y Nueve (9) Dictamen de Peritos, pero para esta Sala ello no es de recibo, pues en los autos aparece que el nuevo término no fue solicitado en el momento procesal que indica la ley y que la parte demandante no acompañó ni acreditó en primera instancia las probanzas que pudiesen justificar que la no ejecución de los medios probatorios Nueve (9) y Diez (10), en el segundo período normal de veinte días no dependió de su persona, por lo tanto, la amparista al haber advertido la imposibilidad de ejecución probatoria atribuida a causas ajenas a su voluntad, hubiese demandado el nuevo término probatorio, acreditando las razones y argumentos que precisamente refiere en el presente Recurso de Amparo, por lo que pudiese afirmarse que la reclamante no actuó con el debido celo procesal. Más allá de lo expuesto, basta revisar el Auto del A-quo de fecha diecisiete de junio de dos mil ocho, que confirma el Ad-quem, que invoca como asidero jurídico el Artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles que refleja la caducidad del segundo período probatorio y la unión de los autos a la prueba practicada, resolución de la cual se notificó la garantista, sin cuestionar la resolución del Juez Primero de Letras Departamental de Choluteca atinente al momento procesal generador de traslado para conclusiones. CONSIDERANDO: Como corolario de las razones expuestas, esta Sala arriba a la conclusión inobjetable que las alegaciones de quebrantamiento a las garantías constitucionales de la reclamante, carecen de sustento fáctico y jurídico, pues la impetrante en tutela de su defensa está interviniendo plenamente en la sustanciación del juicio, ejerciendo en beneficio de su representada cuantas diligencias ha requerido del órgano jurisdiccional, lo que a simple vista de los antecedentes se comprueba que ha tenido libre acceso al Tribunal y ha recurrido de todos los proveídos que estima le han ocasionado agravios, asimismo que los funcionarios judiciales desde el punto de vista civil procesal han sujetado su quehacer bajo los postulados que establece el Código de Procedimientos Civiles, debiendo comprenderse que la tutela judicial efectiva no se menoscaba cuando las peticiones de las partes en contienda ante el Órgano Jurisdiccional son denegadas, pues para ello están los recursos ordinarios e inclusive extraordinarios como lo ha ejercido la recurrente en el presente Recurso de Amparo. CONSIDERANDO: Que conforme a las consideraciones anteriores, es improcedente la garantía constitucional reclamada, máxime que ab initio de la imposibilidad de ejecución de los medios de prueba no imputable a su función procuradora, la amparista debió promocionar el Nuevo Término acreditando los requerimientos legales visualizados por esta Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 303 up supra, consecuentemente es imperativo para esta Sala de lo Constitucional denegar el Amparo relacionado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, oído el parecer del Fiscal, por unanimidad de votos, haciendo aplicación de los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 303, 309, 310, 311 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 9 No. 2, 41, 56, 63 párrafo 1º., de la Ley sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGAR la garantía constitucional de Amparo, interpuesta por la abogada ANABELLY MEDINA, a favor de la señora MARIA MAGDALENA OCON CENTENO DE RAPALO, contra las actuaciones de la Honorable Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca,propiamente contra la sentencia dictada en fecha catorce de octubre de dos mil ocho. MANDA: Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los fines legales consiguientes. Redactó el Magistrado RUIZ GAEKEL. NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. ROSALINDA CRUZ SEQUEIRA. COORDINADORA. JOSE FRANCISCO RUIZ GAEKEL. OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS. JOSE ANTONIO GUTIERREZ NAVAS. GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA. Firma y Sello. DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL".
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el trece de enero de dos mil diez, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve recaída en el Recurso de Amparo Civil con orden de ingreso en este Tribunal No.657=08 /P136-142=09.
DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO
SECRETARIO DE LA
SALA CONSTITUCIONAL