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Sentencia CL-138-15 — Registro 6517

Resumen

Segunda instancia declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario mínimo adeudado, prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldo, decimocuarto mes y salarios caídos

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita la nulidad del fallo impugnado, de la forma siguiente: “Que el Impetrante formula nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La Honorable Corte Suprema de Justicia otorgó el Amparo interpuesto por el Estado de Honduras el VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, y declara que la relación laboral existe entre mi representada y la Corporación Municipal de Puerto Cortes. Dicha sentencia no fue tomada en consideración en la resolución dictada por la Corte Sentenciadora el lunes dos de marzo del 2015. El artículo 65 de la Ley de Amparo establece que la sentencia de Amparo es de ejecución inmediata y si no se hace, el Órgano Jurisdiccional remitirá al Ministerio Público certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie la acción penal correspondiente. En la resolución de quince de diciembre del 2014 dictada por ésta Honorable Corte Suprema de Justicia conforme a la cual se declara la nulidad de la sentencia dictada en Apelación el 25 de junio del 2013, se indican los motivos de tal determinación, fallo que igualmente fue ignorado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, desobedeciendo una vez más una resolución del más Alto Tribunal de Justicia. Por todo lo anterior, de manera subsidiaria pedimos que de oficio se declare la nulidad de la sentencia cuya casación formulamos en éste escrito y asimismo que se proceda contra la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula por desobediencia.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 2 de marzo de 2015, que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 3 de mayo de 2013, donde se declara sin lugar la demanda, no resulta congruente con las actuaciones que se han suscitado durante el proceso, particularmente la sentencia de amparo que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia a favor de la parte demandante, eximiendo de responsabilidad a la Secretaría de Educación de la existencia de relación laboral con la Señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ y otorgándole dicha existencia a la Corporación Municipal de Puerto Cortés, lo cual ha omitido en su apreciación el Ad-Quem; también lo es que, en respeto irrestricto de la Ley, el fallo debe mantenerse incólume y no es posible su modificación, ya que además de haber sido dictada por otra sala, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones definitivas una vez firmadas no pueden ser modificadas; en tal sentido, el Ad-quem contradictoriamente hace relación al amparo otorgado reconociendo que deben restituirse los derechos al recurrente, pero por otra parte, es del criterio que el amparo no resolvió el fondo, sin embargo, se desprende del considerando diez (10) de la sentencia de amparo, el criterio de la Sala Constitucional en cuanto a haber otorgado el mismo, “en virtud de que se ha evidenciado que la Secretaría de Educación no es responsable de la Contratación y tampoco es parte de la relación de trabajo con la demandante, ya que está plasmado en las diligencias, la relación de trabajo existente entre la Señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ y la Corporación Municipal de Puerto Cortes”, reiteramos, que es un asunto dirimido por un Tribunal Competente.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho."

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 23 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, numeral 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 22 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 214, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 215, numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita la nulidad del fallo impugnado, de la forma siguiente: “Que el Impetrante formula nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La Honorable Corte Suprema de Justicia otorgó el Amparo interpuesto por el Estado de Honduras el VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, y declara que la relación laboral existe entre mi representada y la Corporación Municipal de Puerto Cortes. Dicha sentencia no fue tomada en consideración en la resolución dictada por la Corte Sentenciadora el lunes dos de marzo del 2015. El artículo 65 de la Ley de Amparo establece que la sentencia de Amparo es de ejecución inmediata y si no se hace, el Órgano Jurisdiccional remitirá al Ministerio Público certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie la acción penal correspondiente. En la resolución de quince de diciembre del 2014 dictada por ésta Honorable Corte Suprema de Justicia conforme a la cual se declara la nulidad de la sentencia dictada en Apelación el 25 de junio del 2013, se indican los motivos de tal determinación, fallo que igualmente fue ignorado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, desobedeciendo una vez más una resolución del más Alto Tribunal de Justicia. Por todo lo anterior, de manera subsidiaria pedimos que de oficio se declare la nulidad de la sentencia cuya casación formulamos en éste escrito y asimismo que se proceda contra la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula por desobediencia.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 2 de marzo de 2015, que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 3 de mayo de 2013, donde se declara sin lugar la demanda, no resulta congruente con las actuaciones que se han suscitado durante el proceso, particularmente la sentencia de amparo que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia a favor de la parte demandante, eximiendo de responsabilidad a la Secretaría de Educación de la existencia de relación laboral con la Señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ y otorgándole dicha existencia a la Corporación Municipal de Puerto Cortés, lo cual ha omitido en su apreciación el Ad-Quem; también lo es que, en respeto irrestricto de la Ley, el fallo debe mantenerse incólume y no es posible su modificación, ya que además de haber sido dictada por otra sala, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones definitivas una vez firmadas no pueden ser modificadas; en tal sentido, el Ad-quem contradictoriamente hace relación al amparo otorgado reconociendo que deben restituirse los derechos al recurrente, pero por otra parte, es del criterio que el amparo no resolvió el fondo, sin embargo, se desprende del considerando diez (10) de la sentencia de amparo, el criterio de la Sala Constitucional en cuanto a haber otorgado el mismo, “en virtud de que se ha evidenciado que la Secretaría de Educación no es responsable de la Contratación y tampoco es parte de la relación de trabajo con la demandante, ya que está plasmado en las diligencias, la relación de trabajo existente entre la Señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ y la Corporación Municipal de Puerto Cortes”, reiteramos, que es un asunto dirimido por un Tribunal Competente.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de diciembre del dos mil dieciséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de abril de dos mil quince, por el recurrente Abogado JAIME AGUILAR SMITH, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Cortés, en su condición de representante procesal de la señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ; además es parte recurrida la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República, representada en juicio por la Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO y contra la CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO CORTES, representada en juicio por el Abogado DOUGLAS OSWALDO URRUTIA FUNEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de salario mínimo adeudado, prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldo, decimocuarto mes y salarios caídos, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha veinticuatro de enero de dos mil once, por la señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ, mayor de edad, soltera, Costurera, hondureña y con domicilio en Puerto Cortés, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuradora General de la República de ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio y contra la CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO CORTES, por medio del Alcalde Municipal, señor ALAN DAVID RAMOS MOLINA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en Puerto Cortés, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha tres de mayo del dos mil trece, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS y contra la CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO CORTES; en consecuencia, ABSUELVE a los demandados de toda responsabilidad económica laboral en el presente juicio, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada verbalmente y por tiempo indefinido por la Corporación Municipal de Puerto Cortés, como Aseadora de la Escuela San Martin de Porres, perteneciente al Ministerio de Educación, el 1 de junio de 2009, con un salario mensual de L.2,000.00, el cual nunca no se le pagó a la demandante el salario mínimo, vacaciones, aguinaldo y decimocuarto mes de salario; el 31 de agosto de 2010 el Director de la Escuela San Martín de Porres, Profesor Freddy Montes, le manifestó a la demandante que por falta de presupuesto quedaba despedida y en esa misma fecha un Inspector de Trabajo le calculó a la demandante las prestaciones laborales las que ascienden al monto de L.82,547.53, sin el reajuste del salario mínimo; en fecha 30 de septiembre del mismo año, el Inspector de Trabajo Roberto Urbina, a petición de la demandante se constituyó en la Escuela San Martin de Porres, donde el Director de la misma, aceptó que la demandante laboraba como aseadora, pero pagada por la Corporación Municipal y que fue despedida por no tener presupuesto para seguirle empleando; el 20 de octubre del 2010, el señor Alcalde Municipal fue citado para comparecer el 28 de octubre de 2010, a las 10:00 A. M., a la Inspección del Trabajo respectiva, resultando que el apoderado legal de la municipalidad, manifestó que su representada no era responsable por las actuaciones de las autoridades de la escuela; el 18 de noviembre del 2010, el Procurador del Trabajo, dio por agotado el trámite administrativo al no comparecer a su despecho previa citación, el Director de dicha escuela; tanto el Estado de Honduras a través del Ministerio de Educación como la Corporación Municipal de Puerto Cortés, son responsables solidarios de todos los derechos laborales correspondientes a la demandante como lo establece el artículo 7 del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, la CORPORACION MUNICIPAL DE PUERTO CORTES, contestó dicha demanda señalando que el Director de la Escuela San Martín de Porres en múltiples oportunidades solicitó a la Corporación Municipal el apoyo para el pago de una aseadora en dicha escuela, en tal sentido que se apoyaba a la escuela, brindando una ayuda económica a la demandante; es inaudito que la demandante pretenda hacer creer que era empleada municipal cuando nunca se cumplieron los requisitos esenciales establecidos en el artículo 20 inciso b) del Código del Trabajo, pues la ahora demandante, tal como ella lo afirma en el libelo de su demanda, no estaba sometida a la continuada subordinación o dependencia de la Municipalidad de Puerto Cortés; la demandante afirma que su despido verbal lo efectuó el profesor Fredy Montes, en su condición de Director de la Escuela San Martín de Porres, siendo prueba irrefutable de que la demandante estaba sometida o subordinada a la Dirección de dicha escuela y no de la Municipalidad, por lo que queda demostrado que no concurren los tres elementos esenciales para que haya contrato de trabajo, en todo caso la demanda tuvo que ser dirigida únicamente en contra de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Procuraduría General de la República, y no contra la Municipalidad de Puerto Cortés que no tiene nada que ver con respecto a la relación laboral entre ambos; de acuerdo a lo que establece la Ley de Municipalidades en su artículo 43 las facultades de administración general y representación legal de la municipalidad corresponden al Alcalde y en el presente caso la demandante ha sido despedida por el Director de la Escuela San Martin de Porres, situación esta que demuestra que la demandada no era el patrono de la demandante, por lo que es procedente declarar sin lugar la presente demanda.- 3. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, contestó dicha demanda señalando que la demandante no tiene ninguna relación laboral ni por Acuerdo, Contrato o por Jornal, con dicha Secretaría de Estado, pues claramente la actora acepta que fue contratada verbalmente por la Corporación Municipal de Puerto Cortés, para laborar como aseadora en la Escuela San Martín de Porres; el Director del Centro Educativo manifestó que la demandante hizo mención que trabajaba en la escuela pero fue contratada por la Corporación Municipal de Puerto Cortés y fue separada de su puesto por no tener presupuesto la Alcaldía Municipal; la parte demandante cree que agotó la vía gubernativa al citar al Profesor Fredy Hernández, Director de ese Centro Educativo, pues el mismo no tiene la capacidad ni la representación legal, ya que no ostenta ninguna titularidad ni poder de representación, no teniendo ninguna facultad para acudir en nombre de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y mucho menos en nombre del Estado de Honduras, para comparecer y representarlos ante algún ente gubernativo con el objeto de contraer compromisos, llegar a acuerdos que implique el pago de cantidades liquidas de dinero, por lo tanto no se agotó el trámite gubernativo establecido en el artículo 691 reformado del Código del Trabajo, pues el único autorizado y facultado para tales menesteres es el Procurador General de la República tal como lo establece la Constitución de la República; el Código de Trabajo es claro al manifestar, que para que exista una relación contractual deben de existir tres elementos imperativos y en este caso en especial, falta uno de ellos, que es el pago o remuneración por los servicios prestados, por lo tanto y tal como se demostrara en el juicio, en ningún momento la demandada ha hecho efectivo alguna remuneración por servicios prestados a la demandante.- 4. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Cortés, en fecha tres de mayo de dos mil trece, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Maria Otilia Power Vásquez, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN y contra la Corporación Municipal de Puerto Cortés; absolviendo a los demandados de toda responsabilidad económica laboral en el presente juicio, sin costas; bajo el criterio que el Código del Trabajo en su artículo 20 establece que para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran 3 elementos esenciales como ser: la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y un salario como retribución del servicio, siendo del parecer el suscrito Juez que dichos presupuestos no existieron entre la demandante y la Corporación Municipal de Puerto Cortés por cuanto la trabajadora no estaba sujeta a la subordinación de la Municipalidad, ni tampoco desempeñaba sus labores para ésta ni para ninguna de sus dependencias, extremos que han sido inclusive admitidos por la demandante en el Interrogatorio de Partes propuesto por el apoderado de la parte demandada; siendo que de autos se desprende que la trabajadora demandante contratada por la Escuela San Martin de Porres y posteriormente despedida por su Director, está acreditado que laboraba para dicha dependencia con la cual mantenía una relación de subordinación en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo, a excepción del pago de su salario, por lo cual es procedente declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de reajuste de salario mínimo adeudado, prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto mes de salario promovida por la demandante en contra de la Municipalidad de Puerto Cortés; en virtud de los alcances del recurso de amparo interpuesto por la Abogada María Yolanda Pineda Santos, en su condición de apoderada judicial del Estado de Honduras ante la Honorable Corte Suprema de Justicia procede declarar sin lugar la demanda promovida por la misma trabajadora en contra del Estado de Honduras por actos de la Secretaría de Educación Pública.- 5. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha dos de marzo de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el otorgamiento de un recurso de amparo conduce a mantener o restituir a una persona en el goce de los derechos o garantías que la Constitución establece y a la declaración en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, alcance que así es desarrollado en los artículos 183 de la Constitución de la República; 41 y 44 de la Ley sobre Justicia Constitucional, de manera pues, cuando éste (amparo) se otorga, surte sus efectos a favor de quién se solicita (amparista/recurrente); en el presente caso, la acción de amparo fue promovida por el Estado de Honduras contra un auto interlocutorio que confirmaba la decisión del A-quo respecto al denominado “incidente” planteado sobre defectos procesales, señalando oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, sin que ello tenga relación con el fondo del asunto (folios: 41-52 y 178-180); el que fue concedido en beneficio del que presentó dicha acción (Estado de Honduras), por considerar la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia que entre éste y la actora no hubo una relación de trabajo (folios: 494- 498); decisión que sin duda alguna produjo sus efectos tal y como lo dispone el párrafo penúltimo del artículo 63 y 72 de la Ley en referencia, al ordenarse y materializarse su cumplimiento como consta a folios: 489-493 y 499 de la primera pieza; de acuerdo a las pruebas aportadas por las partes en el curso del juicio no consta que la prestación de servicios que realizaba la actora haya sido a favor de la Corporación Municipal de Puerto Cortés, o que ésta se haya beneficiado de los mismos y mucho menos que haya existido el elemento de subordinación que colocara a la institución demandada en la posibilidad de impartir órdenes o instrucciones que le permitieran exigir de la actora el cumplimiento de éstas en razón del contrato o bien, la imposición de reglamentos y sanciones cuando correspondiere; según ella misma lo reconoce en el interrogatorio de partes y de lo constatado por el A-quo en el reconocimiento judicial (folios: 56-59 y 382-387); de otra parte, si bien, la demandante recibió cantidades de dinero de la mencionada Corporación, ello fue a raíz de las solicitudes de colaboración económica que le hiciera el Director de la Escuela San Martin de Porres (folios: 430-433), a fin de que la actora se encargara del aseo de dicho centro educativo; así las cosas, no es posible atribuirle a la Corporación Municipal de Puerto Cortés, la condición de patrono ni el despido alegado, así como la consecuente obligación de pago de las prestaciones laborales, reajuste de salario mínimo e indemnizaciones que la legislación laboral concede a los trabajadores que prestan una actividad personal bajo la subordinación de un patrono, tal y como lo reconoció el Juez de primera instancia, al igual que la condena en costas, puesto que al no resultar atendible la petición principal, tampoco puede concederse la accesoria; todo ello en atención a la normativa legal antes invocada y lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Constitución de la República, 113 del Código del Trabajo y 39 de la Ley del Salario Mínimo; la valoración de los medios de prueba responden a las reglas de la sana crítica, exponiendo con claridad los motivos de hecho y de derecho en que se sustenta la misma, no resultando atendibles los cargos formulados por la parte actora y por tal razón resulta procedente confirmar la sentencia recurrida.- 6. Mediante auto de fecha veinte de marzo de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 7. En fecha veintisiete de abril de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado DOUGLAS OSWALDO URRUTIA FUNEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- 9. Que el Impetrante en su escrito de formalización del recurso, expone dos motivos de casación, el primero, ser la sentencia violatoria del artículo 113 del Código del Trabajo, en su primer párrafo, relacionado con el artículo 616 (g) del mismo Código, por APRECIACION ERRONEA por ERROR DE HECHO de la prueba que se singulariza a continuación: El Acta de 30 de septiembre del 2012, levantada por el Inspector de Trabajo JOSE ROBERTO URBINA con la demandante y el Profesor Fredy Montes, (Folios 9 al 11). En un segundo, ser la sentencia violatoria del artículo 19, en sus dos párrafos, 20 en todos sus párrafos y 21 del Código del Trabajo, por APRECIACION ERRONEA por ERROR DE DERECHO de la prueba.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que de forma subsidiaria el Impetrante solicita la nulidad del fallo impugnado, de la forma siguiente: “Que el Impetrante formula nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La Honorable Corte Suprema de Justicia otorgó el Amparo interpuesto por el Estado de Honduras el VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, y declara que la relación laboral existe entre mi representada y la Corporación Municipal de Puerto Cortes. Dicha sentencia no fue tomada en consideración en la resolución dictada por la Corte Sentenciadora el lunes dos de marzo del 2015. El artículo 65 de la Ley de Amparo establece que la sentencia de Amparo es de ejecución inmediata y si no se hace, el Órgano Jurisdiccional remitirá al Ministerio Público certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie la acción penal correspondiente. En la resolución de quince de diciembre del 2014 dictada por ésta Honorable Corte Suprema de Justicia conforme a la cual se declara la nulidad de la sentencia dictada en Apelación el 25 de junio del 2013, se indican los motivos de tal determinación, fallo que igualmente fue ignorado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, desobedeciendo una vez más una resolución del más Alto Tribunal de Justicia. Por todo lo anterior, de manera subsidiaria pedimos que de oficio se declare la nulidad de la sentencia cuya casación formulamos en éste escrito y asimismo que se proceda contra la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula por desobediencia.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 2 de marzo de 2015, que confirma la que conocía en apelación y que fuese dictada por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 3 de mayo de 2013, donde se declara sin lugar la demanda, no resulta congruente con las actuaciones que se han suscitado durante el proceso, particularmente la sentencia de amparo que ha otorgado la Corte Suprema de Justicia a favor de la parte demandante, eximiendo de responsabilidad a la Secretaría de Educación de la existencia de relación laboral con la Señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ y otorgándole dicha existencia a la Corporación Municipal de Puerto Cortés, lo cual ha omitido en su apreciación el Ad-Quem; también lo es que, en respeto irrestricto de la Ley, el fallo debe mantenerse incólume y no es posible su modificación, ya que además de haber sido dictada por otra sala, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, las resoluciones definitivas una vez firmadas no pueden ser modificadas; en tal sentido, el Ad-quem contradictoriamente hace relación al amparo otorgado reconociendo que deben restituirse los derechos al recurrente, pero por otra parte, es del criterio que el amparo no resolvió el fondo, sin embargo, se desprende del considerando diez (10) de la sentencia de amparo, el criterio de la Sala Constitucional en cuanto a haber otorgado el mismo, “en virtud de que se ha evidenciado que la Secretaría de Educación no es responsable de la Contratación y tampoco es parte de la relación de trabajo con la demandante, ya que está plasmado en las diligencias, la relación de trabajo existente entre la Señora MARIA OTILIA POWER VASQUEZ y la Corporación Municipal de Puerto Cortes”, reiteramos, que es un asunto dirimido por un Tribunal Competente.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 11 del Código Civil; 22, 193, 200, 206, 207, 208, 211, 213, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 2 de marzo de 2015, visible a folios 34 al 38 de la segunda pieza, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de enero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil dieciséis, recaída en el Recurso de Casación número 138-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO