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Sentencia CL-169-15 — Registro 6068

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones legales, auxilio de cesantía e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir; segunda instancia revoca parcialmente el fallo exonerando del pago de las prestaciones e indemnizaciones por despido indirecto y condena el pado de derechos adquiridos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del Juzgador frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, d) debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que de nuevo el Censor del Fallo indica como norma violada el artículo 115 del Código del Trabajo, el cual cuenta con dos párrafos, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque y además, señala la prueba testifical como erróneamente apreciada, la cual por no ser reglada queda a la libre formación del convencimiento del Juzgador, por ende no es dable su ataque en este extraordinario recurso, lo cual hace que el cargo que antecede no pueda prosperar.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve de agosto de dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, por el recurrente Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la sociedad FERROMAX, S.A. de C.V.; además es parte recurrida la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, representada en juicio por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones legales, auxilio de cesantía e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos por mediar causas justas constitutivas de despido indirecto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de mayo de dos mil trece, por el Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, mayor de edad, casada, Licenciada en Biología, hondureña y de este domicilio, contra la sociedad FERROMAX, S.A. de C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración, señor FRANCISCO SURIANO SIU H., mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad salvadoreña, con domicilio en San Salvador, República de El Salvador. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de marzo del dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: I. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, así: a) REVOCANDO parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales, auxilio de cesantía e indemnizaciones consistentes en los salarios dejados de percibir, bonificaciones y otros derechos hasta que cause ejecutoria la sentencia, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA promovida por la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas y los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; b) REVOCANDO PARCIALMENTE el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto absuelve a la sociedad mercantil FERROMAX, S.A. de C.V. del pago de las prestaciones e indemnizaciones por despido indirecto, en consecuencia CONDENA a la sociedad mercantil FERROMAX S.A. de C.V., a través de su representante señor GEOVANNY RIVERA a pagarle a la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE la cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (Lps.937.942.16) por los siguientes conceptos: dos meses de preaviso CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps.144.644.86); auxilio de cesantía SETECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON TREINTA CENTAVOS (Lps.723.224.30); auxilio de cesantía proporcional CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.57.858.00, vacaciones causadas CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.48.215.00), más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la señora Lil Yamile Castañeda Huete desde la fecha del despido indirecto, hasta la fecha en que con arreglo a derecho quede firme la presente sentencia condenatoria: c) CONFIRMAR en todas sus partes los numerales tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia definitiva apelada…”; que el a quo en la parte resolutiva de su sentencia en el numeral 3) declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos promovida por la señora LIL YAMILE CASTAÑEDA HUETE, contra la sociedad mercantil denominada FERROMAX, S.A. de C.V.; en el numeral 4) condenó a la sociedad demandada al pago a favor de la demandante la cantidad de L.72,072.53 desglosados de la manera siguiente: decimotercer mes proporcional (55 días) L.11,911.82; decimocuarto mes proporcional (235 días) L.50,895.96; vacaciones proporcionales (3.06 días) L.9,264.75; sin costas en ambas instancias.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el uno de marzo de dos mil dos, desempeñándose como Gerente, con un salario base inicial más comisiones, la que posteriormente asumió el cargo de administradora y representante legal de la sociedad demandada; el hecho que motivó a la demandante para que diera por terminada la relación laboral con la demandada fue por causas justas constitutivas de despido indirecto, ya que en fecha trece de enero de dos mil trece, obtuvo una serie de documentos que acreditaban que los ejecutivos de la demandada con residencia en San Salvador, República de El Salvador, estaban utilizando al contador de la empresa, para que firmara documentación como Gerente, Administrador y representante legal despojándole de esas y otras funciones normales que desempeñaba la demandante en la empresa, los que habían permitido que las declaraciones de volumen de ventas presentadas en las distintas Alcaldías Municipales de Choluteca, Danlí y otras ciudades, las firmara el Contador de la empresa en la que escribía el nombre de la demandante y su número de identidad, como representante de la empresa, incurriendo en usurpación de funciones, falsificación de firma y que al permitirlo los directivos estaban poniendo en riesgo la honorabilidad de la demandante ante dichas instituciones; en fecha ocho de febrero de dos mil trece, último día de trabajo previo a las vacaciones de la demandante, el Ing. René Humberto Bonilla Arias, en su condición de Director de la Junta Directiva de la sociedad FERROMAX, S.A. de C.V., siendo su jefe inmediato y quién visitaba ocasionalmente el país, quiso obligar vía telefónica a la demandante a que dejase firmada 200 hojas en blanco denominadas DVA (Declaración del Valor Aduanero), para efectos de poder ingresar producto de El Salvador hacia Honduras, a lo que se opuso por considerarlo una inducción por parte del representante de la demandada a cometer un acto ilícito, lo que constituye una violación grave a la ley; el veinticinco de febrero de dos mil trece, la demandante se hizo presente a las oficinas de la demandada y utilizando la vía de correo electrónico comunicó al señor Francisco Suriano Siu y al señor René Humberto Bonilla, directivo y patrono inmediato respectivamente, la terminación del contrato por despido indirecto mediando causas justas, incidencias de las cuales la inspectora del Trabajo actuante dio fe, levantando la respectiva acta; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la demandada.- 2. La parte demandada, la sociedad FERROMAX, S.A. de C.V., contestó dicha demanda señalando que no se recibió por parte de la demandante notificación del despido indirecto como lo establece el artículo 117 del Código del Trabajo; sin pretender legitimar acción alguna, partiendo de que la nota de despido a la que se refiere la demandante se puede señalar de la simple lectura de la misma que no es clara, ni precisa, al no establecer los supuestos hechos por virtud de los cuales la demandante se da por despedida indirectamente, al no indicar de forma exacta la fecha en que supuestamente los directivos de la empresa le han despojado de sus funciones, en relación al tiempo en que supuestamente sucedieron los hechos, la demandante únicamente establece como medida de tiempo “últimamente”; en cuanto a la supuesta usurpación de funciones para la firma de balances y declaración de impuesto sobre volumen de ventas ante la DEI y Municipalidades, indica que la demandante únicamente hace referencia a que dichas declaraciones supuestamente fueron firmadas por el contador, sin señalar fechas ciertas y exactas en que ocurrieron los hechos alegados, quedando en consecuencia la demandada en total indefensión para rebatir los argumentos de la demanda, al no saber con exactitud las supuestas faltas cometidas por lo que la carta de despido indirecta de que se hace mérito es violatoria del derecho a la defensa de la demandada.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de enero de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir; absolviendo a la demandada del pago por dichos conceptos; declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos; condenando a la sociedad demandada al pago a favor de la demandante de la cantidad de L.72,072.53 por los conceptos de decimotercer mes proporcional (55 días), decimocuarto mes proporcional (235 días), vacaciones proporcionales (3.06 días), sin costas; bajo el criterio que para acreditar la causa alegada en el presente juicio, misma que se encuentra fundamentada en el artículo 114 del Código de Trabajo literales c), i), j), en tal sentido la parte actora incorporó al juicio la notificación de despido indirecto de fecha 25 de febrero de 2013 de la señora Lil Yamile Castañeda Huete, dirigida a la demandada; en donde se señala que la empresa la había despojado de sus funciones, sin embargo no consta en la misma a partir de cuándo y a que funciones se refiere, siendo imprecisa en cuanto a éste hecho; en la misma nota se indica que se le han usurpado funciones por parte del contador de la empresa, quién ha firmado en su nombre declaraciones de volumen de ventas presentadas a las Alcaldías Municipales de Choluteca, Danlí, entre otras, de lo cual la parte demandante se expresa de manera general, que no se puede determinar quién ha sido la persona a la que ella se refiere y a partir de cuándo se dieron estas situaciones entre otros aspectos necesarios para identificar de manera clara y concreta los hechos que dieron lugar al despido indirecto; asimismo se expresa que la empresa incumplió obligaciones convencionales y legales como patrono, pues un número de teléfono fue instalado a su cargo en la tienda de Juticalpa, Olancho y como no se ha pagado el servicio que se adeuda, se le ha ingresado a la Central de Riesgo, al igual que los hechos anteriores la demandante no señala a que número de teléfono se refiere, datos necesarios para una justa defensa de la parte demandada; un último hecho se refiere a que en fecha trece de febrero de dos mil trece, el señor René Bonilla, Director de la sociedad quiso obligar a que la demandante firmara 200 hojas en blanco denominadas DVA, lo que considera que es una violación a la ley, siendo que en el caso del despido indirecto, corresponde al trabajador expresar en la notificación del mismo, los motivos en forma clara y concreta de los hechos que generaron la terminación de la relación laboral, al tenor de lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo, siendo la notificación del despido un requisito sine qua non para que el despido indirecto surta los efectos legales correspondientes y en el caso de autos la notificación del despido no reúne los requisitos contemplados en dicho artículo, pues la notificación no es clara al señalar los motivos que originaron la terminación de la relación laboral por lo que procede declarar sin lugar la demanda de merito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha cinco de marzo de dos mil quince, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de revocar parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en cuanto declara sin lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales, en consecuencia, declara con lugar la demanda promovida por la señora Lil Yamile Castañeda Huete, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas y los salarios dejados de percibir; revocando parcialmente el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en cuanto absuelve a la sociedad mercantil FERROMAX S.A. de C.V. del pago de las prestaciones laborales por despido indirecto, en consecuencia, condenó a la sociedad demandada al pago a favor de la demandante de la cantidad de L.937,942.16 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones causadas, más los salarios dejados de percibir; confirmando en todas sus partes los numerales tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia definitiva apelada, sin costas; bajo el criterio que con respecto a la notificación del despido indirecto, se acreditó que efectivamente fue entregado al representante de la empresa, puesto que si bien es cierto se envió vía correo, que era el medio que utilizaban para comunicarse con la demandante, también se acreditó que tal actuación fue confirmada por la Inspectora del Trabajo según acta levantada al efecto y en la cual además consta que se le dejó copia de dicha nota al señor Héctor Vargas, en su condición de Gerente de Ventas de la tienda Ferromax Loarque; que de las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer de manera fehaciente, que a la demandante se le quitaron parte de sus funciones y además se acreditó que algunos documentos que ella firmaba como parte de sus funciones normales en la empresa, posteriormente los firmaba otra persona pero con el nombre de ella y su tarjeta de identidad, de igual manera los testigos propuestos por la parte demandante declararon en forma contestes, que le dieron a la demandante un legajo de papeles en blanco para que los firmara lo cual no es correcto ni ético; la parte demandada sostiene en su escrito de contestación de demanda, que lo que ha habido en el presente caso es una colusión entre la demandante y los ex empleados de la empresa, hecho éste que no acreditó con ninguna de las pruebas aportadas al proceso; la parte demandante también solicita en su demanda el pago de vacaciones causadas, las cuales es procedente declarar con lugar, en virtud de que la parte demandada no acreditó haber cancelado las mismas, debiendo de hacerse el cálculo tanto para éste derecho como para las prestaciones e indemnizaciones laborales, en base a un salario ordinario de L.61,990.65 que devengaba la demandante en los últimos seis meses de la relación laboral, incluyéndose dentro de dicho cálculo los días que hacían falta para terminar el mes de febrero y un salario promedio de L.72,322.43; que analizada la prueba en su conjunto se concluye, que la parte demandante acreditó en juicio haber tenido justas causas para darse por despedida de manera indirecta, en consecuencia la sentencia definitiva que se revisa en apelación no se encuentra dictada conforme a derecho, por lo que procede su reformatoria.- 5. Mediante auto de fecha diez de abril de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY ALEJANDRA RODRIGUEZ DEL CID, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil FERROMAX S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su condición de representante procesal de la sociedad FERROMAX S.A. de C.V., formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de junio de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado RIGOBERTO DUARTE ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JORGE ALBERTO HERRERA FLORES, en su primer motivo de casación sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por violación indirecta, proveniente del error de hecho por la apreciación errónea de los medios de prueba documental consistente en la Nota de despido indirecto que obra a folio once (11), en relación con el artículo 117 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 preámbulo, numeral 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, el artículo 117 del Código del Trabajo, en relación al artículo 114 y 115 del mismo cuerpo legal. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La prueba apreciada erróneamente por el Tribunal Ad Quem, fue el MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADO: Nota de despido indirecto que obra a folio once (11). REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO: Que en el presente caso ha existido violación de ley sustantiva por infracción indirecta al artículo 117 del Código del Trabajo, por apreciación errónea de los medios de prueba documentales que obran a folio once (11), como es la nota de despido indirecto, misma que dejo de apreciar la Corte de Apelaciones y estas quedaron debidamente probadas, en vista de que la A-quen al emitir su fallo aprecio erróneamente la nota de despido indirecto, ya que sus Considerandos Quinto y Sexto de la sentencia recurrida no se pronuncio sobe la ilegalidad de la nota de despido. Señores magistrados la nota de despido, ya sea por despido indirecto o directo, debe de cumplir con los requisitos del artículo 117 del Código de Trabajo, pues la misma “debe contener la expresión de la causa o motivos que la mueve a tomar esa determinación, después no se podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”; en el presente caso, la Ad Quen aprecia erróneamente este medio de prueba , pues de la simple lectura del mismo carece de todos y cada uno de estos requisitos, ya que la misma no establece claramente sus causales, las fechas en que supuestamente fue despojada de sus funciones, solamente indica “ULTIMAMENTE”, también en la misma nota de despido indirecto, habla de una supuesta usurpación de firmas en las declaraciones de volúmenes de venta, pero en la misma no indica, las fechas, número o cualquier otro indicativo, que sirva de forma clara para saber de qué declaraciones de volúmenes de venta fueron en las que supuestamente se usurpo la firma. Sumado a lo anterior y siguiendo con la lectura de la nota de despido indirecto el cual se apreció erróneamente, en el tercer causal, se puede leer que la demandante, habla de una línea telefónica, la cual alega que está en mora con Hondutel y que por ello es que la demandada se encuentra en la central de riesgos, la apreciación errónea del A-quo es porque la misma, no establece, cual es el monto de la deuda, cual es el número de teléfono, a nombre de quien está la línea, cuales son los meses que se deben; por otra parte el último causal también carece de claridad, pues no indica cual es la forma en que el Ingeniero René Bonilla, la quiso obligar a firmar unas supuestas hojas en blanco, hablando de un acto ilícito, el cual tampoco aclara cual es. El problema señores Magistrados que el Ad Quem aprecia erróneamente el medio de prueba documental determinado nota de despido indirecto, el cual y de la simple lectura se puede establecer que el mismo no cumple con los requisitos del artículo 117 del Código de Trabajo pues el mismo no es claro en cuanto a sus numerales, lo anterior trae como consecuencia que la nota de despido sea ilegal, así mismo tal ilegalidad causa indefensión a mi representada, pues al no establecerse claramente las causas o motivos por las que se dio por despedida indirectamente, mi representada no pudo presentar medios de pruebas que desvirtuaran tales alegatos, ya que la misma no contenía fechas, es más, ni se pudo alegar prescripción de la supuestas faltas, pues de haber ocurrido y al no establecerse la fecha no sabemos si las mismas ya estaban prescritas, esto solo para evidenciar como se violenta el derecho a la defensa por no establecer con claridad y precisión con la causal que motivo a la trabajadora a dar por finalizado su contrato de trabajo. Como podrá observarse señores Magistrados, la nota de despido indirecto, se aprecio erróneamente, pues el fallo dictado por la Ad Quen, no hace alusión alguna a la ilegalidad de la misma, a pesar que es hecho controvertido, es más, la demanda en el Juzgado fue declarada SIN LUGAR, bajo estos preceptos, y la Corte de Apelaciones reforma la sentencia, y ni siquiera se pronuncia en sus considerandos las razones por la cual reforma el criterio de la A Quo hago esta explicación para hacer ver a esta Corte la falta de contradicción en la sentencia, por la apreciación errónea de un medio de prueba, ya que la sentencia recurrida apreció de forma general toda la prueba, pero no se pronuncia sobre el fondo de la prueba y tampoco desvanece el argumento del Juez al declarar SIN LUGAR la demanda. Por lo anteriormente relacionado es evidente que la sentencia no se encuentra apegada a derecho, razón suficiente para casar la misma.”.- III. Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del Juzgador frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, d) debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- IV. Del análisis del expediente de mérito, éste Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material realizado por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, se sostiene que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de éste Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable.- V. Que el Impetrante en su segundo motivo sostiene: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por violación indirecta, proveniente del error de hecho por la apreciación errónea de los medios de prueba documental consistente en: 1.Convocatoria para audiencia de conciliación la cual corre a folio siete (7); 2.Calculo de prestaciones e indemnizaciones laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a favor de Lil Yamile Castañeda Huete, la cual corre a folio ocho (8); 3. Acta de cierre de diligencias administrativas conciliatorias la cual corre a folio nueve (9); 4. Solicitud de servicios de inspección, nota de despido indirecto y acta de notificación de despido indirecto, las cuales se encuentran del folio diez (10) al quince (15); 5.Copia fotostática del contrato de arrendamiento el cual se encuentra a folio dieciséis (16) al diecinueve (19); y, 6. Poder general para pleito otorgado por la demandante a favor del abogado Rigoberto Duarte Acosta, el cual se encuentra a folio veintiuno (21), b). Medio de prueba Testifical, el cual se encuentra de los folios ciento treinta y cinco (135) al ciento cuarenta y uno (141); y c). Medio de prueba Reconocimiento Judicial, el cual se encuentra a folio ciento cuarenta y siete (147) al ciento sesenta y dos (162), consistente en las planillas de pago de los últimos seis meses de trabajo de la demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 preámbulo, numeral 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, el artículo 115 en relación con el artículo 114 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La prueba que fue apreciada erróneamente por el Tribunal Ad Quen fue la siguiente: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL: 1.Convocatoria para audiencia de conciliación la cual corre a folio siete (7); 2.Calculo de prestaciones e indemnizaciones laborales extendida por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a favor de Lil Yamile Castañeda Huete, la cual corre a folio ocho (8); 3. Acta de cierre de diligencias administrativas conciliatorias la cual corre a folio nueve (9); 4. Solicitud de servicios de inspección, nota de despido indirecto y acta de notificación de despido indirecto, las cuales se encuentran del folio diez (10) al quince (15); 5. Copia fotostática del contrato de arrendamiento el cual se encuentra a folio dieciséis (16) al diecinueve (19); y, 6. Poder general para pleito otorgado por la demandante a favor del abogado Rigoberto Duarte Acosta, el cual se encuentra a folio veintiuno (21), b). Medio de prueba Testifical, el cual se encuentra de los folios ciento treinta y cinco (135) al ciento cuarenta y uno (141); y c). Medio de prueba Reconocimiento Judicial, el cual se encuentra a folio ciento cuarenta y siete (147) al ciento sesenta y dos (162), consistente en las planillas de pago de los últimos seis meses de trabajo de la demandante. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN AL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. Que en el presente caso ha existido una apreciación errónea: a) Medio de prueba documental: Consistente en: 1. Convocatoria para audiencia de conciliación la cual corre a folio 7; 2. Calculo de prestaciones e indemnizaciones laborales extendida por la secretaria de trabajo y seguridad a favor de Lil Yamile Castañeda Huete la cual corre a folio 8; 3. Acta de cierre de diligencias administrativas conciliatorias la cual corre a folio 9; 4. Solicitud de servicios de inspección, nota de despido indirecto y acta de notificación de despido indirecto, las cuales se encuentran del folio 10 al 15; 5. Copia fotostática del contrato de arrendamiento el cual se encuentra a folio 16 al 19; y, 6. Poder general para pleito otorgado por la demandante a favor del abogado Rigoberto Duarte Acosta, el cual se encuentra a folio 21, b). Medio de prueba Testifical, el cual se encuentra de los folios 135 a 141; y c). Medio de prueba Reconocimiento Judicial, el cual se encuentra a folio 147 a 162, consistente en las planillas de pago de los últimos seis meses de trabajo de la demandante. Resulta señores magistrados, el Ad Quem en su considerando quinto de la sentencia indica: “que con las pruebas aportadas al proceso se pudo establecer de forma fehaciente, que a la demandante se le quitaron sus funciones y además se acredito que algunos documentos que ella firmaba como parte de sus funciones normales en la empresa, posteriormente los firmaba otra persona, pero con el nombre de ella y su tarjeta de identidad, de igual manera los testigos propuestos por la parte demandante, dice el Ad Quem que declararon de forma conteste que le dieron un legajo de hojas en blanco para que las firmara lo cual no es correcto, ni ético”. Como se puede apreciar honorable Magistrados, la Ad Quem, indica que con los medio de prueba aportados se aprecio según su análisis que estaban probadas la causales por las que se dio despidida indirectamente la hoy demandante, sin embargo, tal apreciación llevo a los Magistrados a error, pues los medios de prueba aportados por la parte demandante son los que se desglosaron al principio de este motivo, y de la lectura de todos y cada uno de ellos, ninguno prueba lo alegado en la nota de despido, pues si bien es cierto hay una inspección realizada por la Secretaría de Trabajo, pero esta solo tenía como finalidad constatar el despido indirecto, en cuanto a los demás medios de prueba documentales, los cuales son el cálculo de prestaciones, solicitud de servicios conciliatorios, nota de despido indirecto y el poder con el que actúa el Abogado de la parte demandante, ninguno de ellos probo la supuesta causal alegada, ya sea de cambio de funciones, usurpación de firma o cualquier otra alegada en la nota de despido. Siguiendo con este orden de ideas, también se aprecio erróneamente los medios de prueba reconocimiento Judicial y Testifical, el primero ya que el mismo solo sirvió para probar la fecha de ingreso y el salario de la demandante, pero no para probar ni un tan solo hecho de los alegados en la nota de despido. En cuanto al medio de prueba Testifical, el mismo no debió ser apreciado por los magistrados y al hacerlo cayeron en error, primero: Porque en base al principio de inmediación la Ad Quem, no podía dictar sentencia conforme a la prueba testifical, pues la misma no estuvo presente al momento de practicarse el medio de prueba, es de hacer resaltar a este Tribunal que ni siquiera existe la justificación que dicha audiencia fue gravada, ya que no existe medio de prueba electrónico o de reproducción de medios técnicos que acredite tal extremo, por ello existe el acta que se levanto con la declaración literal de los testigos, por ello decimos que se violento el principio de inmediación, demás está decirlo, que este criterio ha sido sostenido por esta Corte Suprema de Justicia y que no se conoce fallo casado bajo un medio de prueba testifical, por otra parte, la parte demandante, quiso probar mediante testigos hechos de la nota de despido, que debieron ser probados mediante el medio prueba documental, por lo que se hacen las siguientes observaciones, si se pretendía probar la intención que se firmaron documentos en blanco, debieron ser presentados los documentos, por lo que queda la incógnita si existieron dichos documentos o solo fue un alegato de la demandante, lo anterior se basa en que de la simple lectura de la nota de despido, no se establecieron fechas, numero o cualquier otro dato que sirviera para la búsqueda y presentación de tales documentos ante el Juzgado, asimismo, en la nota de despido habla de unas declaraciones de venta que supuestamente hacia a las alcaldías municipales de Choluteca, Danli y otras ciudades, y que ahora son firmadas por el contador con su nombre, este hecho Señores Magistrados exige como requisito sine qua non presentar la prueba documental, en donde hay que determinar en primera instancia si la demandante hacia estas declaraciones ante dichas alcaldías, segundo si ahora las hace otra persona, tercero si la firma que aparece en las declaraciones es de otra persona con el nombre de la demandante, pero además como lo alega en la nota de despido que hay usurpación de funciones y falsificación de firma, eso amerita otro medio de prueba consistente en un perito calígrafo para determinar si era de ella o no la firma, pero el Ad Quem da por probado este hecho con un medio de prueba testifical. Por último alega que el número de teléfono que le fue instalado por HONDUTEL en la tienda de Juticalpa, Olancho no se ha pagado y que no le permite desarrollar normalmente sus funciones y que además la tienen en la central de riegos, Señores Magistrados, tenía que probar con un medio de prueba DOCUMENTAL cual era el número de teléfono, que estaba a nombre de ella, que era usado por la demandada, que no estaba pagado, pero además no hay otra forma de probar que está en la central de riesgo si no es por una constancia emitida por la institución que certifica que la persona cayó en mora por falta de pago, aun así la Ad Quem da por probado este hecho con un medio de prueba testifical. Como podrán ver Señores Magistrados ha existido apreciación errónea de los medios de prueba antes referidos, ya que se dieron por probados hechos con un medio de prueba testifical, mismo que por su naturaleza debían ser probados con medios de prueba documentales y peritajes dando un alcance distinto a la prueba provocando indefensión a mi representada, con lo anteriormente expuesto es que existe suficientes razones para casar la sentencia recurrida.”.- VI. Que tampoco resulta admisible el anterior cargo, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos técnicos: a) se indica como norma violada el artículo 115 del Código del Trabajo, el cual cuenta con dos párrafos, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque contra el fallo impugnado; y, b) entre la prueba que aduce fue objeto de interpretación errónea, incluye la testifical, la cual por no ser reglada queda a la libre formación del convencimiento del Juzgador, por ende no es dable su ataque en este extraordinario recurso.- VII. Que el Impetrante desarrolla un tercer motivo en la forma siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por violación indirecta, proveniente del error de hecho por la apreciación errónea del Medio de prueba Testifical, el cual se encuentra de los folios 135 a 141, en relación con el artículo 730 y 858 del código del trabajo en relación con el artículo 16 del código procesal civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 preámbulo, numeral 1°, párrafo segundo del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, artículo 115 en relación al artículo 114 del Código del Trabajo. APRECIACIÓN ERRÓNEA: La prueba en la que se cometió apreciación errónea por el Tribunal Ad Quen fue la siguiente: Medio de prueba Testifical, el cual se encuentra de los folios 135 a 141. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL TERCER MOTIVO. Señores Magistrados, que en el presente caso también ha existido apreciación errónea de la prueba Medio de prueba Testifical, el cual se encuentra de los folios 135 a 141, ya que la Corte de Apelaciones en su considerando QUINTO, del renglón 15vo. a 20vo., establece: “Que los testigos propuestos por la parte demandante, declararon de forma conteste que le dieron un legajo de hojas en blanco para que las firmara lo cual no es correcto, ni ético”, en el presente caso señores Magistrados, el principio de inmediación comprendido en el artículo 16 del Código Procesal Civil, nos indica que la juez que dicta la sentencia es la que haya apreciado y dirigido la práctica de las prueba, en el presente caso el medio de prueba testifical es un medio de prueba practicado y apreciado por el Juez, por haber sido este el que tuvo la inmediación, mismo que no le dio valor probatorio, pero la Corte de Apelaciones violentado la inmediación le da un valor probatorio, totalmente distinto al que le dio el A quo, a analizar un medio de prueba testifical en el cual ellos no estuvieron presentes, pero lo más preocupante es que con este medio de prueba la Corte de Apelaciones revoca la sentencia de primera instancia. Como se puede apreciar señores Magistrados, el haber apreciado el medio de prueba testifical, medio de prueba que no fue dirigido por los señores magistrados, trae como consecuencia la apreciación errónea del mismo, por lo anteriormente expuesto existe suficientes razones para casar la sentencia recurrida.”.- VIII. Que de nuevo el Censor del Fallo indica como norma violada el artículo 115 del Código del Trabajo, el cual cuenta con dos párrafos, que se refieren a distintas situaciones jurídicas, que era necesario precisar a cual de ellas se dirige el ataque y además, señala la prueba testifical como erróneamente apreciada, la cual por no ser reglada queda a la libre formación del convencimiento del Juzgador, por ende no es dable su ataque en este extraordinario recurso, lo cual hace que el cargo que antecede no pueda prosperar.- IX. Que de forma subsidiaria el Recurrente pide lo siguiente: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA. Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quen buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de la contestación de la demanda, ya que como se puede observar en la sentencia recurrida la Corte de Apelaciones no se pronunció sobre el alegato de mi representada consistente en el hecho segundo de la demanda (ver folio 27 de la primera pieza) en donde se alega que la nota de despido no es clara ni precisa porque no se establece con claridad y prescripción la causal que motivo a la demandante a dar por terminado el contrato de trabajo, de acuerdo a lo que manda el artículo 117 del Código del Trabajo, y se establece en el mismo hecho cómo y por qué se violenta el derecho a la defensa y además el mandato del articulo antes relacionado, Señores Magistrados sobre este hecho no se pronunció la Corte de Apelaciones en su sentencia, a pesar que es un hecho controvertido, lo más preocupante es que si lo hizo la A Quo, y fue por esa razón que declaro SIN LUGAR la demanda, la Corte de Apelaciones reforma la sentencia recurrida, pero no se pronuncia sobre los hechos controvertidos y pero aun ni las razones porque reforma la sentencia, es mas en el fallo primero reforma la sentencia pero no dice por que la reforma y luego revoca parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva, tampoco dice porque lo hace. Señores Magistrados a considerando 5 de la sentencia recurrida es el único pronunciamiento que hace la Corte de Apelaciones sobre lo que ellos creen que fue probado, pero en ningún considerando se pronunciaron sobre los hechos controvertidos y esencialmente por el principio de legalidad que mi representada alego en su defensa, consistente en la falta de claridad de la nota de despido como lo manda el artículo 117 del Código de Trabajo, en consecuencia, la sentencia no es clara, es por ello que se solicita la nulidad de la misma, sin perjuicio que sea casada. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA. Señores Magistrados las sentencias deben tener congruencias entre los hechos controvertidos y lo otorgado, revisando el principio de legalidad de los probado, que esto último sea de acuerdo a las formalidades que establece la ley, Señores Magistrados en el presente caso a considerando 5 el Ad quem, revoca una sentencia bajo el criterio que los hechos fueron probados por el análisis de la prueba en su conjunto, pero resaltan que se valoró como medio de prueba la declaración testifical dada en juicio, siendo este ultimo el único prueba presentado en juicio con el que se pretendió probar lo alegado por la parte demandante, la Corte de Apelaciones dio por probadas las causales de despido con el medio de prueba testifical, situación esta incorrecta, ya que el requisito sine qua non establecido en el artículo 730 del Código de Trabajo en relación con el artículo 858 del mismo cuerpo legal y 16 del Código Procesal Civil, este medio de prueba exige la solemnidad de la inmediación, principio este que jamás se dio por los Magistrados de la Corte de Apelaciones, ya que este fue practicado por el A quo y este bajo el principio de inmediación que sí lo tuvo, no le dio valor probatorio. Señores Magistrados es importante hacer ver a este Tribunal que la Corte de Apelaciones reforma y revoca la sentencia alegando haber analizado la prueba en su conjunto, existiendo en el presente juicio únicamente tres medios de prueba: la testifical que ya se relaciona, la DOCUMENTAL que la lectura de todos y cada uno de ellos, ninguno prueba lo alegado en la nota de despido, pues si bien es cierto hay un acta realizada por la Secretaria de Trabajo, pero esta solo tenía como finalidad constatar la notificación del despido indirecto, en cuanto a los demás medios de prueba documentales, los cuales son el cálculo de prestaciones, solicitud de servicios conciliatorios, nota de despido indirecto y el poder con el que actúa el abogado de la parte demandante, y con ninguno de ellos probo la supuesta causal alegada, ya sea de cambio de funciones, usurpación de firma o cualquier otra alegada en la nota de despido; con el segundo medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL el mismo solo sirvió para probar la fecha de ingreso y el salario de la demandante. Es evidente Señores Magistrados que una vez hecha la relación de los diferentes medios de prueba, nos damos cuenta que el único que queda para probar la causal de despido es el testifical y como ya se dijo anteriormente se violenta el principio de inmediación, pero además, resalto que no es posible con este medio de prueba probar las causales por las siguientes razones: Si se pretendía probar que la hicieron firmar documentos en blanco, debieron ser presentados los documentos, por lo que queda la incógnita si existieron dichos documentos, o solo fue un alegato de la demandante, asimismo, en la nota de despido habla de unas declaraciones de venta que supuestamente hacia a las alcaldías municipales de Choluteca, Danli y otras ciudades, y que ahora son firmadas por el contador con su nombre, este hecho Señores Magistrados exige como requisito sine qua non presentar la prueba documental, en donde hay que determinar en primera instancia si la demandante hacia estas declaraciones ante dichas alcaldías, segundo si ahora las hace otra persona, tercero si la firma que aparece en las declaraciones es de una persona distinta a la demandante, también como lo alega en la nota de despido que hay usurpación de funciones y falsificación de firma, eso amerita otro medio de prueba consistente en un perito calígrafo para determinar si era de ella o no la firma en los documentos, pero la Corte de Apelaciones da por probado este hecho con un medio de prueba testifical. Por último alega que el número de teléfono que le fue instalado por HONDUTEL en la tienda de Juticalpa, Olancho no se ha pagado y que no le permite desarrollar normalmente sus funciones y que la tienen en la central de riegos, Señores Magistrados tenía que probar con un medio de prueba DOCUMENTAL cual era el número de teléfono, que estaba a nombre de ella, que era usado por la demandada, que no estaba pagado, pero además no hay otra forma de probar que está en la central de riesgo si no es por una constancia emitida por la institución que certifica que la persona cayó en mora por falta de pago, aun así la Corte de Apelaciones da por probado este hecho con el medio de prueba testifical. Como se puede observar Señores Magistrados la relación que hace la Corte de Apelaciones al decir que analizo la prueba en su conjunto y que por eso reforma y revoca la sentencia, es nada mas un estilo que redacción para cumplir con un requisito de ley, de decir que fue analizada toda la prueba, pero carece de la particularidad de que probó con cada uno de los medios de prueba, llevando a la confusión e incongruencia en la sentencia de creer que con todos los medios de prueba se probaron los hechos alegados por la demandante, situación esta errónea ya que para probar la supuesta causal alegada solo hay un medio de prueba que tiene relación con lo alegado, pero que el mismo no es pertinente para probar las causales ya que por la naturaleza de lo alegado es con otros medios de prueba como ya se dijo antes que se acreditan estos hechos, por lo que la prueba testifical tomada por la Corte de Apelaciones bajo el argumento de analizada en su conjunto, no es posible decir que con ese medio de prueba se probó lo alegado por la demandante. Por lo anteriormente expuesto es evidente que motivos de nulidad en la sentencia recurrida al haber incongruencia de relación en los medios de prueba, por lo que se solicita que sea decreta por esta Corte Suprema de Justicia la nulidad de la sentencia, sin perjuicio que la misma sea casada.”.- X. Que si bien es cierto, que la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que éste Tribunal deba enmendar, lo cual no aparece manifiesto en el presente caso, ya que el ad quem goza de la facultad de revisar las decisiones de primer grado, incluyendo la apreciación y valoración del material probatorio; por otro lado, no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- XI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los tres motivos de casación y declarar sin lugar la nulidad solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMA Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de septiembre del dos mil dieciséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de agosto del dos mil dieciséis recaída en el Recurso de Casación número 169-15.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.